Durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) se registraron numerosas controversias, denuncias e investigaciones relacionadas con integrantes del Poder Ejecutivo, familiares del mandatario y personas de su entorno político. El tratamiento público de estos casos se produjo en un contexto de fuerte confrontación entre el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público y diversos medios de comunicación.

Castillo, varios integrantes de su gobierno y sectores afines sostuvieron que una parte de las acusaciones y del escrutinio público formaba parte de una campaña de desestabilización y persecución política contra un gobierno elegido principalmente con apoyo de sectores rurales y populares. Sus opositores y las instituciones encargadas de las investigaciones defendieron, por el contrario, que se trataba de actuaciones de fiscalización y control frente a posibles irregularidades.

En diciembre de 2022, el Grupo de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos señaló que la institucionalidad democrática peruana se encontraba en riesgo por una combinación de factores. Entre ellos mencionó la obstaculización del ejercicio del poder, los reiterados pedidos de vacancia, las investigaciones contra el presidente y otros integrantes del Ejecutivo, la ausencia de diálogo, el «acoso permanente y confrontación entre poderes» y el uso excesivo de herramientas de control político. El grupo también recogió preocupaciones sobre una «judicialización de la política y politización de la justicia». Estas observaciones no implicaron una validación general de las actuaciones del gobierno. Tras las decisiones anunciadas por Castillo el 7 de diciembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las consideró contrarias al orden constitucional.

Para las investigaciones que involucraron directamente a Castillo, véase Investigaciones de casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Según un recuento de El Comercio, para julio de 2022 se habían reportado 237 situaciones polémicas relacionadas con el presidente o su entorno. Esa cifra corresponde al criterio editorial utilizado por el medio y no a una clasificación judicial uniforme de los hechos.

Contexto de confrontación institucional y acusaciones de persecución política

Desde el inicio del mandato se desarrolló una confrontación continua entre el Ejecutivo y el Congreso. Durante el periodo se presentaron tres mociones de vacancia presidencial, además de interpelaciones, censuras ministeriales, denuncias constitucionales y restricciones a los viajes oficiales del presidente. El Grupo de Alto Nivel de la OEA consideró que el uso reiterado de estos mecanismos, junto con la respuesta del Ejecutivo y la falta de diálogo, contribuía al deterioro institucional.

El gobierno solicitó la intervención de la OEA al considerar que la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo del poder estaban amenazados. Castillo afirmó ante la misión internacional que determinados sectores utilizaban informaciones falsas para debilitar su gestión. La misión no concluyó que todas las investigaciones fueran políticamente motivadas, pero sí documentó una situación de hostigamiento recíproco, desconfianza entre poderes y utilización intensiva de mecanismos políticos y judiciales.

Por ello, las expresiones «persecución política», «acoso» o «judicialización de la política» deben entenderse en este artículo como posturas atribuidas a sus respectivos emisores y no como una conclusión aplicable automáticamente a cada denuncia. Del mismo modo, una denuncia, investigación preliminar o publicación periodística no equivale por sí sola a una condena judicial.

Controversias sobre residentes de Palacio y la denominada «Guardia Chotana» Tras la llegada de Castillo a la presidencia, diversos reportajes cuestionaron el cumplimiento de los criterios y directivas de seguridad que estaban dispuestos para el Palacio de Gobierno. Una de las personas señaladas por haber permanecido en la residencia presidencial fue Rafael Delgado Manuel, quien, según denunciara el dominical Panorama, visitó Palacio de Gobierno en distintas ocasiones llegando incluso a visitar a la familia presidencial. Tras ello, obtuvo una orden de servicio para apoyo administrativo en Palacio. Los reportajes también mencionaron a Florlisa Herrera Herrera, quien en agosto de 2021 se reunió con la familia presidencial en Palacio de Gobierno y en septiembre se reunió con el asesor presidencial Auner Vásquez tras lo cual obtuvo una orden de servicio para apoyo operativo en la cocina del Despacho Presidencial.

Posteriormente, El Comercio informó que la disposición relacionada con Florlisa Herrera habría sido emitida por la familia presidencial realizándose, para lograr tal fin, el traslado de un trabajador que laboraba en el puesto de asistente de cocina hacia el comedor. El esposo de Herrera, Segundo Llanos, por su parte, firmó un contrato con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) para coordinador regional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). Con respecto a Delgado, se supo que era acompañante de los sobrinos de Castillo y del presidente a la Casa de Sarratea, además de ejercer labores de compras de víveres para la residencia y ser el mensajero de la familia presidencial. Otra que empezó a vivir en la residencia fue Susy Díaz Huamán, amiga de Yenifer Paredes (hermana de la primera dama Lilia Paredes). Para justificar su presencia, Yenifer Paredes solicitó al Despacho Presidencial que la contratara para tareas administrativas en la residencia a pesar de las iniciales reticencias del general Miguel Herrera, jefe de la Casa Militar. Se supo que otro personaje que vivía en la residencia era Isabel Soria Reátegui, quien a pesar de no tener contrato formal como trabajadora se presentaba como especialista en labores de etiqueta social y asesora de la primera dama.

Los medios también informaron que Castillo solicitó que su seguridad personal fuera integrada por personal de su confianza, solicitando para ello a efectivos policiales de Tacabamba y Chota que lo habían ayudado en la campaña presidencial. Este grupo fue denominado por algunos medios «Guardia Chotana», compuesta por Jorge Tarrillo Gálvez, Nilo Irigoin Chávez, Sandra Flores Cardoso, Jover Gallardo Torres, Marbin Olivera Fuentes, Orlando Tello Guevara y Carmelo Saldaña Silva.

Órdenes de servicio de Jame Huamaní El dominical Panorama informó sobre Jame Huamaní, cercana al asesor presidencial Bruno Pacheco además de dirigente del CONARE-SUTEP y partícipe en las reuniones de dicha agrupación junto a Edgar Tello, detallando que visitó a Castillo dos veces en agosto y septiembre de 2021 para luego visitar al ministro de Educación Carlos Gallardo en octubre del mismo año. Tras ello, Huamaní logró ser proveedora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, registrándose en el registro de proveedores del Estado un día antes de su primera orden de servicio. Posteriormente, sería designada como prefecta de Lima en abril de 2022. Durante su gestión como prefecta fue cuestionada por invitar a profesores del FENATE a una actividad oficial en Palacio y pedir a Manuel Balladares, jefe de la SUCAMEC, para que entrenen a los prefectos en manejo de armas.

Polémica por las declaraciones del ministro Héctor Béjar En agosto de 2021 se difundieron declaraciones realizadas en 2020 de Héctor Béjar, ministro de relaciones exteriores, en donde decía que "el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente. Y han sido entrenados por eso por la CIA". Además, se reveló que en febrero de 2021, Béjar declaró que "Sendero [Luminoso] ha sido, en gran parte, obra de la CIA y de los servicios de inteligencia”. La difusión de tales declaraciones provocó las protestas del personal de la Marina quienes emitieron un comunicado rechazando sus afirmaciones y expresando su repudio contra el ministro porque, según el comunicado, "fue la Marina una de las instituciones que más participación tuvo en el combate contra el terrorismo, que tanto daño, destrucción y muerte causó". La polémica suscitada derivó en la renuncia de Béjar al cargo ministerial.

Investigación por presiones de Bruno Pacheco al jefe de la SUNAT Según la investigación citada por los medios, entre septiembre y octubre de 2021 el asesor Bruno Pacheco habría presionado a Luis Vera Castillo, jefe de la SUNAT, para que realice gestiones ilícitas en favor de las empresas Deltron (en deudas y fiscalización tributaria) y MQVC Corporation (para la ampliación de importación de 20 a 500 toneladas de mercurio) así como para que designe como martillero a Marco Antonio Urbina Chumpitassi. Dichos pedidos fueron realizados a través de mensajes y llamadas de WhatsApp y Telegram, aunque no fueron reportados, en su momento, por Vera. Ello trajo consigo que Vera fuera sentenciado, en el 2025, por el delito de omisión de denuncia. Designación de Luis Barranzuela y controversia por una reunión durante la pandemia Luis Barranzuela fue designado como ministro del Interior a inicios de octubre de 2021. Su designación fue cuestionada por haber sido el abogado de Perú Libre (PL) y que su despacho patrocinaba la defensa de Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón, siendo que podría tener injerencia y acceso privilegiado a las investigaciones que realizaban la DIVIAC o la DIRCOTE a miembros de PL, además del control en el servicio de inteligencia de dicho ministerio (DIGIMIN) e influencia en los ascensos y pase a retiro de generales. Se detalló, además, que durante su paso como efectivo policial, Barranzuela había sido sancionado, en diversas ocasiones, por abuso de autoridad y negligencia.

El 31 de octubre de 2021 surgió una controversia después de que vecinos y medios informaran que Barranzuela realizaba en su domicilio una fiesta por el Día de la Canción Criolla en medio de las restricciones por la pandemia de COVID-19, esto a pesar de que días antes Barranzuela prohibió las reuniones sociales para evitar nuevos contagios. El hecho fue reportado por los vecinos, quienes avisaran a las autoridades y la prensa sobre dicho acto captándose en el lugar al congresista Guillermo Bermejo y al abogado Ronald Atencio, quienes optaron por abandonar el sitio ante la llegada de la prensa. Los vecinos afirmaron que días antes se habían retirado vehículos del lugar y que Barranzuela había sido el único en no respetar la medida dispuesta sobre la pandemia. Debido al escándalo suscitado, Barranzuela negó que el acto fuera una fiesta, refiriendo que era una "reunión de trabajo". Sin embargo, debido a los cuestionamientos en su contra, Barranzuela renunció al cargo ministerial en noviembre del mismo año.

Gestión y destitución de Ciro Gálvez en el Ministerio de Cultura