Las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2026 fueron los comicios destinados a elegir a los 109 diputados que componen el Parlamento de Andalucía para la legislatura.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), había manifestado su intención de agotar la legislatura; pero finalmente decidió adelantar las elecciones un mes, por lo que se celebraron el 17 de mayo de 2026.
Antecedentes Elecciones de 2022
Las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2022, celebradas el 19 de junio de 2022, supusieron un punto de inflexión en la política autonómica andaluza. Por primera vez desde la instauración de la autonomía, el Partido Popular de Andalucía logró una mayoría absoluta en la comunidad, poniendo fin a décadas de predominio del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
El candidato popular, Juan Manuel Moreno, obtuvo 58 escaños y cerca del 43 % de los votos, lo que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de pactos. Este resultado mejoró ampliamente el obtenido en elecciones al Parlamento de Andalucía de 2018, cuando el PP había accedido al poder mediante un acuerdo con Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox.
Por su parte, el PSOE, liderado por Juan Espadas, obtuvo 30 escaños, el peor resultado de su historia en Andalucía, consolidando una tendencia descendente iniciada tras la pérdida del gobierno autonómico en 2018. La formación había sido durante casi cuatro décadas la fuerza hegemónica en la comunidad.
Vox mejoró sus resultados al pasar de 12 a 14 escaños en el Parlamento andaluz, aunque quedó por debajo de sus expectativas iniciales. Diversos analistas atribuyeron este resultado al fuerte crecimiento electoral del PP y a las controversias protagonizadas por la candidata de Vox, Macarena Olona.
Por otro lado, las dos fuerzas a la izquierda del PSOE sufrieron un importante retroceso electoral. Mientras que en 2018 concurrieron conjuntamente y lograron 17 escaños, en esta ocasión se presentaron por separado: Por Andalucía (integrada por Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo y con el apoyo externo de Podemos Andalucía y Alianza Verde) y Adelante Andalucía, partido fundado por Teresa Rodríguez, exdirigente de la coalición homónima de 2018. Ambas candidaturas obtuvieron 5 y 2 escaños, respectivamente.
Sin embargo, el mayor retroceso electoral fue el de Ciudadanos. Tras haber logrado 21 escaños en 2018 y situarse como tercera fuerza política, en las elecciones de 2022 obtuvo únicamente un 3,3 % de los votos y quedó fuera del Parlamento andaluz. El resultado fue interpretado por diversos medios como parte del declive del partido a nivel nacional.
Formación del Ejecutivo Con la mayoría absoluta obtenida, el PP — encabezado por Juan Manuel Moreno — pudo formar gobierno en solitario, sin necesidad de pactos ni apoyos externos.
Ese resultado representó un vuelco significativo en la política andaluza: marcó una reconfiguración del mapa electoral, debilitando a la izquierda y a los partidos centristas, y consolidando al PP como fuerza dominante en toda la autonomía.
La fragmentación del voto de la izquierda y la desaparición parlamentaria de Cs cambiaron la fisonomía del arco parlamentario, dejando un panorama dominado por PP, PSOE y Vox, con un bloque de partidos menores y coaliciones de izquierda con representación reducida.
Crisis de las mamografías Uno de los principales ejes de la campaña electoral de 2026 en Andalucía fue la situación de la sanidad pública, especialmente tras la denominada crisis de los cribados de cáncer de mama, que generaron una fuerte controversia política y social.
El origen de la crisis se remonta a al menos 2023, cuando responsables sanitarios advirtieron del colapso progresivo en los servicios de radiodiagnóstico, especialmente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Dichos avisos incluían propuestas para reforzar el sistema mediante la contratación de más personal y la ampliación de turnos, pero fueron rechazados por motivos presupuestarios. miniaturadeimagen|300x300px|Moreno, junto a la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, en una visita al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en junio de 2025, meses antes de la crisis de los cribados. Como consecuencia, se produjo un deterioro en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama, con retrasos significativos en la comunicación de resultados y en la realización de pruebas complementarias. En algunos casos, estos retrasos llegaron a superar los dos años, lo que impidió un diagnóstico temprano en numerosas pacientes.
El alcance de la crisis se hizo público en 2025. Las cifras oficiales reconocen que al menos 2317 mujeres no recibieron a tiempo la notificación de resultados sospechosos que requerían seguimiento, lo que supuso un fallo grave en el sistema de cribado. Posteriormente, análisis clínicos confirmaron que al menos 22 de estas mujeres desarrollaron cáncer de mama tras no haber sido atendidas adecuadamente.
Además, investigaciones periodísticas revelaron la existencia de hasta 6400 mamografías pendientes de realizar debido a la falta de personal, lo que evidenció el carácter estructural del problema.
La crisis también tuvo consecuencias judiciales y sociales. Asociaciones como Amama impulsaron denuncias colectivas, y la Fiscalía abrió diligencias para investigar posibles responsabilidades. Paralelamente, se registraron movilizaciones ciudadanas y protestas en defensa de la sanidad pública, denunciando el deterioro del sistema y el riesgo para la salud de las pacientes.
En el plano político, el Gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno reconoció errores en el sistema, aunque inicialmente atribuyó la responsabilidad a fallos técnicos y de gestión interna en los servicios hospitalarios. La gestión de la crisis derivó en una grave crisis en el Ejecutivo autonómico, que culminó con la dimisión de la consejera de Salud Rocío Hernández tras el estallido del escándalo y la presión política y social. miniaturadeimagen|300x300px|El nuevo consejero de la Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, explica el plan de choque y los nuevos protocolos de cribado aprobados por la Junta el mismo día de la dimisión de la consejera Hernández. Como respuesta, la Junta aprobó un plan de choque que incluyó la revisión urgente de los casos afectados, la contratación de más de un centenar de profesionales sanitarios —principalmente radiólogos— y una inversión extraordinaria para reducir las listas de espera y garantizar el seguimiento de las pacientes. En noviembre de 2025, la Junta comunicó que ya había realizado el 90 % de las mamografías pendientes.
En febrero de 2026, la Fiscalía de Andalucía archivó las denuncias contra altos cargos de la Junta de Andalucía por los fallos en la comunicación del cribado tras determinar la investigación que dichos cargos denunciados no eran los responsables de los errores del sistema de cribado. La Fiscalía concluyó que no existía un patrón que unificase todos los casos y permitiera establecer una conexión directa con una responsabilidad política general, por lo que decidió remitir las actuaciones a las fiscalías provinciales.
El Gobierno autonómico del Partido Popular, presidido por Moreno, defendió su gestión alegando que los retrasos eran consecuencia de problemas estructurales heredados y del impacto acumulado de la pandemia sobre el sistema sanitario. Desde el Ejecutivo se subrayaron medidas como el refuerzo de conciertos con clínicas privadas y planes de choque para reducir las listas de espera, insistiendo en que la situación estaba siendo progresivamente corregida.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, con María Jesús Montero como candidata, situó la crisis como uno de los principales ejemplos de lo que consideró un deterioro de la sanidad pública bajo el gobierno del PP. Los socialistas denunciaron una supuesta «privatización encubierta» del sistema sanitario y criticaron la externalización de pruebas diagnósticas, proponiendo reforzar los recursos públicos y garantizar plazos máximos de atención.
Vox adoptó una posición crítica con la gestión del Gobierno andaluz, pese a su cercanía ideológica al PP en otros ámbitos. La formación incidió en la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema sanitario, reducir la burocracia y depurar responsabilidades políticas por los retrasos, evitando al mismo tiempo centrar el debate en el modelo público-privado.
Desde Por Andalucía, la crisis fue interpretada como una consecuencia directa de las políticas del Gobierno autonómico, denunciando recortes, falta de planificación y un debilitamiento deliberado de la sanidad pública. La coalición propuso incrementar la inversión sanitaria, reforzar la atención primaria y eliminar la dependencia de conciertos con el sector privado.
En una línea similar, aunque con un enfoque más centrado en la crítica estructural, Adelante Andalucía vinculó la crisis de las mamografías a lo que consideró un modelo sanitario «infrafinanciado y subordinado a intereses privados». La formación defendió la creación de un sistema sanitario plenamente público, con gestión directa y mayor control autonómico, enmarcando el problema dentro de una reivindicación más amplia de soberanía sanitaria andaluza.
Accidente ferroviario de Adamuz El accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (en la provincia de Córdoba), se convirtió en uno de los acontecimientos más determinantes del clima político previo a las elecciones andaluzas. El siniestro, que implicó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad de Iryo y la posterior colisión con un tren Alvia de Renfe, causó 46 fallecidos y cerca de 300 heridos, siendo el accidente ferroviario más grave en España desde 2013 y el primero de estas características en la red de alta velocidad. miniaturadeimagen|300x300px|Comparecencia en Adamuz de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, flanqueado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España El accidente se produjo en torno a las 19:40 horas en un tramo recto de la línea Madrid-Sevilla renovado recientemente. Tras el descarrilamiento del primer tren, este invadió la vía contraria, provocando el choque con el segundo convoy apenas unos segundos después.
Las investigaciones iniciales apuntaron a un fallo en la infraestructura ferroviaria, especialmente a una posible rotura o defecto en el carril o en su soldadura, como principal hipótesis del origen del siniestro. Posteriormente, se supo que la fractura de la vía podría haberse iniciado horas antes del accidente, sin ser detectada a tiempo. Asimismo, los informes técnicos señalaron la extrema rapidez del suceso, con apenas 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión, lo que impidió cualquier reacción eficaz de los sistemas de seguridad.
El impacto humano fue especialmente elevado debido a la dificultad de acceso al lugar del accidente, lo que retrasó la llegada de los servicios de emergencia. A pesar de ello, se produjo una amplia movilización ciudadana en la zona, con cientos de voluntarios participando en las labores de auxilio y una respuesta masiva en donaciones de sangre en toda Andalucía.
En las semanas posteriores, el accidente derivó en una creciente polémica política e institucional. Diversas informaciones revelaron posibles irregularidades en el mantenimiento de la vía, incluyendo la existencia de incidencias previas en el tramo afectado y la sustitución de partes del carril tras el accidente por parte de Adif sin la debida autorización judicial. También se investigó la falta de certificados de trazabilidad en algunos materiales utilizados en la infraestructura, lo que motivó actuaciones urgentes por parte de los gestores ferroviarios.