miniaturadeimagen|Extracción manual de oro en la Chiquitanía, 2011 La minería ilegal en Bolivia es la explotación de minerales metálicos, principalmente oro, realizada sin autorización estatal, sin licencia ambiental o incumpliendo las condiciones fijadas por la ley, muchas veces en ríos amazónicos, cuencas y áreas naturales protegidas.
A diferencia de otros países de América del Sur, donde el fenómeno suele estar especialmente ligado a mineros informales individuales o a redes de crimen organizado puramente clandestinas, en Bolivia esta actividad se desarrolla dentro del sistema legal de cooperativas mineras, un modelo asociativo surgido en los años ochenta que, con el paso del tiempo, acumuló un enorme peso económico y político y que hoy convive, y a menudo se confunde, con la ilegalidad.
Las zonas más afectadas son la Amazonía del norte de La Paz, partes del Beni y Pando, cuencas como las de los ríos Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey, Mapiri, Tipuani y Madre de Dios, además, se afectan también a áreas protegidas de alto valor ecológico como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba y el Parque Nacional Cotapata.
Las principales consecuencias de la minería ilegal son la deforestación, la contaminación de los ríos con mercurio, el deterioro de la salud de pueblos indígenas como los tacana, leco, mosetén, tsimane, ese ejja y uchupiamona, entre otros. También implica la pérdida de ingresos fiscales para el Estado boliviano, y, según analistas e investigaciones periodísticas, la consolidación de circuitos de contrabando de oro y mercurio hacia países vecinos.
Contexto histórico miniaturadeimagen|Autoridades bolivianas y administradores mineros posan en las oficinas de "Patiño Mines” en Catavi, La Paz, 1936Tras la Revolución Nacional de 1952, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro nacionalizó las minas que se encontraban en manos de los llamados barones del estaño que eran propiedad de Patiño, Hochschild y Aramayo, y creó la Corporación Minera de Bolivia para administrar la producción estatal, que llegó a aportar hasta el 80% de los ingresos fiscales del país durante esa década.
Esa situación cambió en 1985, cuando el Consejo Internacional del Estaño declaró su insolvencia y provocó el colapso del precio internacional del mineral. El gobierno, otra vez encabezado por Paz Estenssoro, respondió con el Decreto Supremo 21060, que aplicó un severo ajuste estructural, descentralizó la Corporación Minera de Bolivia en empresas subsidiarias y dispuso el despido y relocalización, de entre 20.000 y 30.000 trabajadores mineros.Muchos de esos exmineros, sin alternativas laborales, se organizaron en cooperativas mineras para seguir explotando por cuenta propia los yacimientos que el Estado abandonaba. Ese mismo proceso de liberalización económica autorizó el libre comercio y exportación de minerales, sentando las bases del modelo cooperativista que domina el sector hasta la actualidad.
Con el paso de las décadas, y en particular tras el auge de los precios internacionales del oro a partir de los años 2000, las cooperativas, concebidas originalmente como asociaciones pequeñas y de subsistencia, crecieron hasta convertirse en un actor dominante de la minería boliviana, incorporando maquinaria pesada, dragas y capital externo, muchas veces sin que la regulación estatal evolucionara al mismo ritmo.
Marco legal e institucional
Ley 535 de Minería y Metalurgia La actividad minera se rige actualmente por la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada el 28 de mayo de 2014, que reconoce al pueblo boliviano como propietario de los recursos minerales del suelo y subsuelo y establece el marco institucional del sector.La fiscalización recae principalmente en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera encargada de otorgar y controlar los derechos mineros, junto con el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales y, en el caso de las áreas protegidas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
A diferencia de países vecinos como Perú, la legislación boliviana no distingue con claridad entre minería informal y minería ilegal. La norma solo cataloga como ilegal a la explotación realizada sin ningún tipo de autorización, dejando fuera de esa definición irregularidades comunes en toda la cadena productiva como cateo, exploración, transporte y comercialización, lo que genera, según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), una amplia zona gris de operaciones semilegales difíciles de sancionar.
El artículo 220 de la Ley 535 permite, además, la actividad minera dentro de áreas protegidas siempre que se cumplan requisitos ambientales, una disposición que organizaciones ambientalistas y de derechos indígenas consideran una de las causas estructurales de la expansión minera sobre parques nacionales y reservas de biosfera. A ello se suma un régimen tributario favorable donde las cooperativas mineras están exentas del pago de impuesto a las utilidades de empresas y muchas declaran una producción «marginal» para acceder a alícuotas de regalías más bajas, lo que reduce drásticamente los ingresos que el Estado recibe por un recurso de alto valor internacional.
Cooperativas mineras
Bolivia cuenta con cerca de 2100 cooperativas mineras, de las cuales alrededor de 1600 se dedican a la extracción de oro. Según estimaciones de investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), más del 60% de las cooperativas auríferas no tiene en regla la totalidad de sus trámites administrativos y ambientales, y solo una fracción menor, en torno al 15%, contaría con licencia ambiental vigente.
Las cooperativas, concebidas legalmente como asociaciones autogestionarias sin fines de lucro, concentran cerca del 99,5% de la producción minera nacional, pese a que solo poseen alrededor del 60% de las concesiones.Investigadores como Alfredo Zaconeta de CEDLA y Óscar Campanini del CEDIB sostienen que ese sistema de incentivos, sumado a la debilidad de los controles estatales, ha permitido que numerosas cooperativas operen de facto como mineros ilegales, incluso cuando cuentan con autorización parcial, por ejemplo, al explotar minerales pese a tener permiso únicamente para prospección.
Pese a la prohibición legal de que empresas extranjeras participen directamente en el sector, se han documentado asociaciones entre cooperativas con derechos mineros legalmente asignados y capitales de origen chino, colombiano, peruano, chileno y brasileño, que subcontratan las operaciones aportando dragas, maquinaria pesada, combustible y mercurio a cambio de un porcentaje de la producción. Periodistas de investigación han identificado, por ejemplo, contratos entre propietarios de cooperativas y operadores chinos que instalaron dragas en el río Kaka, cerca de Teoponte y Mayaya.
Zonas afectadas La minería aurífera ilegal se concentra en la Amazonía boliviana, especialmente en el norte del departamento de La Paz y en partes de los departamentos del Beni y Pando, donde confluyen ríos de alto valor ecológico. Entre ellas destacan las siguientes:
Parque nacional y área natural de manejo integrado Madidi, de 1,8 millones de hectáreas, uno de los espacios de mayor biodiversidad del planeta y fronterizo con Perú. Según registros de Página Siete, dentro del Madidi y del área Pilón Lajas se han identificado hasta 41 operaciones mineras entre autorizaciones transitorias especiales, contratos y solicitudes en trámite. Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, hogar de los pueblos tsimane, mosetén y tacana. Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba. Parque Nacional Cotapata, cercano a La Paz, donde comunidades locales han denunciado la creación de asentamientos ficticios, como una supuesta «comunidad» que autorizó el ingreso de una cooperativa a explotar oro, para facilitar el acceso a zonas protegidas. Cuencas de los ríos Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey, Alto Beni, Tequeje, Mapiri, Tipuani y Madre de Dios, esta última también afectada por la minería ilegal practicada río arriba, en el departamento peruano homónimo, cuyos efectos de contaminación cruzan la frontera hacia territorio boliviano.
En 2025, una resolución judicial boliviana dispuso la suspensión de actividades mineras sin licencia ambiental en varios de estos ríos y ordenó procesos de consulta previa con los pueblos indígenas afectados, aunque organizaciones locales cuestionan el grado real de cumplimiento de esa medida. miniaturadeimagen|Comunarios Tacana atravesando el rio Beni en bote, 2024
Avasallamiento en el Madidi
Desde 2021, el Consejo Regional Tsimane Mosetén y el Consejo Indígena del Pueblo Tacana han denunciado reiteradamente la ocupación irregular de tierras por parte de cooperativas mineras en la Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y en los ríos Tuichi y Beni, que según sus dirigentes fueron «cuadriculados» para la explotación aurífera sin consulta previa.En 2024, el pueblo Tacana II señaló que los derechos mineros se superponen entre un 80% y un 90% con sus territorios comunitarios.
En 2025, líderes tacana denunciaron ante la Defensoría del Pueblo la apertura de caminos ilegales y el avasallamiento de tierras dentro del Madidi, en una zona de tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario; guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas reportaron el ingreso de combustible diésel al parque para abastecer maquinaria minera, mientras la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera sostuvo no haber aprobado actividad minera alguna en esa área.
La activista indígena uchupiamona Ruth Alipaz ha calificado la situación como una amenaza existencial para los pueblos que habitan el corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata, en un contexto en el que a la minería se suman otras presiones sobre el territorio, como proyectos hidroeléctricos y de exploración de hidrocarburos.
Impactos de la minería ilegal en Bolivia
Impactos en la salud de los pueblos indígenas La contaminación por mercurio ha sido documentada científicamente en las poblaciones del norte amazónico de La Paz. Un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), difundido en 2025, midió la concentración de mercurio en cabello de 305 personas, incluidas mujeres en edad fértil, en 36 comunidades de los pueblos tsimane, ese ejja, leco, mosetén, uchupiamona y tacana, asentadas en torno al río Beni y sus afluentes Tuichi, Tequeje, Quiquibey y Madre de Dios. Los resultados mostraron niveles alarmantes donde los ese ejja, que consumen pescado a diario, registraron en promedio 6,9 partes por millón (ppm) de mercurio; los tsimane, 6,8 ppm; los mosetén, 4,0 ppm; los uchupiamona, 2,5 ppm; los tacana, 2,1 ppm; y los leco, 1,9 ppm, que son niveles muy superiores a los que la Organización Mundial de la Salud considera de riesgo. Pese a ello, representantes indígenas han denunciado su exclusión de los planes oficiales de control del mercurio.
Líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos han relacionado esta exposición crónica con casos de enfermedades graves y con malformaciones congénitas, aunque establecer una relación causal directa en casos individuales requiere estudios epidemiológicos específicos. El relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos ha señalado, en términos generales, que la contaminación por mercurio vinculada a la minería genera graves impactos en los derechos humanos de las poblaciones afectadas, incluidos los pueblos indígenas.
Impactos ambientales
Deforestación y alteración de cauces