Las elecciones federales de México de 1988, oficialmente denominadas Proceso Electoral Federal 1987-1988, se llevaron a cabo el miércoles 6 de julio de 1988 organizadas por la Comisión Federal Electoral —y siendo las últimas a su cargo—. Se renovaron los siguientes cargos de elección popular:
Presidente de la República. Jefe de Estado y de Gobierno electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso para cubrir el periodo 1988-1994. El candidato electo fue Carlos Salinas de Gortari. 64 senadores. Miembros de la cámara alta del Congreso de la Unión, 2 por cada estado de la federación y el Distrito Federal, electos por mayoría relativa para un periodo de seis años, que integraron desde el 1 de septiembre la LIV Legislatura. 500 diputados federales. Miembros de la cámara baja del Congreso de la Unión, 300 electos por mayoría relativa por cada distrito electoral y 200 electos por representación proporcional a través de un sistema de listas nacionales por cada una de las 5 circunscripciones, todos electos para un periodo de tres años, que integraron desde el 1 de septiembre la LIV Legislatura.
Los comicios se efectuaron en el marco de nuevas regulaciones electorales que permitían una mayor participación de la oposición en los propios procesos electorales y una mayor representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, estas reformas también trataron de asegurarle al partido gobernante desde 1946, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la mayoría absoluta en la Cámara y otorgar al gobierno federal el control total de la organización electoral.
Los cambios en las normativas institucionales demostraron que el PRI ya preveía un resultado «conflictivo» en estas elecciones. Por otra parte, el Código Electoral Federal de 1986 supuso un incremento de poder del partido hegemónico en la autoridad electoral y alteró la unión que tradicionalmente mantenía con los partidos paraestatales, facilitando la creación de la coalición opositora Frente Democrático Nacional (FDN) y representando la primera ocasión desde 1946 en la que el candidato presidencial priísta era postulado únicamente por el propio partido.
Mientras se realizaba el cómputo de los votos se reportó un fallo en el sistema encargado de reportar el conteo de los sufragios a medida que se realizaban. Antes del fallo, se suponía una ligera ventaja para el candidato del FDN Cuauhtémoc Cárdenas por encima del candidato priísta Carlos Salinas de Gortari, y del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Clouthier. Al restaurarse el sistema, Salinas de Gortari se impuso como ganador con el 50.36% del voto válido, contra el 31.12% de Cárdenas y el 17.07% de Clouthier. El incidente, conocido como «caída del sistema», provocó acusaciones de fraude en la elección del presidente de la República. Mientras que la mayoría de los procesos electorales desde la llegada al poder del PRI habían sido denunciados como fraudulentos, esta fue la primera ocasión en la que hubo una auténtica expectativa de un triunfo opositor, y la legitimidad electoral del partido gobernante se vio, por primera vez en su historia, cuestionada de manera seria.
En julio de 2017, Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, declaró a medios que se había cometido fraude electoral a través de la manipulación de cifras, además de que este se había llevado a cabo en complicidad con el Partido Acción Nacional para evitar que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia.
Antecedentes Las elecciones legislativas de 1985, en las que se renovó la Cámara de Diputados, fueron las últimas regidas por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), emanada de la reforma política de 1977. En esa ocasión se registró una participación del 50.68% y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzó el 64.81% de los votos por mayoría relativa y 60.07% de representación proporcional, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) con 15.59% y 15.49%, respectivamente. La tercera fuerza, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), llegó solamente a 3.22% de los votos por mayoría y 3.30% de representación proporcional. Por lo anterior, el PRI logró controlar el 72.25% de la Cámara de Diputados en la LIII Legislatura.
Reformas constitucionales de 1986 El 19 de junio de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo firmado por el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) que instruía a la Secretaría de Gobernación a convocar a los partidos políticos nacionales, asociaciones, organizaciones, instituciones y ciudadanos a participar en «audiencias públicas de consulta sobre la renovación Política Electoral [...]», con la intención de recabar opiniones que permitieran al presidente «encontrar formas de perfeccionamiento democrático». La «renovación» se refería a reformas de la legislación electoral. Entre julio y agosto de ese año se efectuaron las consultas. Más tarde, el 3 de noviembre, de la Madrid envió una iniciativa de reforma de los artículos constitucionales 52, 53, 56, 60 y fracciones de los 54 y 77. Aprobadas por la Cámara a finales de noviembre y publicadas en el DOF el 15 de diciembre, las reformas implicaron cambios en los sistemas de representación de la Cámara de Diputados.
Los cambios significaron el incremento de 400 a 500 diputados —se adicionaron 100 escaños electos por representación proporcional—, establecieron que todos los partidos que alcanzaran un 1.5% de votos podrían participar en el sistema de representación proporcional y limitaron a 350 el número máximo de escaños que el partido más votado podría obtener, independientemente del porcentaje de votos logrado. Igualmente se determinaba un mecanismo para asegurar que siempre un partido tuviera la mayoría absoluta en la Cámara: «Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza [...] la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al partido con más constancias de mayoría le serán asignados diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta [...]». Por otra parte, se decretaba la renovación parcial del Senado cada tres años.
Con las reformas, el artículo 60 determinó que cada «Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas» y que la «preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales» correspondería al Gobierno Federal. En este sentido, Krieger (1990) afirma que con esto los comicios dejaron de ser «un proceso popular para convertirse en un proceso administrativo, preparado, desarrollado, vigilado [...] por la burocracia». Por su parte, Carmona Hernández y Jiménez Solares (2006) indican que estas reformas tuvieron la «finalidad de devolver al gobierno el control absoluto de la organización electoral».
Código Federal Electoral de 1987 En noviembre de 1986, de la Madrid envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de ley del Código Federal Electoral. Los debates al respecto se iniciaron el 17 de diciembre siguiente, iniciando con el rechazo de una petición de los grupos parlamentarios de cinco partidos con la que protestaban contra la iniciativa y por la eliminación de sus proyectos. Posteriormente, se publicó en el DOF el 12 de febrero de 1987.
El nuevo código electoral estableció el principio de financiamiento público a partidos políticos con base en la cantidad de votos y escaños alcanzados; facilitó la conformación de coaliciones; implementaba la revisión anual del padrón electoral; eliminaba el registro condicionado de formaciones políticas; incorporaba la figura del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, —órgano capacitado para resolver recursos de queja, reclamación y nulidad—, y cambiaba la conformación de la Comisión Federal Electoral (CFE): seguiría estando integrada por el secretario de Gobernación —que además fungía como su presidente— y representantes del Congreso de la Unión, sin embargo, establecía la representación de partidos políticos —un comisionado para cada formación con 1.5% de los votos, más uno por cada 3% adicional, con un límite de 16 comisionados por partido—.
Contexto En las elecciones presidenciales de 1982, el PRI —en coalición con el PPS y el PARM— venció con el 70.99% de los votos. Su candidato, Miguel de la Madrid Hurtado, una vez tomado el cargo implementó un «severo programa de austeridad», que implicaba recortes en el gasto social y en los servicios públicos. La estabilización económica consecuencia de la respuesta gubernamental a la crisis de deuda de inicios de la década se arruinó con la caída de los precios del petróleo en 1985 y empeoró con el terremoto del 19 de septiembre de ese año. El sismo también tuvo consecuencias políticas, pues obligó a la sociedad a organizarse en las labores de rescate y reconstrucción ante la pasividad gubernamental y catalizó el «asociacionismo civil». Para 1987, la inflación alcanzó el 159%. Gillingham (2012) asegura que por esta situación se incrementó el precio de las tortillas en un 400%, 800% para los frijoles y 1800% para el pan.
En este periodo, la deuda pública externa pasó de los 6 mil millones de dólares a los 84 mil millones. Rueda Peiro (1998) detalla que este aumento de la deuda, el empeoramiento de la crisis económica y los compromisos que el gobierno adquirió con el Fondo Monetario Internacional, para continuar recibiendo préstamos, llevaron a la «adopción de la política neoliberal y la consolidación [en el poder] [...] de un grupo de tecnócratas». Al descontento social que estas conduciones produjeron se sumó el de «los políticos que se sienten desplazados y que continúan sosteniendo la tesis del nacionalismo revolucionario». A nivel político, las reformas electorales y constitucionales fueron una respuesta gubernamental a la presión de la oposición, «a la vez que [obedecieron] a propósitos de control del oficialismo».
Molinar y Weldon (2014) toman el cambio de composición de la CFE —incrementando la presencia del PRI y eliminando su necesidad de conseguir apoyos de partidos opositores— y afirman que tal situación animó a los denominados peyorativamente «partidos paraestatales» —también llamados «partidos electoreros» o «partidos satélite», aquellos que normalmente apoyaban al PRI y que en ese entonces eran el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST)— a desafiar a su antiguo aliado. Ortega Ortiz (2010) indica que en este periodo la oposición, tanto izquierdista como derechista, comenzó a progresar lentamente, al punto de que el PAN se convirtió en una «amenaza» para el PRI en ciertas elecciones estatales, como fue el caso de Chihuahua en 1986.
A lo anterior se sumó la división al interior del «partido hegemónico». La respuesta de la élite priísta a las circunstancias fue «moverse a la derecha y bloquear a los principales izquierdistas». En este contexto se formó, en 1986, la Corriente Democrática al interior del partido, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo González Guevara. Medina Peña (2001) detalla que su creación fue una respuesta al «abandono de la intervención del Estado en la economía, los recortes presupuestales, la privatización de las empresas del sector paraestatal y la contracción del gasto social». Para Cárdenas y Muñoz Ledo, este cambio en el actuar gubernamental implicaba una traición a la base ideológica del partido: «la ideología de la Revolución mexicana».
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