Omer Shatz (Tel Aviv, c. 1980) es un abogado franco-israelí especializado en derechos humanos y derecho internacional. Es cofundador y codirector de Front-LEX, una organización que impugna las políticas migratorias de la Unión Europea mediante litigios estratégicos, y ejerce como abogado ante la Corte Penal Internacional (CPI). Es conocido por sus comunicaciones ante la CPI sobre las políticas migratorias europeas y sobre la guerra de Gaza.
Biografía Nació en Tel Aviv hacia 1980 y residió en Israel hasta 2014. Obtuvo un LL.M. en 2014 y un J.S.D. en 2023 en Yale Law School. Posteriormente fue abogado sénior del despacho Shearman & Sterling en París.
Es profesor de derecho internacional en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) e investigador sénior del Democracy Institute de la Universidad Centroeuropea. En Israel cofundó un bufete especializado en litigios de derechos humanos ante la Corte Suprema de Israel y la ONG We Are Refugees, que ofrecía representación jurídica gratuita a solicitantes de asilo detenidos. Desde 2020 dirige Front-LEX.
Actividad jurídica En 2010 participó, junto con otros abogados, en un recurso ante la Corte Suprema de Israel contra el nombramiento de Yoav Gallant como jefe del Estado Mayor. Años después relacionó aquel litigio con la necesidad de acudir a la justicia internacional por los presuntos crímenes cometidos en Gaza.
El 3 de junio de 2019, Shatz y el abogado franco-español Juan Branco presentaron a la Fiscalía de la CPI una comunicación en la que solicitaban investigar posibles crímenes contra la humanidad vinculados a las políticas migratorias de la UE en el Mediterráneo.
El 5 de febrero de 2025, tras la liberación y el traslado a Libia de Osama Almasri Njeem —detenido en Italia en virtud de una orden de la CPI—, Front-LEX presentó una comunicación con arreglo al artículo 70 del Estatuto de Roma. En ella solicitaba investigar a la primera ministra Giorgia Meloni y a los ministros Carlo Nordio y Matteo Piantedosi por una posible obstrucción a la administración de justicia. El 17 de octubre de 2025, la Sala de Cuestiones Preliminares I concluyó que Italia había incumplido sus obligaciones internacionales de cooperación al no ejecutar la entrega de Almasri.
En octubre de 2025, tras seis años de investigación, Shatz, Branco y otros juristas presentaron una comunicación de unas 700 páginas que identificaba a 122 funcionarios y antiguos responsables europeos como sospechosos de complicidad en crímenes contra la humanidad relacionados con la política migratoria de la UE en el Mediterráneo central. El documento se apoyaba, entre otros materiales, en entrevistas con decenas de funcionarios y en actas de reuniones europeas de alto nivel.
En diciembre de 2024, Shatz presentó ante la CPI, en nombre de una víctima francopalestina cuya identidad se mantuvo reservada, un informe de 170 páginas contra siete dirigentes israelíes —Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Isaac Herzog, Israel Katz, Giora Eiland, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir— y el periodista Zvi Yehezkeli. El escrito los acusaba de «incitación pública y directa al genocidio» contra la población palestina de Gaza. Shatz sostiene que la incitación al genocidio puede perseguirse aunque no se pruebe la comisión del genocidio; según El País, se trataba de la primera acusación de esta clase presentada de forma autónoma ante la CPI.
Referencias
Categoría:Abogados de Israel Categoría:Abogados de Francia Categoría:Abogados del siglo XXI Categoría:Activistas por los derechos humanos de Israel Categoría:Activistas por los derechos humanos de Francia Categoría:Profesores del Instituto de Estudios Políticos de París Categoría:Alumnado de la Universidad Yale