El caso Leire Díez, también conocido como caso Fontanera o caso Cloacas del PSOE, es una investigación judicial abierta en España en 2025 sobre una presunta trama de obtención de información reservada, tráfico de influencias y actuaciones destinadas a influir en procedimientos judiciales relacionados con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. La investigación está dirigida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, que desde agosto de 2026 concentra también las diligencias iniciadas en 2025 por el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid. Las pesquisas se basan en gran medida en informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como en mensajes, grabaciones, documentación intervenida y declaraciones incorporadas al procedimiento.
El caso recibe su nombre de Leire Díez, militante socialista hasta el 3 de junio de 2025, cuando solicitó la baja voluntaria como afiliada del PSOE, y antigua directiva de empresas públicas, a quien diversos medios de comunicación calificaron como «fontanera» del PSOE debido a sus actividades de intermediación política y a sus contactos con investigados, abogados, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad y responsables institucionales. Según la UCO, Díez habría desempeñado un papel ejecutivo dentro de una estructura presuntamente coordinada junto al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Los investigadores sostienen que dicha estructura habría intentado obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales, promover actuaciones contra miembros de la UCO e influir en diversas causas judiciales mediante ofrecimientos de apoyo, ventajas procesales, contraprestaciones económicas o acceso a cargos públicos. Parte de estas conclusiones se apoyan en mensajes, grabaciones y documentación incorporados al sumario judicial.
La investigación ha dado lugar a registros, incautaciones de documentación y análisis de la financiación de determinadas actividades atribuidas a la trama. Ha generado controversia política por las referencias contenidas en los informes policiales a dirigentes del Partido Socialista, así como vinculación a miembros de la Administración y personas próximas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tanto el PSOE como varios de los implicados han rechazado las acusaciones y niegan la existencia de una organización destinada a interferir en investigaciones judiciales.
Imputados El 27 de mayo de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó en esta causa a: Leire Díez Castro. Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE) Gaspar Zarrías (exdirigente del PSOE y exvicepresidente de la Junta de Andalucía) Javier Pérez Dolset Jacobo Teijelo (abogado de Cerdán) Ismael Oliver (abogado) Juan Sánchez Yepes (exagente de la Unidad Central Operativa) Ana María Fuentes (gerente del PSOE)
El 29 de junio de 2026, el juez Santiago Pedraz imputó a 25 personas más en la causa: José Vicente Berlanga Arona (expresidente de ENUSA) Rosario Arévalo Sandez (directora de Desarrollo Corporativo de ENUSA) Francisco Javier López Buciega (director de Acciona) Juan Antonio Carrilo Donaire (socio del despacho de abogados SdP Estudio Legal) María Teresa Castillo Pasalodos (directora de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) José Ramón Sempere Vera (expresidente de Mercasa) Mikel Arrarás Abejón (arquitecto técnico Servinabar) Julián Mateos Aparicio Prieto (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Miguel Ángel Figueroa Teva (exdirector del área de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Francisco Irazusta Rodríguez (expresidente de Tubos Reunidos) Jesús Pérez Rodríguez Urrutia (exconsejero de Tubos Reunidos) Miguel Ángel Santiago Mesa (Director Corporativo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Carlos López de las Heras (director general de Tubos Reunidos) Rosario Martín Manzanedo (exdirectora del área de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Belén Gualda González (presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Félix Azcona Lacarra (director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Fernando Albert Aragón (Secretario General de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) María de la Concepción Ortiz Fuerte (presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) Antonio José Sánchez Campos (hijo de del propietario de Forestalia) Marcos López Domingo (administrador de sociedades) Fernando Samper Rivas (fundador y expresidente de Forestalia) Roberto Pérez Águeda (abogado del PSOE) Eduardo Pérez Águeda (presunto testaferro) Carmelo Aznarez Pellicer (directivo de Forestalia) Juan Ignacio Fernández-Micheltorena (Director Financiero de Construcciones y excavaciones Erriberri)
El 2 de julio de 2026, el juez Santiago Pedraz, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5 de la Audiencia Nacional, imputó también a la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo del mismo instituto armado, el teniente general Manuel Llamas Fernández.
El 10 de julio de 2026, el juez Santiago Pedraz imputó al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.
El 29 de julio de 2026, el juez Santiago Pedraz imputó al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.
Leire Díez María Leire Díez Castro nació en Portugalete (Vizcaya) en 1975 y se licenció en Ciencias Sociales y de la Información, con especialidad en Periodismo, por la Universidad del País Vasco en 1997.
Inició su trayectoria política en las listas electorales del PSOE, siendo elegida concejala en las elecciones municipales de España de 2011 y ocupando el cargo de teniente de alcalde en el municipio cántabro de Vega de Pas, entre 2011 y 2014, así como vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos, aunque siempre ha vivido en Portugalete.
Posteriormente, entre 2018 y 2021, fue jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear, y entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, entre ellos la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros.
Revelación del caso Filtración de grabaciones En mayo de 2025, Leire Díez se situó en el centro de una polémica mediática tras la publicación de unos audios por parte de El Confidencial. En ellos se la vincula con una supuesta operación del PSOE para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Esta unidad dirige investigaciones sensibles, como el caso Koldo y otras causas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez Pérez-Castejón, esposa y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según las grabaciones, Díez habría mantenido una videollamada en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el pasado por fraude en la venta de combustible, en la que le solicitaba información comprometida sobre Balas. En la conversación también participaron el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo, conocido por haber defendido al yihadista Abu Dahdah. Durante la reunión, Díez habría ofrecido, en nombre del entorno socialista, un posible acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de esa información.
En los audios se escucha a Díez solicitar «un papelito» que sirviera para cuestionar la imparcialidad de Balas. Sin embargo, Hamlyn rechazó la propuesta al no recibir garantías suficientes. Según diversas opiniones, el objetivo de la operación habría sido minar la credibilidad de la UCO y frenar el avance de investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo.
Reacciones políticas y mediáticas En declaraciones del 27 de mayo de 2025, Leire Díez reconoció la autenticidad de la conversación, aunque aseguró que se trataba de una reunión enmarcada en una supuesta investigación periodística sobre la trama de los hidrocarburos con vistas a publicar un libro. Sin embargo, no consta que Díez haya trabajado en ningún medio de comunicación ni como periodista autónoma. En entrevistas concedidas a La Sexta y El Diario Montañés, afirmó que el audio fue publicado de forma parcial y fuera de contexto, negando actuar por encargo del PSOE ni de Santos Cerdán. El Confidencial, en respuesta, publicó la grabación íntegra, de unos 53 minutos de duración.
El PSOE se desvinculó públicamente de Díez. La portavoz del partido, Esther Peña, negó que tuviera relación laboral con la formación: «No ha estado nunca en nómina» y «no habla en nombre del partido». Por su parte, Santos Cerdán admitió conocerla desde hace años, pero dijo desconocer a qué se dedica en la actualidad.
El 28 de mayo, El Confidencial reveló otro audio, grabado en septiembre de 2024, en el que Javier Pérez Dolset afirmaba que la operación para desacreditar a la UCO había sido impulsada directamente por Pedro Sánchez y Santos Cerdán, con la participación de Leire Díez: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán [...] y con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir».
Pese a las negaciones oficiales, diversos medios han subrayado la cercanía de Díez con figuras relevantes del PSOE. En sus redes sociales ha compartido imágenes junto a Patxi López, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Además, según fuentes del PSOE cántabro citadas por El Diario Montañés, la propia Díez habría comentado en privado que colaboraba con Cerdán en tareas de «asesoramiento contra la desinformación».
Ampliación de las acusaciones El 28 de mayo, El Mundo y La Razón informaron de una nueva reunión entre Leire Díez y Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil implicado en el caso Koldo. Según estas fuentes, el objetivo habría sido recabar información sensible sobre la UCO y sobre Víctor de Aldama, además de evitar que este último revelara datos comprometedores en el marco de diversas investigaciones judiciales relacionadas con el Ejecutivo. La Razón añadió que Díez también habría contactado con varios empresarios imputados por corrupción, instándoles a obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales de Badajoz presuntamente vinculados al caso David Sánchez.
En paralelo, también intentó desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda, implicado en investigaciones sensibles como el caso del 3% y la causa contra Carles Puigdemont, mediante la difusión de un vídeo de contenido sexual que, según ella, lo comprometía directamente. El material fue ofrecido a varios medios de comunicación, entre ellos El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, quien en 1997 fue víctima de una maniobra similar. El Español rechazó publicar el contenido, alegando que carecía de interés informativo, afectaba a la vida privada del fiscal y que su obtención podría constituir un delito.
Además, se ha revelado que Leire Díez coordinó acciones para obtener información comprometedora sobre la jueza Beatriz Biedma, quien instruye el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según informes de prensa, dos militantes del PSOE, identificados como colaboradores de Díez, viajaron a Badajoz para recopilar datos personales sobre la magistrada, con el objetivo de desacreditarla, aunque no encontraron elementos irregulares en su historial. Asimismo, se ha informado que Díez contactó con empresarios investigados por corrupción para obtener información sobre jueces y fiscales relacionados con el caso de David Sánchez. También mostró interés en contactar con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, quien había presentado recursos para recusar a la jueza Biedma por «enemistad manifiesta».