alt=Imagen del edificio del Penal de Libertad|miniaturadeimagen|Unidad Nº 3 - San José (Penal de Libertad). En varios de sus celdarios existen tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los detenidos.El encarcelamiento en Uruguay cuenta con una de las tasas más altas de América Latina y desde 2010 se ha decretado el estado de emergencia carcelaria debido a las condiciones de los centros de reclusión, las cuales no han podido ser revertidas. El grado de hacinamiento, la falta de atención en salud, la falta de oportunidades de rehabilitación e integración social, se constituyen en una situación de clara violación de los Derechos Humanos.
Órgano competente El órgano rector para la planificación, elaboración y gestión de las políticas públicas en materia carcelaria es el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que fue creado en 2010 y está integrado por 26 unidades o establecimientos penitenciarios y un Centro de Ingreso Diagnóstico y Derivación (CIDD) para todo el territorio del Uruguay, el INR cuenta además con un Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen) y una Dirección de Medidas Alternativas (DINAMA).
Los cometidos del INR son la organización y gestión de las instituciones penitenciarias bajo su jurisdicción, la rehabilitación de procesados y penados y la administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad.
El INR depende del Ministerio del Interior.
Tasa de encarcelamiento
Tasa de encarcelamiento en América del Sur (cantidad de presos por cada 100 mil habitantes)LugarPaísTasaMapa coropléctico1Uruguay4492Brasil4163Chile3284Guyana Francesa3215Perú2996Guyana2887Argentina2848Paraguay2599Bolivia25210Colombia20011Venezuela19912Ecuador19513Surinam134 En 2025 la población penitenciaria en el país supera las 16 000 personas, alcanzando una tasa de encarcelamiento de 445 c/100 000 habitantes. Estas cifras muestran que Uruguay tiene la tasa más alta de América del Sur y una de las más altas del continente americano, por encima de países como El Salvador, Colombia, México o Venezuela. Se ubica en el puesto 13 a escala mundial; la población carcelaria uruguaya triplica la tasa media mundial de encarcelamiento.
Mientras que en 2002 Uruguay contaba con una población carcelaria de alrededor de 5 000 personas privadas de libertad, en las dos décadas siguientes esta cifra se ha triplicado, con un crecimiento anual cercano al 10 %. Luego de una secuencia de 6 años consecutivos con un crecimiento del orden de 1 000 personas presas cada año se ha llegado al colapso del sistema, con una población que con el tiempo seguirá creciendo, debido al aumento de penas, a la estrategia de la política criminal de focalización en la persecución de los delitos callejeros, al reforzamiento de la presencia policial de choque y dispositivos de saturación de los barrios popularesy a la ausencia de un modelo con menos encarcelamiento, mayor eficiencia socioeducativa en la privación de libertad y fortalecimiento de los mecanismos alternativos, con más oportunidades de trabajo pospenitenciario.
El aumento de la tasa de encarcelamiento tuvo un comportamiento similar, pasando de 290 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes en el año 2018, a 445 en 2024.
Particularmente destacable es el aumento de las mujeres privadas de libertad, que pasó de 469 en 2018 a 1302 en 2024, un crecimiento del 277 %. Las mujeres continúan siendo una minoría clara dentro de la población penitenciaria, pero su peso relativo va creciendo año a año. En el año 2018 las mujeres representaban el 4,6 % de la población privada de libertad. Los datos de 2024 indican que las mujeres superan el 8 % de la población privada de libertad.
El Servicio Paz y Justicia Uruguay ha afirmado que desde 1995 se observa en Uruguay la existencia de populismo punitivo aprobando año tras año la creación de nuevos delitos y el aumento de penas a conductas ya tipificadas.
Situación procesal La proporción de personas privadas de libertad sin condena ha seguido una tendencia descendente desde la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal (2017). Durante 2024 el porcentaje promedio de personas sin condena fue del 6 % de la población recluida, representando una nueva disminución en comparación al año previo.
Perfil de las personas privadas de libertad El 33 % de las personas recluidas son menores de 28 años y casi 75 % son menores de 38 años, mientras que apenas el 3,1 % del total tiene 58 años o más. El 91,5 % son hombres.
Según un estudio publicado en 2025, el 46 % de las personas privadas de libertad es incapaz de valerse de la lectura, la escritura y la aritmética para su desarrollo personal y social. El estudio, realizado entre septiembre y diciembre de 2024 en 15 cárceles del país, mostró que de los 1 803 participantes, 763 (42,3 %) eran analfabetos funcionales, y 66 (3,7 %), analfabetos absolutos. Uruguay tiene tasa de analfabetismo del 1,7 % en mayores de 15 años.
El escaso nivel educativo formal es otra característica relevante. El 50,7 % de la población carcelaria tiene educación primaria como máximo nivel alcanzado. Solo el 10 % tiene el ciclo básico de educación secundaria completo y el 2,7 % finalizó el bachillerato. El 2,8 % alcanzó la educación universitaria. Estos datos contrastan con los de nivel nacional: en mayores a 25 años, el 27,5 % tiene educación primaria como máximo nivel, y el 25 % alcanzó educación universitaria.
En cuanto a su situación procesal, durante 2023 el porcentaje promedio de personas sin condena fue del 7,8 % de la población recluida, manteniendo una tendencia decreciente desde la incorporación del nuevo Código de Proceso Penal.
Condiciones de reclusión El informe 2023 del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, menciona varios centros de reclusión (un 43 % del total) donde se configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes, que rompen con las Reglas Mandela y con la propia Constitución del Uruguay que en su art. 26 establece el principio rector de que las cárceles «en ningún caso se permitirá que sirvan para mortificar» y que la finalidad de las mismas, tanto para procesados como para penados, es la «reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito».
En 2022 se llevó adelante la Sexta Revisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Uruguay, evaluando el cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego de la evaluación, el Comité realizó las siguientes observaciones referidas al tratamiento de las personas privadas de libertad en Uruguay:
El Informe Anual 2025/26 de Amnistía Internacional, en su capítulo ampliado sobre Uruguay indica que se tiene una tasa de 32 personas por cada funcionario policial, 63 por cada operador penitenciario y 157 por cada técnico, cuando el estándar internacional es de tres personas privadas de libertad por cada funcionario de trato directo.
Hacinamiento La tasa de hacinamiento es crítica en muchos de los centros. El hacinamiento, las carencias estructurales y de recursos, hacen que las condiciones de vida de muchas cárceles sean inhumanas. Un caso grave es el módulo 11 de la Cárcel de Santiago Vázquez llega a tener celdas para cuatro personas donde están alojados diez o incluso once reclusos. En dicha cárcel la tasa de hacinamiento llega al 173 %.
El informe 2023 del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario incluye un cuadro con la densidad de la población penitenciaria según plazas nominales que promedia el 120 % en el país pero supera el 170 % en varios centros. Menciona la existencia de celdas con más de 10 personas, concebidas para 4 o 6 en algunos casos, lo cual «bloquea los programas de tratamiento y actividades (...) aumentan las tensiones, abusos y violencias entre las personas presas y también el desborde de los funcionarios, lo que genera situaciones de violencia institucional (...) aumentan las conductas ilegales de todos, generándose espacios de ilegalidad donde aparece la corrupción también como estrategia de supervivencia y de falsa “solución” a necesidades o pedidos ilegales.»
El alto crecimiento en el encarcelamiento de mujeres, con una sobrerrepresentación de personas sin antecedentes penales previos (primarias) no ha sido acompañado con el correspondiente crecimiento de plazas, lo cual ha llevado a identificar índices de hacinamiento de 190 % (se considera como crítico cuando la densidad es mayor a 120 %). Hay unidades penitenciarias donde casi sin excepción existe a razón de un colchón cada 2 mujeres y en caso de decidir dormir en forma individual, deben hacerlo en el piso.
Según el Comisionado Parlamentario, el hacinamiento en buena parte del sistema no parece ser un problema de falta de construcción de plazas. La situación de hacinamiento crítica que tiene el sistema desde hace años se debe más bien a una combinación de un déficit de inversión en políticas de rehabilitación, unido a carencias en la promoción de políticas de alternativas al encarcelamiento. La construcción de plazas no es un camino de solución de la problemática. Se requiere transformar el sistema hacia un modelo de menos prisionización, mayor eficiencia socioeducativa en la privación de libertad y fortalecimiento de los mecanismos alternativos, de trabajo pospenitenciario y de reforma institucional planteados.
Actividades recreativas El 56 % de las personas privadas de libertad del país no accede a una hora de patio al aire libre por día. En el principal centro de reclusión para mujeres se han constatado situaciones de aislamiento y de aislamiento prolongado empleado de manera regular, en algunos casos por extenso período.
Atención en salud El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, afirmó en noviembre de 2024 que mueren promedialmente entre 15 y 25 presos al año por omisión de asistencia, y que el organismo prestador de salud pública Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no respondió los pedidos de informe solicitados.
En 2024 un estudio realizado a partir del convenio firmado entre el Ministerio del Interior, la Universidad de la República y la asociación civil Nada Crece a la Sombra reveló que el 24 % de la población carcelaria femenina nunca se había realizado un Papanicolaou, ni otro estudio ginecológico. Esa situación no se explica sólo por la falta de acceso a la atención durante el tiempo de reclusión. En esta población, con una media de edad de 35 años y una media de reclusión de 28 meses, no tener una evaluación previa a la reclusión podría evidenciar mayores dificultades de acceso a la atención, posiblemente multifactoriales. La reclusión, tal como se concibe hoy, parece consolidar esas inequidades previas.
Consumo problemático Según un informe de 2024 de la Junta Nacional de Drogas:
Oportunidades de rehabilitación e integración social A inicios de 2025 el Plan Nacional de Educación en Cárceles, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura informa que participa en propuestas educativas en 11 unidades penitenciarias, ubicadas en 10 departamentos y desarrolladas por 46 educadores.
En la Unidad N.º4 Santiago Vázquez (ex COMCAR) funciona desde el 2024 un centro educativo de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Este centro se suma a la escuela, el liceo y la universidad que ya existen en el establecimiento carcelario. La Udelar se encuentra presente con un Centro Universitario desde el 29 de mayo de 2023, como parte de un convenio que se firmó entre el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Universidad de la República (Udelar). En esta prisión hay un total de 4 826 privados de libertad, de los cuales 772 que ya se encuentran cursando estudios formales y 315 no formales. Además, hay 1 352 reclusos que trabajan.