El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer o DEMUS es una organización feminista peruana fundada el 15 de diciembre de 1988 en la ciudad de Lima. Entre sus roles están la protección de los derechos humanos con énfasis en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas.
Al 2025 acompañan la defensa legal, contra el Estado peruano, del primer caso de esterilizaciones forzadas en llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Historia
En 1987, un grupo de jóvenes abogadas de la organización feminista Flora Tristán se unieron para trabajar con mujeres de barrios populares de la capital peruana desde un enfoque crítico del derecho frente a un sistema machista y patriarcal debido a la falta de abordaje sobre la violencia contra la mujer. En ese momento hubo una gran demanda de servicios por lo que DEMUS inicia la primera línea de atención telefónica para víctimas de violencia de género como investigaciones, talleres y otras actividades de prevención primaria en un contexto de políticas públicas sobre violencia de género limitadas. Durante ese periodo también formaron parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) nacional junto con otras organizaciones feministas como el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Desde la década de los 90 han desarrollados programas de orientación legal y psicológica gratuita en colaboración con profesionales voluntarios para abordar las problemáticas desde distintos ángulos. Para el año 2024 el apoyo llegó a ser de 45 voluntarias y al 2025 cuenta con más de 50 voluntarias. Además han promovido un grupo de autoayuda, donde las propias mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar se apoyan unas a otras y trabajan en su autoestima.
Casos emblemáticos Caso Manta
Nueve mujeres de Huancavelica denunciaron a 13 militares peruanos por delitos de violencia sexual, hechos sucedidos durante la década del 80, en el Conflicto Armado Interno. La relevancia del caso es social y jurídica debido a que es el tercer juicio en toda Latinoamérica que aborda la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en contexto de conflicto y constituye parte de la memoria histórica del país.
Esterilizaciones forzadas
El caso de esterilizaciones forzadas se atribuye al periodo de gobierno de Alberto Fujimori en cual se ejecutó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000. La Defensoría del Pueblo ha constado que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías entre 1996 y 2001, a personas en situación de pobreza, hablantes de lenguas originarias y de zonas rurales, posiblemente efectuadas mediante engaños y coacciones. Frente a ello, más de 2.000 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalló que debido al alto número de esterilizaciones realizadas el número de víctimas puede ser significativo.
DEMUS ha asumido este caso como suyo representando legalmente a los familiares de la fallecida Celia Ramos y Victoria Vigo, dos de las víctimas. Las representantes han pedido un análisis minucioso del caso y se tome en cuenta todas las pruebas entregadas, así como las voces de las mujeres de diversas partes del Perú que también fueron víctimas. No obstante, en el último año debido a la promulgación de la conocida como Ley Anti ONG se han producido trabas para el desarrollo de la defensa por lo que en mayo del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado peruano a garantizar que la organización represente a las víctimas de esterilizaciones forzadas sin ser sancionada.
Referencias
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