El caso David Sánchez (también conocido como caso Azagra o caso Diputación de Badajoz) fue una investigación judicial española iniciada en mayo de 2024 que involucra a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura. La causa se centra en presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez por la Diputación, así como en posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Antecedentes David Sánchez es conocido como director de orquesta con el nombre artístico de "David Azagra". Vivió varios años en San Petersburgo, y afirma haberse graduado allí con matrícula de honor en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov, aunque nunca ha enseñado el diploma original del supuesto título oficial y la acusación popular Liberum cuestionó que David Sánchez hubiese podido homologarlo en España en apenas seis días cuando la tramitación de este procedimiento suele tardar varios meses. También ha realizado estudios musicales en Lucerna, Milán y Siena. Además, ha trabajado como director de orquesta en Toulouse y Tokio.
En julio de 2017, David Sánchez fue contratado por la Diputación de Badajoz con el cargo de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, cargo configurado como un puesto de alta dirección, pese a que la memoria elaborada para justificarlo se centraba en tareas de coordinación de conciertos, grupos musicales y orquestas. El contrato fue firmado por el entonces diputado provincial y alcalde de Monesterio Antonio Garrote Ledesma, responsable del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz. El nombramiento se rubricó con la firma del entonces presidente de la dicha diputación, Miguel Ángel Gallardo. La jueza instructora del caso sostiene que esta plaza fue creada ad hoc para él, y que supuestamente incumplió los requisitos establecidos para el acceso a empleos públicos.
En 2022, su puesto fue modificado y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Con la propuesta de «cambio de nomenclatura» se «disfrazó» lo que en realidad era la creación de un «puesto nuevo totalmente distinto al anterior», sin informar de «las nuevas funciones» que desempeñaría el hermano del presidente. «Sin dichas funciones, todo el procedimiento administrativo de control posterior carece de sentido, pues no puede valorarse la procedencia ni emitirse informe de legalidad, ni que el Pleno conozca lo que realmente está aprobando si dicho acto se disfraza de un mero cambio de nomenclatura», recoge la sentencia.
Por ambos puestos, David Sánchez percibió un total de 340.572,36 euros brutos de la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2025.
Investigación judicial La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias. La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó varios registros en la Diputación de Badajoz para recabar documentación relacionada con la contratación de David Sánchez.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del teniente coronel Antonio Balas Dávila, ha estado al frente de la investigación del caso. En noviembre de 2024, la UCO presentó un informe en el que señalaba que la Diputación de Badajoz creó el puesto de trabajo de David Sánchez de una manera «urgente», pese a que desde el área de Cultura nunca se trasladó que hubiera necesidad de crearlo y que el propio presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, se había opuesto solo seis días antes a contratar más personal para esa área por considerar que el que ya tenía era excesivo.
En marzo de 2025, la UCO reveló la existencia de un correo electrónico intercambiado entre los jefes de los conservatorios de la Diputación de Badajoz el día 19 de mayo de 2017, en el cual compartían un enlace con la publicación de las bases para la nueva plaza que sería ocupada por David Sánchez, algo que había tenido lugar ese mismo día. La UCO destacó que el asunto de ese correo llevaba por título explícito «El hermanísimo», reforzando los indicios de que ya entonces estaba predeterminado que la plaza iba a ser ocupada por el hermano de Pedro Sánchez.
El 7 de febrero de 2025, David Sánchez presentó su renuncia unilateral al puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, aludiendo al impacto emocional provocado por la presión mediática y política. La Diputación de Badajoz aceptó su renuncia.
Procesamiento En mayo de 2025, la Fiscalía Provincial de Badajoz emitió un informe en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa, argumentando que la instrucción judicial no había hallado pruebas sólidas de los delitos denunciados y se basaba en «conjeturas» y en una «narrativa sospechosa», pero sin fundamento jurídico suficiente. Las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular y el partido Vox, insistieron en mantener el procedimiento y pedir tres años de cárcel para David Sánchez y otros implicados, así como la devolución de los salarios cobrados desde su entrada en la Diputación.
En mayo de 2025, la jueza Biedma decidió enviar a juicio a David Sánchez y a otras diez personas, incluido Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La acusación sostiene que se creó una plaza pública a medida para David Sánchez en la Diputación, basada en su relación familiar con el entonces secretario general del PSOE.
En su auto de procesamiento, la jueza Biedma señala la «capacidad para influir» que Pedro Sánchez tenía en los cargos del PSOE involucrados en la creación del puesto de su hermano. También constata que el procedimiento para la creación del puesto en la Diputación quedó paralizado después de que Sánchez dimitiera como secretario general del PSOE en octubre de 2016, y se reactivó cuando inició su campaña para recuperar el liderazgo del partido en mayo de 2017. La plaza se adjudicó a su hermano David Sánchez unos días después de que volviera a ser proclamado secretario general en junio de ese mismo año.
Tras la apertura de juicio oral, Miguel Ángel Gallardo renunció a la presidencia de la Diputación de Badajoz y a su cargo como concejal en Villanueva de la Serena para asumir como diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura, obteniendo así la condición de aforado. Esta maniobra, legal pero controvertida, fue criticada por la oposición como una estrategia para evitar ser juzgado por un tribunal ordinario. Gallardo propuso posteriormente eliminar el aforamiento en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, aunque su propuesta fue vista por algunos como una forma de desviar la atención de su situación judicial.
La juez Beatriz Biedma elevó el 9 de junio de 2025 la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, exponiendo que los movimientos de Gallardo para aforarse podían constituir un fraude de ley para adquirir el aforamiento y evitar la jurisdicción del tribunal de instrucción. El 30 de junio de 2025 el TSJE dio la razón a la jueza, considerando que el diputado había adquirido esta condición para evitar el procesamiento, por lo que rechazó ser competente y devolvió el caso al tribunal inferior.
En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó los recursos de los acusados, autorizando el procesamiento de David Sánchez y las otras diez personas al considerar que la investigación de la jueza Beatriz Biedma había recabado indicios suficientes de que David Sánchez se había beneficiado de su relación de parentesco con el secretario general del PSOE para obtener de forma irregular el puesto en la Diputación de Badajoz.
El 4 de junio de 2026, las acusaciones populares del PP, Vox, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum elevaron su solicitud de penas a seis años de prisión para David Sánchez por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Para Gallardo incrementaron su solicitud de tres a cuatro años de prisión, además de 40 años de inhabilitación.
Sentencia El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó por unanimidad a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal impuso una pena de 18 años de inhabilitación para Gallardo y de 9 años de inhabilitación para David Sánchez y el resto de los condenados. Los otros condenados son el amigo personal de David Sánchez que era jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz, Luis María Carrero, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud Manuel Candalija, la concejala de Olivenza y jefa de Recursos Humanos en la Diputación de Badajoz Juana Cinta, la coordinadora en la Delegación de Igualdad Emilia Parejo, el alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deporte Francisco Martos, la exdirectora del Área de Cultura Elisa Moriano, la concejala en Talavera la Real y exdelegada en el Área de Cultura Juventud y Bienestar Social Cristina Núñez y el jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección Félix González.
La Audiencia Provincial declaró probado que entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz; la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del área, Elisa Moriano, decidieron crear un puesto de trabajo con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez, que en aquel momento carecía de empleo estable una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo, de forma rápida mediante un proceso amañado. También declara probado que David Sánchez no prestó su trabajo de forma habitual en Badajoz, acudiendo a su puesto, que no estaba vinculado a un lugar físico concreto, solo de manera esporádica y sin desarrollar las funciones con las que se justificó la creación del mismo y que figuraban en su contrato, orientando su actividad a sus propias preferencias profesionales.
Reacciones políticas El caso ha generado una fuerte polémica política. Desde el PSOE se ha argumentado que se trata de una persecución política dirigida contra Pedro Sánchez y su entorno. José María Lassalle y Cristina Monge han señalado que estas acciones forman parte de una estrategia política para deteriorar la imagen del presidente del Gobierno.
En junio de 2025, la Comisión Europea se pronunció sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz dejando un mensaje generalista sobre que los Estados miembros de la UE deben respetar los derechos fundamentales en respuesta a una pregunta directa de la portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.