Alba Luz Ramos Vanegas (nacida el 3 de junio de 1949) es una abogada y jueza nicaragüense. Ha ejercido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde 2010, y entre 2003 y 2003. Es miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde la década de 1970.
Primeros años de vida Alba Luz Ramos Vanegas nació el 3 de junio de 1949 en León, Nicaragua, hija de Adán Ramos Moncada y Margarita Vanegas de Ramos. Asistió a la escuela primaria y secundaria en el Colegio Pureza de María en León, graduándose en 1968. Asistió a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), donde se graduó con honores y una medalla de oro en 1973.
En León, fue miembro del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y participó en la lucha para derrocar la dictadura de Somoza bajo el seudónimo de "Natalia". Tras la redada del caso Chema en 1974, fue investigada por sus actividades y abandonó el país, estudiando francés en Lausana e inglés en Londres y luego en Texas, donde vivía su hermana.
Carrera Ramos se convirtió en abogada en diciembre de 1973.
Regresó a Nicaragua en 1979 tras la caída de Anastasio Somoza Debayle, y en 1981 se convirtió en funcionaria pública del FSLN, donde trabajó como Directora Nacional de Registros. En 1983 se convirtió en Fiscal Penal de la República y en 1984 en Viceministra de Justicia.
Se convirtió en magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 1988, y luego, de 1996 a 1998, fue su vicepresidenta. Fue presidenta en dos ocasiones: de 2002 a 2003 y desde 2010. El organismo la reeligió presidenta en 2019, con Marvin Aguilar García como vicepresidente.
Ramos, quien fuera miembro de la Coalición Nacional de Mujeres, fue coautora y principal impulsora de la Ley 779, un proyecto de ley integral dirigido a combatir la violencia contra las mujeres, que fue promulgado por la Asamblea Nacional en 2012 y aclamado por grupos de mujeres como una ley que “salva vidas”. Sin embargo, en 2014, dos decretos presidenciales eliminaron gran parte de la fuerza de la ley y Ramos recibió críticas de líderes feministas por argumentar que había una base legal para derogar una ley que ella misma había ayudado a redactar.
En 2017 La Prensa inició un perfil de Ramos diciendo: “Si hay algún funcionario en la Nicaragua de Daniel Ortega que tenga el afecto y la admiración de varios sectores sociales y políticos, incluidos aquellos antagónicos al gobierno del caudillo, ese funcionario es una mujer, y su nombre es Alba Luz Ramos Vanegas”. Al mismo tiempo, señalaron que los críticos y los expertos en derecho constitucional desaprobaban su administración de uno de los tres poderes principales del gobierno de Nicaragua. El doctor en Derecho Constitucional Gabriel Álvarez elogió su labor de capacitación de miembros del poder judicial, la mejora de su infraestructura y el conjunto de reglamentos que había producido; sin embargo, consideró que estos logros se veían eclipsados por fallos como el que permitió la reelección de Daniel Ortega a pesar de los límites constitucionales de mandato; el rechazo de una apelación constitucional de la Ley del Canal de Nicaragua (Ley 840) por motivos políticos más que legales; el fallo que calificó de “delirio político” que expulsó a Eduardo Montealegre de la lista del Partido Liberal Independiente (PLI) e instaló a un sustituto; así como los informes de prensa que indicaban que magistrados del CSJ se reunieron con los diputados de Ortega para solicitar sus preferencias. Respecto a esto último, Ramos rechazó la afirmación de que la independencia judicial se vio comprometida.
En agosto de 2021, tras el arresto de siete precandidatos presidenciales en las elecciones generales nicaragüenses de 2021, Ramos fue sancionada por la Unión Europea (UE), que la acusó de socavar el estado de derecho al utilizar el sistema judicial para favorecer al gobierno de Ortega, específicamente al criminalizar selectivamente a opositores, violar el debido proceso y detener y descalificar arbitrariamente a candidatos y partidos políticos de la oposición. Esto congeló cualquier activo en la UE y prohibió hacer negocios con empresas europeas o viajar a la UE. En noviembre, también fue sancionada por Canadá y el Reino Unido.
En 2026 se anunció la renuncia forzada de la magistrada Alba Luz Ramos como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su jubilación.
Vida personal Ramos estuvo casada con Leónidas Arellano Hartin, quien falleció en 2000. Tiene una hija y dos nietos, a fecha de 2017.
En 2009 se enfrentó a acusaciones de nepotismo y reconoció que los jueces Abelardo Alvir Ramos y Adda Benicia Vanegas Ramos eran su sobrino y sobrina, y que el defensor público Egberto Adán Ramos Solís también era su sobrino. Ella insistió en que se habían ganado sus puestos, pero la ley nicaragüense prohibía la contratación de familiares por parte de personas en posiciones de poder.
Referencias
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