El Proyecto de Ley 2630/2020, también conocido como la Ley de Noticias Falsas por sus partidarios y la Ley de Censura por sus opositores, fue un proyecto de ley del Congreso Nacional de Brasil que buscaba establecer la "Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet", cuyo objetivo era regular y supervisar las actividades de las plataformas digitales, especialmente aquellas controladas por grupos empresariales multinacionales del sector de las tecnologías de la información, conocidos como Big Tech. El debate sobre la regulación cobró relevancia tras los actos de violencia en escuelas brasileñas y el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia del 8 de enero de 2023.
El proyecto fue propuesto originalmente por el senador Alessandro Vieira (MDB-SE) el 13 de mayo de 2020, con el objetivo de establecer directrices y mecanismos de transparencia en las redes sociales y los servicios de mensajería privada a través de internet, para desalentar el abuso y la manipulación con potencial para causar daño individual o colectivo. Entre las principales acciones propuestas por el proyecto de ley se encuentran la elaboración obligatoria de informes de transparencia, la implementación de mecanismos para proteger a niños y adolescentes, así como la intensificación de la lucha contra la desinformación. Tras su aprobación por el Senado Federal en 2020, el proyecto comenzó a tramitarse en la Cámara de Diputados, donde se amplió su alcance. El 25 de abril de 2023, la Cámara aprobó la tramitación urgente del proyecto de ley por 238 votos a favor y 192 en contra, lo que generó reacciones de la oposición. El 9 de abril de 2024, el proyecto fue archivado por el presidente de la Cámara, Arthur Lira.
Contenido del proyecto de ley y ámbito de aplicación El Proyecto de Ley N° 2630/2020 busca establecer medidas para la prevención, el combate y la rendición de cuentas por la difusión de noticias falsas en plataformas digitales. El proyecto de ley establecería nuevas normas para la moderación de contenido por parte de las plataformas de redes sociales, las cuales tendrían que actuar para prevenir y mitigar las prácticas ilícitas dentro de sus servicios, bajo pena de multas elevadas. El Proyecto de Ley 2630 se inspira especialmente en la Ley de Servicios Digitales (DSA), aprobada por la Unión Europea en 2023.
El proyecto de ley responsabilizaría civilmente a las plataformas digitales por la circulación de contenido que se enmarque en los siguientes delitos ya definidos legalmente en Brasil: delitos contra el Estado de Derecho Democrático; actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo; delitos de inducción, instigación o ayuda al suicidio o autolesión; delitos contra niños y adolescentes e incitación a cometer delitos contra niños y adolescentes; racismo; violencia contra las mujeres; y las infracciones sobre sanidad, por no ejecutar, obstaculizar u oponerse a la ejecución de medidas sanitarias durante una emergencia de salud pública de importancia nacional. El proyecto de ley también restringiría la creación de cuentas falsas «creadas o utilizadas con el propósito de asumir o simular la identidad de terceros para engañar al público o explotar el servicio de forma automatizada».
Controversias
El proyecto de ley extendería la inmunidad parlamentaria a las redes sociales. Según el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL), difícilmente se aprobaría sin estas garantías. El proyecto de ley fue objeto de controversia desde su presentación, principalmente en lo que respecta a su eficacia para combatir la difusión de noticias falsas y su posible impacto en la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de internet. Aprobado por el Senado Federal el 30 de junio de 2020, el proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados para su análisis, donde se encontró bajo la ponencia del diputado Orlando Silva (PCdoB-SP).
Un punto controvertido del proyecto de ley, la extensión de la inmunidad parlamentaria al entorno digital, fue criticado por dificultar la lucha contra la desinformación en las redes sociales. Según expertos, existen pruebas de la participación de parlamentarios en la difusión de desinformación y, con la aprobación de la ley propuesta, podría surgir una situación de impunidad en la que los parlamentarios podrían escribir cualquier cosa en las redes sociales, permitiendo la formación de "gabinetes del odio". Según Ronaldo Lemos, director del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, "es muy preocupante porque aumenta el poder de quienes están en el poder y disminuye el poder de quienes están bajo su tutela."
Referencias
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