El Decreto Supremo 2366 es una norma boliviana promulgada el 20 de mayo de 2015 durante el gobierno de Evo Morales, que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las distintas zonas y categorías de áreas protegidas del país.Según su contenido, el decreto tiene por objeto establecer medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, a los que la Constitución atribuye carácter estratégico y de interés público, vinculando la medida a la reducción de la extrema pobreza en las comunidades que habitan dichas áreas y a la gestión integral de los sistemas de vida. Desde su aprobación ha sido objeto de controversia por parte de organizaciones ambientales, centros de investigación y comunidades locales, que sostienen que flexibiliza las restricciones ambientales, mientras que el Gobierno defendió la norma como un instrumento de aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Contenido El artículo 2 del decreto establece, en su parágrafo I, que se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, con sujeción a los condicionamientos ambientales fijados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la autoridad ambiental competente nacional. El mismo artículo dispone, en su parágrafo III, que ante el hallazgo de un reservorio comercializable dentro de un área protegida, el titular del contrato puede solicitar al SERNAP la evaluación y revisión de los instrumentos de planificación y ordenamiento espacial del área.
En su parágrafo IV, el decreto prohíbe las actividades hidrocarburíferas únicamente en las categorías de Santuario y Monumento Natural, además de los sitios Ramsar. La norma también dispone que las empresas destinen el 1%del monto de inversión previsto en el estudio de evaluación de impacto ambiental al fortalecimiento del área protegida intervenida, recursos canalizados a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Su disposición final única establece que, para las actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, la norma se aplica de manera preferente sobre otras disposiciones de igual jerarquía.
Críticas y controversia La norma fue rechazada por diversas organizaciones ambientales y de investigación. El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) afirmó que el decreto «legaliza» la transformación de áreas protegidas en zonas destinadas a la actividad extractiva, y su entonces director, Marco Gandarillas, cuestionó que la actividad se condicione a la entrega del 1% de la inversióny que se omita la consulta previa.Según el CEDIB, cerca del 17% de la superficie de las áreas protegidas nacionales quedaría bajo influencia de la denominada «nueva frontera petrolera».
La investigadora Georgina Jiménez señaló que la actividad petrolera en zonas sensibles conlleva impactos ambientales, y citó como ejemplo el Aguaragüe, afectado por una actividad petrolera intensa.Entre las áreas señaladas como afectadas por la superposición de contratos figuran, además de Aguaragüe, el Parque Nacional Iñao, el TIPNIS, Pilón Lajas, el Madidi y Tariquía.
Caso Tariquía La aplicación del decreto en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija, ha sido uno de los focos de conflicto más prolongados debido a este decreto. La reserva, creada en 1989, es considerada una fuente clave de agua para el sur boliviano, ya que sus aguas alimentan las cuencas de los ríos Bermejo y Tarija. En abril de 2018 el Gobierno aprobó contratos de exploración y explotación en las áreas de San Telmo Norte y Astillero, operadas por Petrobras Bolivia en sociedad con subsidiarias de YPFB, lo que derivó en enfrentamientos con las comunidades locales a partir de 2019.
El conflicto se reactivó tras la asunción del presidente Rodrigo Paz en noviembre de 2025. El 5 de enero de 2026, un contingente policial rompió un bloqueo comunal para permitir el ingreso al pozo Domo Oso X3, en San Telmo Norte, área que según el Ministerio de Hidrocarburos tiene un potencial estimado de 2,8 billones de pies cúbicos de gas.Petrobras Bolivia y YPFB denunciaron a comunarios y a un concejal, aunque en febrero de 2026 la Fiscalía rechazó el proceso penal contra 17 defensores del área. La Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares ante un juzgado agroambiental.
Véase también Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Minería ilegal en Bolivia Referencias
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