El denominado caso Zapatero o caso Plus Ultra, es una investigación judicial iniciada en España centrada en una presunta trama de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y utilización de sociedades instrumentales vinculada a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas y a la concesión de un préstamo público durante la pandemia de COVID-19. La causa adquirió gran relevancia pública tras la citación como investigado del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para declarar ante la Audiencia Nacional en junio de 2026.
La investigación sostiene la existencia de una estructura organizada dedicada presuntamente a influir en decisiones administrativas y financieras mediante una red de intermediarios, sociedades mercantiles y contactos políticos de alto nivel. Según el auto judicial, dicha red habría operado tanto en España como en el extranjero, especialmente en relación con Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Con posterioridad, la investigación se amplió mediante una pieza separada relativa a un conjunto de joyas y relojes intervenidos durante un registro, por la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando.
El núcleo de la causa gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La Audiencia Nacional investiga si parte de esos fondos fueron posteriormente canalizados mediante sociedades instrumentales, contratos presuntamente ficticios y estructuras financieras opacas. El caso se convirtió además en la primera investigación judicial en democracia en la que un expresidente del Gobierno español fue citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
A pesar de los indicios, inferencias y vínculos indirectos, algunos medios consideran que el sumario del caso no ofrece ninguna prueba directa contra José Luis Rodríguez Zapatero. Orígenes
Contexto Durante la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de España aprobó diversas medidas de apoyo empresarial. Entre ellas destacó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), destinado a rescatar compañías consideradas estratégicas para la economía nacional.
La aerolínea Plus Ultra solicitó ayudas públicas y líneas de financiación avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), alegando graves dificultades financieras derivadas de la paralización del tráfico aéreo internacional. El préstamo por parte del Estado a dicha aerolínea se enmarcó en el contexto de las ayudas que varios países europeos concedieron a sus compañías aéreas para paliar el impacto en la aviación de la pandemia de COVID-19. Las investigaciones judiciales sostienen que, paralelamente a la tramitación formal de estas ayudas, se desarrolló una intensa actividad de contactos políticos y empresariales orientada a facilitar la concesión de financiación pública y acelerar los expedientes administrativos.
Controversia por el rescate de Plus Ultra Tras la concesión del préstamo por parte del Estado de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021, diversas organizaciones y partidos políticos cuestionaron la legalidad y conveniencia del rescate aprobado por el Gobierno español mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Entre ellos, Manos Limpias, el Partido Popular y Vox presentaron querellas denunciando presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que la aerolínea no cumplía los requisitos para ser considerada estratégica para la economía española.
A través de mensajes del celular de Rodolfo Reyes en abril de 2020 se expone que Martínez Sola escribió: "Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero", refiriéndose a Manuel Fajardo hijo del senador del PSOE Manuel Fajardo Palarea, en mayo de 2020, en otro mensaje, Fajardo le pasó a Martínez Sola el número de teléfono de Julio Martínez Martínez, en otro mensaje Fajaro recibió de Martínez Sola. Este respondió que estaban teniendo dificultades para acceder a un crédito ICO y le pidió ayuda: "Manuel, si podéis empujar el tema te lo agradezco". Estos mensajes ha usado inicialmente la fiscalía que involucran presuntamente a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.
En 2023, el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Madrid archivó aquellas actuaciones al no apreciar indicios suficientes de delito.
Investigación de la Fiscalía Anticorrupción El 19 de septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción recibió un sobre solicitando la cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza relacionadas al brocker peruano Enrique Martín Baca Arbulú, radicado en Madrid, con posibles operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al préstamo a Plus Ultra y a movimientos financieros internacionales conectados con Venezuela. A raíz de estas comunicaciones, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional e impulsó nuevas diligencias de investigación bajo secreto de sumario. Baca venía siendo investigado por la Autoridad de Mercado de Valores de Francia (AMF) desde octubre de 2022 por uso de información privilegiada y lavado de dinero quien operaba a través de una empresa registrada en Mauricio llamada Bluecap Corp con una filial en España de nombre Kaimana Capital, creada en 2019 que tenía como accionistas al francés Romain Jean Oscar Bruere y Enrique Baca posteriormente disuelta en diciembre de 2025.
El 11 de diciembre de 2025 es detenido un empresario de nombre Julio Martínez Martínez, quien mantenía comunicaciones telefónica con José Luis Rodríguez Zapatero a través de móviles digitales desechables y sin conexión a internet, las tarjentas SIM tampoco estaban registradas a nombre de Zapatero ni del empresario Martínez. El informe incluye a las dos hijas de Zapatero y una empresa, What The Fav, la agencia de comunicación fundada por Alba y Laura Rodríguez Zapatero, quienes tenían como cliente a la empresa Análisis Relevante S.L., asociada a Martínez.
En enero de 2026 durante la declaración de Julio Martínez de la presunta trama del préstamo a Plus Ultra Líneas Aéreas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la investigación, para la audiencia al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, afirmó que Zapatero viajaba a República Dominicana en vuelos comerciales y de ahí viajaba en aviones privados de Pdvsa a Venezuela, para no dejar rastro.
En el marco de la cooperación internacional, la UDEF recibió en marzo de 2026 información procedente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos obtenida a partir del clonado del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, presidente venezolano de Plus Ultra, que mostraba la estructura de la trama e incriminaba al expresidente Zapatero. El material pasó a formar parte de las actuaciones de investigación y, posteriormente, el juez José Luis Calama solicitó formalmente a los Estados Unidos autorización para incorporar dicho contenido al proceso penal como medio de prueba con plenos efectos procesales.
El abogado del expresidente Zapatero ha solicitado al juez que aclare cómo se obtuvieron estas conversaciones,dado que se desconoce si esos mensajes se han obtenido respetando los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y si se ha respetado la cadena de custodia, al haber pasado 5 años entre que se recopiló esa información hasta que se entregó a España.
El 19 de mayo de 2026 se levantó parcialmente el secreto de las actuaciones y se hizo público un auto judicial del magistrado José Luis Calama en el que se citaba como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y se autorizaban registros en varias oficinas y sociedades vinculadas a su entorno. El auto sostenía que la investigación había permitido identificar «una estructura organizada y estable» dedicada presuntamente al ejercicio ilícito de influencias y a la obtención de ventajas económicas mediante contactos institucionales y societarios.
Supuesta estructura de la trama
Según el auto dictado por el magistrado José Luis Calama, la investigación habría identificado una presunta estructura organizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias, la intermediación en operaciones empresariales y la canalización de fondos mediante una red de sociedades mercantiles y colaboradores.
La resolución judicial sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como una de las figuras centrales de la supuesta trama. Junto a él, la investigación atribuye un papel relevante al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo personal y fundador de la consultora Análisis Relevante, considerado por los investigadores como uno de los principales intermediarios en las relaciones entre empresas privadas, sociedades vinculadas al entorno del expresidente y distintas administraciones públicas.
Según la investigación, la estructura habría contado con colaboradores encargados de diferentes funciones, entre ellas la captación de clientes, la elaboración de informes y contratos, la gestión de sociedades mercantiles, la canalización internacional de fondos y la formalización documental de operaciones económicas.
La documentación incorporada al sumario menciona a Análisis Relevante como una de las sociedades con mayor presencia en las operaciones investigadas. Los informes policiales sostienen que la empresa mantuvo relaciones económicas con Plus Ultra y con diversas sociedades vinculadas al entorno de Zapatero, actuando presuntamente como vehículo para la prestación de servicios de consultoría e intermediación.
El auto menciona además sociedades como Whathefav (gestionada por las hijas de Zapatero), Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Calefón Consultores, Voli Analítica e Idella Consulenza Strategica, entre otras. Según los investigadores, varias de estas entidades habrían sido utilizadas para canalizar pagos entre sociedades relacionadas, emitir facturas por servicios presuntamente no prestados y dificultar la trazabilidad de determinadas operaciones económicas.
El auto muestra que Análisis Relevante pagó un total de 730000 euros al expresidente y sus hijas por tareas de maquetación de informes de contenido insustancial y a partir de fuentes abiertas, con el objetivo de captar clientes.
Los informes policiales también describen conexiones societarias y económicas entre varias de estas empresas, algunas de las cuales compartían administradores, apoderados, domicilios o relaciones contractuales. La investigación sostiene que esta estructura permitía redistribuir fondos procedentes de distintas actividades de consultoría e intermediación, aunque la existencia y finalidad de dicha red continúa siendo objeto de investigación judicial.
En esas relaciones, Zapatero involucró a, al menos, seis de quienes en su día fueron sus ministros: Miguel Sebastián, José Bono, Miguel Ángel Moratinos, José Blanco López, Magdalena Álvarez y Beatriz Corredor.
Relación con Plus Ultra miniaturadeimagen|250px|Avión Airbus A340 de Plus Ultra. Uno de los ejes centrales del procedimiento es la presunta influencia ejercida para facilitar ayudas públicas a Plus Ultra. La documentación judicial recoge múltiples conversaciones entre directivos de la aerolínea y distintos intermediarios en las que se hace referencia a la necesidad de “llegar” a responsables políticos o de activar contactos próximos a miembros del Gobierno.
Las diligencias describen contactos con figuras vinculadas al Ministerio de Transportes y a la SEPI, así como conversaciones donde se menciona expresamente a Zapatero como intermediario político. Entre los elementos recogidos figuran:
mensajes sobre la búsqueda de “puentes” políticos para acceder a ayudas públicas;