miniaturadeimagen|300x300px|El Helicoide en Caracas, cárcel y sede Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), descrito como el centro de tortura más grande de América Latina. La tortura en Venezuela en el ha alcanzado niveles que no se veían desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la década de 1950. Durante la crisis en Venezuela, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Foro Penal han documentado actos de tortura y violencia contra opositores reales o percibidos del gobierno bolivariano, principalmente detenidos,Venezuela's Brutal Crime Crackdown: Executions, Machetes and 8,292 Deadpor parte de instituciones estatales como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Historia
Presidencia de Hugo Chávez En las observaciones del informe periódico de Venezuela de 2002 ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Comité consideró como positiva la entrada en vigora de la nueva constitución de 1999, al igual que la de la obligación constitucional de indemnizar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y la introducción de garantías fundamentales, incluyendo que las personas detenidas deban ser presentadas ante un juez antes de 48 horas y que no pueden ser sujeto a maltratos ni de incomunicación desde el momento del arresto. Sin embargo, concluyó que en Venezuela persistía la tortura a pesar de las disposiciones, y expresó su preocupación ante las denuncias de torturas y abuso de autoridad que demostraban la ineficacia de las disposiciones, al igual que la ausencia de investigaciones prontas e imparciales ante dichas denuncias.
El Comité le recomendó al gobierno venezolano adoptar medidas para institucionalizar el derecho de las víctimas de tortura a una indemnización adecuada, el establecimiento de programas dirigidos a sus rehabilitaciones y la aprobación de una ley para la prevención y la sanción de la tortura, entre otras recomendaciones y aquellas realizadas anteriormente.
En 2003, una civil y tres militares vinculados a los soldados sublevados en la Plaza Altamira durante el paro general de 2002 fueron asesinados. Zaida Peraza, de 28 años; Darwin Argüello, de 21; Ángel Salas, de 21, y Félix Pinto, de 22, fueron encontrados en dos lugares diferentes de las afueras de Caracas con signos de haber sido torturados, atados de pies y manos, habiendo sido asesinados con tiros de escopeta a corta distancia. El líder del grupo, el general Enrique Medina Gómez, declaró que varios testigos vieron cómo los militares, junto a dos mujeres que les acompañaban, fueron detenidos y obligados a abordar dos camionetas por hombres vestidos de negro y con las caras cubiertas con pasamontañas.
El 19 de septiembre de del mismo año, el estudiante de 30 años Jorge Rojas Riera fue detenido en la plaza por un grupo de agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) mientras participaba en una protesta. Fue trasladado a El Helicoide, y fue interrogado sobre otras personas que participaban en la manifestación, le inició una investigación por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Rojas fue torturado de diferentes maneras, incluyendo con puñetazos, patadas y culetazos, fue colgado de una cuerda desde sus manos, y fue asfixiado con bolsas plásticas.
Durante las protestas en Venezuela de 2004 relacionadas con el referéndum revocatorio del mismo, el 1 de marzo de 2004, la Guardia Nacional Bolivariana detuvo al director de orquesta Carlos Izcaray al ser testigo en una manifestación, pero no participar en ella. Fue torturado y amenazado de muerte durante su reclusión.
La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el 17 de diciembre de 2009 en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas. En enero de 2010, la fiscalía presentó cargos oficiales contra Afiuni por presuntas irregularidades en la liberación de Eligio Cedeño. El primero de julio de 2015 hizo declaraciones a la corte en donde describió la violación sexual a la que fue sometida en la cárcel a causa de la cual se le tuvo que hacer una histerectomía y reconstrucción de sus órganos sexuales y vejiga, aparte del compromiso de uno de sus senos el cual está necrosado en un 25% a causa de una patada dada con una bota militar por uno de sus custodias.Afiuni rompió el silencio y habló en el juicio
Protestas en Venezuela de 2014 miniaturadeimagen|250x250px|GNB confrontando a manifestantes de oposición. Durante las protestas en Venezuela de 2014, la ONG Foro Penal documentó 33 casos de torturas contra detenidos, afirmando que los abusos fueron «continuos y sistemáticos» y que las autoridades venezolanas eran «acusadas en general de golpear a los detenidos, en muchos casos fuertemente, y muchas personas han indicado que las fuerzas de seguridad les han robado, tomando sus teléfonos móviles, dinero y joyas». Estas torturas, algunas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, incluirían golpizas, descargas eléctricas, y asfixia, además de tortura psicológica. A los detenidos se les negaría el acceso a abogados y serían obligados a firmar un acta donde declararían que sí habían sido atendidos por abogados defensores. Amnistía Internacional corraboró esta información, indicando que la «tortura es común» por parte de las autoridades venezolanas en contra de los manifestantes.«Informe sobre Venezuela al Comité Contra la Tortura de la ONU» , artículo del 6 de noviembre de 2014 en el sitio web Amnistía.me. En un informe titulado Castigados por Protestar luego de una investigación realizada en marzo durante las protestas, Human Rights Watch dijo que aquellos que fueron detenidos por autoridades del gobierno fueron sujetos de "abusos físicos severos"; algunos de ellos incluían golpizas "a puñetazos, con cascos, y armas de fuego; descargas eléctricas o quemaduras; ser obligados a sentarse en cuclillas o arrodillarse, sin moverse, durante varias horas; ser enmanillados a otros detenidos, algunas veces en pares y en otras ocasiones en cadenas humanas de decenas de personas, durante varias horas; y exposición a largos periodos de calor o frío intenso". También reportó que "muchas víctimas y familiares con los que hablamos dijeron que ellos creían que podían ser víctimas de represalias por parte de la policía, miembros de la guardia o pandillas simpatizantes del Gobierno si reportaban los abusos".
En un caso, un grupo de jóvenes dijo que se estaban yendo de una protesta que se había puesto violenta, «los soldados rodearon el vehículo, rompieron las ventanas y lanzaron gas lacrimógeno adentro». Un hombre dijo que un soldado le «disparó con una escopeta a quemarropa» mientras estaba en el vehículo. Los hombres luego fueron «sacados del vehículo y golpeados violentamente», luego un soldado «aplastó sus manos con la culata de su escopeta, diciéndoles que era su castigo por lanzar piedras». El vehículo luego fue incendiado. Un manifestante dijo que mientras estaba detenido, los soldados «lo patearon una y otra vez». Los manifestantes con los que estaban «fueron esposados juntos, amenazados con un perro de ataque, obligados a mantenerse arrodillados por largos periodos de tiempo, golpeados y rociados con aerosol de pimienta». El manifestante luego dijo que fue «golpeado tan fuerte con el casco de un soldado que lo escucho romperse». Una mujer también dijo que estaba con su hija cuando «fueron recogidas por soldados de la Guardia Nacional, llevadas junto a seis otras mujeres a un puesto militar y entregadas a soldados mujeres». Las mujeres luego dijeron que «los soldados las golpearon, patearon y amenazaron con matarlas». Las mujeres también dijeron que los soldados amenazaron con violarlas, cortaron sus cabellos y «fueron dejadas en libertad sólo después de hacerlas firmar un documento indicando que no habían sido maltratadas».
Estudiantes manifestantes fueron torturados por fuerzas del gobierno para obligarlos a admitir su participación en un plan conjunto con individuos extranjeros para derrocar al gobierno venezolano. Adicional a las torturas, estudiantes han denunciado que han sido víctimas de abuso sexual por parte de la Guardia Nacional Bolivariana; Foro Penal denunció que en Carabobo habrían sido torturados durante cinco horas, arrodillados mientras se encontraban recluidos por las autoridades, el representante relata que todos los estudiantes fueron sodomizados con un fusil automático.Los guardias nos decían que nos íbamos a morir y nunca aparecerGravísima denuncia: Con un fusil soldados violaron a estudiante en Carabobo Relatan que posterior al hecho debieron ser "limpiados con un trapo de gasolina debido a la cantidad de sangre causadas por las heridas".Denuncian una violación sexual contra un detenido en Venezuela Adicionalmente, destaca el caso de Juan Manuel Carrasco, golpeado y violado sexualmente por funcionarios de la GNB, quien según pruebas forenses realizadas posteriores al hecho corroboran la violación, desmintiendo a la fiscal general.Joven venezolano ratificó que la policía lo violó con un fusilLos militares venezolanos me violaron con el cañón de un fusil
El director del Foro Penal , Alfredo Romero, pidió tanto a la oposición como al gobierno venezolano que presten atención a los llamados sobre las violaciones a los derechos humanos que no habían sido escuchados. También infrmó que una mujer había sido torturada con descargas eléctricas en sus pechos. El Foro Penal Venezolano afirmó que los estudiantes, tras ser arrestados, eran torturados con descargas eléctricas, golpizas y amenazados con ser quemados vivos luego de ser empapados de gasolina.
La Fiscalía General de Venezuela reportó que estaba realizando, 145 investigaciones relacionadas con abusos de los derechos humanos y que 17 oficiales de seguridad habían sido detenidos en relación con estos hechos. El presidente Maduro y otros funcionarios gubernamentales aceptaron que han ocurrido abusos a los derechos humanos, pero dijo que se trataba de casos aislados y no de un patrón sistemático.«Fiscal Ortega: "En Venezuela no existen presos políticos"», video en el sitio web YouTube. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, habla con el periodista Ismael Cala acerca de las personas detenidas durante las manifestaciones en Venezuela. Cuando los partidos de oposición pidieron un debate sobre la tortura en la Asamblea Nacional de Venezuela, el gobierno venezolano se opuso, acusando de violencia a la oposición diciendo, «los violentos no somos nosotros, los violentos están en un grupo de la oposición».