Los disturbios sociales ocurridos en Cochabamba, conocidos como Enero Negro (11/E), fueron una serie de enfrentamientos violentos entre partidarios y opositores del entonces prefecto del departamento, Manfred Reyes Villa. Los acontecimientos se desarrollaron principalmente en la ciudad de Cochabamba y alcanzaron su mayor intensidad entre el 11 y el 12 de enero de 2007. El conflicto estuvo relacionado con la oposición de Reyes Villa y de otros sectores políticos a las políticas impulsadas por el presidente Evo Morales y a las propuestas del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Constituyente. La postura del prefecto frente al Gobierno generó una fuerte reacción entre los sectores afines a Morales. A comienzos de 2007, las movilizaciones en Cochabamba aumentaron progresivamente de intensidad hasta desembocar en enfrentamientos entre el movimiento cívico que respaldaba a Reyes Villa y diversos movimientos sociales urbanos y rurales que exigían su destitución. Durante los enfrentamientos murieron el productor de coca Juan Tica Colque, de 38 años, y el estudiante Christian Urresti, de 17 años. Otro productor de coca, Luciano Colque, de 48 años, resultó gravemente herido tras ser golpeado por manifestantes vinculados al movimiento cívico y falleció el 27 de febrero a causa de un traumatismo craneoencefálico.
Contexto
Reyes Villa y Morales Manfred Reyes Villa, prefecto de Cochabamba y uno de los principales defensores de la autonomía departamental, se convirtió en una de las figuras políticas más críticas del gobierno de Evo Morales. Cochabamba ocupaba una posición estratégica en este conflicto, ya que constituía «un puente geográfico y cultural entre las tierras bajas pro-autonomía y la base andina de Morales» fue un importante opositor de las políticas de Evo Morales. Reyes Villa, quien anteriormente había sido candidato presidencial por la Nueva Fuerza Republicana, era considerado ampliamente como un dirigente con aspiraciones de alcanzar un papel político a nivel nacional. Estas aspiraciones se concretaron posteriormente cuando se presentó como candidato a la presidencia en las elecciones de 2009. Aunque Reyes Villa se encontraba entre los adversarios políticos más firmes de Morales, el presidente también contaba con un importante respaldo en Cochabamba. Su popularidad en la región estaba vinculada, entre otros factores, con su trayectoria como dirigente de los productores de hoja de coca, ya que había encabezado la organización que agrupaba a los cultivadores de coca de Cochabamba.
Asamblea Constituyente: La controversia de los dos tercios En diciembre de 2006, Manfred Reyes Villa se alineó con los partidos nacionales de derecha y con los prefectos de la denominada Media Luna en rechazo a las reglas de votación propuestas por el Movimiento al Socialismo (MAS) para la Asamblea Constituyente, que por entonces tenía la tarea de redactar una nueva Constitución para Bolivia.
Reyes Villa defendía que cada uno de los artículos de la nueva Constitución debía ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea. Morales, en cambio, sostenía que los artículos podían aprobarse mediante mayoría simple, mientras que el texto constitucional completo debía ser sometido posteriormente a una votación nacional en la que se requeriría una mayoría de dos tercios. El MAS contaba con algo más de la mitad de los escaños de la Asamblea.
Autonomía En julio de 2006 se celebró un referéndum sobre la autonomía departamental de manera simultánea a las elecciones para la Asamblea Constituyente. Los electores debían decidir si sus respectivos departamentos debían adquirir un régimen autónomo.
La opción favorable a la autonomía obtuvo la mayoría en los cuatro departamentos orientales que integraban la llamada Media Luna, mientras que la opción contraria se impuso en los otros cinco departamentos, entre ellos Cochabamba. A partir de entonces, los prefectos de la Media Luna, de orientación opositora, se consolidaron como uno de los principales focos de resistencia frente al Gobierno de Evo Morales.
En diciembre de ese mismo año, Reyes Villa propuso la celebración de un nuevo referéndum en Cochabamba para consultar sobre la autonomía departamental frente al Gobierno central. Según el prefecto, el resultado negativo del referéndum anterior se había debido a una campaña de desinformación promovida por el Gobierno de Morales. Reyes Villa afirmó que algunos ciudadanos habían llegado a creer que la autonomía implicaría, por ejemplo, la necesidad de utilizar un pasaporte para desplazarse de una provincia a otra.
Aumentan las manifestaciones La resistencia política de Reyes Villa a las políticas de Morales provocó que manifestantes que exigían su renuncia abarrotaran la arbolada plaza central de la ciudad de Cochabamba en varias ocasiones en diciembre de 2006 y enero de 2007. A principios de enero de 2007, su oposición llevó a los "movimientos campesinos partidarios del presidente Morales" a bloquear carreteras y entrar en la provincia de Cochabamba atacando a las autoridades electas.
Gas lacrimógeno e incendios Enfurecidos por la oposición de Reyes Villa a las políticas del Gobierno de Evo Morales, el 10 de enero de 2007 los manifestantes ocuparon el edificio del capitolio departamental. Cuando la policía intentó dispersar a la multitud mediante el uso de gas lacrimógeno, algunos manifestantes incendiaron las grandes puertas de madera del edificio y permitieron que el fuego se propagara por el interior, dañando el mobiliario y destruyendo parte de la documentación gubernamental. Dos automóviles estacionados en las inmediaciones también fueron incendiados. Los manifestantes arrojaron piedras contra la policía y lanzaron neumáticos en llamas hacia una comisaría cercana. Según medios bolivianos, 22 personas resultaron heridas durante la protesta, entre ellas varios periodistas que cubrían los acontecimientos. El gabinete de Morales consideró excesiva la actuación policial y destituyó al recién nombrado comandante departamental de la Policía, quien llevaba apenas dos horas en el cargo. La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, declaró: «No permitiremos más actos de violencia ni actos de represión contra los sectores sociales que, en este caso, se manifestaban pacíficamente». Muñoz sostuvo además que Reyes Villa no tenía autoridad para ordenar la intervención policial y afirmó que su actuación formaba parte de una conspiración: «Cuando un ministro está al mando, un prefecto no puede dar órdenes… No puede haber represión; no se puede usar a la policía para provocar movimientos sociales». El 11 de enero de 2007, en un intento por obligar a Reyes Villa a abandonar el cargo y establecer un «comité revolucionario» encabezado por un antiguo dirigente guerrillero conocido como el Comandante Loro, manifestantes contrarios al prefecto, algunos de ellos armados con pistolas, palos y machetes, se enfrentaron con los partidarios de Reyes Villa. Estos últimos estaban integrados principalmente por habitantes de clase media y sectores mestizos que expresaban su descontento con las políticas del presidente y con lo que consideraban un trato preferencial hacia los sectores indígenas del país. Morales envió efectivos policiales y militares para intentar poner fin a los enfrentamientos. Más de 450 personas resultaron heridas y dos murieron durante los hechos violentos, mientras que una tercera persona quedó gravemente herida y murió en febrero. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Cochabamba, al menos 400 personas sufrieron golpes con palos, piedras, puños u otros objetos; otras 36 presentaron heridas graves como consecuencia de esas agresiones y 11 fueron heridas por disparos.
Juan Ticacolque Machaca Juan Ticacolque Machaca, quien durante los primeros momentos de los disturbios fue identificado erróneamente en algunos medios como Nicómedes Gutiérrez, era un agricultor de 34 años. El 11 de enero recibió un disparo en la Plaza de las Banderas. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado hasta la Plaza 14 de Septiembre, donde fue exhibido públicamente.Alex Rosales, quien portaba dos armas, fue detenido el 11 de enero y posteriormente acusado por la muerte de Ticacolque. Finalmente fue condenado a 14 años de prisión.
Christian Urresti Ferrel Christian Urresti Ferrel, un manifestante vinculado al movimiento cívico de 17 años, murió tras ser golpeado en la intersección de las calles Mayor Rocha y Baptista. Según diversos testimonios, había auxiliado a una persona herida durante los enfrentamientos antes de ser atacado. También se planteó la posibilidad de que el traslado del cuerpo, moribundo o ya fallecido, de Ticacolque por esa misma intersección hubiera contribuido a desencadenar la agresión contra Urresti.
Luciano Colque Luciano Colque, un productor de coca de 45 años que había participado en las protestas desde el 10 de enero, fue golpeado por manifestantes del movimiento cívico el 11 de enero. Posteriormente recibió atención médica en el Hospital Viedma, pero murió durante la madrugada del 27 de febrero a causa de un traumatismo craneoencefálico. Colque era padre de siete hijos y residía en el Chapare. La Fiscalía investigó 12 casos relacionados con los hechos violentos del 11 de enero, entre ellos las muertes de Ticacolque y Urresti. Solo uno de esos procesos terminó en una condena: el de Alex Rosales.
Reacciones políticas La violencia profundizó la rivalidad política entre Morales y Reyes Villa. Morales responsabilizó a Reyes Villa por el derramamiento de sangre y lo acusó de respaldar posiciones relacionadas con el «separatismo en Bolivia». Al mismo tiempo, el presidente llamó a sus seguidores a mantener la calma y a no buscar venganza por la muerte de los manifestantes. Morales afirmó que el conflicto debía resolverse mediante el diálogo. Morales también acusó a Reyes Villa de corrupción y de vulneraciones de los derechos humanos. Asimismo, propuso una «ley popular» que permitiría convocar una consulta pública para decidir sobre la permanencia de Reyes Villa en el cargo. El prefecto, por su parte, declaró que no renunciaría. Reyes Villa acusó a Morales de socavar la democracia y afirmó: «Están tratando de imponer un régimen totalitario. La democracia ha recibido un golpe en Cochabamba». A pesar de las demandas de los manifestantes, Reyes Villa permaneció como prefecto hasta el referéndum revocatorio de agosto de 2008, en el que perdió el cargo. Posteriormente fue el principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de diciembre de 2009. Tras las elecciones abandonó el país mientras enfrentaba acusaciones de corrupción. El llamamiento de Morales a la calma contribuyó a evitar nuevos episodios de violencia de la misma magnitud, aunque la tensión entre los distintos sectores políticos y sociales permaneció elevada. Omar Fernández, dirigente de los productores de coca, declaró: «Si las élites bolivianas quieren que muera más gente, entonces morirá más gente. Pero queremos una Bolivia unida, no una dividida como la que desea la oligarquía de este país». La situación llevó al prefecto de La Paz, José Luis Paredes, a compararla con los años de la dictadura militar de Luis García Meza Tejada. Paredes afirmó: «Las cosas están tan mal ahora que los prefectos tienen que llevar sus testamentos bajo el brazo».
Gobierno central y Policía Las críticas del Gobierno de Morales a la actuación policial durante estos acontecimientos fueron interpretadas como una muestra de la creciente polarización política del país. Al mismo tiempo, aumentó la percepción de que las Fuerzas Armadas mantenían una relación estrecha con el Gobierno central. En 2006, el Gobierno había concedido diversos beneficios a las Fuerzas Armadas, entre ellos un incremento salarial que constituía el mayor aumento otorgado ese año a un grupo dentro del cuerpo de oficiales militares. La Policía local, en cambio, no recibió ningún incremento salarial durante ese mismo periodo.