El Caso PDVSA-Cripto es un caso de corrupción puesto al descubierto al ser reestructurado la Sunacrip en marzo de 2023 en Venezuela. El caso se encuentra en la etapa inicial de investigación, siendo, de acuerdo al fiscal Tarek William Saab, el caso de corrupción número 31 desde que él tomó el cargo en él año 2017.
El caso involucraría a la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Actividades Conexas (Sunacrip), organismo creado el 8 de diciembre de 2017 y responsable del control y vigilancia del comportamiento y evolución del Petro, ante la desaparición del Tesoro venezolano de 21 mil millones de dólares.
El gobierno de Nicolás Maduro expresaba la creación de «un nuevo modelo económico» y que se materializaría en octubre de 2020 usado de acuerdo a la Ley Antibloqueo para recibir el pago de las exportaciones petroleras y de minerales a través de criptomoneda. La nueva ley dio sustento legal a Petróleos de Venezuela para recibir criptomonedas en ventas de crudo. El 19 de junio de 2018 fue nombrado superintendente Joselit Ramírez, artífice de la estructura delictiva, que se encuentra detenido y que está siendo investigado.
La comercialización del petróleo venezolano inició una etapa opaca luego de las sanciones a Venezuela en enero de 2019 con operaciones de piratería y venta de petróleo en ultramar para evadir las sanciones y el uso de organismos financieros rusos, iniciadas por dos operadores de la empresa Rosneft, se apagaban los radares de las embarcaciones petroleras, se hacía el traspaso de la carga en altamar y se vendía con descuento a través de bancos rusos. En febrero de 2019 los bancos rusos bloquearon sus operaciones y se inició el uso de intermediarios y empresas recién creadas sin ninguna experiencia.
Antecedentes En noviembre de 2022, un reportaje publicado por Armando.info sobre la piratería en altamar del petróleo venezolano, marcó el inicio de una investigación que posteriormente revelaría una nueva forma de corrupción en la venta de petróleo. Los registros financieros mostraban discrepancias entre la cantidad de petróleo vendido y los ingresos reportados por Petróleos de Venezuela. A partir de entonces, se especuló sobre las posibles causas de esta discrepancia, tales como la venta a precios reducidos para evadir sanciones internacionales, la competencia de Rusia en el mercado chino y la utilización de intermediarios en la venta de petróleo en el oriente. Sin embargo, la magnitud de esta corrupción quedó al descubierto con una cifra alarmante: PDVSA todavía tenía pendiente el cobro de 8.406 millones de dólares para noviembre de 2022, según se registra en su apartado de «cuentas por cobrar».
Denuncias y detenciones arbitrarias El 20 de febrero de 2020 fueron detenidos los directivos de PDVSA Alfredo Chirinos que se desempeñaba como gerente de Operaciones Especiales y Aryenis Torrealba gerente de Operaciones de Crudo, en 2021 fueron sentenciados a 5 años de prisión acusados de espionaje, al suministrar información al gobierno de Estados Unidos sobre "la actividad de venta y comercio de petróleo venezolano y la capacidad logística". Durante el juicio el fiscal general Tarek William Saab, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado que explicaba que fueron condenados tras “encontrarse 35 pruebas documentales” en su contra en relación con “inventarios de Fuel Oil, sistema de refinación y rutas de buques que comercializaban con Pdvsa”. Tarek William Saab sostenía que “dichos funcionarios fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, lo cual trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos”. Al estallar el escándalo del SUNACRIP fueron liberados y su caso fue sobreseido.
Historia El 17 de marzo de 2023, se dio a conocer un supuesto robo de 3000 millones de dólares provenientes de cuentas por cobrar de la venta de petróleo, el robo comenzó a revelarse luego del cambio de la directiva en enero cuando se designó al coronel Pedro Tellechea, lo que desató una crisis administrativa que llevó a la renuncia vía Twitter del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien permaneció desaparecido durante los primeros 30 días. En su comunicado, Nicolás Maduro señaló que la corrupción había afectado tres sectores de su administración, incluyendo la industria petrolera, así como «el aparato judicial y el aparato político». En la Fiscalía General se evidenció un faltante de 21 mil millones de dólares, los cuales potencialmente podrían ser incobrables. Pedro Tellechea procuró detener los cargamentos no pagados de manera inmediata. Tellechea inició una investigación minuciosa de las cuentas por cobrar, en la que contactó a los deudores para conocer el estado de sus pagos, encontrándose con la sorpresa de que muchos habían realizado sus pagos con criptomonedas. No obstante, al realizar una consulta en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), se determinó que dichas criptomonedas habían sido objeto de un robo, lo que dificultó su rastreo y recuperación.
En respuesta a las irregularidades, el 18 de marzo se crea una junta reestructuradora de Sunacrip, prevista con una duración de seis meses, prorrogables según Decreto Presidencial, dirigida por los abogados Anabel Pereira Fernández y Larry Devoe.
El 31 de marzo se nombró la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana tendrá una duración de un año, prorrogable, bajo la dirección de la Vicepresidencia a cargo de Delcy Rodríguez. Fueron designados, Héctor José Silva Hernández y el general Alexis Rodríguez Cabello como presidente y vicepresidente, respectivamente, otros acompañan Larry Devoe, Gloria María Busanta, Sandi Villarroel, Diana Josefina Castillo, Adriana Rodríguez Bravo y Gladys Patricia Gómez.
Héctor José Silva Hernández es abogado y fue designado en 2020 como jefe responsable del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, el 31 de mayo de 2022 fue nombrado viceministro de Economía Productiva, ha sido presidente del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX). Alexis Rodríguez Cabello, militar con rango de Mayor General, es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidente de la Comisión de Contraloría de la AN y vicepresidente territorial del PSUV en Bolívar es primo de Diosdado Cabello. Entre 2013 y 2017 fue rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, entre 2017 y 2019 lo nombraron comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital (Redi Capital), con jurisdicción en los estados Miranda y Vargas y el Distrito Capital.
El 8 de abril el departamento de recursos humanos de la SUNACRIP ha ordenado que todos los empleados pongan su cargo a la orden. Desalojaron el edificio para continuar investigaciones. El 16 de abril el gobernador de Táchira Freddy Bernal informó de manera oficial que hay 67 personas detenidas por corrupción en el caso Pdvsa.
El 19 de abril el fiscal general Tarek William Saab informó que subió a 80 el número de detenidos, aún quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos. El fiscal presentó la detención de tres personas más: Ysmael Romer Serrano Flórez, quien ocupó el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa durante la gestión de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo, Salem Hassoun Atrach, presuntamente vinculado al caso de PDVSA y de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), y Leoner Azuaje, por supuestos hechos de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela.
El 28 de abril el gobierno informó que ha incautado más de 1000 bienes, de un total de bienes incautados hay 361 vehículos de lujo de "alta gama", seis edificios, 38 apartamentos de lujo, 28 casas-mansión, 16 oficinas, 13 complejos empresariales, una posada, un club, 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves, 52 camiones, 9 motos, 9 autobuses, 7 embarcaciones, 7 empresas y "un grupo de armas". También firmó el proyecto de ley de Extinción de Dominio.
El 29 de abril cierra el exclusivo "restaurante aéreo Altum" ubicado en Caracas donde un menú costaba US $120 dólares, era propiedad de Nelsy Javier Blanco Gil y la plataforma se elevaba a una altura de 50 metros sobre el nivel del piso por medio de una gigantesca grúa. El empresario Rafael Hernández Quintero supuesto propietario de Altum , capturado por la PN Contra la Corrupción hace unos días, fue identificado como el testaferro de Joselit Ramírez (jefe capturado de la SUNACRIP), y hacía parte del negocio del restaurante.
El 12 de mayo es detenido Jesús Méndez alias "el gordo" en Caracas en el edificio Excelsior Plaza de Los Chorros cuando ejecutaron varios allanamientos en apartamentos del edificio. Méndez habría adquirido los apartamentos a precios irrisorios, tras ser subastados por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE).
El 16 de mayo es detenido el empresario Rafael Hernández Quintero, la Policía Nacional anticorrupción relaciona al "restaurante aéreo Altum" con trama de corrupción de Pdvsa propiedad de Nelsy Blanco Gil, conocido por ser dueño de otros negocios como Buono, la Policía Nacional Anticorrupción en un procedimiento recibió una medida de «aseguramiento» de bienes, que tendría como principal involucrado a Rafael Hernández Quintero, detenido recientemente, otro supuesto socio de Altum quien está siendo investigado por sus conexiones con Joselit Ramírez por ser su presunto testaferro.
Detenciones en 2023
Desde que se dio inicio a las primera detenciones por el caso de de PDVSA el día 18 de marzo hasta 5 de abril según el Ministerio Público se encuentran detenidos 51 personas a ser investigados quienes estarían "incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos". De los cuales 34 personas son por el caso denominado como «Pdvsa cripto» informó el fiscal general, Tarek William Saab. Sin embargo nada se ha dicho sobre la responsabilidad del exministro Tareck El Aissami quien dirigía el ministerio de petróleo. Tareck desapareció después del 6 de marzo, la última vez que fue visto en una reunión con el director ejecutivo de la empresa rusa Rosneft, Igor Sechin.
El 18 de marzo fue detenido el alcalde de Las Tejerías del municipio Santos Michelena, estado Aragua, Pedro Hernández, y a tres jueces relacionado con la presencia de bandas criminales, al presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perre. El juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García, fue el segundo magistrado aprehendido en otro operativo paralelo.
También fue detenido el juez primero de control del estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez, también detuvo a 2 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. el Coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa; y al Teniente Coronel José Agustín Ramos Chirinos, gerente general de Dirección de Seguridad También fue detenido en República Dominicana Daniel Prieto.
El día 20 de marzo renuncia el ministro de petróleo Tareck El Aissami para dejar continuar las investigaciones de corrupción en PDVSA. Nicolás Maduro informó que ha aceptado la renuncia y que las mafias de la corrupción ha afectado tres sectores de su administración, entre ellos la industria petrolera, así como "del aparato judicial y del aparato político".