El caso Koldo, caso Ábalos o caso mascarillas, es un caso de corrupción política en España que afecta a cargos del Gobierno de España y al Partido Socialista Obrero Español, incluidos José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y secretario de organización del PSOE (2017-2021); a Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE (2021-2025); y a Koldo García Izaguirre, asesor político del primero.
Tiene origen en la investigación, llamada Operación Delorme, realizada por la Fiscalía y la Guardia Civil a Koldo y otras diez personas más por estar implicados en una presunta trama de sobornos en la venta de mascarillas durante la pandemia del COVID-19 en España. La trama también salpica a diversos ministerios como el de Transportes, Sanidad e Interior y los gobiernos autonómicos de las Islas Baleares y Canarias, gobernados en aquel periodo por socialistas.
El nombre de la investigación hace referencia al apellido del médico francés Charles de Lorme, pionero en el uso de la mascarilla entre el personal médico para evitar la transmisión de enfermedades.
Tras el desarrollo de la instrucción del caso, los magistrados han creado piezas separadas en el caso para también abarcar multitudes de amaños de contratos de obras públicas por todo el país. Además, Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la considera en el informe del 8 de octubre de 2024 que el caso tendría ramificaciones a su vez en el caso Begoña Gómez o el escándalo del Delcygate.
Inicios El Ministerio Fiscal abrió una investigación en abril de 2022 contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., la firma beneficiaria de los contratos, a raíz de una denuncia interpuesta por el Partido Popular de Madrid en marzo de 2022.
Esta comprobó que la compañía Soluciones de Gestión firmó seis contratos sospechosos con la administración pública por la venta de material sanitario durante la pandemia del Covid, los cuales no se otorgaron por licitación sino por el procedimiento de urgencia:
El primero (21 de marzo de 2020) fue adjudicado por la presidencia de Puertos del Estado —dependiente del Ministerio de Transportes—, por importe de 24,2 millones de euros para la adquisición de ocho millones de mascarillas. El segundo (27 de marzo de 2020) adjudicado por Adif, también dependiente del Ministerio de Transportes, por 12,5 millones de euros, por cinco millones de mascarillas. El tercero (20 de abril de 2020), a la Secretaría de Estado de Seguridad —dependiente del Ministerio del Interior—, por un importe de 3,5 millones de euros, por suministro de material sanitario. El cuarto (22 de abril de 2020), adjudicado por el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Salud, por un importe de 7,3 millones de euros, por suministro de mascarillas. El quinto (4 de mayo de 2020), adjudicado de nuevo por el Servicio Canario de Salud, por un importe de 5 millones de euros, por suministro de mascarillas. Y el sexto (8 de mayo de 2020), adjudicado por el Gobierno de las Islas Baleares a través del Servicio de Salud de las Islas Baleares, por un importe de 3,7 millones de euros, por suministro de mascarillas.
La empresa facturó 54 millones de euros en, al menos, ocho contratos sanitarios durante la pandemia, obteniendo un beneficio de 17 millones de euros. Dicha empresa consiguió contratos de, al menos, tres ministerios –Interior, Sanidad y Transportes–, y de dos comunidades gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –Canarias y Baleares–. Este entramado acababa en una sofisticada red de sociedades en Luxemburgo y una empresa brasileña: Suro Capital Brasil Participacoes LTDA, a través de una cuenta en la entidad financiera Banco Itau BBA. Con ello, y según la investigación, se pretendía dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero.
Anteriormente, en 2020, el abogado aragonés Ramiro Grau Morancho había alertado por carta en seis ocasiones a la Presidencia del Gobierno de la situación de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., que parecía haberse convertido en proveedor exclusivo de material sanitario del Ministerio de Transportes, pese a no tener experiencia en este tipo de operaciones. Grau también denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, que desestimó la querella.
Investigación en la Audiencia Nacional El 6 de septiembre de 2023, la Fiscalía Anticorrupción se querella contra siete personas en la Audiencia Nacional, entre ellas Koldo García, exasesor personal del ministro de Transportes José Luis Ábalos entre 2018 y 2021, asumiendo la causa el juez Ismael Moreno Chamarro, del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional.
Primeras detenciones El 21 de febrero de 2024, la Guardia Civil detiene a 20 personas, entre ellas Koldo García y su mujer Patricia Úriz —detenidos en su domicilio en Alicante—, acusando al primero de aprovecharse de sus relaciones personales con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE para conseguir contratos para la empresa Soluciones de Gestión, recibiendo de esta comisiones en metálico en contraprestación. Además, la Fiscalía Anticorrupción señala que Koldo García casi cuadruplicó los ingresos en efectivo y aumentó notablemente su patrimonio en el periodo 2020-2022, con la adquisición de diversos bienes inmuebles —entre otros, tres pisos en Benidorm—, cuyo valor podría alcanzar un millón y medio de euros. Koldo utilizó a terceras personas, próximas a su círculo familiar, para ocultar o dificultar el rastro de los bienes.
Las otras dieciocho personas más detenidas el mismo día por la Guardia Civil, catorce quedaron en libertad el mismo día 21 tras declarar ante la UCO, y otras cuatro fueron puestas en libertad el día 22, tras pasar a disposición judicial. Además, se realizaron veintiséis registros domiciliarios y requerimientos en ocho provincias. Entre los detenidos se encuentra un hermano de Koldo, Joseba García, el cual, la Fiscalía Anticorrupción determina que multiplicó por veintisiete los ingresos en metálico.
El 22 de febrero, el juez instructor Ismael Moreno dejó en libertad a Koldo García, que se negó a declarar.
Traslado del caso a la Fiscalía Europea Tras tener conocimiento de que en junio de 2023, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón informó a los fiscales delegados europeos, a través de un decreto, las posibles irregularidades en varios contratos de compras de mascarillas suscritos por los gobiernos de Canarias —presidido por el socialista Ángel Víctor Torres— y Baleares —presidido por la también socialista Francina Armengol— en 2020 y el avance de la causa del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, el grupo Ciudadanos en el Parlamento Europeo presentó un escrito ante Codruța Kövesi, fiscal jefe de la Fiscalía Europea, para denunciar el presunto uso ilícito de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en la compra material sanitario en las etapas iniciales de la pandemia (2020) a través de los mecanismos Response Investment Initiative (CRII), Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+) y el paquete ReactEU que la Unión Europea facilitó a España y a otros Estados miembros.
El 26 de febrero de 2024, el juez Ismael Moreno ordenó que se entregara a la Fiscalía Europea una copia de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, junto con un informe relativo a las adjudicaciones de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., tras la reclamación que cursada por la Fiscalía Europea y el levantamiento el secreto de las actuaciones.
Mientras tanto, el Juzgado Central de Instrucción continuó investigando los órganos de los ministerios de Transportes e Interior. El 28 de febrero de 2024 declara el presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, quien pudo obtener un beneficio superior a los seis millones con los contratos.
El 4 de marzo de 2024, la Fiscalía Europea comunicó la puesta en marcha la investigación sobre la compra de mascarillas por parte de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Siendo el juez Manuel García-Castellón —titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional— nombrado juez de garantías en la investigación abierta por la Fiscalía Europea. Aunque el juez español se haría cargo de las diligencias secretas de la Fiscalía de la Unión Europea centradas en las adjudicaciones realizadas por vía directa y trámite de urgencia por parte de los gobiernos de los socialistas de Torres y de Armengol en los momentos más duros de la pandemia del Covid a la compañía Soluciones de Gestión, serían los fiscales europeos quienes dirigieran la investigación.
El 14 de marzo de 2024, Johanes Hahn, comisario europeo de Presupuesto y Asuntos Administrativos de la Unión Europea, señaló la preocupación que el caso Koldo estaba generando en Bruselas, ya que podrían verse implicados fondos de la Unión Europea. Hahn advirtió que serán muy rigurosos con la investigación, con el fin de proteger a los contribuyentes europeos. Por su parte, Mónica Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, solicitó al gobierno español que colaborase con la Fiscalía Europea y garantizase una cooperación total para esclarecer los hechos y encontrar a los culpables.
Por otro lado, los contratos con la administración autonómica balear también mancharon el nombre del PP Balear, ya que, tras la llegada al poder en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, la inacción del nuevo Gobierno de las Islas Baleares hizo que el expediente de reclamación del importe de las mascarillas defectuosas de la trama caducase. Según los populares, lo decidieron debido a que el expediente estaba «abocado al fracaso», considerando más óptimo declarar la nulidad del contrato, aunque, los socialistas baleares pidieron la dimisión de la consejera de Salud, Manuela García, y del director de IBSalut, Javier Ureña.
Los días 9 y 10 de abril de 2024, a través de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la Fiscalía Europea incautó diversa documentación sobre la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, por parte de los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. Se corroboró que la compra de mascarillas a dicha empresa se efectuó por 3,7 millones de euros por parte del gobierno balear, y 12 millones por parte del gobierno canario. La Fiscalía Europea sospechó de irregularidades en compras de material sanitario por casi 32 millones de euros, entre ellas, en el llamado primer caso mascarillas, por el que se abonaron por adelantado dos pagos de dos millones de euros cada uno para pagar, a una empresa no sanitaria, un millón de mascarillas que nunca se recibieron.
En junio de 2024, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al instructor del caso, el juez Ismael Moreno, la petición al Tribunal Supremo de que la Fiscalía Europea no se quedase con la totalidad de la investigación sobre los contratos Covid concedidos a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., sino sólo a los que afectan a los fondos europeos.
Retorno de la mayoría del caso a la Audiencia Nacional En un auto del día 26 de julio de 2024, el Tribunal Supremo dejó, a excepción de una línea de investigación en torno al Servicio Canario de Salud y al Servicio de Salud de las Islas Baleares, el resto del caso en la Audiencia Nacional argumentando que los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados.