La discriminación por vivienda en los Estados Unidos se refiere a las barreras, políticas y prejuicios históricos y actuales que impiden el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, sin discriminacion por raza, religión, origen nacional, etc.. La discriminación en la vivienda se hizo más pronunciada tras la abolición de la esclavitud en 1865, generalmente como parte de las leyes Jim Crow que imponían la segregación racial. El gobierno federal no comenzó a actuar contra estas leyes hasta 1917, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló ordenanzas que prohibían a los afroamericanos ocupar o poseer edificios en barrios de mayoría blanca en el caso Buchanan contra Warley. Sin embargo, tanto el gobierno federal como los locales siguieron siendo directamente responsables de la discriminación en la vivienda mediante prácticas como el redlining y los convenios raciales hasta la Ley de Derechos Civiles de 1968.
Esta ley incluyó la legislación conocida como la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act), que declaró ilegal que un arrendador discriminara o prefiriera a un posible inquilino por su raza, color, religión, sexo o origen nacional al anunciar o negociar la venta o alquiler de viviendas. Estas protecciones se han extendido también a otras «clases protegidas», incluyendo discapacidad y situación familiar. A pesar de estos esfuerzos, diversos estudios han demostrado que la discriminación en la vivienda persiste y que la segregación resultante ha provocado disparidades en riqueza, educación y salud. La prevalencia de la discriminación en la vivienda y el redlining en los Estados Unidos ha tenido impactos de amplio alcance en diversos aspectos de la estructura social, como la desigualdad habitacional y la desigualdad educativa. Estos fenómenos pueden analizarse desde la perspectiva de la teoría crítica de la raza como ejemplos de racismo estructural.
Historia
Tras el final de la guerra de Secesión y la abolición de la esclavitud, se introdujeron las leyes Jim Crow. Estas leyes provocaron la discriminación de las minorías raciales y étnicas, especialmente de los afroestadounidenses. Mientras que las leyes Jim Crow se extendieron por el Sur, en el Norte se aplicaron prácticas discriminatorias más sutiles. Entre 1900 y 1920, la población afroamericana creció, muchos de ellos migraron al Norte durante la Gran Migración Afroestadounidense. Esto provocó una reacción por parte de los blancos en las ciudades del norte, alimentando la discriminación por vivienda y la segregación residencial, que antes no era tan visible. Se utilizaron herramientas institucionales como la zonificación y los convenios racialmente restrictivos para impedir la expansión de los afroamericanos hacia barrios blancos.
En 1926, los convenios restrictivos raciales fueron respaldados por la Corte Suprema en el caso Corrigan contra Buckley. Tras esta sentencia, estos convenios se popularizaron en todo el país como forma de garantizar barrios blancos homogéneos. En Village of Euclid contra Ambler Realty Co. (1926), la Corte Suprema también respaldó la zonificación excluyente.
Quince tribunales estatales acataron ordenanzas que prohibían la vivienda a afroamericanos y otros grupos minoritarios en zonas designadas como blancas. En 1917, la Corte Suprema declaró inconstitucional, en el caso Buchanan contra Warley, una ordenanza de Louisville (Kentucky) que prohibía a los negros poseer o ocupar edificios en barrios de mayoría blanca (y viceversa). Tras esta decisión, diecinueve estados comenzaron a apoyar legalmente los convenios entre propietarios para no alquilar ni vender viviendas a minorías raciales o étnicas. Aunque los convenios fueron declarados ilegales en 1948, seguían permitiéndose en escrituras privadas.
La Administración Federal de Vivienda (FHA; Federal Housing Administration) fue responsable de gran parte de la discriminación en la vivienda en EE. UU. debido a políticas explícitamente discriminatorias por motivos raciales. La FHA consideraba que permitir que afroamericanos vivieran en barrios blancos reduciría el valor de las propiedades. Esta justificación quedó desmentida, pues los afroamericanos estaban dispuestos a pagar precios más altos por vivir en esos barrios. La FHA también denegó seguros hipotecarios en barrios negros mediante la práctica conocida como redlining. Esta consistía en categorizar barrios según el nivel de riesgo para la concesión de préstamos, riesgo que dependía en gran medida de la composición racial. El Manual de Suscripción de la FHA recomendaba explícitamente la «prohibición de la ocupación de propiedades salvo por la raza para la que estaban destinadas». Animados por la FHA, los promotores establecieron restricciones en las escrituras para mantener barrios blancos.
La Ley de Reajuste de Militares (comúnmente conocida como G.I. Bill) permitió que muchos veteranos se convirtieran en propietarios, provocando un auge de la vivienda. Sin embargo, esta ley no benefició igual a los veteranos negros porque las hipotecas y los préstamos no eran concedidos por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos sino por prestamistas privados que discriminaban mediante redlining. Levittown fue un barrio construido para ofrecer vivienda asequible a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, pero el promotor se negó a permitir personas de color; la FHA respaldó esta decisión autorizando préstamos y escrituras con restricciones raciales.
No fue hasta la Ley de Vivienda Justa, promulgada como Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, cuando el gobierno federal dio pasos concretos para declarar inconstitucional todo tipo de discriminación en la vivienda. La ley prohíbe explícitamente prácticas comunes de discriminación como filtrar información sobre disponibilidad de viviendas, direccionamiento racial, blockbusting y redlining.
thumb|Redlining en Milwaukee.
Ley de Vivienda Justa
La Ley de Vivienda Justa fue aprobada por iniciativa del presidente Lyndon B. Johnson. El Congreso aprobó la Ley Federal de Vivienda Justa (codificada en 42 U.S.C. 3601-3619, sanciones por infraciónen 42 U.S.C. 3631) como Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 solo una semana después del asesinato de Martin Luther King Jr.
La Ley de Vivienda Justa introdujo importantes mecanismos federales de aplicación. Prohibió:
Negarse a vender o alquilar una vivienda a cualquier persona por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Discriminar por raza, color, religión u origen nacional en los términos, condiciones o privilegios de venta o alquiler de una vivienda. Publicitar la venta o alquiler de una vivienda indicando preferencia o discriminación por raza, color, religión u origen nacional. Coaccionar, amenazar, intimidar o interferir con el disfrute o ejercicio de derechos de vivienda por motivos discriminatorios, o tomar represalias contra personas u organizaciones que ayuden o promuevan el ejercicio de derechos de vivienda justa.
Cuando se promulgó inicialmente, la Ley prohibía la discriminación solo por raza, color, religión, sexo y origen nacional. En 1988 se añadieron discapacidad y situación familiar (presencia real o prevista de menores de 18 años en un hogar), codificado también en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990. En ciertas circunstancias, la ley permite excepciones limitadas por sexo, religión o situación familiar.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD; United States Department of Housing and Urban Development) es el departamento ejecutivo federal con autoridad estatutaria para administrar y hacer cumplir la Ley de Vivienda Justa. El Secretario ha delegado las actividades de aplicación en la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades (FHEO; Office of Fair Housing and Equal Opportunity) y en la Oficina del Asesor Jurídico General. La FHEO es una de las mayores agencias federales de derechos civiles de Estados Unidos, con más de 600 empleados en 54 oficinas. Desde junio de 2014 hasta su relevo, el responsable de FHEO fue el subsecretario para Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades, Gustavo Velasquez.
Las personas que crean haber sufrido discriminación en la vivienda pueden presentar una denuncia ante la FHEO sin coste. La FHEO financia y mantiene acuerdos con muchas agencias estatales y locales donde existen leyes de vivienda justa sustancialmente equivalentes. Bajo estos acuerdos, la FHEO remite las denuncias a la agencia estatal o local correspondiente, que investiga y procesa el caso. Esto se conoce como el Programa de Asistencia para la Vivienda Justa (FHAP; Fair Housing Assistance Program).
Existe también una red de organizaciones privadas sin ánimo de lucro de defensa de la vivienda justa en todo el país. Algunas reciben fondos del programa Programa de Iniciativas de Vivienda Justa (FHIP; Fair Housing Initiatives Program) de la FHEO; otras operan con donaciones privadas o subvenciones.
Las víctimas de discriminación en la vivienda no están obligadas a acudir a HUD ni a ninguna agencia gubernamental para defender sus derechos. La Ley confiere jurisdicción a los tribunales federales de distrito. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también puede presentar casos en nombre del gobierno cuando exista un patrón y práctica de discriminación o cuando HUD haya encontrado discriminación y alguna de las partes elija ir a tribunal federal.
La Ley de Vivienda Justa se aplica a propietarios que alquilan o arriendan espacios en su residencia principal solo si la vivienda contiene unidades ocupadas o destinadas a ser ocupadas por tres o más familias de forma independiente (por ejemplo, una casa de huéspedes ocupada por el propietario).
La Ley de Vivienda Justa es una ley federal estadounidense diseñada para proteger a individuos y familias de la discriminación en actividades relacionadas con la vivienda, incluyendo la venta, alquiler, financiación y publicidad de viviendas. Modificada en 1988, la ley prohíbe la discriminación por raza, color, religión, sexo, discapacidad, situación familiar y origen nacional. Introducida inicialmente en el Congreso en 1966, la ley buscaba combatir la discriminación racial en transacciones de vivienda. A pesar de múltiples revisiones en la Cámara de Representantes y el Senado durante los dos años siguientes, no consiguió suficiente apoyo. Uno de los principales defensores fue Martin Luther King Jr., quien participó activamente en marchas por vivienda abierta en Chicago durante los años sesenta. Tras el asesinato de King el 4 de abril de 1968, el presidente Lyndon B. Johnson instó al Congreso a aprobar la legislación como homenaje al líder de los derechos civiles antes de su funeral. Archivado desde el original el 8 de enero de 2025 (en inglés). Aplicación La Ley de Vivienda Justa otorgó al HUD la competencia para su aplicación, pero los mecanismos iniciales de cumplimiento eran débiles. Desde su aprobación en 1968, la ley se ha reforzado, aunque la aplicación sigue siendo una preocupación para los defensores de la vivienda justa. Según una evaluación de 2010 realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental sobre los informes de Análisis de Impedimentos, la aplicación resulta especialmente inconsistente entre las distintas jurisdicciones locales. Se ha reclamado que el HUD utilice el concepto de impacto desigual como criterio para medir la discriminación por vivienda. La norma de impacto desigual del HUD se fortaleció en 2013 y fue ratificada por un tribunal en 2015. Sin embargo, en 2020 el HUD publicó su norma final de impacto desigual, que trasladó la carga de la prueba de discriminación a las víctimas.