La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es una norma jurídica mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. Su objetivo es la protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas considerados parte del patrimonio arqueológico, artístico e histórico de la Nación.
Contexto histórico Antes de su promulgación existían disposiciones dispersas y limitadas en leyes de la primera mitad del , como la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos de 1934 y reformas parciales de los años cuarenta. Sin embargo, el auge de la construcción, la urbanización y el incremento del tráfico ilícito de piezas arqueológicas durante las décadas de 1950 y 1960 hicieron evidente la necesidad de un marco más sólido y homogéneo. México, además, había suscrito convenios internacionales en materia de patrimonio cultural y buscaba alinearse con las recomendaciones de la UNESCO.
Elaboración y aprobación La iniciativa fue promovida desde el Poder Ejecutivo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). Fue dictaminada en comisiones y aprobada por el Congreso de la Unión en 1972. Su entrada en vigor supuso la derogación de normas anteriores y la unificación de criterios en materia de patrimonio cultural.
Contenido principal La Ley establece que: Son propiedad de la Nación todos los monumentos y vestigios arqueológicos, cualquiera que sea su ubicación. El INAH es responsable de los monumentos y zonas arqueológicas e históricas; el INBA de los monumentos artísticos. Se regula la exportación, restauración y comercialización de bienes culturales. Se contemplan sanciones penales y administrativas contra el saqueo, daño o tráfico ilícito de patrimonio. Se faculta al Ejecutivo Federal a declarar Zonas de Monumentos Arqueológicos, Históricos o Artísticos.
Consecuencias y aplicación La Ley ha sido fundamental en la consolidación de la política patrimonial mexicana. Desde su promulgación se han emitido numerosos decretos presidenciales que han declarado zonas de monumentos (como el centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco en 1980 o la Zona de Monumentos Históricos de Guanajuato en 1982).
Asimismo, ha servido de base para la cooperación con organismos internacionales, especialmente en el marco de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972. También ha sido el instrumento jurídico que respalda la actuación del INAH en casos de rescates arqueológicos y del INBA en la catalogación de obras artísticas contemporáneas con valor excepcional.
Referencias
Categoría:Leyes de México