miniaturadeimagen|405x405px|Una pancarta con el texto «el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto», en referencia a la falta de medidas del gobierno previo al Bicentenario, mostrada en las protestas de 2020. La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, «Considerada como el principal problema que aqueja a nuestro país [el Perú], la corrupción...». por lo menos desde la última mitad del hasta la actualidad, y es considerada como uno de los temas a tratar en el gobierno central (según Ipsos-El Comercio en 2020). Estos actos nacen desde el periodo tardío del virreinato, se consolidan por la llamada «cultura de la viveza» y corresponden a manifestaciones de anomia.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), de la ONG Transparencia Internacional, Perú quedó en el puesto 127 de 180 países.
El país, en el sentido económico, formuló su presupuesto desde mediados de ; pero llevó diferentes cambios para establecer su Estado de derecho, hasta que en la Constitución de 1979 se establecieron garantías para su correcto funcionamiento entre autoridades. Debido a su economía de libre mercado individualista, actualizada en la Constitución de 1993 como neoliberal, la corrupción es percibida y tolerada desde grupos de poder hasta la ciudadanía. En el ámbito del funcionario público y las autoridades, esta se populariza en dos frases: «roba, pero hace obras» (en relación con las autoridades que recurren a los sobreingresos económicos como estímulo en obras), y «otorongo no come otorongo» (en la impunidad en cometer actos contra las leyes). Esta práctica también ocurre en trabajadores temporales con servidores públicos.
Aunque una de las primeras redes de su tipo en instalarse ocurrieron en el gobierno virreinal de Manuel de Amat y Junyent, los escándalos continuaron en varios puntos de la historia nacional con pérdidas entre 1 a 6 puntos porcentuales del producto interno bruto. En algunos de ellos, Jorge Basadre, Manuel González Prada y otros más fueron críticos de la gestión de sus presidentes republicanos. Años después, ocurrió uno de los casos más notables en el y parte del con la red sistemática en el gobierno de Alberto Fujimori, mediatizada en el autogolpe de 1992, un año antes de la formación de aquella Carta Magna, con pérdidas casi multimillonarias por parte de la red criminal dentro del fujimorato. Luego del periodo fujimorista, por lo menos en dos décadas, el mandato presidencial estuvo propenso a escándalos, para 2023 seis de nueve personas que gobernaron el país fueron investigadas. No obstante, con la regionalización, gobiernos subnacionales contribuyeron significativamente hasta la mitad de las pérdidas económicas, según la agencia EFE (2011) y El Comercio (2021).
A pesar de contar una ley de acceso a la información, establecida en 2002, la permanencia de actos de poca o nula transparencia y la cultura del robo dificultan la lucha, lo que trae diversas consecuencias: Afecta en la calidad del ambiente de negocios con la extensión de la informalidad, debilita la calidad del ámbito político del país, y reduce la calidad de atención en los servicios del Estado (al establecer los incentivos particulares sobre los competitivos). De haber acelerado oportunamente las políticas contra actos cuestionables desde la renuncia de Fujimori, se reduciría notablemente la pobreza (1800 dólares adicionales en el salario individual pudieron ganarse para 2022), lo que permitiría a la nación entrar a la lista de desarrollados. Según el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (a partir de un estudio de 2012), los actos de corrupción están relacionados con la salud mental de la población.
Para el año 2000, se realizaron reformas políticas para garantizar la fiscalización interna del país que duraron hasta 2002, cuando se notó una percepción negativa en sectores pobres del país. En 2021 se estimó pérdidas de más de 22 mil millones de soles. Además, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción indicó que en 2015 el 92 % de los alcaldes en el Perú son investigados por corrupción.
Si bien la Contraloría General de la República es uno de los entes fiscalizadores en el control de la rendición de cuentas, lo que permite inspeccionar con mayor imparcialidad gracias a su autonomía, cualquier persona puede reportar casos indebidos con dinero o bien público. Esa denuncia se presenta con las pruebas pertinentes en la Contraloría, la Policía, el Ministerio Público o en línea desde la plataforma de denuncias. Para unificar esfuerzos, la propia Contraloría propuso en 2015 una serie de reformas para combatir la corrupción de la forma efectiva posible: la competencia de la Sala Penal Nacional para investigar delitos graves contra la administración pública y eliminar el impedimento de que sean cometidos por una organización criminal, el traslado de todo el personal de las oficinas de Control Interno (OCI) a la planilla laboral de la Contraloría, así como establecer alertas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). La finalidad de esta serie de reformas es en mejorar la detección de movimientos sospechosos en las cuentas de las entidades públicas.
Circunstancias precedentes ocurridas durante el virreinato del Perú miniaturadeimagen|Antonio de Ulloa, uno de los expositores de la corrupción virreinal. En el se buscó mejorar la recaudación de impuestos a partir de censos con la población indígena en el virreinato del Perú a cargo de las autoridades borbónicas. Según los historiadores, estas fueron interesadas ante una eventual «segunda conquista» en el gobierno. Además, se tuvo facultades de asignar cargos políticos para el , instaurado en el gobierno de Carlos II, con alrededor de 318 personas abonadas económicamente entre 1708 y 1719.
La instalación de la corrupción se basó en el ámbito burocrático del virreinato, en que se ganaba altos cargos por vínculos familiares (nepotismo) o dinero. El caso de la minería en Huancavelica, conocida por su mina Santa Bárbara, es el mayor evidenciado en la historia prerepublicana que ocurrió a mediados del por carencias en su fiscalización. Fue a mediados del , cuando el asumido gobernador de Huancavelica, Antonio de Ulloa, evidenció la corruptela dentro de la gestión local del Perú, que coincidió con la instalada red de corrupción en el virreinato de Manuel de Amat.
Junto a Jorge Juan, también viajero, Ulloa escribió el reporte Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente [...] de los reinos del Perú basado en la información del virrey que se compartió para el reinado de Fernando VI y permaneció inédito por casi siete décadas. En este reporte se documentó el abuso a los indios entre 18 y 55 años por parte de los corregidores y las amenazas para pagar sus impuestos, que posteriormente se realizó malversación de fondos y sobornos a los jueces. Ambos escritores concluyeron la presencia mayor de autoridades y planearon abolir el trabajo forzado (la mita) y cambiar el sistema de elección de la Administración Pública. Ulloa y Juan aportaron otros detalles sobre las carencias económicas cuando redactaron el informe Noticias secretas.
Además, el súbdito Mariano Machado de Chaves señaló en la publicación del libro Estado político y de justicia de el Reino del Perú que para 1750 la institución colonial entró en declive. Según el autor, justificó que los oficiales y jueces «no solo imitan el ejemplo de los mayores, sino que precisamente como súbditos obedecen todas las libertades del arbitrio, creyendo que los que mandan tendrán unos libros de leyes para los gobernados y otros de derechos civiles para lo judicial».
Posteriormente, la Corona se enteró de la mala administración del gobierno, por los conflictos de la responsabilidad tributaria entre corregidores y caciques en la contribución de los indígenas. Finalmente, esta organización fue reemplazada por los subdelegados, que duraron poco, ya que el sistema de reparto laboral se abolió en 1780.
Se estima que las pérdidas entre los seis virreyes, que gobernaron desde 1584 hasta 1821, fueron de 16.3 millones de pesos.
Desarrollo de la corrupción desde 1821 hasta 1999
Cuando Perú alcanzó su independencia, las esferas públicas se apropiaron desorganizadamente de los bienes obtenidos en la guerra. En esta etapa histórica, no se consiguió normalizar las instituciones políticas y enfrentar incompatibilidades con códigos civiles. Uno de los actos de corrupción fue la confiscación de Simón Bolívar para financiar su campaña militar, en que ocurrieron actos de despotismo de su personal al obtener ingresos de sus saqueos. El cónsul estadounidense en Lima, William Tudor, denunció tales prácticas abusivas. Por lo que, la institucionalización de una hacienda para gestionar los recursos se debilitó a causa de una falta de ingresos para financiar económicamente los servicios de estrategias.
El autor Alfonso W. Quiroz señaló a la República Aristocrática como punto importante en los intereses económicos del país, en que incluyeron las políticas de préstamo con el mercado extranjero, como la banca londinense (1822 y 1825). Según Carlos Contreras, la débil gestión económica y política fueron los factores de aprovechamiento de grupos de poder, cuyo resultado se asemeja al «efecto piñata».
Para los años 1850 el mayor escándalo fue la «consolidación» de la deuda interna para generar confianza crediticia del país. Este se planificó con una ley, firmada el 16 de marzo de 1850, para sustentar préstamos durante el primer gobierno de Ramón Castilla. Aunque Castilla trajo estabilidad económica, su sucesor José Rufino Echenique lo socavó, cuando se instaló otra red de mayor presencia en el , que estuvo involucrado Juan Crisóstomo Torrico. Posteriormente, fueron descubiertos por tener un origen fraudulento, con un valor sextuplicado a lo inicial, al recurrir falsificaciones y sobornos al Gobierno. Se le conoció como la «década defraudatoria».
Años después, en el cargo presidencial de José Balta, se realizó el infame contrato Dreyfus, en que las empresas extranjeras tenían el monopolio del guano cuando se compró 2 millones de toneladas de guano por 73 millones de soles y pagar la deuda del país. Tras concretar el convenio, en el gobierno de Manuel Pardo se establecieron medidas para recaudar ingresos al conseguir ganancias de salitre. Para ese entonces surgió la Ley de Funcionarios Públicos.
Destacan otros escándalos de su tipo como las adaptaciones criollas de las normas coloniales (pillaje caudillista, años 1830), la plutocracia en la época de mayor producción de guano (años 1860) y la contratación de empréstitos externos con obras sobrevaluadas (años 1870). Para los años 1880 llegó a una etapa de rebelión civil, propenso a corromper las instituciones, tras una evidente ocupación de Lima y el mando emergente de Nicolás de Piérola.
Leguía y el Tribunal de Sanción Nacional Después del oncenio de Leguía, que se realizaron contrataciones en la construcción de obras, se presenciaron irregularidades en el proceso de licitación. Uno de sus escándalos ocurrió en 1923, con la renuncia de Lauro Curletti del Ministerio de Fomento por malversación de fondos, caso que también se asemejó con la salida de Alejandrino Maguiña en ese año. Esto motivó la oficialización del Tribunal de Sanción Nacional. Este tribunal, creado el 31 de agosto de 1930 en la Junta Militar, se encargó de tomar acciones contra el enriquecimiento ilícito, peculados y otros delitos cometidos a costa del erario público. Este aplicó una serie de estatutos y constó de dos salas: una para concusión y peculado y otra para enriquecimiento ilícito.
En su primer año de funcionamiento, se reportaron 664 denunciadas individualizadas por el TSN, de las cuales 75 fueron admitidas.