thumb|300px|Escuela en España antes de 1936. Una maestra entre sus alumnos. El proceso de depuración del magisterio español realizado por el bando sublevado tras el golpe de Estado en España de julio de 1936 se inició prácticamente el 18 de julio, al comienzo de la Guerra civil, pero no fue legalmente establecido hasta la publicación del Decreto del 8 de noviembre de 1936. Anteriormente a la publicación del decreto, la purga fue llevada por las autoridades académicas de cada distrito universitario, siguiendo las directrices de la autoridad militar y civil de cada provincia, quienes redactaban las primeras listas de maestros sancionadas, para después hacerlas públicas en cada uno de los B.O.P. Esta primera depuración puede considerarse como una purga militar, no solamente por haber sido decidida por los estamentos militares provinciales, sino porque estaba sujeta a la legislación castrense de urgencia. Posteriormente, cuando se constituye el Ministerio de Educación Nacional, la depuración entra en una segunda fase; a partir de este momento la depuración se regula por un cuerpo de leyes y normas establecidas como desarrollo del Decreto 108, y el control de la depuración pasa de las manos militares a convertirse en una competencia del Ministerio de Educación, que paulatinamente va estableciendo una serie de organismos estatales, creados específicamente para gestionar el enorme volumen de trabajo administrativo que la depuración estaba creando. Entre los organismos estatales más importantes estaban las distintas Comisiones Depuradoras Provinciales, formadas por funcionarios ya depurados del ministerio franquista.
Como presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza encargada de la elaboración de este Decreto 66 se encontraba el escritor José María Pemán, de la Asociación Católica de Propagandistas. Sin embargo, este se centrará en la realización de labores propagandísticas para el bando rebelde durante la Guerra, por lo que el control de facto de dicho departamento quedó en manos de Enrique Suñer Ordóñez, vicepresidente, quien estaba «obsesionado con el presunto daño que los intelectuales progresistas habían causado a España». Así pues, Suñer es considerado el principal responsable de este decreto que estipuló los criterios básicos en el proceso de depuración de educadores y docentes.
El Decreto del 8 de noviembre requiere especial atención, ya que a partir del mismo, el proceso de depuración toma cuerpo legal, y se sientan las bases y los principios de la depuración. A través de este decreto se justifica que el magisterio durante la Segunda República estuvo en manos inapropiadas, por lo cual era necesaria una revisión de la instrucción pública, para poder extirpar las supuestas falsas doctrinas arraigadas durante el periodo republicano (relativismo, laicismo, etc.). Las bibliotecas públicas y privadas también sufrieron el proceso de depuración, para el cual se constituyeron comisiones depuradoras específicas. Especialmente intensa fue la depuración que se produjo con los libros de texto escolares: periódicamente los distintos boletines provinciales hacían pública la relación de libros de texto autorizados por las autoridades educativas franquistas. La depuración afectó a todos los maestros, desde la enseñanza pública a la privada, incluyendo también a la religiosa, desde la primaria hasta la universidad, y por supuesto a las Escuelas Normales.Enseñanza republicana vs enseñanza franquista: la represión del magisterio
Como punto de partida de dicha «caza de brujas», puede consultarse el Boletín Oficial del Estado número 27 de 11 de noviembre de 1936, página 153, donde aparece el texto del Decreto 66 que regula la depuración del personal docente.Ver en enlaces externos al pie de esta página, el vínculo en Wikisource.
Antecedentes: la educación en la Segunda República Española
thumb|Francisco Giner de los Ríos fue un pedagogo, filósofo y ensayista español, creador y director de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), impulsó también el Museo Pedagógico Nacional (1882-1941), la Junta para Ampliación de Estudios (1907-1938), la Residencia de Estudiantes (1910-1939), las Misiones Pedagógicas (1931-1937) o las Colonias Escolares. Tras la guerra civil española, la obra de Giner en general, y la ILE en particular, fueron condenadas por el régimen de Franco dentro del proceso de depuración del magisterio español.
Durante la Segunda República, se había llevado a cabo un conjunto de reformas que tenían como objetivo mejorar la calidad del sistema educativo y dignificar las tareas docentes de los maestros: se introdujo la coeducación y la enseñanza laica, se pusieron en marcha proyectos de modernización pedagógica, se crearon las cantinas y los comedores escolares, se dotaron los centros de gran número de bibliotecas escolares y aumentó notablemente el número de escuelas. Por otro lado, la Iglesia quedó desbancada del sistema educativo, ya no era considerada como un agente socializador; en la Constitución de 1931 se estableció que España era un país aconfesional y que la escuela sería laica, con lo que se consiguió arrebatar a la Iglesia la hegemonía en el sistema educativo, limitándose en consecuencia su capacidad de influencia social. Se suprimió la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, basándose en la libertad religiosa y la libertad de conciencia del niño y del maestro.
La depuración El levantamiento militar y el golpe de Estado de julio de 1936, que provocaría la Guerra civil española, daría inmediatamente paso a las primeras fases de la depuración franquista, que de manera progresiva (y a medida que se iban arrebatando territorios fieles a la República), no solo se aplicó a los docentes en ejercicio, fueran estos funcionarios con plaza o interinos, sino también a los alumnos que cursaban sus estudios en las escuelas de formación del Magisterio, o Escuelas Normales. Todo el alumnado fue sometido a la realización de un expediente depurador, incluidos los alumnos en prácticas que ya habían terminado sus estudios en las Escuelas Normales.
En el contexto de la depuración de los funcionarios de todas las administraciones llevada a cabo por el bando sublevado, posiblemente el colectivo que fue objeto de una depuración más dura y exhaustiva fue el cuerpo de maestros nacionales a los que un decreto del 10 de diciembre de 1936 les advertía que «no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar, a los envenenadores del alma popular». Muchos de ellos, además, fueron asesinados. «La finalidad de la depuración era inicialmente la destrucción de la obra escolar republicana, acabar con el laicismo, la coeducación, la organización democrática de la enseñanza y el espíritu de innovación pedagógica», afirma Santiago Vega Sombría. En su lugar se proponían implantar una educación reaccionaria, antiliberal, agresivamente nacionalista española y ultracatólica. La depuración de los maestros ―a los que se hacía responsables de la «caótica» situación de España― y de los enseñantes en general, se reguló en el Decreto 66 de 8 de noviembre de 1936 (aunque las depuraciones habían comenzado mucho antes por orden de las autoridades militares), en cuyo preámbulo se decía lo siguiente:
En la Circular de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado dirigida a los miembros de las Comisiones Depuradoras de 7 de diciembre de 1936, firmada por José María Pemán, se les decía, después de culpar de todo los males a la Institución Libre de Enseñanza, que «es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal».
La depuración fue un proceso gubernamental, de profundas consecuencias sociales y culturales, para desmantelar la obra educativa republicana, caracterizada por el laicismo, la coeducación y la introducción de nuevos métodos pedagógicos. La tarea, a partir de 1939, fue encomendada a tribunales designados por la Comisión Superior Dictaminadora, y se desarrolló entre 1940 y 1945. Algunos estudios amplían la fecha de finalización del proceso depurador hasta 1956, año en el que todavía se tramitaban las solicitudes de algunos expedientes de revisión de sanciones.
Ya en el siglo , un estudio de José Pedro Marín García de Robles y Álvaro Moreno Egido para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, describe así el proceso de depuración:
En total, los especialistas calculan que «se sancionó aproximadamente entre un 25% y un 30% de los docentes depurados.En el estudio de Sanchidrián Blanco, Grana Gil y Martín Zúñiga se explica que «Las acusaciones más reiteradas en los «Pliegos de cargo» emitidos por las «Comisiones de depuración» eran las de carácter político y, en especial, aquellas que relacionaban al profesorado con ideologías de izquierdas, no existiendo diferencias significativas en este aspecto entre profesoras y profesores. Analizados los 341 pliegos de cargos encontrados (306 profesores y 35 profesoras), el 52,49% de las acusaciones se referían a la pertenencia a partidos políticos de izquierdas (socialistas, comunistas, izquierda republicana, etc.) mientras que las restantes (pertenecer a la Institución Libre de Enseñanza, ser masón, afiliado a partidos nacionalistas, ostentar cargos políticos durante la República, no profesar la religión católica...) tuvieron escasa incidencia, salvo la de no presentarse al proceso de depuración (19,06% de los cargos) que directamente implicaba la separación definitiva del cuerpo con baja en el escalafón.» Todo ello es una indudable muestra de la importancia que el magisterio iba a tener para el nuevo régimen como elemento fundamental para su consolidación». El nuevo gobierno, la que se afirmará luego como dictadura de Francisco Franco, no necesitaba un cuerpo docente ‘preparado en pedagogía aplicada’, sino una división al servicio del poder, puesto que «las Escuelas de la Nueva España han de ser continuación ideal de las trincheras de hoy; han de recoger su espíritu exaltado y juvenil y han de prolongar en el futuro de esta Guerra de ahora en la que combaten más que enemigos circunstanciales, poderes siempre vigilantes y permanentes como el Mal mismo.» Lógicamente, el modelo previsto por el nuevo gobierno tenía unos objetivos, si no antagónicos, muy diferentes.
La depuración alcanzó a docentes, alumnos, libros de texto y bibliotecas escolares, aunque la intención fundamental de las nuevas autoridades se dirigió a la depuración del personal docente perteneciente a la II República.
Las comisiones depuradoras miniatura|300px|Archivo General de la Administración. AGA. Alcalá de Henares. Mediante el decreto mencionado anteriormente se crearon comisiones con carácter temporal, encargadas de realizar la depuración en los distintos sectores de todo el personal docente: La Comisión A, referente al personal de las Universidades, la Comisión B, encargada del profesorado de las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería, y las Escuelas de Comercio la Comisión C, encargada del personal de los Institutos de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales de Magisterio, Escuelas de Comercio, Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Trabajo, Inspecciones de Primera Enseñanza y todo aquel personal del Ministerio de Instrucción Pública no incluido en cualquiera de las demás Comisiones Depuradoras. El plazo fijado para finalizar sus actuaciones era de un mes. la Comisión D, encargada de todo el personal del Magisterio, incluyendo maestros interinos y en fase de prácticas. Se fijó un plazo temporal de tres meses para que el expediente depurador se diera por concluido. En sus actuaciones, este plazo se extendió ampliamente, llegando a alcanzar más de tres años en algunos casos.