La Rebelión de Chimayó, también conocida como la rebelión de Río Arriba, la revuelta de 1837 o, conforme al gentilicio que utilizaron los propios sublevados, la rebelión de los cañaderos, fue una insurrección popular ocurrida en 1837 en el norte de Nuevo México, entonces departamento de la República Mexicana. Durante el levantamiento, una coalición de nuevomexicanos hispanos, genízaros e indígenas pueblo derrocó al gobernador Albino Pérez y proclamó como gobernadores sucesivos a José María González y a Pablo Montoya, quienes encabezaron el llamado Cantón o Junta Popular.
González y Montoya, ambos vinculados al pueblo de Taos, fueron los únicos gobernadores indígenas pueblo en la historia de Nuevo México. González procedía de Chimayó y sustituyó al impopular gobernador Albino Pérez antes de ser reemplazado a su vez por Montoya. Tanto Pérez como González murieron durante el conflicto; Montoya sobrevivió y diez años después dirigiría la Revuelta de Taos. La revuelta puso de manifiesto cómo el creciente aislamiento respecto a la Ciudad de México, unido a las declaraciones mexicanas de igualdad política para todos los grupos étnicos, propició la cooperación entre indígenas pueblo y nuevomexicanos hispanos en el Nuevo México mexicano.
La rebelión culminó con la contraofensiva del antiguo gobernador Manuel Armijo, quien, tras una breve campaña militar, restableció la autoridad centralista en enero de 1838 y mandó ejecutar a los principales cabecillas de la insurrección.
Antecedentes Pérez llegó procedente del centro de México en 1835, nombrado por el presidente Antonio López de Santa Anna en el marco de la nueva organización centralista. Su administración fue impopular desde el principio, sobre todo entre los habitantes del norte del territorio, quienes resentían que se les hubiera impuesto a un «forastero» ajeno a la región. El descontento se agravó cuando, tras la derrota mexicana en Texas, el gobierno federal promulgó las leyes constitucionales de 1836, que reforzaron la administración centralizada, ampliaron la recaudación de impuestos e impusieron requisitos de propiedad para la participación política. Los nuevomexicanos suponían que Pérez intentaría aplicar los nuevos tributos y reorganizar por completo el sistema político regional conforme al texto constitucional.
Otros agravios contribuyeron al malestar. Pérez había restituido a Francisco Sarracino, antiguo gobernador suspendido por fraude del cargo de subcomisario (funcionario aduanal); había nombrado prefecto a Ramón Abreu cuando otros candidatos parecían más idóneos; no había puesto coto a los funcionarios de aduanas que defraudaban a los comerciantes estadounidenses del Camino de Santa Fe, algunos de ellos residentes en Taos, en el norte del territorio; y había permitido que los milicianos enrolados en las campañas contra los navajos y los apaches padecieran condiciones precarias y alimentación insuficiente. A ello se sumaba el rechazo a la conducta personal del gobernador —mantenía abiertamente una relación con su ama de llaves mientras su esposa permanecía en la Ciudad de México— y el contraste entre su tren de vida lujoso y la pobreza generalizada de la población.
El historiador mexicano Martín González de la Vara ha subrayado que el peso del servicio miliciano fue, junto al temor a los nuevos impuestos y la pérdida de autonomía local, una de las causas profundas del levantamiento. Tras la independencia mexicana, la escasez del erario nacional había trasladado a los milicianos —en su mayoría campesinos del norte— el grueso de la defensa frente a las incursiones de los navajos, sin sueldo ni equipo. En el verano de 1836, Pérez levantó un cuerpo miliciano de cerca de 2000 hombres y, ese mismo invierno, dirigió personalmente una segunda campaña que regresó diezmada por las nevadas. Cuando, a finales de julio de 1837, el gobernador convocó una nueva expedición contra los navajos, muchos nuevomexicanos se sintieron agraviados —palabra que los propios rebeldes emplearon poco después—, lo que precipitó la sublevación.
La oposición a Pérez se intensificó con rumores sobre la inminente imposición de tributos cuantiosos, y la lista de tres candidatos que la Asamblea Departamental presentó para el siguiente período gubernamental no incluyó su nombre. El descontento alcanzó su punto máximo en el verano de 1837. La chispa que encendió la rebelión estuvo relacionada con el alcalde de Santa Cruz de la Cañada, Juan José Esquibel. Las desavenencias entre Esquibel y el gobernador databan ya de febrero de ese año, cuando Esquibel facilitó la fuga de su pariente Antonio Abad Montoya de la cárcel de Santa Cruz; Pérez le impuso entonces una multa de cincuenta pesos y le ordenó volver a aprehenderlo, pero el alcalde simplemente desoyó las órdenes. Meses después, en junio, Esquibel respaldó a dos vecinos de Santa Cruz frente al comerciante de Taos Vicente Sánchez, que reclamaba el pago de una deuda derivada de derechos aduanales. Ramón Abreu, en su condición de prefecto designado por Pérez, suspendió a Esquibel y, al conocerse después la cuestión de la fuga y la multa impagada, lo envió a la cárcel con grilletes. A finales de julio, una multitud de cañaderos lo liberó, y Esquibel pasó a organizar la rebelión.
Estallido de la revuelta El 1 de agosto, los rebeldes de las comunidades del norte de Nuevo México se concentraron en Santa Cruz de la Cañada, cerca de Chimayó, junto con indígenas de los pueblos vecinos. El grupo insurrecto se autodenominó Cantón (en el sentido de barrio o distrito). El 3 de agosto, sus doce dirigentes, entre ellos Esquibel, emitieron una proclama redactada bajo la fórmula «Por Dios y la Nación y la Fe de Jesucristo», en la que defendían cinco principios: permanecer fieles a Dios, la nación y la fe católica; defender el país hasta la última gota de sangre; rechazar el Plan Departamental; rechazar todo impuesto; y rechazar cualquier desorden promovido por terceros. El documento se fechó en el «Campamento de Santa Cruz de la Cañada» el 3 de agosto de 1837.
Cuando Pérez tuvo noticia de la insurrección, intentó reclutar una milicia de voluntarios, pero su llamamiento obtuvo escasa respuesta. La madrugada del 7 de agosto marchó hacia Santa Cruz al frente de un contingente reducido —unos cincuenta presidiales, un centenar de milicianos cívicos y ciento cincuenta indígenas auxiliares de Cochití, Santo Domingo y Sandía con dos cañones de campaña— y se enfrentó a los rebeldes frente a la Mesita de San Ildefonso. Las fuerzas insurrectas, que sumaban entre 1500 y 2000 hombres, ocupaban posiciones más ventajosas; al sonar las primeras descargas, los auxiliares indígenas desertaron y se pasaron a los sublevados. Tras una breve resistencia en la colina donde se hallaba emplazado un cañón, Pérez logró romper el cerco con veinticinco presidiales que le permanecieron leales y se replegó a Santa Fe. Las veintitrés personas que cubrían su retirada se rindieron poco después; entre los capturados figuraban el exgobernador Francisco Sarracino, el comerciante y prestamista Agustín Durán, el sargento Donaciano Vigil —secretario de la comandancia militar— y el alcalde de Santa Fe Felipe Sena. Incapaz de garantizar su seguridad en la capital, Pérez intentó huir por la noche del 8 de agosto, pero un grupo de indígenas del pueblo de Santo Domingo lo interceptó en las afueras de la ciudad y le dio muerte. Los rebeldes decapitaron al gobernador y trasladaron su cabeza a Santa Fe para exhibirla públicamente. También fueron asesinados, algunos con saña, el secretario del Departamento Jesús María Alarid, Santiago Abreú —antiguo gobernador interino y juez de distrito suplente del Juzgado de Distrito del Territorio de Nuevo México— y aproximadamente otros veinte funcionarios de la administración Pérez. Ese mismo día, los rebeldes entraron en la capital y proclamaron gobernador del territorio a José Ángel González, genízaro originario de Chimayó, de ascendencia taos pueblo y pawnee, al que instalaron en el Palacio de los Gobernadores.
El gobierno rebelde gozó al principio de amplia popularidad en el departamento, pero pronto se enajenó voluntades por las atrocidades cometidas durante la toma del poder y por la confiscación de los bienes de las víctimas, que perjudicó tanto a sus herederos como a sus acreedores. La Junta Popular que ejercía el mando se mostraba indecisa y dividida, y sus actas presentan numerosos pasajes tachados. Mientras tanto, en Santa Cruz, el Cantón no se disolvió y continuó encarcelando y amenazando a personas de muerte al margen del control del gobierno de González. En Taos, a comienzos de septiembre estallaron disturbios contra la Iglesia católica y contra su párroco, el padre Martínez.
La rebelión adquirió también un componente anticlerical. Los sublevados exigieron a los párrocos del norte la supresión de los derechos por bautismos, casamientos y entierros, así como el sepelio de los difuntos dentro de las iglesias. El cura de Santa Cruz de la Cañada, Fernando Ortiz, se negó al principio a oficiar en esos términos, pero terminó cediendo «al verse con un fusil pegado al cuerpo». El padre Martínez, que había huido temporalmente a Santa Fe, fue obligado el 11 de septiembre a firmar una cesión por la que renunciaba al cobro de obvenciones en todo Taos. González de la Vara sitúa este resentimiento eclesiástico en el contexto del decreto de 1833 del presidente Valentín Gómez Farías, que había hecho voluntario el pago del diezmo y empujado a los sacerdotes a aumentar los derechos sacramentales para sostenerse.
A la par, la Asamblea Departamental conspiraba en secreto contra el gobierno rebelde. Aprovechando la ausencia de González —quien se había desplazado a Taos para acompañar al padre Martínez en su regreso—, el 6 de septiembre la Asamblea nombró comandante militar al teniente José Caballero, hombre fiel a la memoria de Pérez, quien comenzó a reunir hombres y pertrechos en Santa Fe para enfrentarse al Cantón.
Contrarrevolución miniaturadeimagen|250x250px|Palacio de los Gobernadores de Santa Fe, sede del gobierno departamental ocupada sucesivamente por Pérez, González, Montoya y Armijo durante la rebelión. En el pueblo de Tomé, en el sur de Nuevo México, el sacerdote Francisco Antonio de Madariaga comenzó a agitar a favor de una contrarrevolución. El 8 de septiembre, junto con otros vecinos «amantes de su patria», adoptó el llamado «Plan de Tomé», que designaba al antiguo gobernador Manuel Armijo como comandante de la fuerza contrarrevolucionaria. El destacamento de seiscientos hombres del ejército regular acantonado en Santa Fe, que González había disuelto, se reorganizó y marchó al sur para unirse a Armijo. Este escribió a las autoridades mexicanas para informar de la situación y, a continuación, avanzó sobre Santa Fe. Apenas encontró resistencia: González, que había viajado a Taos para visitar a su familia, fue detenido en Santa Fe el 11 de septiembre, antes de que Armijo entrara en la capital el día 14. Desde allí, Armijo escribió de nuevo al gobierno de la república para dar cuenta de lo actuado y solicitar tropas que le permitieran consolidar la victoria y restablecer la paz.
Pablo Montoya, antiguo alcalde de Taos, encabezó entonces una fuerza del Cantón que, según las fuentes, llegó a contar con unos 3000 hombres y avanzó sobre Santa Fe. Aunque Armijo solo disponía de cerca de 1000 soldados, sus tropas estaban mucho mejor instruidas y equipadas que los rebeldes. El antiguo gobernador negoció un tratado de paz que se firmó el 21 de septiembre: los rebeldes entregaron a Juan José Esquibel y a otros tres hombres de Santa Cruz para que fueran procesados, mientras que González quedaba en libertad y los demás insurrectos recibían una amnistía. Montoya sería ejecutado años después por su participación en la Revuelta de Taos de 1847.