El aborto en la Comunidad de Madrid, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es legal desde 1985, con importantes reformas en 2010. Cada región está a cargo de crear su propio sistema para la implementación de la ley de 2010 en la sanidad pública, existiendo diferencias de una región a otra.
En la Comunidad de Madrid existen dos tipos de centros que realizan abortos: los hospitales del sistema sanitario público de la región y las clínicas privadas de IVE.No todos los hospitales públicos realizan procedimientos de IVE. Algunos lo hacen de tal manera que el número de abortos que practican muchas veces no aparece en las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad. A pesar de que el servicio de sanidad pública de la región proporciona la mayor cantidad de financiación del país para servicios de IVE y que la mayoría de las mujeres obtienen derivaciones a través de la sanidad pública, la mayoría de los procedimientos de IVE en la Comunidad de Madrid se llevan a cabo en clínicas privadas.
El aborto, que se remonta a la España visigoda y que continuó durante la dictadura de Franco y la Transición Democrática, ha sido en gran medida ilegal en España. A pesar de las políticas nacionales, la realidad del acceso a los procesos de IVE ha variado mucho en España de una región a otra, tanto históricamente como en la actualidad. El primer movimiento feminista que se desarrolló en la ciudad de Madrid priorizó la educación de las mujeres, no el aborto. Esto comenzó a cambiar algo durante la Segunda República, cuando las feministas se interesaron más por el tema. Durante el período franquista, el gobierno intentó reprimir todas las formas de disidencia y fomentar la actividad reproductiva. También se produjeron sumarios administrativos locales relacionados con el aborto, siendo la provincia de Madrid una de las líderes en volumen de casos. Durante la Transición democrática, los partidos políticos y las feministas volvieron a involucrarse públicamente en la cuestión del aborto, y estos grupos abrieron tres de las primeras clínicas de planificación familiar de la región. Como el aborto seguía siendo ilegal, dos de los tres remitían a las mujeres a clínicas de Londres. Los grupos feministas de Madrid exigieron a los partidos políticos que los procesos de IVE fueran cubiertos por la sanidad pública, realizando concentraciones periódicas en apoyo del derecho al aborto. En 1986 la Clínica Dator se fundó en Madrid y se convirtió en la clínica privada de IVE más importante de la región y en un objetivo frecuente de los manifestantes contra el derecho al aborto.
A partir de la década de 1980 y durante las décadas de 1990, 2000 y 2010, la Comunidad de Madrid tendió a tener una de las tasas de aborto más altas del país, en parte debido a que las restricciones en el acceso al aborto en otras partes del país provocaron que muchas mujeres viajaran a Madrid para conseguir una IVE. Los intentos de cambiar las leyes sobre el aborto en el país llevarían a las feministas de Madrid a salir a las calles para defender su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las mayores protestas de este tipo fue la del 1 de febrero de 2014, el tren de la libertad. Feministas de toda España fueron a Madrid para tratar de impedir los cambios en la ley del aborto por parte del gobierno liderado por el Partido Popular.
Contexto nacional Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas. El aborto se ha utilizado como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general. Si bien el aborto se utilizó como forma de control de la natalidad en España en el pasado, demógrafos y sociólogos españoles han dicho que no se utiliza de esa manera en la España contemporánea.
El aborto legal es importante porque reduce las muertes entre mujeres por complicaciones del embarazo y reduce la mortalidad infantil. En España, a mediados de la década de 1970, los abortos ilegales eran una causa importante de muerte en mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años. El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.
Historia nacional El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654. Mencionaba el aborto, el infanticidio y el homicidio en el Libro VI. La pena para quienes provocaban abortos era la muerte. En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.
La ley en España fue modificada el 24 de enero de 1941 para caracterizar el aborto como un crimen contra el Estado. Esta ley lee en parte: "La política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No se concibe una política demográfica eficaz sin abordar el problema de los miles y miles de vidas que se frustran antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de entidades científicas competentes. El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida, adquirieron caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente."B.O.E., 2-febrero-1941. El control de la natalidad también fue ilegal en toda España durante la dictadura de Franco. En 1975, la tasa de mortalidad femenina durante el embarazo era de 23 por 100.000 mujeres, una tasa similar a la de otros países occidentales industrializados donde el aborto era ilegal.
El aborto fue despenalizado en el Código Penal por primera vez en todo el territorio español en 1985 en tres supuestos: por motivos terapéuticos, por motivos eugenésicos y en caso de violación previa denuncia policial. El aborto sólo era legal en estos casos antes de la semana 22, semana 22 y semana 12 respectivamente. La ley de 1985 exigía que cada vez que un centro de salud realizara un aborto, debía informarse al Ministerio de Sanidad. Los datos que se deben reportar incluyen la provincia donde se realizó el aborto y la provincia donde residía la mujer que abortó. Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010. Como resultado, durante este período entre 1985 y 2010, casi todos los abortos se realizaron en clínicas privadas y el precio por interrupción voluntaria del embarazo rondaba las 30.000 pesetas.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue reformada en mayo de 2022 de diferentes maneras. Se abordaba específicamente la falta de centros, especialmente públicos, que prestaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en provincias que no tenían ninguna y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias u otras regiones para poder acceder ese servicio. Otra reforma fue proteger a las mujeres que acudían a centros de salud para someterse a procedimientos de IVE del acoso de activistas antiaborto.
En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional confirmó la ley de 2010 que permitía a las mujeres abortar mediante petición gratuita durante las primeras catorce semanas de su embarazo. El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara las leyes sobre el aborto.
Situación jurídica
Las leyes nacionales sobre el aborto se modificaron en 2010 para permitir a las mujeres abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo sin justificación. Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se podrá practicar un aborto si existe una razón médica para ella, como por ejemplo que la madre esté en riesgo. A partir de la semana veintidós, sólo se podrán realizar abortos si se detectan anomalías fetales que sean incompatibles con la vida fuera del útero. Así lo confirmó el Tribunal Constitucional en febrero de 2023.
En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos. Esto incluye los servicios de aborto prestados en clínicas privadas tras derivaciones de médicos de la sanidad pública. Esto se debe a que estos costes los cubre la sanidad pública autonómica bajo la dirección del Sistema Nacional de Salud de España. Sin embargo, la implementación de las leyes sobre el aborto se deja en gran medida en manos de las comunidades autónomas y sus organismos sanitarios.
Centros El aborto es legal en España y está cubierto por el Sistema Nacional de Salud de España, pero cada región gestiona sus propios servicios para abortar a través de su consejería de salud local y los servicios de sanidad pública.
Madrid ha tenido tres tipos de proveedores de servicios para abortar: proveedores clandestinos, centros de salud públicos y clínicas privadas. La financiación para procesos de IVE desde el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) comenzó de forma limitada para mujeres inmigrantes económicamente desfavorecidas en la década de 1990, antes de ampliarse para incluir a todas las mujeres con necesidades económicas específicas. El proceso consistía en acudir a un médico de la sanidad pública, obtener una derivación a una clínica privada, obtener la documentación de la clínica para llevarla al SERMAS para obtener la financiación y luego regresar a la clínica privada para el procedimiento. Debido a problemas relacionados con la falta de acceso a centros públicos o privados que realicen procedimientos de IVE en otras partes de España, Madrid ha sido el lugar al que más han viajado mujeres de otras regiones para realizar procedimientos de IVE desde la Transición democrática hasta las décadas de 2000, 2010 y 2020. El número de hospitales públicos que realizan procedimientos de IVE ha ido disminuyendo con el tiempo, pasando de nueve en 2003 a tres en 2005 y 2007, y volviendo a subir a cuatro en 2022. Casi todos los procedimientos de IVE en Madrid se realizan en clínicas privadas en lugar de en la sanidad pública. Ante la falta de acceso a hospitales públicos y clínicas privadas legales, las mujeres de la Comunidad de Madrid han recurrido a abortos clandestinos.
En 2010, las mujeres que recibieron el sobre de la sanidad pública sobre las opciones para abortar recibieron más de cuarenta páginas que incluían información de asociaciones antiabortistas y nombres de clínicas para abortar que en realidad eran asociaciones diseñadas para disuadir a las mujeres. En 2014 alrededor del 40% de las mujeres de la región iniciaron el proceso para abortar en la sanidad pública.En 2019 hubo discrepancias entre el recuento total de abortos realizados en hospitales públicos de la región proporcionado al Ministerio de Sanidad y el total real, ya que algunos abortos se realizaron fuera de los registros debido a la presencia de objetores de conciencia en los hospitales públicos.