María Jesús Dasca Penelas (Almenara, 1955–enero de 2007) fue una militante antifascista española. Fue una de las once últimas personas sentenciadas a la pena de muerte por la dictadura franquista. Juzgada en un consejo de guerra sumarísimo, fue condenada a muerte el 18 de septiembre de 1975. Su pena fue conmutada poco después por una condena de treinta años de reclusión y finalmente amnistiada en 1977, con la llegada de la democracia.
Orígenes y militancia María Jesús Dasca Penelas era natural de Almenara, un municipio de la provincia de Castellón, en la costa mediterránea, cercano al puerto de Sagunto. En esta zona se ubicaban grandes polígonos industriales con una larga tradición de lucha obrera. Siendo muy joven, Dasca Penelas comenzó a militar en la Unión Popular del Campo (UPC), una organización obrera integrada en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), con la que participó en acciones de protesta y denuncia de las condiciones laborales existentes.En octubre de 1972, una agrupación de jornaleras y jornaleros vinculada a la comarca de Los Valles incendió un almacén perteneciente a un terrateniente falangista para protestar por sus deplorables condiciones laborales. Por este motivo, el Tribunal de Orden Público (TOP) detuvo y procesó a nueve jóvenes acusándoles de estos hechos. En este contexto, ante una persecución policial cada vez más intensa, Dasca, que entonces contaba con 17 años, huyó de su localidad natal y se trasladó a Madrid, donde continuó su militancia de forma clandestina en el FRAP.
Detención, juicio militar sumarísimo y penas de muerte Tras las protestas del Primero de Mayo de 1973, en las que resultó muerto un policía, la persecución contra la organización FRAP se intensificó y se produjeron detenciones masivas, si bien Dasca no fue detenida ese año. Sí lo fue el 25 de agosto de 1975, con 20 años, acusada de ser "responsable" del Partido Comunista y de haber mantenido contacto con la también detenida y militante del FRAP, Concepción Tristán López. Pasó los primeros nueve días en la Dirección General de Seguridad (DGS), donde fue torturada por Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, y Roberto Conesa.
Según documentación de la DGS, Dasca Peneles, con los alias de Berta, Yunka y Sierra, había sido secretaria de agitación y propaganda del comité de Valencia y de la Juventud Comunista de España (m-l), el mismo cargo que desempeñó cuando se trasladó a Madrid. Se indicaba que «Llevó a cabo, planeó y ordenó la ejecución de numerosas acciones subversivas», como el atraco a un centro comercial o el robo de pistolas.
Dasca fue trasladada a la prisión de mujeres de Yeserias, primero, y de Alcalá de Henares, después, ambas en la provincia de Madrid, hoy Comunidad de Madrid, donde fue recluida en régimen de aislamiento. Estando en prisión, fue condenada a muerte por el Consejo de Guerra reunido en el destacamento militar de El Goloso en juicio sumarísimo los días 17 y 18 de septiembre de 1975, junto con José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Manuel Cañaveras de Gracia y Concepción Tristán López, con los cargos de participar en el intento de asesinato del teniente de la Guardia Civil José Pose Rodríguez, fallecido el 16 de agosto de 1975. María Jesús Dasca tuvo conocimiento de su condena de muerte mientras se encontraba en aislamiento.
Pocos días antes, el 11 y el 12 de septiembre, se celebró otro juicio sumarísimo contra los miembros del FRAP Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite y Xosé Humberto Baena que también fueron condenados a muerte, en este caso acusados del asesinato del policía Lucio Rodríguez. A estas sentencias de pena capital se sumaron las de tres miembros de ETA. Dos en Burgos el 28 de agosto, a José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Echevarría, y una tercera el 19 de septiembre, a Juan Paredes Manot, “Txiqui”. En total once sentencias de muerte, de las cuales seis fueron conmutadas por treinta años de prisión y otras cinco llevadas a cabo el 27 de septiembre de 1975, las últimas de la dictadura franquista.
Juicio Durante el juicio, los abogados defensores, que habían recibido su sentencia del juez militar el día anterior, fueron expulsados de la sala a punta de pistola y sustituidos por militares. Las y los acusados reconocieron pertenecer al FRAP pero negaron su participación en el asesinato y, asimismo, denunciaron haber sido sometidos a presiones. En relación a Dasca, una investigación sobre mujeres militantes del FRAP realizada por una historiadora de la Universidad de Alicante, recoge el testimonio de Francisca Sauquillo, abogada suplente. Esta señala que en el juicio se alegó el embarazo de las dos mujeres detenidas como estrategia para salvar sus vidas en aras de la norma de la España de entonces que establecía que las condenadas a muerte no podrían ser ejecutadas hasta que no se hubiera producido el parto.
Sin embargo, la misma investigación, basándose en otras fuentes, señala que la voluntad de Dasca fue la de acogerse a una línea de defensa diferente:
Presión social y mediática contra las sentencias Las sentencias de la pena de muerte dictadas en septiembre de 1975 desencadenaron una intensa presión social, diplomática y mediática en todo el mundo para evitar las ejecuciones. Diversos gobiernos, organizaciones internacionales, personalidades públicas y colectivos sociales expresaron su rechazo, lo que contribuyó al aislamiento exterior del régimen franquista en sus últimos meses.
En el caso de María Jesús Dasca Penelas, su pena fue conmutada por reclusión mayor por el Consejo de Ministros franquista en septiembre de 1975. Dicha conmutación se asocia a que, al igual que su compañera Concepción Tristán López, la defensa alegara que se encontraba embarazada. Posteriormente, tras la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, y con el inicio del proceso de transición política, muchas de las condenas impuestas en los consejos de guerra fueron revisadas y finalmente anuladas, lo que permitió su amnistía en 1977.
Excarcelación María Jesús Dasca Penelas fue excarcelada en 1977 en el marco de las medidas de amnistía política durante la Transición española. Su liberación se produjo como consecuencia de la aprobación de la Ley de Amnistía y estuvo acompañada, como en otros casos similares, por decretos de indulto individual destinados a cerrar los expedientes penales heredados de la dictadura franquista.
Tras quedar en libertad, regresó a su localidad natal, Almenara, donde fue recibida por centenares de amigos, vecinos y militantes de izquierda. Estudió periodismo y optó por una vida alejada de la actividad política y de la exposición pública.
Referencias
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