Familias Unidas por Justicia es una organización de la sociedad civil creada en el 2019 en Lima que agrupa a deudos de víctimas de feminicidios en Perú. La agrupación tiene como fin reclamar a las autoridades acciones que permitan prevenir las altas cifras de violencia contra las mujeres, siendo el feminicidio su forma más grave.
La lucha de Familias Unidas por Justicia influyó en el Gobierno para la promulgación de Decreto de Urgencia 005-2020, el cual abarca el subsidio de S/ 600 bimestrales a los deudos que dependían de las víctimas.
Historia En 2019, Sandy Evangelista decidió formar “Familias Unidas por Justicia” en nombre y memoria de las víctimas de feminicidio. En 2006, su hermana mayor, Nelva Evangelista, fue víctima de feminicidio y su familia tuvo que esperar diez años para que capturaran al feminicida.
Ese año, en 2016, Sandy Evangelista participó en la movilización de #NiUnaMenos (Perú). Fue en este espacio donde conoció a más familiares de víctimas de feminicidio, con historias de injusticia e impunidad similares a la suya.
En marzo de 2019, sumó esfuerzos con Magaly Aguilar, madre de Sheyla Torres, víctima de feminicidio en 2018. Luego se creó una página en Facebook para ubicar y sumar a más deudos. A partir de esa fecha, “Familias Unidas por Justicia” ha acompañado a distintas familias que buscan justicia para sus casos.
Objetivos miniaturadeimagen|Colectivo Familias Unidas Por Justicia en tribunal simbólico contra el feminicidio del CMP Flora Tristán, Lima, 2025 El objetivo de Familias Unidas por Justicia es aprender de las experiencias en común de sus integrantes, y llevar sus reclamos a un nivel institucional, así como la exigencia de condenas más severas contra feminicidas. Asimismo, buscan que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinde asistencia psicológica para todos los miembros de las familias.
Sandy Evangelista asegura que conocer y agrupar las historias de las familias permite, por un lado, establecer precedentes positivos de justicia, y por el otro, dar esperanza a más familias. También resalta el ejercicio de memoria para no olvidar los nombres de las víctimas. Esto sumado al acompañamiento brindado a los familiares, asesorando en cuanto a las rutas que deben seguir para exigir resultados a los operadores de justicia.
Demandas La lucha constante en un contexto de impunidad, ha provocado que las familias de víctimas de feminicidio enfrenten una grave afectación psicológica y una larga búsqueda de justicia, que puede superar los diez años, como en el caso de la familia de Sandy Evangelista.
También se suma la desprotección en la que quedan los hijos de las víctimas, quienes terminan al cuidado de la familia. Los huérfanos del feminicidio enfrentan necesidades críticas: desde apoyo psicológico y legal hasta oportunidades laborales y protección contra el agresor. Paralelamente, la falta de oportunidades educativas priva a estos niños de la posibilidad de continuar con sus estudios.
Casos emblemáticos miniaturadeimagen|248x248px|Haydee Suárez con la fotografía de su hija Patricia Villafuerte, 2026 Entre las personas que conforman este colectivo, en representación de las familias de las víctimas, están:
Sandy Evangelista, hermana de Nelva Evangelista, asesinada en el 2006. Magali Aguilar, madre de Sheyla Torres, asesinada en marzo del 2018 por Romario Aco Rodriguez. Carmen Mendoza, madre de Esteffany Flores Mendoza, víctima de feminicidio en el 2019 por su pareja José Luis Falcón Gutiérrez. Agripina Solis, madre de Ruth Puertas Solís, víctima de feminicidio por parte de Cristian Sánchez Coico. Haydee Suárez, madre de Patricia Villafuerte, víctima de negligencia policial. Edson Tapullima Magipo, hermano de Milena Tapullima, víctima de feminicidio de José Luis Ramírez Ramírez; entre otros integrantes.
Logros En el año 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobó el decreto de urgencia 005-2020 para brindar asistencia económica de S/ 600 soles a los hijos e hijas menores de edad de las mujeres víctimas de feminicidios en el país. Esta medida se logró tras las exigencias "Familias Unidas por Justicia" durante reuniones técnicas realizadas con el Ministerio de la Mujer.
El apoyo económico está destinado para cubrir la atención de las necesidades básicas de los huérfanos de feminicidio como alimentación, educación, salud, entre otras. Las personas que pueden recibir esta ayuda son:
Hijos o hijas menores de 18 años Mayores de edad (hasta los 28 años) que se encuentran estudiando Personas con discapacidad moderada o severa
El Tribunal contra el Feminicidio Es un tribunal simbólico promovido por Familias Unidas por Justicia como una iniciativa de justicia alternativa orientada a visibilizar presuntas deficiencias en la actuación de instituciones estatales como fiscalías, juzgados, comisarías y otros actores como empresas de telefonía, vinculados a investigaciones de feminicidio. Según sus organizadores y familiares de víctimas, el espacio buscó exponer obstáculos en el acceso a la verdad y la justicia, así como generar atención pública sobre casos que consideraban en riesgo de impunidad.
En 2023, Familias Unidas por Justicia organizó el “Primer tribunal contra el feminicidio frente a la impunidad y la violación a los derechos humanos a los familiares de las víctimas de feminicidio por los organismos del sistema judicial”, con participación de la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Durante la actividad se expusieron casos de feminicidio cuyos familiares señalaron demoras en las investigaciones, falta de diligencias y ausencia de enfoque de género en los procesos judiciales. Asimismo, personal de la Defensoría del Pueblo recibió testimonios y reclamos relacionados con presuntas deficiencias en la actuación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En 2025, se realizó en Lima el III Tribunal contra el Feminicidio donde se analizaron los procesos relacionados con los feminicidios de Cindy Rosas y Abigail Hernández, cuyos familiares denunciaron presuntas deficiencias e impunidad en las investigaciones judiciales.
Según las conclusiones del tribunal, los casos presentaban patrones de actuación estatal que contribuían a la impunidad, entre ellos demoras en las investigaciones, falta de diligencias oportunas y ausencia de investigaciones exhaustivas. El informe también sostuvo que, en algunos casos, las autoridades no habrían considerado inicialmente los hechos bajo la tipificación de feminicidio y advirtió posibles incumplimientos de estándares internacionales y recomendaciones emitidas por organismos de Naciones Unidas en materia de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia.
Referencias
Categoría:Organizaciones sociales Categoría:Derechos humanos en Perú Categoría:Derechos de las mujeres en Perú