El pleito antiseñorial de Aliste fue un conflicto jurídico que enfrentó durante ciento treinta y seis años a los concejos de la comarca zamorana de Aliste con la casa de los marqueses de Alcañices. Iniciado el 19 de agosto de 1815 en la Real Chancillería de Valladolid, no se cerró hasta el 24 de febrero de 1951, cuando el Tribunal de Foros de Alcañices declaró extinguidas las prestaciones señoriales reclamadas a los pueblos.

El proceso se prolongó durante ciento treinta y seis años y destaca, además, por la temprana cronología de su inicio, en plena reacción absolutista. Para sustentar su demanda, los procuradores síndicos sostuvieron que los derechos exigidos por el marqués procedían de una usurpación medieval, cuando los bienes de la Orden del Temple habrían pasado de manera ilegítima al alcaide Diego de Almansa, fundador del linaje señorial. Como prueba, presentaron unas inscripciones empotradas en iglesias de la comarca a las que atribuyeron la condición de escudos de armas templarios.

En realidad se trataba de estelas funerarias romanas, según concluyó el peritaje encargado en 1817 al arquitecto y maestro de obras de Zamora Manuel Sipos. La interpretación errónea de los demandantes tuvo, no obstante, un efecto colateral relevante para la arqueología posterior: los dibujos a línea que Sipos remitió al Consejo Real, conservados en el Archivo Histórico Nacional dentro del expediente del pleito, constituyen el primer testimonio gráfico conocido de varias estelas que después se perdieron y cuya lectura epigráfica sólo es posible hoy gracias a aquellos planos. El conjunto incluye además el plano del recinto amurallado de Alcañices a comienzos del siglo , antes de su deterioro definitivo, y diversas noticias sobre castros y conventos de la comarca.

Antecedentes: el señorío de Alcañices

Alcañices y su tierra habían pertenecido a la Orden del Temple desde finales del siglo . Tras la supresión de la orden en 1312, los bienes templarios pasaron a la Corona y, después de un período sin documentación clara, el rey Enrique II de Castilla concedió en 1371 el señorío de Alcañices a Gómez Pérez de Valderrábano. El linaje cambió en el siglo , cuando Constanza de Almansa, VIII señora de Alcañices, casó con Juan Enríquez de Guzmán, hijo del primer conde de Alba de Aliste, y los apellidos Enríquez de Almansa quedaron unidos a la villa.

Por real cédula expedida en Monzón el 5 de diciembre de 1533, Carlos I concedió a Francisco Enríquez de Almansa el título de marqués de Alcañices, como reconocimiento a su actuación durante la Guerra de las Comunidades en el bando realista. El título incorporaba el señorío sobre Alcañices y un nutrido grupo de pueblos alistanos, que pagaban a la casa una serie de prestaciones en grano, ganado, dinero y especies.

El verdadero título de la merced regia era una carta otorgada por los Reyes Católicos en Medina del Campo en 1504, que donaba a Francisco Enríquez de Almansa la villa de Alcañices «con sus fortalezas tierras e vasallos terminos e jurisdicciones e rentas e pechos e derechos». El documento, conservado en el Archivo General de Simancas, contenía una cláusula que sería decisiva para la suerte del pleito: la merced era enriqueña y, en defecto de hijo varón legítimo, los bienes debían volver a la Corona. Esa condición se cumplió en 1736, cuando, al morir sin descendencia el IX marqués Pascual Enríquez de Cabrera, el estado de Alcañices pasó a un primo suyo, del linaje de los Osorio. Aunque el linaje continuó disfrutando del título y las rentas, la transmisión incumplía el tenor de la donación original. Si los procuradores síndicos hubieran localizado este documento en Simancas, según señalan Ángel Esparza y Ricardo Martín Valls, probablemente habrían ganado el pleito.

El estallido del pleito (1815)

A comienzos de 1815, en plena reacción absolutista posterior al regreso de Fernando VII, los pueblos alistanos se negaron a pagar las prestaciones señoriales del año. La administradora del estado del marquesado era entonces María Aldonza de Zayas, duquesa viuda de Algete, que actuaba en nombre de su hijo, el XVI marqués Nicolás Osorio y Zayas. Ante el impago, la duquesa exigió a los cincuenta y tres concejos de la comarca la entrega de los «foros particulares y concejiles en granos, zenteno y marabedís, perdices, manteca, carneros, yantares, herbajes, jamones, diezmos, rediezmos, bodos, un ducado por cada cría de lanar y cabrío; el pedido en mars. y la conducción de cuenta de los labradores de los granos a las paneras», además de las alcabalas.

El asesoramiento jurídico recayó en Manuel Antonio Fraile, escribano de Alcañices, a quien la documentación señorial atribuye la redacción de los principales argumentos del proceso. Frente a él se situó Manuel de Puelles, apoderado de la marquesa viuda y antiguo diputado provincial, que en su correspondencia tachaba a Fraile de «instigador», «tunante», «perturbador de la paz» y «un segundo Godoy», y le acusaba de extender el conflicto a la vecina comarca de Carbajales, entonces bajo el ducado de Frías.

El 19 de agosto de 1815 los procuradores síndicos generales depositaron la demanda en la Real Chancillería de Valladolid. Para fundamentar legalmente la pretensión invocaron la Real Cédula de 15 de septiembre de 1814, que mantuvo en vigor el decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811 sobre incorporación de los señoríos a la Nación. A esa base normativa, ambigua y discutida, los procuradores sumaron dos líneas argumentales de fondo. La primera apelaba al esfuerzo de los pueblos durante la Guerra de la Independencia Española, en la que habían entregado hombres, grano y ganado a las tropas españolas y aliadas, hasta agotar las rentas reclamadas. La segunda, más original, ponía en cuestión los títulos mismos del marquesado: las prestaciones procedían del medievo, cuando Alcañices y su tierra pertenecían al Temple, y al extinguirse esa orden habrían sido «usurpados» por Diego de Almansa, alcaide de la fortaleza y fundador del linaje señorial.

La parte de la marquesa replicó que «no son necesarios rasgos históricos ni ser tan eruditos como el escribano Fraile», y se acogió a una abundante documentación —reales privilegios, sentencias, escrituras de foros— para acreditar la posesión continuada de la casa. Negaba que los pueblos hubieran pertenecido al Temple y afirmaba que «los terrenos que ocupan, los pastos que disfrutan, las comodidades que gozan y en una palabra el territorio todo de Alcañices es el patrimonio propio y privativo de los Marqueses de ese título».

El peritaje de Manuel Sipos (1817)

Para acreditar la pertenencia del territorio al Temple, los procuradores síndicos solicitaron «que por peritos se hiziese reconocimiento del estado y ruinas de la fortaleza titulada de Alcañizas y del escudo de Armas que usaban los Caballeros del temple». La parte demandante propuso como perito al arquitecto y maestro de obras de Zamora Manuel Sipos, propuesta que la marquesa aceptó. En marzo de 1817 Sipos recorrió la comarca acompañado por Puelles, en representación de la marquesa viuda, y por el escribano de Villardeciervos, Antonio Álvarez Vega, que certificaba la veracidad de los dibujos y levantaba acta del estado de las ruinas.

El resultado fue un conjunto de siete planos a línea con sus declaraciones correspondientes, integrados en el expediente del pleito que custodia el Archivo Histórico Nacional (sección Consejos, legajo 32246). Seis de ellos —los de interés arqueológico— se conservan además reproducidos en la sección de Planos del mismo archivo, con las signaturas 1139, 1141, 1143, 1147, 1149 y 1151; el restante, el «plano sexto», recogía los escudos de armas de los marqueses existentes en su palacio y en la iglesia parroquial de Alcañices. Estos materiales documentan el recinto amurallado de Alcañices a comienzos del siglo , las ruinas del castro de El Cerco de Sejas de Aliste (denominado en la documentación «Cirigüeña» o «Ceridueña»), el desaparecido convento de Santa María de Villavieja en El Poyo, y, sobre todo, nueve inscripciones romanas y medievales empotradas en iglesias de la comarca.

El plano del recinto fortificado

El primero de los planos representa el recinto fortificado de Alcañices tal como lo encontró Sipos en 1817. La villa se asentaba sobre una loma defendida por dos escarpados que descendían a las riberas de Valdesejas y de Peña Cueva. Sipos midió cuatro cubos de veintidós pies —unos seis metros— de altura, los cimientos de otros tres y dos torreones cuadrados, uno de treinta pies y otro de trece; la fábrica combinaba mampostería de pizarra y cantería sobre mezcla de cal. El recinto presentaba dos entradas y un foso perimetral, y Sipos lo describió como una fortificación apta solo para «Armas blancas», lo que situaba su construcción «de tiempo inmemorial».

El conjunto se hallaba ya muy maltrecho, no por el simple paso del tiempo, sino por una destrucción reciente: durante la Guerra de Sucesión, el teniente general portugués Pedro Mascarenhas, conde de Sandomil, había tomado la plaza en 1710 y ordenado arrasar las fortificaciones. Alcañices permaneció como dependencia portuguesa de Puebla de Sanabria hasta la Paz de Utrecht de 1713.

Las «lápidas» tomadas por escudos templarios

La parte central del peritaje correspondió a las piedras grabadas que los demandantes consideraban escudos de armas de los Templarios. El párroco de Sejas, en el interrogatorio preparado por los síndicos, había declarado que la inscripción de la torre de su iglesia era el blasón de la orden; los testigos remitían además al Diccionario de Moréri y a una «historia de la población de Alcañices» hoy desconocida.

Sipos copió en sus planos las siete piedras romanas y dos lápidas más recientes, con dibujos de gran exactitud que han permitido a la epigrafía moderna corregir su lectura, identificar las piezas perdidas e incluso realizar un análisis paleográfico indirecto a partir del manuscrito. La parte de la marquesa, por su lado, desmontó la atribución templaria mediante un razonamiento que la historiografía actual ha calificado de contextual: las piedras de Sejas y Rabanales no estaban dispuestas como escudos, sino «atravesadas en la pared» como simples sillares de reaprovechamiento, lo que las identificaba como «cubiertas o tapas de Sepulcros extraídas de alguna obra vieja». Los únicos escudos auténticos eran los del convento de San Francisco, la iglesia parroquial y la casa-palacio de Alcañices, todos ellos con las armas marquesales.

Las inscripciones documentadas

Las nueve inscripciones copiadas por Sipos pertenecen al llamado «estilo de Picote», un grupo de estelas funerarias de los siglos altoimperiales atestiguado a ambos lados de la raya hispano-lusa, en torno a Picote y Braganza, y con extensiones notables en el occidente zamorano —Rosinos de Vidriales, Villalcampo, Pino del Oro y la propia Alcañices—. Las piezas presentan habitualmente una cabecera redondeada con rueda de radios curvos, un campo epigráfico central y un pie decorado con arcos de herradura o representaciones zoomorfas, sobre mármol portugués procedente de Vimioso o en granito local.

De las nueve piezas, cinco eran inscripciones romanas con epitafio, una era romana sin texto conservado, una era romana de adscripción dudosa, y dos eran inscripciones medievales sobre obras de fábrica. Cuatro de las nueve piedras se han recuperado, ya in situ, ya reubicadas en sus iglesias; las otras cinco se conocen únicamente por los dibujos del manuscrito de 1817.