La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) es una red boliviana de movimientos sociales dedicada a la defensa de los territorios indígenas, originarios y campesinos y de las áreas protegidas frente a proyectos extractivos. Fue creada el 2 de diciembre de 2018 en la Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Tariquía en Tarija. Surgió de la convergencia de varias luchas de resistencia de movimientos indígenas que hasta entonces se desarrollaban de manera aislada en distintas regiones de Bolivia. Inicialmente la integraban doce movimientos y organizaciones; posteriormente reunió a alrededor de treinta y cinco procedentes de las cuatro macrorregiones de Bolivia.
Origen y fundación Contiocap se constituyó en un contexto en el que diferentes territorios enfrentaban amenazas vinculadas a actividades extractivas y de infraestructura, entre ellas la construcción de hidroeléctricas, la apertura de carreteras, como la proyectada a través del TIPNIS, la explotación petrolera en zonas como Tariquía y el Aguaragüe, y la minería en las tierras altas. Según sus integrantes, la coordinadora también respondió a lo que describen como una cooptación de las organizaciones tradicionales que representan a los pueblos indígenas.
El encuentro fundacional, convocado en torno a la defensa territorial de Tariquía, reunió a movimientos de resistencia de distintas partes de Boliviacon el fin de articular sus demandas. La organización celebró encuentros nacionales de defensores y defensoras de los territorios, entre ellos el realizado los días 2 y 3 de septiembre de 2023 en la Reserva de Tucavaca..
Objetivos De acuerdo con sus propios planteamientos, la coordinadora busca: Visibilizar la problemática que enfrentan los territorios indígenas y las áreas protegidas. Denunciar públicamente, a nivel nacional e internacional, ante organismos como la ONU y la CIDH, las violaciones de derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. Socializar información sobre las amenazas que pesan sobre los territorios. Promover encuentros nacionales entre defensores y defensoras del territorio. Aportar propuestas alternativas frente al extractivismo..
Contexto de las amenazas a los territorios El surgimiento y la actividad de contiocap se enmarcan en una serie de presiones ambientales y económicas sobre la Amazonía y otras regiones de Bolivia, documentadas por organizaciones e investigaciones independientes.
Incendios forestales y agronegocio Se estima que en 2023 Bolivia perdió 1,85 millones de hectáreas de bosques y ecosistemas. Diversos informes atribuyen buena parte de estos incendios a la expansión de la frontera agrícola por parte de empresas del agronegocio mediante la práctica del chaqueo, que es la quema para habilitar tierras de cultivo. Según estas fuentes, la debilidad de los mecanismos de control estatal y las sanciones reducidas, del orden de 0,20 dólares por hectárea quemada, habrían favorecido esta dinámica.Izquierda Diario, «Incendios forestales: los intereses agroindustriales ante la mirada tibia del gobierno», noviembre de 2023. La dirigente Ruth Alipaz ha señalado que la quema constituye una forma de bajo costo para deforestar bosques primarios y habilitar cambios de uso del suelo orientados al monocultivo.Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), entrevista a Ruth Alipaz Cuqui, integrante de CONTIOCAP, 2023.
Deforestación Según Fundación Tierra, en 2022 la Amazonía boliviana registró la segunda tasa de deforestación más alta de la región amazónica, después de Brasil, y la tercera a escala mundial en cuanto a hectáreas deforestadas, con una estimación aproximada de 270 000 hectáreas. La misma organización indica que, en el quinquenio 2016-2021, la deforestación aumentó un 73 % respecto del período 2010-2015, impulsada principalmente por la expansión del modelo soyero y de la ganadería para exportación; Bolivia figura entre los grandes exportadores de soya, con cerca de 1,5 millones de hectáreas dedicadas a ese cultivo.Fundación Tierra, «Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la "Agenda Patriótica 2025"», junio de 2022.
En el departamento del Beni, que alberga a buena parte de los pueblos indígenas del país, la actualización del Plan de Uso de Suelo (Plus) en 2019 fue criticada por organizaciones indígenas y por estudios académicos, que denunciaron la falta de consulta y la prevalencia de los intereses del sector agropecuario en su elaboración.Rojas Calizaya, J.; Anzaldo García, A., «El nuevo PLUS del Beni excluye a los actores y sus diversas visiones de desarrollo y atenta contra la Amazonía boliviana», CIPCA, 2020.CEJIS, «Análisis socioambiental del Plan de Uso de Suelo (PLUS) 2019 del departamento del Beni», 2020.
Palma aceitera y agrocombustibles El Gobierno boliviano impulsó programas para promover el cultivo de especies oleaginosas, entre ellas la palma aceitera, la jatrofa y el macororó, destinadas a la producción de los denominados agrocombustibles. Según declaraciones del coordinador del programa, Javier Mamani Quispe, la iniciativa preveía establecer más de dieciocho viveros con capacidad para producir unas 48 000 plantines y alcanzar 60 000 hectáreas en cinco años, principalmente en la región amazónica, y se planteaba como una rehabilitación de suelos degradados antes que como causa de deforestación.RTP Bolivia, entrevista en video al ing. Javier Mamani Quispe, coordinador general del programa, enero de 2023. Organizaciones ambientales han cuestionado esta afirmación, señalando que la experiencia internacional del cultivo de palma se asocia con deforestación e impactos sociales y ambientales.Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), sección «Palm Oil».
Represas e infraestructura Entre los proyectos de infraestructura cuestionados figuran las represas de El Chepete y El Bala, proyectadas en la cuenca del río Beni, que atraviesa el Parque nacional Madidi y la Reserva Pilón Lajas. Según las estimaciones citadas, una parte significativa de la energía generada se destinaría a la exportación hacia Brasil, y los embalses inundarían amplias superficies con la consiguiente deforestación, afectando a varios pueblos indígenas, entre ellos los mosetenes, chimanes, ese ejjas, lecos, tacanas y uchupiamonas. La construcción se mantenía paralizada, aunque las organizaciones denuncian presiones para su reactivación.Boletín del WRM, «"Sin agua no hay vida": los ríos de la Amazonía boliviana», septiembre de 2022.
Marco legal invocado La Constitución Política del Estado de 2009 reconoce a los pueblos indígenas, los territorios indígenas, la justicia indígena originaria campesina y la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, sobre la base del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Contiocap y sus voceras sostienen que diversas normas de menor jerarquía habrían contravenido esos principios; citan, entre otras, las llamadas «leyes incendiarias» aprobadas entre 2013 y 2019 y la Ley de Minería y Metalurgia 535, que, según su interpretación, permite actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas sin estudio de impacto ambiental ni consulta previa, libre e informada.
Figuras destacadas Una de las voceras más visibles de la coordinadora es Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la nación uchupiamona de la Amazonía boliviana, quien ha representado a contiocap en espacios de denuncia nacionales e internacionales.
Véase también Pueblos indígenas de Bolivia Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure Parque nacional Madidi Deforestación en Bolivia Extractivismo
Referencias
Categoría:Organizaciones de Bolivia Categoría:Organizaciones ecologistas Categoría:Organizaciones fundadas en 2018 Categoría:Pueblos indígenas de Bolivia