La crisis postelectoral del Perú de 2021 o desconocimiento de los resultados electorales por el movimiento fujimorista fue una crisis política ocurrida durante el proceso de las elecciones generales de 2021. Se originó por las acusaciones de fraude electoral y las acciones legales correspondientes contra el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral que se había realizado el domingo 6 de junio bajo los argumentos de una presunta falsificación de firmas de los miembros de mesa y la votación por parte de personas fallecidas. El partido político Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori denunciaron la existencia de un posible «fraude sistemático» en la noche del martes 8 de junio. Durante el desarrollo de la crisis se desencadenó un ciclo de protestas.
Las acusaciones fueron desestimadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y analistas independientes, por lo que Pedro Castillo Terrones fue proclamado ganador el 19 de julio. A la teoría de la conspiración que, a pesar de carecer de evidencia, sigue sosteniendo que hubo un fraude electoral en 2021 en contra de Fujimori, se le conoce actualmente en el país como «fraudismo». El resultado fue que Fuerza Popular obtuviera el permiso del Poder Judicial para que la ONPE elaborara una lista de votantes que se planteaba entregar en 2030 en CD.
Acontecimientos Durante el conteo de votos, y tras la publicación de los resultados del balotaje de las elecciones generales de Perú de 2021, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (que arrojaba un resultado favorable para Pedro Castillo), Keiko Fujimori (su oponente), y su partido político, Fuerza Popular, realizaron un esfuerzo sin precedentes para revertir el resultado. Fujimori y sus aliados ─ que forman parte del conservadurismo peruano y que realizaron una campaña electoral ─ promovieron numerosas afirmaciones sin fundamento de que las elecciones les fueron robadas a través de una conspiración comunista internacional,No es la primera vez que se aprecia un fenómeno de la coalición de la derecha política contra los espectros ajenos a ella, al menos desde los años 2000. Para un mejor entendimiento sobre el fenómeno conspirativo que denotó al divisionismo, véase Izquierda caviar en el Perú. una manipulación de las actas electorales, y un supuesto fraude electoral, lo que generó un clima de crisis electoral.
Las acusaciones fueron desestimadas por el organismo electoral peruano, y rechazadas por los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Asociación Civil Transparencia, IDEA Internacional, entre otras. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado calificando al sistema electoral peruano como «un modelo de democracia en la región», y a las propias elecciones como «libres, justas, accesibles y pacíficas». Por otro lado, varios personajes públicos peruanos (principalmente aliados de Fujimori en el balotaje y políticos de derecha), se negaron a reconocer públicamente la victoria de Castillo, insistiendo en un fraude electoral y llegando a solicitar la repetición de elecciones.
La campaña de Fujimori formuló 945 pedidos de nulidad tras el día de las elecciones, todos los cuales fueron rechazados por los Jurados Electorales Especiales, y el Jurado Nacional de Elecciones. La proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo tuvo lugar el 19 de julio de 2021.
Antecedentes Acusaciones previas de fraude electoral Tras la difusión de los resultados preliminares de la primera vuelta, el candidato Rafael López Aliaga (quien quedó en tercer lugar y fuera del balotaje) denunció que no iba a permitir que le «roben» la elección, insinuando un supuesto «fraude electoral» en su contra y señalando como responsables a los organismos electorales, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Su organización política, Renovación Popular, solicitó la revisión de todas las actas a nivel nacional para reconocer los resultados. El JNE rechazó su apelación para este proceso, debido al envío de la solicitud fuera del calendario electoral y la ausencia de pruebas.
Compromisos electorales durante la campaña Con el inicio de la campaña del balotaje, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, suscribieron diversos compromisos con la institucionalidad democrática y el respeto al orden constitucional, siendo el más importante de esos la «Proclama Ciudadana», redactada por las iglesias católica y evangélica, junto a organizaciones civiles. El mismo día de la votación, los dos candidatos declararon que respetarían los resultados electorales «por ajustados que estos sean».
Incidentes durante el desarrollo de los comicios miniaturadeimagen|Mujer ayacuchana ejerciendo su derecho al voto durante la segunda vuelta electoral el 6 de junio de 2021. En el desarrollo del escrutinio, se reportaron varios incidentes aislados con respecto a las mesas de sufragio y las cédulas de votación, principalmente el llenado irregular por parte de personeros de ambas organizaciones políticas. En un incidente confuso en Carabayllo (Lima), se acusó a un personero de Perú Libre de escribir líneas irregulares en el área de votación para Fuerza Popular, aparentemente tratando de inducir el voto por Fujimori. En Chiclayo, una personera de Perú Libre escribió las iniciales de su organización política en 256 cédulas de sufragio, teniéndose que emplear el material de reserva. En Tumbes, una personera de Fuerza Popular marcó tres cédulas a favor de Fujimori. En Miraflores (Lima), se reportó la existencia de una cédula marcada a favor de Castillo. En Arequipa, se denunció el impedimento de la entrada de personeros a los locales de votación.
Estallido de la crisis Publicación de los resultados preliminares (boca de urna y conteo rápido) Tras la jornada electoral, la encuestadora Ipsos Perú difundió el flash electoral a boca de urna (una encuesta a la salida de los centros de votación) a las , donde Keiko Fujimori (50.3%) obtenía una ajustada ventaja sobre Pedro Castillo (49.7%), siendo la situación de un empate técnico. Horas después se dio a conocer el conteo rápido (un conteo de votos en mesas elegidas de forma aleatoria) por parte de la misma encuestadora, en donde Castillo (50.2%) superaba a Fujimori (49.8%), revelando otro empate técnico.
Conteo de votos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Alrededor de las , la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el primer avance de los resultados oficiales, sobre las actas urbanas más cercanas a los centros de cómputo, donde Fujimori (52.1%) obtenía un resultado superior a Castillo (47.9%). La ventaja inicial de Fujimori se fue reduciendo paulatinamente, conforme se contabilizaban las actas rurales y del extranjero. En la mañana del día siguiente, Castillo adelantó a Fujimori. El 15 de junio, la ONPE difundió los resultados finales en los cuales Castillo (50.1%) superó a Fujimori (49.9%) por apenas 44 mil votos; un margen similar al de las elecciones generales anteriores, donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski derrotó también a Fujimori.
Primeras acusaciones contra el partido Perú Libre Tras el sorpasso de Castillo en el conteo oficial de la ONPE, Keiko Fujimori convocó una conferencia de prensa, acusando al partido Perú Libre de una estrategia para «distorsionar o dilatar los resultados» de las elecciones, denunciando un presunto proceso masivo «impugnaciones de actas» por parte de la organización política de Castillo, insinuando «indicios de fraude en la mesa». Luis Galarreta, compañero de fórmula de Fujimori, afirmó que el partido de su oponente Pedro Castillo había realizado un alto número de «impugnaciones» a «actas» electorales en las que Keiko Fujimori saldría favorecida, esto con la finalidad de que dichas actas no puedan sumarse al conteo oficial hasta que no sean primero evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones.
En respuesta, Perú Libre acusó a Fujimori de tener todo «armado», declarando que «jamás incurrió al fraude electoral» y recordando las denuncias del fraude electoral en las elecciones de inicios de siglo, durante el fujimorato.
Estos primeros «indicios de fraude sistemático» fueron rebatidos por los entes electorales nacionales; tras la resolución de los votos impugnados y las actas observadas por los Jurados Electorales Especiales, Pedro Castillo superaba en número de votos a Keiko Fujimori.
Demandas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) El 9 de junio, Fuerza Popular anunció la formulación de recursos de nulidad contra 887 actas de sufragio pertenecientes a áreas donde había triunfado Pedro Castillo, alegando presuntas irregularidades como que las firmas de los miembros de mesa no coincidían exactamente con las del padrón del registro civil y la existencia de lazos de consanguinidad entre algunos integrantes de las mesas de sufragio. Estas denuncias fueron calificadas por sectores afines a Perú Libre como una maniobra para «negar el derecho a la participación política de miles de ciudadanos». Fueron 943 recursos de nulidad que, para el 19 de junio, en su totalidad, fueron declarados improcedentes e infundados en primera instancia por la justicia electoral peruana, «descartando cualquier aproximación a lo que pueda considerarse un fraude».
Apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) El 23 de junio, los primeros diez recursos de apelación de los pedidos de nulidad de actas electorales fueron rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría (y solo con el voto en contra del magistrado Luis Arce Córdova). En consecuencia, Arce anunció su decisión de «declinar» a su cargo, acusando al tribunal de «clara parcialización» sobre el proceso electoral en curso, alegando que su decisión buscaba evitar que sus votos en minoría «sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales».
Al día siguiente, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió a Arce como miembro titular del organismo, solicitando al Ministerio Público convocar al miembro suplente y rechazando «las expresiones agraviantes» formuladas en su carta de declinación. Víctor Rodríguez Monteza, accesitario de Arce, fue nombrado como su reemplazo. El 7 de julio, la Junta Nacional de Justicia peruana destituyó a Arce por sus presuntos vínculos con el exjuez César Hinostroza, investigado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, tras un proceso disciplinario iniciado en 2020.
De entre las 27 apelaciones referidas a temas de fondo (de 270 apelaciones elevadas al pleno del JNE, 200 correspondían a impugnaciones por nulidades planteadas fuera de plazo y 42 sin presentación del pago de tasa), se encuentran expedientes referidos a presunta falsificación de firmas (no coincidían con la del DNI ni la ficha de Reniec), lo cual, para el JNE, no acredita falsificación de firmas ni configura existencia de fraude electoral (al no resultar suficiente para concluir en una alteración de los resultados de las votaciones).
Al respecto, Keiko Fujimori aseveró que "el sistema electoral se ha negado a ver los temas de fondo"; sin embargo, de acuerdo con Convoca Verifica dicha afirmación resultó falsa.
Solicitud de auditoría electoral a la Organización de Estados Americanos (OEA)