El papel de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta de 2026 fue objeto de controversia y de distintas interpretaciones por parte de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y el Gobierno español. Las primeras evaluaciones de la inteligencia española apuntaron a que las autoridades marroquíes habían permitido o facilitado la entrada masiva, pero no a que la hubieran planificado. Informes policiales posteriores describieron una posible intervención más activa de gendarmes y agentes de paisano marroquíes, aunque el alcance y la interpretación de esas actuaciones dieron lugar a una controversia institucional. El Gobierno español afirmó no disponer de «pruebas sólidas» de que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada, si bien reconoció que miembros de la gendarmería marroquí habían permitido el cruce de migrantes.

Marruecos negó haber promovido o tolerado deliberadamente la entrada masiva y atribuyó los acontecimientos a las redes de tráfico de personas, a rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta apertura de la frontera y a las repercusiones de la sentencia del Tribunal Supremo español. Asimismo, sostuvo que había advertido previamente a España sobre sus posibles consecuencias y defendió la actuación de sus fuerzas de seguridad. La controversia se extendió posteriormente a la posible utilización de la presión migratoria como instrumento de guerra híbrida y al riesgo de nuevas actuaciones en la denominada «zona gris» contra Ceuta y Melilla.

Papel durante la entrada masiva

Primeras evaluaciones de inteligencia Las primeras evaluaciones de la inteligencia española concluyeron que Marruecos permitió, aprovechó y franqueó la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, pero no la planeó. Según estos informes, los servicios de espionaje marroquíes no avisaron a España del movimiento migratorio que se estaba gestando en las redes sociales tras la sentencia del Tribunal Supremo. Asimismo, sostuvieron que, coincidiendo con la celebración del Día del Trono, la vigilancia marroquí en la frontera se redujo al mínimo, lo que contribuyó al desarrollo de los incidentes.

Según informaciones publicadas por El Español, la Guardia Civil detectó a agentes de inteligencia marroquíes entre los migrantes que cruzaron a Ceuta a través de las cámaras del puesto fronterizo. El Cuerpo consideró que no se trataría de un episodio excepcional, al haberse observado situaciones similares en otros momentos de presión migratoria sobre la frontera. Según estas informaciones, la finalidad de la infiltración habría sido seguir sobre el terreno la entrada masiva y recabar información sobre el dispositivo español, la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y la evolución de los incidentes.

Testimonios e indicios sobre el terreno Los testimonios recogidos por The New York Times apuntaron a una actitud permisiva de agentes marroquíes e incluso a indicaciones para que los migrantes continuaran hacia la frontera. Dos de los entrevistados afirmaron que agentes les habían señalado por dónde dirigirse o les habían animado a continuar hacia España. Estas versiones coincidían con la valoración de la inteligencia española, que consideró creíbles las imágenes de gendarmes marroquíes facilitando el paso de vehículos cargados de personas en el entorno fronterizo.

Posteriormente, los testimonios de una decena de migrantes entrevistados por elDiario.es respaldaron la existencia de una actitud permisiva de los gendarmes marroquíes durante los días 29, 30 y 31 de julio, pero negaron que las autoridades marroquíes los hubieran enviado a Ceuta. Según sus relatos, la movilización se habría organizado de forma autónoma mediante las redes sociales y el boca a boca. Estos testimonios coincidían con otras informaciones publicadas durante y después de la entrada masiva que describieron la pasividad de agentes marroquíes ante el paso de migrantes hacia Ceuta.

Informes policiales y controversia institucional El 3 de agosto, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, pidió a Marruecos que investigara «hasta el final» lo sucedido y determinara si los movimientos fronterizos habían sido consentidos o tolerados.

El 31 de agosto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la actuación de Marruecos y afirmó que no disponía de información de los servicios de inteligencia españoles o de otros países que apuntase a la participación de las autoridades marroquíes en la entrada masiva. Destacó asimismo la «cooperación instantánea, inmediata» de Marruecos durante la crisis y señaló que ambos Gobiernos habían estado en contacto constante durante los días 30 y 31 de julio.

El 1 de septiembre, El Español publicó el contenido de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional. El documento describía la entrada como resultado de un proceso planificado para colapsar el sistema español de control fronterizo y señalaba que gendarmes marroquíes habrían guiado a los migrantes hacia distintos puntos de paso, mientras agentes de paisano habrían monitorizado y dirigido los flujos. El informe sostenía que la finalidad migratoria había sido solo aparente, vinculaba los acontecimientos con las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y los calificaba como una operación de contrainteligencia destinada a cuestionar la capacidad de anticipación de las autoridades españolas.

Entre los indicios incorporados al informe figuraba un fotograma de un vídeo en el que varias decenas de personas descendían de un camión ante un agente de la Gendarmería Real. Las verificaciones de Maldita.es y VerificaRTVE situaron la grabación en la N2, cerca de Tetuán, a unos 50 km de Ceuta. Maldita.es identificó el mismo camión en otra grabación realizada en Aín Ahasen, cuyo autor afirmó que personal de seguridad estaba interceptando a los jóvenes para impedirles llegar a la frontera.

La publicación del informe provocó diversas reacciones políticas. La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, calificó los acontecimientos como un episodio de «guerra híbrida» y consideró que España había reaccionado tarde. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la crisis, Ángel Víctor Torres, afirmó que el Gobierno no conocía el informe y pidió esperar a disponer de su contenido antes de extraer conclusiones. No obstante, señaló que, de confirmarse lo publicado, «habría una responsabilidad» de Marruecos y correspondería valorar las actuaciones pertinentes. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que, de confirmarse su contenido, implicaría una responsabilidad directa de Marruecos y exigiría explicaciones y medidas diplomáticas.

En la madrugada del 2 de septiembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigió al director general de la Policía, Francisco Pardo, que aclarase la existencia y veracidad del documento y desde cuándo disponía el cuerpo de seguridad de esa información. Horas después, Pardo informó a Marlaska de que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, había ordenado al equipo investigador no comunicar a sus superiores la elaboración y el contenido del informe. Tras acceder al documento, señaló que ningún informe policial atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los hechos de los días 30 y 31 de julio.

El Partido Popular acusó al Gobierno de haber ocultado información sobre el supuesto papel de Marruecos y reclamó la dimisión de Marlaska. Fuentes de La Moncloa, por su parte, afirmaron que el Ejecutivo no había tenido acceso al informe y consideraron que su publicación formaba parte de una estrategia «mediática y judicial» contra el Gobierno. También cuestionaron que el documento aportase pruebas suficientes para atribuir responsabilidad a Marruecos.

El 3 de septiembre, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sánchez anunció la publicación de un dosier con los informes policiales y de inteligencia elaborados antes de la entrada masiva. Según explicó, varios documentos habían advertido de un aumento de las entradas a nado, pero ninguno había anticipado una entrada de la magnitud finalmente registrada. Entre los documentos citados figuraban notas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de los días 28 y 29 de julio que alertaban de posibles nuevas entradas a nado, especialmente en torno al Día del Trono. Uno de ellos contemplaba además la posibilidad de una relajación temporal del control fronterizo marroquí durante las festividades como posible mecanismo de presión política.

En la misma comparecencia, Sánchez afirmó que no existían «pruebas sólidas» de que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada, aunque señaló que la gendarmería marroquí había permitido el cruce y que los servicios de inteligencia no habían atribuido la operación a ningún Estado.

El 4 de septiembre, la Guardia Civil entregó a la jueza María Tardón un informe sobre las comunicaciones recibidas antes de la entrada masiva. El documento señalaba que los avisos existentes no permitían anticipar la magnitud de las llegadas del 30 y 31 de julio.

Posición y respuesta del Gobierno marroquí Durante la propia entrada masiva, las autoridades marroquíes reforzaron el despliegue policial en los alrededores de Castillejos y Beni Enzar y utilizaron material antidisturbios para dispersar concentraciones y tratar de impedir nuevos cruces. La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, manifestó su pesar por los acontecimientos y afirmó que su país defendía una migración legal y ordenada.

El Gobierno marroquí negó haber promovido, consentido o relajado deliberadamente los controles para favorecer la entrada masiva. Atribuyó los acontecimientos a las redes de tráfico de personas, a la difusión en redes sociales de rumores sobre una supuesta apertura de la frontera y a la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones. Asimismo, sostuvo que había advertido previamente a España de las posibles repercusiones de la resolución judicial, defendió la actuación de sus fuerzas de seguridad y reiteró que los ciudadanos marroquíes que hubieran cruzado serían retornados.

El 12 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, responsabilizó parcialmente a España de la crisis y criticó tanto la regularización extraordinaria de migrantes como la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones. Sostuvo que Marruecos no podía impedir las salidas mientras España aceptaba y regularizaba a quienes llegaban a su territorio, reclamó una mayor coordinación bilateral en materia migratoria y afirmó que Marruecos no quería actuar como «gendarme» de Europa, sino mantener una cooperación basada en la igualdad.

Ese mismo día, Ouahbi declaró en una entrevista con la Agencia EFE que el Ministerio de Justicia marroquí estudiaba la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España y reclamó «seriedad» al Gobierno español.

El 3 de septiembre, Marruecos comunicó al Gobierno español que había abierto una investigación sobre la entrada masiva de finales de julio, según fuentes del Ejecutivo español citadas por EFE.

Interpretaciones sobre guerra híbrida y riesgos posteriores

Interpretaciones de la crisis La posible utilización de la presión migratoria como instrumento político fue planteada desde los primeros días de la crisis. Según informaciones sobre la valoración de la Guardia Civil, la supuesta presencia de agentes de inteligencia marroquíes entre los migrantes se enmarcó en prácticas propias de la guerra híbrida, al considerar difícil que una movilización de esas dimensiones pudiera producirse sin conocimiento de la inteligencia marroquí.