En mayo de 2026 surgió un conflicto diplomático entre Costa Rica y Panamá. Las tensiones se desencadenaron en el marco de un conflicto comercial sostenido entre ambos países, y pasó al ámbito diplomático una vez la toma de posesión de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica, el 8 de mayo de 2026.

Antecedentes Costa Rica y Panamá mantienen un conflicto comercial de larga data que se intensificó entre 2019 y 2020 debido a restricciones sanitarias y fitosanitarias impuestas por Panamá a la importación de diversos productos agropecuarios costarricenses, principalmente lácteos, carnes, fresas, piña, banano y plátano.

Costa Rica denunció estas medidas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2021 (caso DS599), obteniendo un fallo favorable del Grupo Especial en diciembre de 2024. Sin embargo, Panamá apeló la decisión en enero de 2025, por lo que el proceso permanece en suspenso, debido a que el órgano encargado de resolver los recursos en alzada se encuentra desintegrado desde el año 2019, debido a vetos de Estados Unidos al nombramiento de nuevos jueces.

Ambos países son miembros del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y mantienen un Protocolo Bilateral de Acceso a Mercados, pero las diferencias técnicas en controles sanitarios han impedido una normalización plena del intercambio.

Escalada diplomática en mayo de 2026 El 15 de mayo de 2026, durante el acto por el Día del Agricultor en la provincia de Cartago, la presidenta Laura Fernández calificó las restricciones panameñas como un «bloqueo comercial» que afectaba a productores de papa, cebolla y lácteos, y dijo que el tema había superado las instancias técnicas del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), ordenando al canciller Manuel Tovar activar «mecanismos de diplomacia internacional y acciones internacionales».

Panamá respondió de inmediato rechazando la narrativa de «bloqueo unilateral». El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño emitió un comunicado defendiendo sus medidas como técnicas y no discriminatorias, y recordó que Costa Rica había impuesto restricciones a productos panameños.

El miércoles 20 de mayo, en su primera conferencia de prensa semanal como presidenta, Laura Fernández volvió a abordar el tema:

El jueves 21 de mayo el presidente panameño José Raúl Mulino anunció la suspensión inmediata e indefinida de un plan en negociaciones para vender energía eléctrica a Costa Rica.

Mulino vinculó directamente la medida con las declaraciones costarricenses y enfatizó el principio de reciprocidad:

Horas después, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emitió un comunicado de prensa afirmando que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) contaba con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país, y que Costa Rica no tenía contratos firmes de compra de energía con Panamá, por lo que no estaba importando electricidad de ese país y proyectaba no hacerlo durante lo que restaba de 2026.

Referencias

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