La desaparición forzada en Venezuela ha sido perpetrada por el Estado desde, al menos, la dictadura de Juan Vicente Gómez, existiendo registro de su práctica durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y en democracia, principalmente durante la insurgencia guerrillera en los años 1960, en la cual, según el periodista José Vicente Rangel en su libro Expediente Negro, hubo cerca de 300 desaparecidos durante el gobierno de Raúl Leoni. En la actualidad se ha convertido en una práctica frecuente por el gobierno de Nicolás Maduro.
Para 2018, hubo al menos 200 casos de desapariciones forzadas, y en 2019 al menos 524 casos, con una duración promedio de cinco días. Las desapariciones inicialmente se caracterizaron por ser de corta duración con el objetivo evitar el escrutinio que podía presentarse con detenciones a gran escala y a largo plazo, y a partir de las elecciones presidenciales de 2024 comenzaron a alcanzar la duración de semanas y hasta de meses. De acuerdo con un reporte de 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de acuerdo con el informe, la desaparición forzada ha sido usada en Venezuela como un método por parte del gobierno de censurar a opositores y de infundir miedo. La constitución venezolana prohíbe la desaparición forzada, incluso en estados de emergencia.
En algunos casos, los desaparecidos han muerto en custodia poco después de sus detenciones. Por ejemplo, en 2018 no se proporcionó información sobre el lugar de reclusión o los motivos del arresto del concejal opositor Fernando Albán hasta después de su fallecimiento bajo detención, tres días después de su arresto, y en 2019 el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo falleció en un hospital militar, con visibles signos de tortura, después de haber estado desaparecido. Víctor Hugo Quero desapareció en enero de 2025, y durante su desaparición su madre preguntó repetidamente por su paradero; en mayo de 2026 el gobierno venezolano declaró que Quero murió diez meses antes bajo custodia, en julio de 2025.
También existen casos de desapariciones que se han extendido por años. Actualmente se desconoce el paradero del buzo Hugo Marino, del teniente coronel Juan Hurtado y del activista Alcedo Mora, quienes tienen más de , y años desaparecidos, respectivamente. Aunque se sospecha su detención por parte de cuerpos de seguridad, para 2026 no se había confirmado la detención ni el lugar de reclusión de ninguno.
Para el 10 de marzo de 2025, la ONG Foro Penal había documentado 64 desapariciones forzadas en curso.
Definición Bajo el derecho internacional, la desaparición forzada se define como una detención de dos días o más que, a diferencia de una detención ordinaria, incluye la negación por parte del Estado de cualquier información sobre el paradero de una persona.
La Constitución de Venezuela establece en su artículo 45 la prohibición “a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.
Desapariciones forzadas cometidas por el Estado
Dictadura de Juan Vicente Gómez Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, entre 1908 y 1935, se cometieron una cantidad indeterminada de desapariciones forzadas.
Dictadura de Marcos Pérez Jiménez Durante la dictadura de Pérez Jiménez, entre 1952 y 1958, también hubo desapariciones forzadas.
Bipartidismo
Durante el segundo gobierno de Rómulo Betancourt una de las desapariciones más relevantes fue la del estudiante Alberto Rudas Mezones en 1961, quien fue asesinado en una manifestación en contra de la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Durante el velorio, funcionarios de seguridad se apropiaron de su cuerpo y este nunca le fue devuelto a sus familiares. El 28 de octubre de 1962, en el marco de la lucha contra grupos guerrilleros, surgen centros de detención clandestinos en zonas bajo control militar llamados teatros de operaciones por medio de un decreto del ministro de Defensa Antonio Briceño Llares. La aparición de estos centros fue denunciada por el diputado José Herrera Oropeza, así como supuestas prácticas de torturas cometidas en ellos.
Durante el gobierno de Raúl Leoni, el grupo parlamentario Vanguardia Popular Nacionalista (VPN) realizaría denuncias en el Congreso Nacional sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la lucha armada contra la guerrilla. Dentro del grupo se encontraban los diputados José Vicente Rangel, Luis Miquilena y José Herrera Oropeza; los cuales realizaron denuncias de centros de detención clandestinos a donde eran trasladados las personas para ser sometidos a torturas, asesinatos y posteriormente ocultar sus restos.Uno de los casos más destacados fue el del profesor Alberto Lovera, quien fue arrestado en plena vía pública. Posteriormente su cuerpo fue encontrado en las costas de la ciudad de Lechería.Tras la muerte de Lovera y las denuncias de desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos, la cámara designó una comisión para investigar los hechos. Además, el Fiscal General fomentó una investigación sobre estas acusaciones.Durante las investigaciones llevadas en el Congreso también se trató las desapariciones y supuestas ejecuciones del sociólogo Víctor Soto Rojas y de Humberto Barrios.Según autores, en una versión se afirmó que supuestamente Soto Rojas fue lanzado desde un helicóptero en la zona El Bachiller del estado Miranda; su cuerpo nunca fue encontrado.
Años después el diputado y periodista José Vicente Rangel en su libro Expediente Negro, denunció que durante el gobierno de Raúl Leoni existieron cerca de 300 desaparecidos en el contexto de la lucha contra las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Algunos otros ejemplos incluyen a José Camilo Mendoza, Julio César Farías Mejías, Augusto Hidalgo, Bartolomé Vielma, Guillermo Lapp, Ibrahim Villasmil, Jesús Pérez, Aníbal Morales Boada, José del Carmen Chávez, Francisco Lozada, Isabel Acosta Riva, Luis Rafael Tineo Gamboa, César Burguillos, Donato Carmona, Juan Mollejas, Ramón Pasquier, Víctor Tirado y Felipe Malaver, entre otros.pag.127El 29 de agosto de 1965, el Consejo Directivo General de la Amnistía, conformado por varias organizaciones sindicales y gremiales, se reúne en la Casa del Periodista en Caracas y aprueba un informe de la violencia en el país. El informe concluía que el gobierno había violado derechos humanos, conociendo casos de desapariciones.Según la Revista SIC, Venezuela tuvo la «experiencia en los años 60 de realizar la mayor cantidad de personas desaparecidas por fuerzas policiales o militares en el continente».
Durante el primer gobierno de Rafael Caldera se registraron algunos casos de desapariciones forzadas entre los que destacaron los del estudiante Luis Hernández, la de Laura Pérez Carmona de Prada, esposa del comandante la FALN Francisco Prada Barazarte; y la del estudiante de la UCV y miembro del partido Bandera Roja (BR) Noel Rodríguez.El caso de Noel Rodríguez tuvo cierta relevancia y rechazo debido al proceso de pacificación de las guerrillas llevados a cabo por el gobierno. Rodríguez fue desaparecido en 1973, por fuerzas de seguridad del Estado, debido a que se encontraba involucrado en el secuestro del empresario Carlos Domínguez.Sus restos no fueron entregados a sus familiares lo que provocó protestas y huelgas de hambre de diversos movimientos. En agosto de 1973, varios abogados denunciaron en las Naciones Unidas la desaparición de Noel Rodríguez.Los restos del mismo fueron hallados en el 2012 en el Cementerio General del Sur de Caracas.El mismo año, la organización no gubernamental Comités Unitarios Pro-Amnistía (CUPA) denunció la desaparición forzada de Argelio José Reina, supuestamente por tener una revista cubana considerada por los oficiales como subversiva. El 27 de febrero de ese año fallecieron Reina y un oficial de la Guardia Nacional en un accidente automovilístico, en un vehículo que era de uso particular y no oficial. El cuerpo de Reina fue entregado a sus familiares en una urna sellada y tras la autopsia realizada en el Hospital Central de Maracay se determinó que había sido sometido a torturas.
Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez la organización no gubernamental Comité en Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) denunció casos de desaparición forzada, así como los reclamos de los familiares en búsqueda de los cuerpos. Durante el gobierno de Lusinchi existieron denuncias de desaparición asociadas a la acción de algunos cuerpos policiales. Según la Revista SIC, durante este tiempo: «Presuntamente funcionarios de la extinta Policía Técnica Judicial dieron muerte a más de 50 personas lanzando posteriormente sus cuerpos a pozos». En el estado Zulia se denunció la aparición de fosas comunes denominadas «Pozos de la Muerte» con cadáveres de personas que habían sido detenidas por la policía o que habían sido reportados como desaparecidos.
En 1989, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez tendría lugar una serie de protestas y saqueos conocido como el Caracazo. Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por cuerpos de seguridad del Estado, dejando cientos de muertos. Durante las protestas se denunció que las fuerzas de seguridad usaron la desaparición forzada, ya que muchos de los cuerpos fueron ocultados y enterrados en fosas comunes; y muchos de los familiares jamás encontraron los restos de estas víctimas. El 11 de noviembre de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Caracazo vs. Venezuela condenó al Estado venezolano por la violación de derechos humanos cometidos en el control de las protestas. Entre los delitos registrados por la corte se encontraban las desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales.Según la Revista SIC: «En la década de los 90 continuaron las desapariciones de presuntos delincuentes por parte de distintos cuerpos armados del Estado. Sólo entre los años 1991 y 1992 se reportaron 18 desapariciones».
Durante el golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992 ocurrió la masacre del Retén de Catia debido a un supuesto motín, lo que provocó la acción de los cuerpos de seguridad que dejarían como resultado 60 muertos y 28 desaparecidos. Diversas organizaciones denunciaron los sucesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela responsabilizó al Estado venezolano por algunos de los delitos cometidos.
Revolución bolivariana Las primeras desapariciones forzadas de este periodo ocurrieron en 1999 en el marco de la Tragedia de Vargas. Desde el año 2000 hasta 2013 la organización Provea recopiló 114 casos de desaparición forzada, casi en su totalidad impunes. Un reporte elaborado entre las organizaciones no gubernamentales Foro Penal y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights documentó 200 casos de desapariciones forzadas en Venezuela en 2018 y 524 casos en 2019, una mayor cantidad atribuida a un aumento en las protestas en el país. El análisis concluyó que la desaparición promedio duraba cinco días, sugiriendo que el gobierno deseaba evitar el escrutinio que podía presentarse con detenciones a gran escala y a largo plazo. A partir de las elecciones presidenciales de 2024, las desapariciones forzadas se volvieron más comunes, alcanzando la duración de semanas y hasta de meses.
Hugo Chávez En el marco de la Tragedia de Vargas, el Ejército Bolivariano detuvo a Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, quienes fueron entregados a una comisión de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Los sujetos jamás fueron encontrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso en 2005. Los tribunales terminaron dejando en libertad a los 2 funcionarios de la Disip, quienes fueron señalados como responsables.