El golpe de Estado en España de julio de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el Gobierno constitucional de la Segunda República surgido de las elecciones de febrero de aquel año. Fue lanzado entre el 17 y el 18 de julio de 1936 por una coalición de oficiales y civiles conservadores, monarquistas y de extrema derecha. Planeado principalmente por los generales Emilio Mola y José Sanjurjo, a quienes se unió Francisco Franco, su objetivo era derrocar al gobierno del Frente Popular y reemplazarlo con un régimen autoritario. En lugar de asegurar una rápida transferencia del poder, el golpe de Estado solo tuvo un éxito parcial y precipitó la Guerra civil española.
Comenzó en Ceuta, Melilla, Tetuán y las islas Canarias; más tarde, se trasladó a la Península, en la que su fracaso parcial condujo a una guerra civil y, derrotada la República, al establecimiento de una dictadura que estuvo vigente hasta la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975.
Antecedentes
Tras las elecciones generales de noviembre de 1933, que concluyeron con una mayoría parlamentaria para los partidos de centro-derecha y de derechas, España entró en los que los partidos de izquierda llamaron el «bienio negro». Tanto los carlistas como los monárquicos alfonsistas continuaron preparándose para una toma violenta del poder, y recibieron el apoyo de Benito Mussolini. José María Gil-Robles, el líder de la gran coalición de derecha moderada de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), apoyaba un gobierno minoritario centrista del Partido Republicano Radical (PRR; lo que le permitía manejar el poder desde las sombras) y controlaba a la Juventud de Acción Popular, el ala juvenil más radical de su partido. Sin embargo, los monarquistas pusieron su atención en la Falange Española fascista, liderada por José Antonio Primo de Rivera. Episodios de violencia empezaron a ocurrir en las calles de las ciudades españolas. Gil-Robles utilizó exitosamente una ley antihuelgas para provocar y desintegrar a los sindicatos, uno a la vez. Los esfuerzos por despojar a los concejos locales del control socialista instigaron una huelga general que fue brutalmente silenciada y en la que fueron ilegalmente arrestados cuatro diputados, ignorando por completo los artículos 55 y 56 que protegían a los políticos de arrestos arbitrarios.
El 26 de septiembre de 1934, el gobierno minoritario fue reemplazado por un gabinete que incluía al PRR y tres miembros de CEDA. Una huelga general de la UGT, la llamada Revolución de 1934, inició a comienzos de octubre de ese año y fue rápidamente sofocada a lo largo de casi todo el país. El general Francisco Franco fue puesto al mando informal de los esfuerzos militares contra la insurrección minera de Asturias de 1934, durante la cual los obreros en huelga habían ocupado varios pueblos y la capital de la provincia. Unos 300 000 obreros habían sido llamados a las armas en diez días. Los hombres de Franco, algunos traídos del Ejército de África, mataron civiles, incluyendo hombres, mujeres y niños, y llevaron a cabo ejecuciones en masa cuando fueron retomadas las principales ciudades de Asturias. Unos 1000 obreros y unos 250 soldados del gobierno fueron asesinados, lo que marcó el final efectivo de la república. Meses de retaliaciones y represiones por parte de ambos bandos siguieron, y se utilizó la tortura sobre prisioneros políticos. Atentados con bombas, tiroteos y asesinatos políticos y religiosos eran frecuentes en las calles. Los partidos políticos creaban milicias armadas. En 1935, un nuevo gobierno liderado por el primer ministro Alejandro Lerroux aumentó a cinco el número de ministros pertenecientes a CEDA cuando Gil-Robles fue nombrado ministro de guerra. Las fuerzas militares pasaron por una purga de miembros de izquierdas y fueron reformadas. Los militares leales a Gil-Robles eran ascendidos y Franco fue nombrado jefe de personal.
En las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, enmarcadas por circunstancias violentas, una coalición de partidos de izquierda, el Frente Popular, ganó al bando nacionalista por un margen de menos del 1% de los votos. Con las elecciones se manifestó la polarización de la vida política, que comenzó con la fracasada Revolución de 1934 y la consiguiente represión. La izquierda se presentó unida en una coalición denominada Frente Popular que abarcaba desde la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio hasta el PCE, pasando por el PSOE, ERC y la IR de Manuel Azaña. Enfrente, la mayor parte de los partidos de derecha se agruparon en el Frente Nacional Contrarrevolucionario (CEDA, Renovación Española, Comunión Tradicionalista carlista, Lliga Catalana, etc.), del cual, sin embargo, no formaron parte ni la Falange ni el PNV. El Frente Popular se hizo con la mayoría absoluta en las Cortes, si bien los partidos de derechas protestaron porque les habían arrebatado algunos escaños en la comisión de actas.
A partir de ese momento se desató una oleada reivindicativa con numerosas huelgas e incendios y destrucciones. Pronto entraron en acción grupos paramilitares de falangistas, por un lado, y otros organizados por la izquierda obrera, con enfrentamientos armados entre ellos. Según el historiador Víctor Hurtado, solo en el mes de febrero de 1936 se contabilizaron 441 asesinatos en todo el país, una cifra no corroborada por ningún otro historiador y que, comparada con las que se suelen manejar, es a todas luces exagerada. Un estudio de 2006 sobre las víctimas mortales, resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936, registra para febrero un total de 44 víctimas mortales, de las cuales 28 serían causadas por la intervención de las fuerzas de orden público (la inmensa mayoría de ellas militantes de las organizaciones de izquierda). Según ese mismo estudio, entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de Estado, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además, ese estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses.
Los acontecimientos de los cinco meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fueron utilizados después por los vencedores en la guerra civil española como justificación de su sublevación. El debate sigue abierto, aunque algunos historiadores sostienen que en absoluto puede hablarse de una «primavera trágica» en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación. Sin embargo reconocen que la agitación social y laboral en el campo y la ciudad fueron constantes y el aumento de la violencia explícita por causas políticas, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue también innegable.Pero la conclusión de estos historiadores es clara: «la desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica»y «la política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil».
Según Julio Aróstegui, la otra justificación del golpe de Estado, impedir una inminente «revolución bolchevique», se ha demostrado todavía más inconsistente, ya que nunca se ha llegado a demostrar su existencia. Como ha señalado este historiador, entre otros,«los sublevados llevaron a cabo su acción pretendiendo que se alzaban contra una revolución absolutamente inexistente en la época en que actúan, inventan documentos falsos que compuso Tomás Borrás y que hablaban de un gobierno soviético que se preparaba, y de hecho lo que representaban era la defensa de las posiciones de las viejas clases dominantes, la lucha contra las reformas sociales, más o menos profundas, que el Frente Popular pone de nuevo en marcha».
El antecedente inmediato del golpe de Estado fue el asesinato del político de derechas, líder del partido Renovación Española, José Calvo Sotelo - en la madrugada del 13 de julio de 1936-, cometido a bordo de una camioneta de la Guardia de Asalto, en el marco de un operativo policial y tras un arresto que conculcaba por completo las garantías constitucionales, al ser llevado a cabo sin orden judicial y sin respetar la inmunidad parlamentaria del detenido. El asesinato de Calvo Sotelo, sobre todo el "modus operandi", en el que se ven implicadas "una sección de la Policía del Estado mezclada con elementos revolucionarios, electriza la situación y denota un cambio en la actitud del Ejército". Este asesinato fue cometido en respuesta al asesinato el día anterior, el 12 de julio de 1936, del teniente Castillo, militante socialista. El objetivo inicial era el político, líder de la CEDA, José María Gil-Robles, pero al no encontrarlo en su domicilio, fueron a por Calvo Sotelo. El asesinato de Calvo Sotelo hizo que algunos militares indecisos decidieran posicionarse finalmente en favor del golpe de Estado, aunque no fue el motivo de que se diese el golpe de Estado, puesto que la conspiración ya se llevaba planeando desde mucho antes.
La conspiración golpista
Desde el mismo momento de la victoria electoral del Frente Popular, oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron la preparación de una sublevación militar.Jackson, pág. 206. El 10 de agosto de 1932 había tenido lugar el primer intento de golpe de Estado contra la República, liderado por el general Sanjurjo y llamado por ello «la Sanjurjada»., p. 457 y siguientes. La intentona fracasó y Sanjurjo fue capturado. Más tarde, Sanjurjo fue amnistiado y se exilió en Portugal, desde donde siguió participando en conspiraciones golpistas. El 31 de marzo de 1934 cuatro representantes monárquicos alfonsinos y carlistas, con la mediación del exrey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Italia, consiguieron que Mussolini apoyara «un eventual golpe de Estado que se produjera en España para [...] restaurar la Monarquía» y que el gobierno fascista italiano se comprometiese a aportar 1 500 000 pesetas, 200 ametralladoras, fusiles y granadas de mano. Firmaron el acuerdo por parte española el general Barrera y representantes de los partidos Renovación Española (monárquico alfonsino) y Comunión Tradicionalista (carlista)., pp. 17-18.Objetivo: Acabar con la República, Historia 16 Extra III de junio de 1977, Manuel Tuñón de Lara.
En 1935 el líder de la CEDA, José María Gil-Robles, consiguió la cartera de ministro de la Guerra en el Gobierno y procedió a nombrar a generales derechistas para los puestos clave: Franco como jefe del Estado Mayor Central, Fanjul como subsecretario de Gil-Robles, Goded responsable de Aeronáutica y Mola jefe de las fuerzas en Marruecos. En esta época la derechista Unión Militar Española se dividió entre los que seguían queriendo dar un golpe de Estado para acabar con la democracia y los que preferían "penetrar" el sistema político desde el poder. En enero de 1936 el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas para el 16 de febrero. Varios generales acordaron entonces sublevarse el 19 de febrero si el Frente Popular ganaba las elecciones.José Luis Martín Ramos, «La sublevación de julio de 1936» en Víctor Hurtado, La sublevación, pp. 4-7.
Primer intento de «golpe de fuerza» tras la celebración de las elecciones