Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025, con la promesa de combatir la inmigración ilegal. Esa misma noche firmó varias órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, declarando emergencia nacional en la frontera México-Estados Unidos, bloqueando el asilo, terminando el proceso de «atrapar y liberar», eliminando la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres sin residencia permanente, suspendiendo casi todas las admisiones de refugiados, y designando carteles y organizaciones criminales como terroristas. Trump firmó la Ley Laken Riley el 29 de enero de 2025, que exige la detención de inmigrantes acusados o condenados por ciertos delitos. La estrategia general de la administración Trump y las tácticas empleadas por el DHS han recibido críticas generalizadas, y han estallado protestas en todo el país. Políticas y acciones presidenciales más importantes
Restricción de entrada y remoción expedita El presidente Trump emitió la Proclamación 10888, «Garantizando a los Estados Protección contra la Invasión», que considera el flujo de inmigrantes en la frontera sur como una invasión y ordenó: suspender la entrada de extranjeros en la frontera sur mientras dure la "invasión". Impedir que los extranjeros ya dentro de EE. UU. invoquen leyes de asilo para permanecer en el país. Autorizar al Departamento de Seguridad Nacional a usar la remoción expedita o deportación sin proceso judicial completo, tanto para inmigrantes dentro del país como para los que llegan sin autorización. El 2 de julio de 2025, el juez federal Randolph D. Moss declaró ilegal esta proclamación, señalando que ninguna ley ni la Constitución otorga al presidente autoridad para crear un sistema migratorio alternativo que reemplace las leyes aprobadas por el Congreso. Cambios al proceso de solicitud de ingreso Cancelación de la aplicación CBP One La Orden Ejecutiva 14165 canceló la aplicación móvil «CBP One», que permitía a migrantes solicitar citas de inspección y asilo. En menos de una hora tras la inauguración de Trump, la aplicación fue desactivada y todas las citas programadas fueron canceladas. Fin de los programas de libertad condicional por categoría La misma orden ejecutiva terminó con los programas de libertad condicional migratoria que permitían a migrantes de ciertos países quedarse temporalmente en los Estados Unidos. Ahora cada caso se evalúa individualmente, y solo se admite a quienes demuestren necesidad humanitaria urgente o una contribución significativa al país. En diciembre de 2025, el DHS terminó los programas de Reunificación Familiar para colombianos, cubanos, ecuatorianos, guatemaltecos, haitianos, hondureños y salvadoreños. Aplicación de la ley migratoria en el interior del país La Orden Ejecutiva 14165 reemplazó la política de «atrapar y liberar» por «atrapar y detener»: los inmigrantes detenidos ya no son liberados mientras esperan su proceso, sino que permanecen en custodia. También se amplió el uso de la remoción expedita a cualquier inmigrante que lleve menos de dos años en el país y no pueda probar su entrada legal. Una revisión de registros judiciales por Reuters en febrero de 2026 encontró que tribunales federales habían dictado más de 4.400 resoluciones, de más de 400 jueces, determinando que ICE bajo la administración Trump detuvo inmigrantes de forma ilegal. Ciudadanía por nacimiento La Orden Ejecutiva 14160 intentó eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados o con estatus temporal, exigiendo que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente. La orden ha sido impugnada con al menos nueve demandas constitucionales, y dos jueces federales emitieron órdenes preliminares bloqueando su aplicación a nivel nacional. Ley Laken Riley
Firmada el 29 de enero de 2025, la primera legislación del segundo mandato de Trump exige que el DHS detenga sin fianza a cualquier inmigrante indocumentado acusado o condenado por delitos como robo, hurto, agresión a agentes policiales, o crímenes que resulten en muerte o lesiones graves. Deportaciones a El Salvador y uso de Guantánamo La administración Trump firmó un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele para enviar deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, conocido por sus condiciones extremas, a un costo de 6 millones de dólares anuales. En marzo de 2025, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la administración deportó a aproximadamente 250 personas, presuntamente miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, sin revelar pruebas ni identificar públicamente a los acusados. Las deportaciones se realizaron ignorando una orden judicial temporal en su contra. Bloomberg estimó que alrededor del 90% de los deportados a El Salvador no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. El 29 de enero de 2025, Trump ordenó preparar la base naval de Guantánamo para alojar a decenas de miles de migrantes. En menos de un mes, cientos de migrantes habían sido trasladados allí, aunque la mayoría fue transferida a otros destinos rápidamente. Activistas, residentes legales y ciudadanos afectados La administración Trump también apuntó a inmigrantes legales, turistas y estudiantes con residencia estudiantil que expresaron críticas a sus políticas o participaron en activismo pro-palestino. Entre los detenidos o deportados se encuentran Mahmoud Khalil, Rasha Alawieh, Badar Khan Suri y Momodou Taal. Trump también expresó su deseo de enviar ciudadanos estadounidenses «criminales» a prisiones extranjeras como CECOT, aunque expertos legales señalan que esto sería inconstitucional. Prohibición de viaje
El 4 de junio de 2025, Trump firmó la Proclamación 10949, prohibiendo la entrada a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Mientras que los países de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela recibieron restricciones parciales de entrada a Estados Unidos.
Impacto El DHS afirmó que en 2025 más de 2,5 millones de personas fueron deportadas o abandonaron el país voluntariamente, aunque el Centro de Estudios Migratorios calificó esa cifra de «fantasía interesada» y la estimó en una décima parte de lo declarado. Un informe de la Institución Brookings de enero de 2026 señaló que Estados Unidos experimentó migración neta negativa por primera vez en décadas: entre −10.000 y −295.000 personas. Fuga de cerebros Las deportaciones de residentes legales y titulares de visas, sumadas a recortes en financiamiento para investigación, han hecho a Estados Unidos menos atractivo para estudiantes, trabajadores calificados y científicos. Una encuesta de marzo de 2025 reveló que el 75% de los científicos estadounidenses consideraba emigrar. Ursula von der Leyen anunció en mayo de 2025 una inversión de 500 millones de euros para atraer científicos de Estados Unidos a Europa. Impacto en América Latina Las políticas migratorias generaron un aumento documentado de la «migración inversa», con inmigrantes, principalmente venezolanos, regresando a través de Panamá. En Colombia, la migración hacia Estados Unidos cayó en un 83%. Combinado con los recortes a la USAID, esto ha generado una crisis de nutrición entre migrantes en la región. Haití, ya en crisis profunda, enfrenta consecuencias especialmente graves: en 2025 registró un aumento del 20% en homicidios, un incremento del 1.000% en violencia sexual contra menores desde 2023, y un aumento del 700% en reclutamiento infantil en solo los primeros tres meses del año. Otras reacciones Para enero de 2026, The Associated Press reportó que se estaba formando una «amplia revuelta cultural» contra el ICE y la agenda migratoria de Trump en el ámbito de los negocios, el deporte y el entretenimiento. En 2025 se registró una caída del 6% en el turismo hacia Estados Unidos, la única baja entre los principales destinos mundiales, representando 11 millones de visitantes menos y pérdidas de miles de millones de dólares para la industria de viajes. Referencias
Categoría:Controversias de la segunda administración Trump