El segundo gobierno constitucional de Agustín Gamarra en el Perú empezó el 10 de julio de 1840 y terminó el 18 de noviembre de 1841, con su muerte en la batalla de Ingavi.
Gamarra gobernaba ya el Perú desde fines de 1838, como presidente provisorio, en plena guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y en tal condición, convocó a un Congreso que se reunió en Huancayo en 1839. Esta asamblea, después de decretar la nulidad de todos los actos de la Confederación, dio una nueva Constitución al Perú, y conforme a ella se eligió presidente constitucional a Gamarra. Su régimen inauguró una nueva etapa conocida como la Restauración peruana.
Pocos meses después de instalado el gobierno, el coronel Manuel Ignacio de Vivanco se levantó en armas en Arequipa. Después de obtener algunos triunfos, Vivanco fue derrotado en el combate de Cuevillas por Ramón Castilla, jefe de las tropas del Gobierno.
Contrario a la idea de una unión de Perú con Bolivia con predominio de este último país, Gamarra protegió al general boliviano José Ballivián para que derrocase al presidente José Miguel de Velasco, sucesor de Andrés de Santa Cruz en Bolivia, y luego invadió el territorio de este país bajo pretexto de expulsar al partido santacrucista, aunque en el fondo buscaba realizar la unidad de ambas repúblicas con predominio peruano. A la invasión contestaron los partidos bolivianos uniéndose para rechazarla. Velasco renunció su autoridad en favor de Ballivián y los ejércitos de ambos esperaron al de Gamarra en Ingavi, cerca de La Paz. Apenas cambiadas las primeras dos descargas de las infanterías, Gamarra cayó entre los muertos y las tropas peruanas, debilitadas por las rivalidades y la indisciplina de sus jefes, sufrieron una completa derrota.
Antecedentes
En 1837, la Confederación Perú-Boliviana encabezada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, se vio amenazada por la alianza de Chile con los emigrados peruanos que querían poner fin a la injerencia boliviana en el Perú. Una primera Expedición Restauradora peruano-chilena, al mando del almirante chileno Manuel Blanco Encalada y del general peruano Antonio Gutiérrez de la Fuente, invadió el sur peruano pero fracasó en Arequipa. No obstante, de inmediato se preparó otra expedición.
Uno de los emigrados peruanos era el general Agustín Gamarra, quien arribó a Chile poco después del fracaso de la primera Expedición Restauradora. El mando de la segunda Expedición Restauradora recayó en el general chileno Manuel Bulnes, mientras que Gamarra se puso a la cabeza de los emigrados peruanos (1838).
Tras el combate de Portada de Guías, los restauradores ocuparon Lima, y Gamarra fue nombrado encargado de mando de Perú, el 21 de agosto de 1838. El día 24 de agosto fue nombrado presidente provisorio, por decisión de los vecinos de Lima reunidos en cabildo abierto. Los primeros ministros de Estado que nombró fueron: Benito Laso (Gobierno y Relaciones Exteriores); Manuel Bartolomé Ferreyros (Hacienda); y Ramón Castilla (Guerra).
En plena lucha, Gamarra firmó con el general Bulnes un convenio militar de subsidios, por el cual el Perú se comprometía a cubrir todos los costos de la guerra, incluyendo suministros, sueldos y transportes. Luego nombró general en jefe del ejército unido a Bulnes, y él se reservó el cargo de Director de Guerra (12 de octubre de 1838).
Pero la estadía de Gamarra y los restauradores en Lima se hizo insostenible por la carencia de recursos, motivo por el cual decidieron abandonarla para dirigirse al Callejón de Huaylas. Esto fue aprovechado por Santa Cruz para ingresar Lima, el 10 de noviembre de 1838 y, luego, salir en persecución de los restauradores.
Finalmente, los restauradores derrotaron a los confederados en la batalla de Yungay. Santa Cruz abandonó Lima y partió a Arequipa; luego se embarcó en Islay, rumbo al Ecuador. Gamarra retornó triunfalmente a Lima, el 27 de febrero de 1839, y fue confirmado como presidente provisional. Ese mismo día convocó a un Congreso Nacional.
Gobierno provisorio de Gamarra
La Restauración El segundo gobierno de Gamarra (el primero había sido entre 1829 y 1833), marcó el inicio de un período conocido como la Restauración peruana. Para la mayoría de los peruanos, significó el retorno a la normalidad. Más que una restauración de la vida política del Perú, era una consolidación: la de un solo Perú. La intromisión de los bolivianos en la vida política peruana había constituido un grave peligro para la integridad del Perú. Pero ese peligro aún no había desaparecido, pues Santa Cruz, desterrado en Ecuador, seguía conspirando para recobrar el poder en Bolivia. Si bien era improbable que lograra reconstituir la Confederación, Santa Cruz tenía un plan mínimo: anexar el sur peruano a Bolivia.
Retirada de las tropas chilenas Uno de los primeros problemas a los que tuvo que enfrentar el gobierno de Gamarra, fue la retirada de las tropas chilenas. Una vez que se consolidó en el poder, Gamarra ya no precisaba de ellas, pero para su retiro debía primero solucionar el pago de sueldos, raciones y vestidos a dicho ejército, tal como se había acordado. Una vez solucionado en parte este asunto, las tropas chilenas reiniciaron el retorno a su país. Una división partió el 21 de junio de 1839, y otra el 19 de octubre del mismo año.
Hay que resaltar que en ese entonces, los chilenos se retiraron sin otra exigencia más que el pago de la deuda por los costos de la campaña restauradora. No hubo reclamaciones territoriales, ni saqueos de riquezas, ni intento de avasallar económicamente al Perú. Habría que agregar que tampoco aceptaron los planes de repartirse el Perú, que tanto Santa Cruz como otros políticos extranjeros propusieron a Chile.
El Congreso General de Huancayo
Un objetivo prioritario que se trazó Gamarra fue dar al país una nueva Constitución Política, para lo cual convocó el 27 de febrero de 1822 a un Congreso General. Por decreto del 22 de marzo de 1839 quedó establecido que este Congreso debía tener una sola cámara; sus representantes debían ser elegidos por el sistema de los colegios electorales de parroquias y de provincias; y que debía reunirse el día 28 de julio en la ciudad de Huancayo. No podía ser en Lima, pues allí se hallaba todavía el ejército chileno, en víspera de repatriarse.
Mientras Gamarra se hallaba atendiendo el desarrollo del Congreso de Huancayo, quedó interinamente a cargo del poder en Lima, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente (de 23 de marzo a 6 de diciembre de 1839). La Fuente ya había ejercido la misma función bajo el primer gobierno de Gamarra.
El Congreso se instaló Huancayo el 15 de agosto de 1839. Empezó dando honores y mercedes a Gamarra, a quien ratificó como Presidente provisorio, dándole el título de Restaurador del Perú. Acordó también una recompensa en dinero a los jefes y soldados chilenos, que en conjunto sumaba 500 000 pesos. Otro tanto se otorgó a los jefes y soldados peruanos vencedores en Yungay, así como a otros a quienes se consideraba que habían apoyado la causa nacional. Acordó también tributar exequias y honores al general Felipe Salaverry, así como a los caídos en las batallas de Yanacocha y Socabaya; y, por otra parte, anuló todos los actos de la Confederación Perú Boliviana, y tomó represalias contra los que habían servido a dicho régimen. Por último, se designó una comisión para que elaborase el proyecto de la nueva Constitución.
La Constitución conservadora de 1839
La nueva Constitución Política fue aprobada y promulgada el 10 de noviembre de 1839, luego de casi tres meses de labor.
Esta Constitución representó una novedad en la historia constitucional peruana. Fue la primera de carácter conservador y autoritario. Si se compara con las anteriores constituciones, esta constitución tuvo larga vigencia, pues duraría hasta 1854.
Entre sus principales disposiciones mencionaremos las siguientes:
Reforzamiento del Ejecutivo Estableció el periodo del presidente de la República en seis años, elevando así los cuatro años previstos en las anteriores constituciones de 1828 y 1834. Se abolió la acusación del Congreso contra el presidente del Ejecutivo. Estableció un Consejo de Estado integrado por quince miembros, que asesoraba al presidente en el ejercicio de sus funciones y podía concederle facultades extraordinarias, que incluían la suspensión de las garantías constitucionales durante determinado plazo. El presidente de la República tenía la facultad de nombrar, trasladar y remover a cualquier funcionario del Poder Judicial cuando así lo estimara el interés nacional. Se suprimió el cargo de vicepresidente. Quien reemplazaba al presidente de la República era el presidente del Consejo de Estado.
Excesivo centralismo La Constitución estableció un cerrado centralismo, concentrándose todos los poderes del Estado en la capital, Lima, en desmedro de las instituciones provinciales.
La Constitución no mencionaba a las municipalidades y las juntas departamentales, por lo que estas, tácitamente, quedaban suprimidas. En cambio, creó instituciones que reforzaban la autoridad del gobierno central en todo el territorio. Tales fueron los intendentes de policía, que eran funcionarios administrativos con facultades extraordinarias de tipo ejecutivo, judicial y de seguridad pública.
Limitación de los derechos individuales
Si bien la Constitución reconocía que «todos los peruanos son iguales ante la ley», en el artículo sobre los requisitos para ser ciudadano se denota discriminación: se exceptuaba de la ciudadanía a los que no supieran leer y escribir, con excepción de los indígenas y mestizos, en las poblaciones donde no hubieran escuelas de enseñanza primaria, pero solo hasta el año 1844.
Y si bien estipulaba que «nadie nace esclavo en la República» (artículo 155), de otro lado establecía que eran peruanos de nacimiento los «hombres libres nacidos en el Perú», lo que implicaba una contradicción, pues la mención de libres era innecesaria, si en realidad el propósito era que no hubiera esclavitud en el Perú. Pero aún más, al suprimirse la mención del tráfico de esclavos como causa determinante de la pérdida de la ciudadanía (como aparece en las constituciones de 1823 y 1828), nos hace deducir que los congresistas se proponían mantener tácitamente la esclavitud, que se alimentaba del tráfico negrero proveniente de Nueva Granada. Es decir, de esclavos negros nacidos fuera del territorio peruano. En resumen, si bien establecía que nadie nacía esclavo en el Perú, permitía la esclavitud en el territorio peruano de esclavos venidos del exterior. No sería sino hasta 1855 cuando se daría el paso trascendental de la abolición de la esclavitud en el Perú.
Para ser ciudadano se exigía el requisito de saber leer y escribir, y pagar alguna contribución. La ciudadanía se suspendía al deudor quebrado, y podía perderse por levantarse en armas contra la autoridad legítimamente constituida. Para ser elegido diputado o senador, se exigía gozar de una renta mínima.
Manifiesta hostilidad a la juventud Esta Constitución tuvo una marcada prevención contra la participación de la juventud en las responsabilidades del gobierno. Estableció que la ciudadanía se adquiría a los 25 de edad; aumentó la edad para ser diputado a 30 años, y para ser senador, miembro del Consejo de Estado, ministro o presidente de la República a los 40 años. Esto provocó la protesta de los autoritaristas jóvenes, como el caso de Manuel Ignacio de Vivanco, que entonces contaba con 33 años.
Elecciones presidenciales
Las últimas medidas que tomó el Congreso de Huancayo fue dar dos leyes sobre las elecciones presidenciales: La ley del 26 de noviembre de 1839, que ordenaba efectuar, sin demora, la elección del Presidente Constitucional de la República por los Colegios Electorales; y La Ley Electoral del 29 de noviembre de ese mismo año, que reglamentaba las elecciones a realizarse.