Trump v. Barbara, 609 U.S. (2026), es una decisión históricade la Corte Suprema de los Estados Unidos, que sostuvo que los niños nacidos en los Estados Unidos de padres que se encuentran ilegalmente o de manera temporal en el país están "sujetos a la jurisdicción" de los Estados Unidos y son ciudadanos al nacer en virtud de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La decisión resolvió la cuestión relativa a la conformidad de la Orden Ejecutiva 14160, firmada en 2025 por el presidente Donald Trump, para poner fin a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de padres sin ciudadanía estadounidense o sin residencia permanente, con la Cláusula de Ciudadanía.
El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva en una decisión de 6–3, dentro de la cual hubo una votación de 5–4 sobre la cuestión constitucional de la ciudadanía por nacimiento.Al escribir la opinión mayoritaria, el presidente de la Corte, John Roberts, sostuvo que los redactores de la Decimocuarta Enmienda siempre extendieron la garantía de la ciudadanía por nacimiento a toda persona nacida en suelo estadounidense. El juez Brett Kavanaugh razonó de manera distinta, sosteniendo que la orden solo contravenía una ley susceptible de ser modificada mediante nueva legislación, y coincidió con la mayoría en el resultado de la decisión mientras discrepaba respecto del fundamento constitucional. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch discreparon, argumentando que la Decimocuarta Enmienda no era incompatible con la orden ejecutiva.
Antecedentes La Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue promulgada en 1868 tras la Guerra de Secesión y la emancipación de los esclavos, estableciendo que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residan".La Corte Suprema había resuelto en Dred Scott v. Sandford (1857) que las personas de ascendencia africana, incluidos los descendientes de personas esclavizadas, no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos. Uno de los objetivos del Congreso al aprobar la Decimocuarta Enmienda fue repudiar Dred Scott y constitucionalizar la ciudadanía por nacimiento. En United States v. Wong Kim Ark (1898), la Corte Suprema sostuvo que un niño nacido en los Estados Unidos de padres no ciudadanos domiciliados en el país era ciudadano desde su nacimiento, sujeto a excepciones limitadas reconocidas, como los hijos de diplomáticos extranjeros y los miembros de naciones tribales.
Tal como había prometido durante su campaña presidencial de 2024,la segunda administración del presidente Donald Trump endureció su política de inmigración,en parte al ordenar a los departamentos ejecutivos federales que no reconocieran la ciudadanía estadounidense de los niños nacidos en los Estados Unidos de inmigrantes en situación irregular o de titulares de una visa de viaje (Orden Ejecutiva 14160, «Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense»):
El gobierno sostuvo que la orden ejecutiva ponía fin a la ciudadanía por nacimiento y a los beneficios relacionados para los hijos nacidos en los Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, una cuestión que el presidente Trump y sus partidarios consideraban de importancia crítica.Los comentaristas jurídicos consideraban ampliamente que la ciudadanía por nacimiento era jurisprudencia consolidada conforme a un precedente de larga data. La orden ejecutiva tenía como objetivo poner a prueba esa interpretación ante los tribunales.
La orden ejecutiva ponía en riesgo la ciudadanía por nacimiento de aproximadamente 250.000 niños nacidos anualmente en los Estados Unidos,incluidos unos 150.000 al año cuyos padres no eran residentes permanentes legales.En San Francisco, donde Wong Kim Ark, nacido en los Estados Unidos, había demandado al gobierno para que se reconociera su ciudadanía tras haber sido detenido en virtud de la Ley de Exclusión China de 1882, y donde ciudadanos de origen chino y sinoestadounidense se organizaron en contra de la orden, el fiscal de la ciudad, David Chiu, expresó su preocupación de que esta «crearía una generación permanente de personas que nunca han vivido en otro lugar, pero que serían consideradas indocumentadas». Chiu apareció junto al bisnieto de Wong, un cocinero, quien criticó la orden ejecutiva por considerarla divisiva.
Muchos jueces de cortes de distrito bloquearon rápidamente la orden mediante la emisión de medidas cautelares nacionales.Estos casos fueron consolidados en Trump v. CASA (2025). La administración Trump solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que limitara las medidas cautelares únicamente a los demandantes que habían impugnado la orden.El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema resolvió, por 6 votos contra 3, que las cortes federales de distrito, por lo general, no pueden emitir medidas cautelares de alcance nacional, aunque no se pronunció sobre la cuestión de fondo relativa a la ciudadanía por nacimiento. En su opinión concurrente, el juez Brett Kavanaugh pareció respaldar las medidas cautelares aplicables a toda una clase de demandantes.
Cortes inferiores El mismo día en que la Corte resolvió Trump v. CASA, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, al considerar que una demanda colectiva era el mejor medio para impugnar la orden, presentó Barbara v. Trump, solicitando al Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo Hampshire que concediera una medida cautelar de alcance colectivo que protegiera a quienes no cumplirían los requisitos para obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento según la orden ejecutiva.Schonfeld, Zach (27 de junio de 2025). "Birthright citizenship plaintiffs make new push to block Trump's order nationwide". Consultado el 3 de julio de 2026.La demandante representante, Barbara, ciudadana hondureña, es conocida únicamente por su nombre de pila debido a que teme por su seguridad y la de su familia.""BARBARA;" "SARAH," by guardian, parent, and next friend "SUSAN;" and "MATTHEW," by guardian, parent, and next friend "MARK;" on behalf of themselves and all those similarly situated, v. DONALD J. TRUMP, President of the United States, in his official capacity, et al" (PDF). Consultado el 3 de julio de 2026.CASA de Maryland presentó una solicitud similar.
El 10 de julio de 2025, el juez Joseph Laplante concedió la solicitud de la ACLU, certificó una clase formada por bebés nacidos y por nacer que serían privados de su ciudadanía conforme a la política de la administración, y emitió una medida cautelar preliminar que bloqueaba la aplicación de la orden respecto de esa clase.Lee, Ella (10 de julio de 2025). "Judge blocks Trump birthright citizenship order after Supreme Court ruling". The Hill. Consultado el 3 de julio de 2026.
Un caso separado, Washington v. Trump, que había sido consolidado con Trump v. CASA en la Corte Suprema y al que también se le había levantado la medida cautelar de alcance nacional, fue visto en su totalidad por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en junio de 2025. El Noveno Circuito resolvió en julio de 2025 que la orden ejecutiva de Trump era inconstitucional, convirtiéndose en la primera corte de apelaciones en llegar a esta conclusión, y consideró que el caso requería una medida cautelar de alcance nacional basándose en las excepciones limitadas establecidas por la Corte Suprema en CASA.Raymond, Nate (25 de julio de 2025). "US appeals court blocks Trump's order curtailing birthright citizenship". Reuters. Consultado el 3 de julio de 2026.Aunque la administración también había apelado esta decisión ante la Corte Suprema, el caso no fue admitido junto con el caso Barbara.
Corte Suprema miniaturadeimagen|Protestas frente al edificio de la Corte Suprema el 1 de abril de 2026, después de que se presentaran los alegatos en el caso. La administración Trump presentó una petición ante la Corte Suprema en septiembre de 2025, impugnando la medida cautelar de la corte de distrito en Barbaray alegando que el caso implicaba asuntos de gran importancia.En diciembre de 2025, la Corte Suprema concedió el certiorari antes de sentencia,conforme a sus procedimientos, “cuando se demuestra que el caso es de tal importancia pública imperativa que justifica desviarse de la práctica habitual de apelación y requiere una decisión inmediata”.La cuestión planteada fue “si la Orden Ejecutiva cumple en su forma con la Cláusula de Ciudadanía y con el 8 U.S.C. § 1401(a), que codifica dicha cláusula”."Rules of the Supreme Court of the United States" (PDF). Supreme Court of the United States. p. 10. Consultado el 3 de julio de 2026.
Escribiendo para la American Bar Association, el jurista Steven D. Schwinn anticipó que el gobierno enfrentaría una batalla cuesta arriba, dada la énfasis de la Corte en la historia, la tradición y la interpretación originalista.El jurista Michael C. Dorf también esperaba que la orden ejecutiva fuera anulada, pero advirtió que la Corte Roberts parecía impredecible. Consideró que la concesión del certiorari por parte de la Corte resultaba desconcertante y especuló sobre posibles explicaciones (interés genuino e incertidumbre entre los jueces, cautela institucional y apartidismo).
Amicus curiae
A favor de los demandantes Se presentaron dieciocho amicus curiae en apoyo del presidente Trump,incluidos el profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, Richard EpsteinEpstein, Richard (Enero de 2026). "Brief of amicus curiae: Professor Richard A. Epstein in support of the petitioners and reversal (No. 25-365)" (PDF). supremecourt.gov. Consultado el 3 de julio de 2026.los juristas Hans von Spakovsky e Ilan Wurman, los senadores Ted Cruz y Eric Schmitt, las representantes Claudia Tenney y Chip Roy, y otros 27 miembros republicanos del Congreso; la organización Gun Owners of America, Citizens United, y el Conservative Legal Defense and Education Fund,America's Future; Gun Owners Of America; Gun Owners Fdn. Gun Owners Of California; Citizens United; Tennessee Firearms Assn.; Tennessee Firearms Fdn.; Judicial Action Group Foundation; U.S. Constitutional Rights Legal Defense Fund; Conservative Legal Defense and Education Fund (27 de enero de 2026). "Brief of Amicus Curiae America's Future, Gun Owners Of America, Gun Owners Fdn. Gun Owners Of California, Citizens United, Tennessee Firearms Assn., Tennessee Firearms Fdn., Judicial Action Group Foundation, U.S. Constitutional Rights Legal Defense Fund, and Conservative Legal Defense and Education Fund Supporting Petitioners" (PDF). supremecourt.gov. Consultado el 3 de julio de 2026.los fiscales generales republicanos de 25 estados de EE. UU. y Guam;Tennessee; Iowa; 23 Other States; Guam (27 de enero de 2026). "Brief of Amicus Curiae Tennessee, Iowa, 23 Other States, and Guam Supporting Petitioners" (PDF). supremecourt.gov. Consultado el 3 de julio de 2026.y la Federation for American Immigration Reform.Federation For American Immigration Reform (27 de enero de 2026). "Brief of Amicus Curiae Federation For American Immigration Reform Supporting Petitioners" (PDF). supremecourt.gov. Consultado el 3 de julio de 2026.
A favor de los demandados