El caso Mediador (conocido también por la prensa como el caso del Tito Berni) es una trama de corrupción en España que fue descubierta el 14 de febrero de 2023, tras una serie de detenciones llevadas a cabo en varias provincias, incluyendo Canarias. La trama consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsionarlos a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas. Además, se descubrieron fiestas relacionadas con la trama que incluían prostitución, alcohol y drogas.
Organización de la trama El grupo que lideraba la trama estaba compuesto por cuatro personas: Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista (conocido como "Tito Berni"), su sobrino Taishet Fuentes, que cuatro días antes de su detención había sido proclamado candidato del PSOE-Partido Socialista de Canarias a la alcaldía del municipio de Antigua, en Fuerteventura; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas y Marco Antonio Navarro Tacoronte (alias "el Mediador"). Los empresarios que deseaban acceder a los privilegios debían pagar un "peaje económico" de euros. Entre las entidades utilizadas para recibir los pagos y blanquear dinero se encontraban la Asociación Deportiva Vega Tetir, presidida por el exdiputado socialista y una asesoría, aunque también se recibían pagos en especie, como la instalación gratuita de placas solares en una finca familiar. María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo, la jueza a cargo del caso ha investigado contratos por valor de 2,3 millones de euros otorgados por la Unión Europea en los que los implicados cobraban comisiones a cambio de dar subvenciones a empresarios ganaderos.
Descubrimiento de la trama Gracias a Ángel Luis Pérez Peña, consejero de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife (septiembre de 2021-enero de 2023) se destapó la supuesta trama corrupta del caso Mediador. Una serie de gastos (de y 726 euros, respectivamente), llamaron la atención de su pareja ya que eran supuestamente comprometidos. Esas compras de bienes o servicios las había realizado a través de Navarro Tacoronte. Para defenderse ante la crisis doméstica Pérez Peña señaló que había sido víctima de una estafa, y denunció los hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía. Reiteró que ninguno de los cargos fueron consentidos por él y que en ese momento desconocía al autor de tales pagos. Admitió que había visto tres o cuatro veces a Navarro Tacoronte pero no se explicaba cómo pudo efectuar los cargos, ya que nunca le había facilitado sus datos bancarios. Pero Navarro Tacoronte demostró con pantallazos de su móvil que los encargos de los pagos fueron realizados personalmente por Pérez Peña, al que se le abrió una investigación por falsa denuncia.
En una declaración posterior, Navarro Tacoronte aportó datos de numerosas reuniones con Pérez Peña para acreditar el conocimiento mutuo. Además aseguró que se le iba a pagar con desviaciones de presupuestos y con asignaciones a ciertas empresas, ya que supuestamente, Ángel Luis Pérez Peña podía, desde el puesto que ocupaba, manipular las partidas de los presupuestos. Para mostrar la veracidad de sus afirmaciones, Navarro ofreció datos precisos de supuestos encuentros que él tuvo con diversos empresarios, con los que llegó a crear un grupo de Whatsapp, además de otros cargos públicos de la corporación insular.
Investigación en el Congreso de los Diputados Se inició la investigación llevada a cabo en el Congreso de los Diputados para determinar quiénes fueron las personas que se reunieron con Fuentes Curbelo (Tito Berni) en el propio Parlamento. La conclusión de la investigación puso de manifiesto, basándose en un documento oficial de la secretaría general del Congreso de los Diputados, presidido por Meritxell Batet, que todas las pruebas que hubieran desvelado la identidad de estas personas fueron eliminadas.
Por otra parte, desde el propio Congreso de los Diputados no se permitió el registro del despacho de Tito Berni hasta el 10 de marzo, a pesar de que fuera abandonado el 14 de febrero. En ese tiempo, de casi un mes, las posibles pruebas de la trama, custodiadas por Tito Berni en su despacho no pudieron ser investigadas judicialmente, al estar precintado su lugar de trabajo.
También se le permitió mantener y usar el teléfono móvil, junto con el Ipad que el Congreso le había dado al comienzo de la legislatura. Dicha investigación sobre estos dispositivos hubiera sido clave para la investigación: la jueza instructora se enteró de ese insólito proceder al requerir al Congreso todos los medios electrónicos que Tito Berni tuviera asignados.
Finalmente, Batet impulsó una medida cosmética a la par que no evitaba la eliminación del registro de visitas. La presidenta del Congreso modificó la manera de anotar y comunicar los encuentros de los diputados en el propio Parlamento, que ya existía y fue borrada en este caso, para mejorar supuestamente el control que en realidad ya tenía.
Implicados Tras la revelación del caso, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes renunció a su escaño y afirmó que es inocente de todos los cargos, negando ser parte de la trama y considerándose víctima del caso. Cinco diputados del PSOE (Indalecio Gutiérrez Salinas, Uxía Tizón Vázquez, Manuel Arribas Maroto, Guillermo Meijón y Ana Prieto Nieto) han admitido haber asistido a cenas organizadas por la trama en el restaurante Ramsés de Madrid, pero han negado cualquier implicación con la misma y han anunciado su intención de tomar medidas legales contra cualquier medio que los relacione con ella.
Además, el mediador ha implicado a la senadora socialista Olivia María Delgado Oval, acusándola de haber recibido pagos por defender desde el Senado el consumo de leche. Delgado Oval presentó el 27 de febrero de 2023 ante el Juzgado de Primera Instancia de Güimar una solicitud para la celebración del acto de conciliación, como trámite previo para la interposición de la querella.
El 21 de octubre de 2020, Tito Berni y quince diputados socialistas cenaron en el restaurante Ramsés. La cena se celebró en pleno estado de alarma impuesto por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid para evitar que los madrileños salieran a la calle durante el puente del Pilar, en contra del criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por las actas del Congreso se conoce la identidad de los veintisiete diputados socialistas que votaron in situ en el Congreso de los Diputados la moción de censura. De esos veintisiete, quince estuvieron esa noche cenando con Tito Berni. Navarro Tacoronte, el 23 de marzo de 2023, en una entrevista a Decisión Radio, afirmó que Patxi López, en aquel momento portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cenó ese 21 de octubre de 2020 en el restaurante Ramsés. Antes de estas declaraciones, Patxi López había sostenido que «una cosa es cenar y otra es corromperse, incluso en algunos momentos la cena podía ser en mesas distintas. Pero no quiero entrar en esto», al tiempo que, al preguntarle los diputados asistentes a dicha cena, respondió al periodista del ABC «¡Pero qué más te da!». Una semana más tarde, el 7 de marzo, el portavoz socialista declaró que «en un caso (Mediador) no hay caso y en el otro caso (Kitchen) estamos conociendo noticias que son muy graves, de utilización política de los aparatos del Estado», desviando así el foco de la trama que involucra a su partido a la que afecta al Partido Popular, entonces en la oposición.
Tras la investigación llevaba a cabo, la policía atribuye al sobrino de Tito Berni, Taishet Fuentes, delitos de grupo criminal, cohecho y tráfico de influencias, entre otros, al beneficiarse de mordidas a empresarios —ganaderos y queseros canarios que estaban pasando dificultades económicas— a cambio de gestiones favorables en su departamento. La policía, sitúa a Taishet en una operación con el ganadero Julián de Santa Bárbara Pérez Alonso, al que le sacaron 6.000 € en efectivo, de los 50.000€ que le habían solicitado. Pérez Alonso nunca vio que su granja hubiera sido legalizada, pese a pagar ese adelanto de 6.000€. La policía sitúa de nuevo a Taishet en otra operación similar con el empresario majorero Raúl de san Pablo, que se negó a pagar.
El 14 de julio de 2022, alrededor de veinte diputados y asesores del Grupo socialista en el Congreso participaron en una fiesta organizada por Juan Bernardo Fuentes, en el local utilizado por la trama para sus juergas, y que está siendo investigada por la juez. Entre los asistentes se encontraban: Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, Héctor Gómez Hernández, Magdalena Valerio, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Soler Mur, Indalecio Gutiérrez Salinas, Uxía Tizón Vázquez y Patxi López.
El exdiputado Fuentes Curbelo facturó al Partido Socialista Obrero Español por servicios de gestoría en el año 2022, a través de la asesoría Tetir al PSOE de Fuerteventura.
La jueza del caso ha citado como imputada (3 de enero de 2024) a Bienvenida Reyes, ex secretaria general técnica de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, después de recibir un informe enviado por el gobierno canario sobre los expedientes bajo sospecha del departamento para el que trabajaba. Reyes intervino en los trámites del procedimiento sancionador abierto al empresario Alberto Montesdeoca, dedicado a la producción de quesos. El FEAGA —Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria— le concedió una ayuda de 74.099 €, que debía devolver con intereses tras haber hecho un uso indebido de dinero público. La sanción quedó prescrita, y se sospecha que la causa era el pago de prebendas a Tito Berni y su sobrino Taishet Fuentes. Junto a Bienvenida Reyes, se encuentran imputados: Álvaro de la Bárcena Argany y Margarita González Nuñez, a quienes se les atribuyen delitos de prevaricación y revelación de secretos.
Miguel Ángel Robayna, constructor canario. Su empresa quebró. En febrero de 2023, se le atribuye además de contribuir con su propio dinero a la supuesta trama de compra de favores, a expedir facturas con cargo a su empresa Hyspano Robysa, para encubrir lo que eran mordidas en realidad. Robayna aportó un pendrive con material que incluye una batería de audios que se están volcando por la policía.
Alfredo Escudero, conocido como "Fredi el de los seguros", es un corredor de seguros. Él habría introducido drones en la contratación de la Guardia civil, llevándose a cambio contratos para asegurar las mercancías que suministraba al instituto armado, como los dispositivos de GAR-SI Sahel.
Conexión con el caso Cuarteles La investigación del caso Mediador ha descubierto una red de corrupción en España que involucra a la Guardia Civil. El general Francisco Espinosa, actualmente encarcelado por su presunta implicación en el caso Mediador, también está relacionado con el caso Cuarteles, una investigación sobre irregularidades en obras de reforma y reparación de edificios de la Guardia Civil.
Las investigaciones llevadas a cabo en el caso Mediador, junto con las presuntas irregularidades de las obras de trece comandancias, ha provocado la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
Repercusión internacional El Caso Mediador ha despertado interés en medios de comunicación fuera de las fronteras españolas, como el diario francés Le Monde.
Por otro lado, Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea que investigue e informe sobre si el caso Mediador está vinculado de algún modo a fondos europeos. Dicha investigación será llevada a cabo por los comisarios europeos Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni responsables en la Comisión sobre el buen uso de los fondos europeos.