La violencia política sexual consiste en el uso sistemático de la violencia sexual como estrategia o herramienta utilizada para alcanzar fines políticos, militares o de impacto social. En estos contextos, el sometimiento y la agresión sobre el cuerpo individual se emplean como un mecanismo para degradar, disciplinar o intimidar a un colectivo más amplio.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la violencia sexual no es una consecuencia accidental o justificada en el contexto, sino una táctica deliberada de guerra y terrorismo utilizada para a desarticular la cohesión social, humillar a la población civil y vulnerar el tejido comunitario. Esta perspectiva resulta esencial para su análisis, ya que evidencia la forma en la cual el cuerpo —ámbito de la esfera privada e individual de cada una de las víctimas— es instrumentado como campo de batalla e integrado deliberadamente en una estrategia terrorista. La eliminación de la esfera privada, resulta en la vulnerabilización del total de la población para someterla a través del terror.
Esta práctica ha sido documentada en diversos conflictos armados y siendo utilizada por distintas organizaciones extremistas —como Boko Haram o el Estado Islámico, entre otras— como táctica de guerra, mecanismo de adoctrinamiento, incentivo de reclutamiento y herramienta para el alteramiento de la estructura comunitaria.
Marco normativo internacional El uso de la violencia sexual como arma de guerra (un tipo de violencia politica sexual) está tipificado por el derecho internacional como un crimen de guerra y, bajo condiciones sistemáticas (como ser parte de un ataque sistemático, dirigido contra la población civil en general, con conocimiento previo del ataque y respondiendo a una politica de Estado), un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Estas prácticas buscan la desarticulación de la cohesión comunitaria a través del estigma, el desplazamiento forzado y la alteración de la estructura demográfica y cultural de las poblaciones víctimas de estos grupos armados.
Boko Haram El Boko Haram es un grupo catalogado como terrorista por la ONU en 2014. Surgió en el noreste de Nigeria (Estado de Borno). Su objetivo es instaurar un califato salafista, en primer lugar dentro de las fronteras de Nigeria y luego, incluso extenderlo fuera de ellas. Una de las herramientas que utiliza este grupo terrorista es la violencia política sexual.
Hay ciertas estructuras en el país que facilitan las practicas de violencia sexual. Por un lado, la sociedad que alli reside fomentan la idea de que la principal función de la mujer es ser madre y ama de casa. Por otro lado, esta zona de Nigeria vive azotada por la pobreza estructural. La combinación de estos dos factores resultó en que muchas familias prioricen la educación de sus hijos hombres sobre las hijas mujeres. De esta manera, niñas y mujeres resultan ser el grupo social más vulnerable, frente al reclutamiento de Boko Haram, que les enseña a leer para estudiar el Corán. García García, M. I. & Cuadrado, J (2018) Mujer y violencia en Boko Haram: nuevas oportunidades para la prevención de la radicalización
La organización secuestra y compra mujeres y niñas (se estima que entre 2.000 y 7.000 mujeres viven en cautividad en campos de Boko Haram). De esta manera, Boko Haram separa deliberadamente a mujeres y niñas en edad fértil, las traslada a campamentos o poblaciones bajo su control y las somete a matrimonios forzados, violaciones, trabajo doméstico, adoctrinamiento religioso y embarazos forzados. De esta manera, la organización utiliza a mujeres y niñas para recompensar sexualmente a sus combatientes y contribuir a la reproducción y continuidad del grupo terrorista por medio del embarazo forzado.
Particularmente, el matrimonio forzado muestra una estrategia de control. La organización no secuestra como una acción violenta aislada, sino como un método para sustituir las familias tradicionales por una red de lealtad al grupo. Al someter a las mujeres a violencia constante, los combatientes refuerzan su cohesión interna.
En cuanto a los embarazos forzosos, estos buscan asegurar la continuidad del grupo bajo un adoctrinamiento estricto, fundamentado además por la creencia de la contaminación desarrollada por Maarouf. La teoria sostiene que los hijos/as no heredan solo la sangre, sino tambien la identidad e ideología del padre biológico junto al adoctrinamiento en la interpretación extremista del islam que sostiene la organización. De esta manera, el embarazo forzado en una violación o matrimonio forzado donde el hombre comparte las creencias con Boko Haram garantizaria descendencia que estaria a favor de las mismas causas.
El grupo considerado terrorista usa su poder para romper el tejido social ya que el estigma asociado a la violación, a los hijos nacidos de embarazos o matrimonios forzados dificulta el regreso de las sobrevivientes generando rechazo dentro de las comunidades.
El Estado Islámico (EI) El Estado Islámico, designado organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2004, en agosto de 2014 avanzó sobre la región de Sinyar, uno de los polos principales de la comunidad yazidí, en el Norte de Irak, junto a la frontera con Siria. La organización, cuyo objetivo es crear un califato mundial, consideraba a los yazidíes como una comunidad politeísta, comprendiendo esto como un impedimento para lograr sus fines.
En 2016, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria confirmó que El Estado Islámico realizó un genocidio contra la comunidad Yazidí. Esto lo efectuó por medio una estructura estrictamente burocrática que dividió el proceso en distintas acciones, que estuvieron institucionalizadas: la violencia sexual a las mujeres yazidíes no tuvo ningún tipo de prohibición más allá de la tortura sexual .
Además, el Estado Islámico contaba con una secuencia organizada de cinco mecanismos, que practicaba en distinto orden para las niñas y mujeres yazidíes. Estos eran: la separación familias; el secuestro y traslado de mujeres y niñas; su registro, distribución o venta; y el sometimiento a trabajo doméstico y esclavitud sexual; y el matrimonio forzado.
El grupo creaba argumentos religiosos que permitían legitimar dicha esclavitud. La misma se utilizó por un lado para recompensar a los combatientes del grupo terrorista y atraer o retener reclutas. Y por el otro, para castigar a una población considerada enemiga, alterando su continuidad cultural y religiosa. De esta manera, el fin era eliminar todos los componentes yazidíes que pudiesen quedar en la sociedad.
Luego, incluso cuando la región estuvo libre del control del Estado Islamico, le fue muy difícil a las victimas de la comunidad yazidí volver a su sociedad ya que las violaciones cumplieron con un doble objetivo del grupo terrorista, por un lado deshonrar y avergonzar a la víctima, aislándola de su comunidad y por el otro, fracturar la comunidad Yazidí.
Consecuencias psicológicas y psicosociales En aquellos casos en los cuales no se aplican las políticas públicas necesarias y correspondientes, el uso deliberado de la violencia política sexual genera consecuencias profundas y duraderas que pueden afectar tanto a la salud física y mental de las sobrevivientes como a la estabilidad de la comunidad a la cual pertenecen. A diferencia de otras formas de violencia en conflictos armados, la violencia política sexual instrumentaliza los valores culturales y tabúes de la comunidad atacada para maximizar el daño colectivo.
En primer lugar, las sobrevivientes se enfrentan a estigmatización y culpabilización por parte de sus comunidades. Frecuentemente esto deriva en aislamiento, el abandono familiar o la exclusión social. En segundo lugar, el aislamiento o exclusión se prolonga debido al estigma que acompaña a la violación, a los matrimonios o embarazos forzados. Finalmente, los niños nacidos de embarazos forzados a menudo enfrentan problemas de apatridia, rechazo social o falta de reconocimiento legal, perpetuando el trauma a través de las generaciones.
De esta manera se evidencia aún mas: los actos de violencia política sexual son parte de una estrategia deliberada que se perpetua en el tiempo, y el espacio, no únicamente en el cuerpo directamente vulnerado.
Mecanismos de reparación y asistencia En 2009, mediante la Resolución 1888 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, con el objetivo de fortalecer mecanismos de respuesta, asistencia a las víctimas y la coordinación judicial internacional.
Como consecuencia de estas iniciativas institucionales, se publicaron las resoluciones 2106 que insta a los Estados a garantizar el acceso integral a servicios de salud física y mental, asistencia jurídica y programas de reintegración socioeconómica para las sobrevivientes; y la 2467 que exige el cese de la impunidad mediante el juzgamiento efectivo de los perpetradores en tribunales nacionales e internacionales.
Referencias