El Protocolo Urrutia fue un documento oficial firmado el 26 de marzo de 1858 en la Casa de Gobierno de Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas. Fue firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela Wenceslao Urrutia (de quien fue tomado el apellido para nombrar el documento) y los representantes diplomáticos ante el gobierno venezolano del Reino Unido, de Francia, Estados Unidos, Brasil, los Países Bajos y España, fue firmado con el fin de acordar medidas para la salida pacífica del país del presidente derrocado José Tadeo Monagas, quien se encontraba asilado en la Legación de Francia y solicitaba ser exiliado, pero temía por su vida. La firma del documento significó el comienzo de graves conflictos diplomáticos entre los países firmantes, sobre todo entre Francia, el Reino Unido y Venezuela. El conflicto generado con la firma de ese acuerdo también se conoce como "Protocolo Urrutia". El expresidente Monagas obtuvo el salvoconducto para salir del país el día 31 de agosto de 1858, concluyendo así este complejo y agravado conflicto.

Derrocamiento de José Tadeo Monagas Burgos

miniaturadeimagen|200px|Julián Castro, quien derrocó a Monagas. miniaturadeimagen|200px|José Tadeo Monagas temía por su vida, razón por la que surgió el acuerdo y firma del Protocolo Urrutia. En marzo de 1858 se constituyó la primera rebelión armada que logró derrocar un gobierno en Venezuela, fue organizada y dirigida por uno de los hombres de confianza del presidente José Tadeo Monagas, el General Julián Castro Contreras, quien entonces fungía como gobernador de la provincia de Carabobo. Esta alzamiento es conocido como la Revolución de Marzo, y surgió como resultado de los abusos políticos cometidos durante el Monagato, ya que existía nepotismo, despotismo, corrupción, entre otros vicios que habían generado una mala situación económica, política y social en el país.

El general Julián Castro Contreras se pronunció en contra del gobierno de Monagas, a través de una proclama el 1 de marzo de 1858, reunió un ejército de 5.000 hombres y marchó hacia Caracas con el objeto de derrocar al gobierno, en el camino el ejército fue creciendo en cantidad y en calidad, llegando a unirse a dicho ejército oficiales y soldados del ejército de la república. Cuando los rebeldes llegaron a Caracas, el presidente Monagas solicitó el apoyo del Congreso Nacional, quien le dio un rotundo "No", hecho que motivó que José Tadeo Monagas renunciara el 15 de marzo y solicitara asilo en la Legación Francesa. Pedro Gual fue nombrado presidente provisional, cargo que ejerció durante días, del 15 al 18 de marzo. Julián Castro Contreras sería nombrado presidente por la Convención de Valencia, y Valencia fue nombrada Capital del Estado de Venezuela, la Revolución de Marzo desapareció apenas Monagas renunció, pues ese era su único objetivo. El gobierno de Castro quedó conformado por liberales y mayoría de conservadores. Nombró a Manuel Felipe de Tovar como Secretario de Interior y Justicia, a Fermín Toro como Secretario de Hacienda, a Wenceslao Urrutia como Secretario de Relaciones Exteriores, y a Ramón Soto como Secretario de Guerra y Marina.

Durante el asilo en la Legación Francesa Una vez instaurado el gobierno de la Convención Nacional de Valencia, luego del júbilo y las celebraciones, comenzaron a producirse en Caracas una serie de manifestaciones y disturbios populares, solicitando cárcel y pena de muerte para José Tadeo Monagas, quien seguía asilado en la Legación Francesa. También se asilaron en dicha legación, Jacinto Gutiérrez, exsecretario de Hacienda, y Juan Giuseppi, yerno de Monagas, pero después de las manifestaciones populares, ambos prefirieron abandonar la legación francesa y entregarse a las autoridades. Julián Castro temiendo que se agudizara la crisis, y en virtud que ya no contaba con el apoyo de muchos que le apoyaron para derrocar a Monagas, solicitó al gobierno francés que Monagas se pusiera a la orden del mismo. En virtud de esto, José Tadeo Monagas exigió una serie de medidas y condiciones para salir de la sede de la Legación Francesa, por lo que el entonces Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela nombrado por Castro, Wenceslao Urrutia, convocó una conferencia con los señores Carlos Eames, Ministro Residente de los Estados Unidos; Ricardo Bingham, Encargado de Negocios del el Reino Unido de la Gran Bretaña; Leoncio Levraud, Encargado de Negocios del Imperio Francés; Felipe José Pereira Leal, Encargado de Negocios del Imperio del Brasil; José H. García de Quevedo, Encargado de Negocios de España y Parma, y Pedro Van Rees, Comisario Especial de S. M. el Rey de los Países Bajos. Una vez escuchadas las exigencias de Monagas, y llegado un acuerdo con los diplomáticos extranjeros, Wenceslao Urrutia procedió a firmar el Protocolo o documento resultante, en el cual se establecían una serie de condiciones bajo las cuales Monagas, cumpliría con arresto domiciliario y luego sería exiliado al país de su preferencia.

El Protocolo El Protocoló arrojó los siguientes resultados:

Inicio del conflicto El expresidente Monagas fue trasladado a una casa particular bajo la custodia de una guardia especial. Sin embargo, tal cual lo establecía el Protocolo Urrutia, no se especificó el tiempo que duraría la detención, aunque sí estaba establecido que sería corta y que luego Monagas recibiría el salvoconducto para exiliarse al país que eligiera, siempre y cuando el Gobierno lo estimara necesario para mantener la estabilidad y la paz del país.

Las manifestaciones cesaron, volviendo el clima de calma a la nación venezolana. Sin embargo los miembros del Partido Conservador, que formaban parte del gobierno de Castro, exigían que no se reconociera el protocolo, asimismo exigían que Wenceslao Urrutia fuera retirado de las negociaciones, ya que se había excedido en el uso de sus funciones. También idearon un plan para retrasar lo más que se pudiera el exilio de José Tadeo Monagas. thumb|200px|Fermín Toro fue uno de los encargados de resolver el conflicto Fermín Toro y Manuel Felipe de Tovar, fueron los encargados de sustituir a Urrutia en las negociaciones, al revisar el contenido del “Protocolo Urrutia”, en cuya discusión y redacción no habían participado, quedaron indignados por los términos del documento, que representaba una flagrancia en cuanto a la violación de la soberanía de Venezuela, por lo que decidieron renunciar a sus respectivos cargos, para no lidiar ante tal hecho. Urrutia decidió renunciar a su cargo, renuncia que fue aceptada, mientras que las de Fermín Toro y Manuel Felipe de Tovar, fueron rechazadas. Una vez que Urrutia renunció, fue reemplazado por Mauricio Berrisbeitia, quien junto a Fermín Toro empezaron a realizar un gran trabajo diplomático y de persuasión, para convencer a los diputados de la Convención Nacional de Valencia de aceptar el Protocolo, para así evitar el bloqueo militar.

En virtud del retraso en el cumplimiento del protocolo, Ricardo Bingham y Leoncio Levraud, solicitaron la llegada a las costas venezolanas, de dos buques de guerra, uno francés y otro británico como método de persuasión. Pocos días después, Bingham y Lévraud enviaron otra amenazadora comunicación, manifestando que esperaban una rápida y amistosa solución al conflicto antes de la llegada a La Guaira de las escuadras de sus países, las cuales atracaron en la ciudad de La Guaira el 5 de mayo. Los comandantes de dichos buques, entablaron comunicación con el gobierno de Venezuela y solicitaron que se cumpliera el protocolo a fin fe evitar males mayores.

El día 9 de julio los Encargados de Negocios de Gran Bretaña y Francia suspendieron de forma inesperada las relaciones diplomáticas con Venezuela y exigieron la libertad inmediata de José Tadeo Monagas, Jacinto Gutiérrez y Juan Giuseppi, bajo la amenaza de adoptar medidas más drásticas aún si no se solucionaba el conflicto. Asimismo, los buques de guerra, establecieron un bloqueo económico a Venezuela. A partir de este momento las delegaciones de Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y España se retiraron de forma activa del conflicto.

Por tal motivo, Fermín Toro se comunicó con ellos y les hizo saber que el protocolo no se había irrespetado y que por lo tanto no era necesario agudizar el conflicto. La liberación de Jacinto Gutiérrez y Giuseppi no estaba contemplada en el “Protocolo Urrutia”, y por tal motivo no formaba parte de ningún compromiso diplomático. José Tadeo Monagas, ya había sido trasladado desde la legación francesa a una casa particular, según lo acordado en el convenio. Sin embargo, con respecto a su salida del país no se había especificado el tiempo exacto para aprobar su salida, pero ello no justificaba de ninguna manera la conducta agresiva de los representantes extranjeros.

El 30 de julio Mauricio Berrisbeitia, reemplazante de Urrutia, se dirigió desde Valencia a los Encargados de Negocios de Gran Bretaña y Francia, notificándoles que las rápidas e injustas acciones que habían tomado, entorpecieron la posibilidad de llegar a un acuerdo justo, además de constituir un grave hecho de injerencia e intromisión en los asuntos de Venezuela, violando así su soberanía. En relación con Jacinto Gutiérrez y Juan Giuseppi, informó que ambos acusados debían responder ante la justicia venezolana, alegando además que el Poder Ejecutivo no tenía ningún tipo de competencia por sobre el Poder Judicial, ya que eran poderes autónomos e independientes. A pesar de las amenazas, el gobierno venezolano trató de mantenerse lo más firme posible en cuanto a resguardo de su soberanía e independencia, en contra de las inicuas agresiones imperiales, injustificadas e injustas.

El 30 de julio, el Secretario de Relaciones Exteriores envió una carta a los representantes de España, Estados Unidos, Brasil y los Países Bajos, aclarando que no existía justificación alguna para la intervención anglofrancesa en el asunto, y mucho menos que solicitaran nuevas y absurdas demandas acompañadas de amenazas a las ya injustas peticiones. A pesar de todo, el gobierno venezolano, como un acto de buena voluntad diplomática propuso que el inconveniente fuera sometido a un laudo arbitral, con la participación de potencias neutrales.

La respuesta de Bingham y Lévraud no tardó y el 4 de agosto ambos enviaron una nota al Ministro de Relaciones Exteriores manifestando su desacuerdo con la propuesta. Por el contrario, insistieron de forma más radical en las demandas presentadas el 9 de julio, incluso dando al gobierno un plazo de 24 horas para que satisficieran sus reclamaciones.

Mientras se desarrollaba el conflicto, el asunto era discutido en sesión por los miembros de la Convención Nacional de Valencia. Algunos diputados liberales presentaron un proyecto solicitando que se aprobara la salida del país de los hermanos Monagas y que se dictara una amnistía o indulto para los acusados, sin embargo la propuesta fue rechazada por la Convención el 12 de julio. El día 15 de julio se conoció la noticia del fallecimiento del expresidente José Gregorio Monagas en el Castillo de Maracaibo, hecho que agudizó aún más el conflicto. Cabe destacar que la actitud oficial del Reino Unido, era distinta, ya que a través del ministro Lord Palmerston se observó una posición más accesible y conciliadora, a diferencia de la cuestionada conducta de Bingham.

Julián Castro Contreras, había solicitado a la Convención Nacional de Valencia que le otorgara el poder necesario para solucionar el conflicto, por lo que la convención decidió durante su sesión del 5 de agosto autorizar al jefe de Estado para que diera la orden de liberar al General Monagas, pero con la condición irrestricta e innegociable, de que primero debían ser retirados de los puertos venezolanos los buques de guerra ingleses y franceses.