thumb|Antonio Maura. Se conoce con el nombre de gobierno largo de Antonio Maura al gobierno presidido por el conservador Antonio Maura que estuvo en el poder en España entre enero de 1907 y octubre de 1909 durante el periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII. Duró, pues, casi tres años y por eso se le llamó gobierno largo para diferenciarlo del gobierno que presidió Maura entre diciembre de 1903 y de 1904 y que sólo duró un año. Durante el gobierno largo Maura tuvo tiempo para aplicar su programa político que definió como revolución desde arriba pero no lo pudo completar como consecuencia de su caída a finales de 1909 tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y la posterior represión, que tuvo entre sus víctimas al pedagogo y activista anarquista Francisco Ferrer Guardia.
La llegada al poder La aprobación de la Ley de Jurisdicciones abrió una crisis en el seno del Partido Liberal —el partido que se turnaba en el poder con el conservador durante la Restauración—. La crisis se zanjó con la dimisión de Segismundo Moret al frente del gobierno en julio de 1906. Le siguieron otros tres presidentes de gobiernos liberales, pero las disensiones entre las facciones del partido continuaron por lo que el rey llamó en enero de 1907 al líder del Partido Conservador, Antonio Maura, para que formara gobierno. El historiador Manuel Suárez Cortina relaciona la caída de Moret con el atentado que sufrió el rey y su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, el día de su boda, el 31 de mayo de 1906, obra del anarquista Mateo Morral, y del que salieron ilesos. Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano la atribuyen en cambio a su pretensión de obtener del rey una segunda disolución de las Cortes para los liberales con el fin de dotarse de una cómoda mayoría para el programa «verdaderamente funesto», según el nuncio, que pretendía aplicar y que incluía entre otras medidas el reconocimiento del matrimonio civil y la secularización de los cementerios. Si el rey hubiera aceptado la disolución se habría roto la regla no escrita de la Restauración de no conceder la disolución de las Cortes dos veces seguidas al mismo partido. Uno de los políticos que aconsejó al rey que no concediera la disolución fue Antonio Maura, al que Moret acusó de haber amenazado al rey con el «retraimiento» del partido conservador, acusación que un indignado Maura negó aunque reconoció que habría renunciado a la jefatura del partido si se hubieran celebrado nuevas elecciones con los liberales en el poder porque eso habría supuesto «sencillamente destruir el régimen constitucional, al cifrar toda la política en las determinaciones de la voluntad regia».
Las elecciones de abril de 1907 y la irrupción de Solidaridad Catalana
Siguiendo los usos propios del régimen político de la Restauración, Antonio Maura obtuvo del rey Alfonso XIII el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones para dotarse de una mayoría amplia en el parlamento. En esta ocasión su ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel se empleó a fondo para satisfacer las aspiraciones de las diversas facciones conservadoras, a costa del partido liberal que en el encasillado obtuvo un número de diputados inferior al que solía corresponder al partido del turno que pasaba a la oposición, lo que levantó las protestas de los liberales. Así en las elecciones celebradas en abril de 1907 se produjo una gran desproporción entre el número de escaños de los conservadores, 253, frente a los liberales, 74, lo que rompía el pacto entre los partidos del turno. thumb|Cartel electoral de Solidaridad Catalana con el retrato de Nicolás Salmerón. La otra gran novedad de las elecciones fue el triunfo arrollador de la coalición Solidaridad Catalana, que obtuvo 41 diputados de los 44 que le correspondían a Cataluña. La coalición, presidida por el anciano republicano Nicolás Salmerón, se había formado en mayo de 1906 como respuesta a la aprobación de la Ley de Jurisdicciones y en ella se habían integrado los republicanos —excepto el partido de Alejandro Lerroux—, los catalanistas —la Lliga Regionalista, la Unió Catalanista y el Centre Nacionalista Republicà, un grupo escindido de la Lliga unos meses antes—, y hasta los carlistas catalanes.
Sus éxitos de convocatoria habían sido espectaculares con manifestaciones masivas como la celebrada en Barcelona el 20 de mayo de 1906 que congregó a 200.000 personas. Como ha destacado el historiador Borja de Riquer, «gracias a la Solidaritat el catalanismo, que apenas había tenido presencia institucional [en las elecciones de noviembre de 1905 sólo habían obtenido siete diputados], se extendió rápidamente por el todo el territorio catalán». Tras su triunfo en las elecciones de abril de 1907 «ya nada sería igual en la vida política catalana, y los gobiernos de Madrid, y la propia corona, deberían asumir el hecho de que la cuestión catalana se había convertido en uno de los problemas más preocupantes de la vida política española».
El proyecto de «revolución desde arriba»
Entre 1907 y 1909, Maura puso en marcha la «revolución desde arriba» del régimen de la Restauración —es decir la reforma del régimen político desde las instituciones y por iniciativa del propio gobierno— cuyo propósito esencial era conseguir el apoyo popular a la Monarquía de Alfonso XIII poniendo fin al sistema caciquil. Según Javier Moreno Luzón, Maura tenía «el convencimiento de que, en un país rural y esencialmente católico como España, esta apertura, controlada si hacía falta con el refuerzo de los mecanismos represivos, redundaría en beneficio de la corona, de la Iglesia y del orden social establecido, es decir, de los intereses conservadores». Maura justificó así su revolución desde arriba: thumb|Antonio Maura en su despacho
Sin embargo Maura había comenzado su gobierno de forma poco congruente pues en las elecciones que convocó se valió del entramado caciquil para alcanzar una mayoría muy amplia en las Cortes. La primera tarea que les encomendó fue aprobar la nueva ley electoral.
La nueva ley electoral Entre las novedades más importantes que introdujo la ley electoral, aprobada en agosto de 1907 y que reformaba la de 1890, estaba que la elaboración del censo electoral pasaba de los ayuntamientos al Instituto Geográfico y Estadístico y que estos también dejaban de controlar el proceso electoral que correspondía a la Junta Central de Censo. También se tipificó el delito electoral y en los casos de fraude intervenía el Tribunal Supremo. Por otro lado, se introdujo el voto obligatorio para incentivar la participación en las elecciones y en el artículo 29 se estableció que no se celebrarían en aquellos distritos electorales en los que se presentara un único candidato, que quedaría proclamado automáticamente. Con todas estas medidas se pretendía acabar con el fraude electoral.
Pero el declarado propósito de Maura de que la nueva ley electoral permitiera la realización de elecciones «sinceras» no se cumplió desde el momento en que no renunció a los distritos uninominales, la base del encasillado de los diputados que aseguraba el triunfo al partido que estuviera en el gobierno. Además el fraude se vio agravado por la aplicación del artículo 29 ya que, como ha destacado Manuel Suárez Cortina, «en algunas elecciones llegó a haber un tercio del Parlamento proclamado por este procedimiento. Así ocurrió en las elecciones de 1910 y en las siguientes; mientras se mantuvo en vigor el sistema parlamentario, más de un centenar de diputados lo fueron por el artículo 29». Así pues, según este historiador, el resultado de la reforma electoral fue que se «dificultó la competencia electoral y la apertura hacia nuevas fuerzas sociales y políticas». Otro de los motivos del fracaso de la ley fue que se mantuvo el sistema electoral mayoritario, lo que constituyó un obstáculo para el acceso al parlamento de las minorías.
El socialista Julián Besteiro valoró de esta forma la ley:
El proyecto de ley de administración local Sin duda el proyecto estrella de Maura fue la reforma de la administración local para otorgar a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, «que malvivían con recursos escasos y prestaban por tanto servicios deficientes», una autonomía real. Según Suárez Cortina, se preveía que los ayuntamientos pudieran «poseer, adquirir o enajenar bienes y servicios antes dependientes del Gobierno», al concedérseles competencias «en materias de seguridad, obras públicas, sanidad, beneficencia y enseñanza». Maura proponía un sistema corporativo de elección de los ayuntamientos, en lo que encontró el respaldo de los diputados de la Lliga Regionalista, encuadrados en Solidaridad Catalana, que también apoyaron la posibilidad que abría el proyecto de crear mancomunidades de diputaciones para gestionar determinados servicios, ya que de ahí podría surgir un órgano representativo de toda Cataluña. Finalmente el proyecto no fue aprobado por la oposición de los liberales, radicalmente contrarios al voto corporativo, que recurrieron al obstruccionismo parlamentario durante su tramitación.
Según Germán López, uno de los propósitos del proyecto fue impedir el crecimiento de los partidos republicanos en las grandes ciudades —en 1907 los republicanos contaban con 415 concejales en las capitales de provincia frene a los 348 del partido conservador y 375 del partido liberal—. De ahí «la eliminación del sufragio universal para la elección de diputados provinciales, la introducción de representantes corporativos en los municipios y el nombramiento de alcaldes de Real Orden». Una valoración similar de la ley es la que hizo el socialista Julián Besteiro:
El reforzamiento del nacionalismo español y la política económica y social El acercamiento a la Lliga no fue obstáculo para desarrollar una política nacionalista española —como la imposición de la obligación de izar la bandera de la monarquía en las fiestas oficiales— que extendió al terreno económico con la protección y el fomento de la industria nacional. La iniciativa más importante fue la aprobación del programa de reconstrucción de la escuadra de guerra, que fue encomendado a astilleros españoles. El primero de los acorazados previstos, el España, sería botado en 1912. Por otro lado, siguiendo esa política nacionalizadora española el gobierno organizó viajes del rey, «encarnación viviente de la patria» según Maura, por distintas partes de España, especialmente a Cataluña. Su compromiso patriótico quedó bien demostrado en un famoso discurso en el Congreso de los Diputados (21 de junio de 1907) en un debate sobre la autonomía de Cataluña: "¿Queréis la personalidad para fines, para jurisdicción, para materia propiamente local? Sin tasa se os reconoce. Vuestra boca es medida. Cuanto más, mejor. ¿Está claro? ¿Queréis personalidad para hacer jirones la inconsútil aoberanía de la Patria? Nunca; nada."Legislatura 1907-1908. 21-06-1907. Página 667.
Maura se ocupó también de la cuestión social desarrollando una serie de iniciativas legislativas aprobadas durante su primer gobierno (el conocido como gobierno corto) relativas al descanso dominical, al trabajo de mujeres y de niños, a la emigración, así como aprobó nuevas leyes: la ley de huelgas,Gaceta de Madrid, 28 de abril de 1909, página 987 a la conciliación y al arbitraje en las relaciones laborales en la industria, etc. y que culminaron con la creación del Instituto Nacional de Previsión., antecedente de la actual seguridad social.