El desahucio de Maricarmen Abascal fue el lanzamiento judicial ejecutado el 23 de septiembre de 2026 sobre la vivienda de Madrid en la que María del Carmen Abascal Martín, de 87 años, había residido desde 1956. El desalojo, realizado tras cuatro intentos anteriores y después de un prolongado litigio sobre la duración de un contrato de renta antigua, generó una amplia repercusión política, social y mediática en España y dio lugar a manifestaciones en distintas ciudades y a una posterior acampada en la Puerta del Sol.

El procedimiento no se originó por un impago de las rentas, sino por la expiración legal del contrato de arrendamiento. El contrato original había sido suscrito por el padre de Abascal en 1956 y posteriormente fue objeto de dos subrogaciones, primero en favor de su madre y después, tras el fallecimiento de esta en 2005, en favor de la propia Abascal. La Audiencia Provincial de Madrid consideró que la segunda subrogación no podía mantenerse con carácter vitalicio de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. El Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso presentado por Abascal y dejó firme la resolución.

El caso adquirió especial notoriedad debido a la edad de Abascal, su discapacidad reconocida del 50% y el hecho de haber vivido durante unos setenta años en la misma vivienda. Sus representantes y diversas organizaciones por el derecho a la vivienda consideraron que las alternativas ofrecidas por las administraciones no eran adecuadas a sus necesidades y reclamaron que pudiera permanecer en su domicilio. Por su parte, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid afirmaron haberle ofrecido distintos recursos asistenciales y residenciales, algunos de los cuales fueron rechazados por la afectada.

Tras el desahucio, el caso pasó a formar parte del debate político sobre el acceso a la vivienda en España. Miembros del Gobierno atribuyeron parte de la responsabilidad a los partidos que habían rechazado en el Congreso anteriores medidas de protección frente a los desahucios, mientras que el Partido Popular acusó al Ejecutivo de instrumentalizar el caso y sostuvo que las normas citadas por el Gobierno no habrían impedido jurídicamente este lanzamiento concreto.

Antecedentes

El contrato de 1956

Abascal comenzó a residir con su familia en la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid en 1956. El contrato de arrendamiento fue firmado originalmente por su padre bajo la legislación de alquileres entonces vigente. Tras su fallecimiento, su esposa se subrogó en el contrato y, cuando esta murió en 2005, Abascal pasó a ocupar la posición de arrendataria.

El régimen jurídico de estos contratos había sido modificado por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, aprobada durante el Gobierno de Felipe González. Su disposición transitoria segunda estableció un sistema de extinción y subrogación para los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985 y limitó las sucesivas transmisiones del arrendamiento.

Según la interpretación posteriormente adoptada por la Audiencia Provincial, la subrogación de Abascal era válida, pero su duración estaba limitada por esta normativa. La controversia judicial no versó, por tanto, sobre si había existido subrogación, sino sobre si esta podía prolongarse durante toda la vida de Abascal.

Cambio de propiedad y litigio judicial

La vivienda pasó posteriormente a manos de la sociedad inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.. La empresa interpuso una demanda para recuperar el inmueble por expiración del plazo contractual. La reclamación no se basó en falta de pago del alquiler.

En primera instancia el tribunal rechazó la demanda y dio la razón a Abascal, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que durante años se había permitido su permanencia en la vivienda y se habían aceptado los pagos de la renta. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó posteriormente aquella resolución. Consideró que la aceptación de los pagos no podía transformar en vitalicia una segunda subrogación cuya duración estaba limitada por la LAU de 1994.

La Audiencia consideró asimismo que, una vez agotado el periodo de la segunda subrogación, la continuación de Abascal en el inmueble y la aceptación de las rentas habían dado lugar a una tácita reconducción del contrato, renovada por periodos anuales conforme al Código Civil. Finalmente declaró extinguido el arrendamiento por expiración del plazo.

Abascal interpuso recurso de casación. El 13 de diciembre de 2023, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo lo inadmitió por considerar que carecía manifiestamente de fundamento, con lo que quedó firme la sentencia de la Audiencia Provincial.

Intentos de desahucio y alternativas habitacionales

Tras la firmeza de la sentencia comenzó el procedimiento de ejecución. Antes del lanzamiento definitivo de septiembre de 2026 se produjeron varios señalamientos que fueron suspendidos o aplazados por diferentes motivos procesales y por la situación de vulnerabilidad de Abascal.

Durante ese periodo las distintas partes ofrecieron versiones diferentes sobre las soluciones habitacionales propuestas a Abascal.

Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid afirmó que los servicios sociales municipales habían prestado a Abascal diversos servicios, entre ellos teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional, y que habían mantenido un seguimiento de su situación.

Antes del desahucio, fuentes municipales afirmaron asimismo haber ofrecido asistencia para la búsqueda de una nueva vivienda y recursos de alojamiento de emergencia. El 23 de septiembre, El País informó de que Abascal había rechazado una plaza de emergencia gratuita en una residencia ofrecida por el Ayuntamiento y que tenía previsto alojarse temporalmente con un familiar.

La defensa de Abascal y el Sindicato de Inquilinas cuestionaron, sin embargo, la idoneidad de algunas de las opciones planteadas. Según el sindicato, entre ellas figuraba una residencia situada en Alcalá de Henares, alejada de su entorno habitual y con un coste aproximado de 1200 euros mensuales, cantidad próxima a su pensión.

Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid afirmó el día del desahucio que había ofrecido a Abascal en dos ocasiones una plaza en una residencia pública. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, sostuvo además que los servicios sociales municipales habían permanecido en contacto con ella y defendió la actuación conjunta de ambas administraciones madrileñas.

La oferta de una residencia fue rechazada por Abascal, quien manifestó públicamente su intención de continuar viviendo en su domicilio y su rechazo a abandonar el barrio y el entorno donde había residido la mayor parte de su vida.

Ministerio de Vivienda y ofertas de terceros

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana afirmó haber intentado adquirir la vivienda mediante mecanismos públicos de compra para permitir que Abascal permaneciera en ella. Urbagestión negó posteriormente haber recibido una oferta formal de compra, versión que el Ministerio contradijo.

Poco antes del lanzamiento, una donante anónima se ofreció a cubrir la diferencia entre los aproximadamente 500 euros que Abascal venía abonando y el importe que se había planteado para un posible nuevo arrendamiento. La propuesta requería el acuerdo de la propiedad y no llegó a materializarse.

El pianista James Rhodes declaró posteriormente que también se había ofrecido a pagar un alquiler a precio de mercado e incluso a comprar la vivienda para permitir que Abascal residiera en ella de forma indefinida, pero aseguró que la propiedad rechazó ambas posibilidades.

Versión de Urbagestión

Tras el desalojo, Urbagestión difundió públicamente su versión de los hechos. La sociedad negó haber exigido unilateralmente a Abascal una renta superior mientras estuvo vigente la relación contractual y aseguró que, cuando se le preguntó por las condiciones de un eventual nuevo contrato, planteó una renta bonificada entre un 40 y un 50 % inferior al precio de mercado.

La empresa culpó además al Sindicato de Inquilinas de haber dificultado la negociación mediante lo que calificó de «presiones» y «descalificaciones», acusaciones rechazadas por la organización, que sostuvo haber intentado negociar durante todo el conflicto.

Dos días después del desalojo, Urbagestión planteó incorporar la vivienda al programa municipal ReViVa u otro mecanismo que permitiera el regreso de Abascal con un alquiler asequible. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo consideró inviable la incorporación al programa en los términos planteados, pero ofreció su Servicio de Intermediación del Alquiler para mediar entre las partes.

Desahucio El cuarto señalamiento tuvo lugar el 23 de septiembre de 2026. Desde la tarde anterior, varios centenares de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas se concentraron frente al edificio para tratar de impedir el lanzamiento.

En la concentración participaron vecinos, activistas, representantes políticos y diversas personalidades de la cultura y los medios de comunicación, entre ellas Ana Belén, Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Ignatius Farray e Inés Hernand.

La Policía Nacional desplegó unidades antidisturbios para permitir el acceso de la comisión judicial. Se produjeron empujones y cargas puntuales contra manifestantes que intentaban bloquear el lanzamiento. Dos días después, la Delegación del Gobierno en Madrid anunció una investigación interna sobre determinadas actuaciones policiales al considerar que algunas imágenes requerían ser examinadas.

Abascal abandonó finalmente la vivienda poco antes de las 13:00 en una camilla del Samur y fue trasladada al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Reacciones

Movilizaciones

thumb|250px|Cabeza de la manifestación en la calle de Alcalá, Madrid, el 26 de septiembre de 2026, tras una pancarta con el lema «Ni una Maricarmen más».

El Sindicato de Inquilinas y organizaciones relacionadas con el movimiento por la vivienda convocaron concentraciones en al menos una docena de ciudades españolas durante las horas posteriores al lanzamiento.

El 26 de septiembre se celebró en Madrid una manifestación contra los desahucios y la situación del mercado de la vivienda que reunió a miles de personas y finalizó en la Puerta del Sol. Tras la marcha, decenas de personas instalaron tiendas de campaña en la plaza por iniciativa del Sindicato de Inquilinas, en una protesta que distintos medios compararon con la acampada del 15-M de 2011.

La movilización utilizó la imagen de Abascal como símbolo de una reivindicación más amplia sobre la vivienda. El Sindicato de Inquilinas resumió una de sus convocatorias con el lema «Ni una Maricarmen más».

Reacciones políticas La ejecución del desahucio provocó un intercambio de acusaciones entre los principales partidos.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y otros miembros del Gobierno de España relacionaron el caso con la actuación de fondos y empresas inmobiliarias y responsabilizaron a PP, Vox y posteriormente también a Junts de haber rechazado en el Congreso medidas gubernamentales de protección frente a determinados desahucios.

El Partido Popular rechazó esa interpretación. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sostuvo que el decreto mencionado por el Gobierno no habría impedido el lanzamiento de Abascal debido a que las previsiones invocadas se referían, según su interpretación, a contratos suscritos bajo la LAU de 1994, mientras que el contrato original de Abascal databa de 1956.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó las imágenes del desahucio de «descorazonadoras», sostuvo que casos excepcionales podían requerir respuestas excepcionales y acusó al Gobierno de «utilizar» políticamente a Abascal y de hacer «demagogia» con su situación.