miniaturadeimagen|upright=1.25|Los miembros del directorio civil de Primo de Rivera en diciembre de 1925. En primera fila, de izquierda a derecha, Eduardo Callejo (Instrucción Pública), José Yanguas (Estado), José Calvo Sotelo (Hacienda), Severiano Martínez Anido (Gobernación), Miguel Primo de Rivera (presidente), conde de Guadalhorce (Fomento), Honorio Cornejo (Marina) y Eduardo Aunós (Trabajo). El Directorio civil constituye el segundo y último periodo de la dictadura de Primo de Rivera en España. Se llamó así por el nombre que recibió el gobierno nombrado por Miguel Primo de Rivera en diciembre de 1925 y que sustituyó al Directorio militar que había detentado el poder tras el triunfo del golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923. El propósito del dictador era estabilizar su régimen "gracias a la creación de una base civil de apoyo". Pero el proyecto de institucionalización fracasó y Primo de Rivera presentó la dimisión al rey Alfonso XIII, que también le había retirado su apoyo, en enero de 1930, dando paso a la «dictablanda» de Berenguer.
El nacimiento del Directorio civil Según el historiador Eduardo González Calleja, en enero de 1924, tras la disolución definitiva del parlamento en noviembre de 1923, "se descartó definitivamente la idea de una dictadura provisional de pocos meses de duración. En abril de 1925 Primo ya pensaba en la constitución de un nuevo Gobierno cuando se liquidara la cuestión marroquí.
Tras el desembarco de Alhucemas Primo tomó la decisión de constituir el que sería conocido como Directorio civil. Como ha señalado la historiadora Ángeles Barrio, "la popularidad que le había dado a Primo de Rivera el éxito de la campaña de África le permitía dar un paso adelante en la continuidad del régimen, devolver el ejército a los cuarteles y emprender una fase civil del Directorio. De hecho, el 3 de diciembre de 1925 Primo de Rivera constituía su primer gobierno de tipo civil, en el que sin embargo los puesto clave –Presidencia, ocupada por él mismo, Vicepresidencia y Gobernación, por Severiano Martínez Anido, y guerra por Juan O'Donnell, duque de Tetuán- se reservaban a militares. En el mismo acto de presentación del gobierno, para salir del paso de las especulaciones, cada vez más insistentes en diversos sectores, sobre la necesidad de una salida constitucional, Primo de Rivera hizo pública su intención de mantener en suspenso la Constitución y de no convocar elecciones". El objetivo fijado por Primo de Rivera al nuevo Directorio civil era hacer la transformación económica y la preparación de leyes mediante las cuales, pasado un tiempo prudencial, se haya restablecido una normalidad legal, que guíe y rija la futura vida política de España.
Con el "Directorio civil" Primo de Rivera restableció el Consejo de Ministros con las carteras tradicionales y con una composición mitad civiles y mitad militares. Los civiles pertenecían a la Unión Patriótica, y entre ellos destacaban "las estrellas ascendentes del autoritarismo corporativo: José Calvo Sotelo [un antiguo "maurista" que en los dos años anteriores había ocupado la Dirección General de Administración Local] en Hacienda, Eduardo Aunós en Trabajo y el conde de Guadalhorce en Fomento". Otro ministro destacado era el conservador José Yanguas Messía en la cartera de Estado. Sin embargo, en las decisiones sobre los temas estrictamente políticos Primo de Rivera sólo las discutió con el general Martínez Anido.
Según Genoveva García Queipo de Llano, con el nombramiento del Directorio civil Primo de Rivera, "afirmaba su voluntad de permanecer en el poder y no marcaba ningún camino preciso para salir del régimen dictatorial".
La fracasada institucionalización del régimen thumb|General Miguel Primo de Rivera. El primer paso hacia la institucionalización del régimen había sido la fundación en abril de 1924 del "partido único" Unión Patriótica y el segundo la formación del propio "Directorio civil". Los pasos siguientes fueron el establecimiento de la Organización Corporativa Nacional y la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar un proyecto de nueva Constitución.
Según González Calleja, "la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva en septiembre de 1927 y la elaboración del proyecto de Constitución supusieron la ruptura definitiva de la Dictadura con el sistema parlamentario, provisionalmente suspendido cuatro años antes. Desde entonces, la UP rechazó los ideales de la Constitución de 1876 y optó por la implantación de un sistema corporativo, acentuando su antipoliticismo, su antiparlamentarismo, su antirreligionalismo y su centralismo".
La Organización Corporativa Nacional (OCN) y la colaboración de la UGT
Para González Calleja, la Dictadura intentó seguir un camino intermedio entre el sindicalismo de libre asociación y el sindicalismo único y obligatorio de los totalitarismos. Para ello Primo de Rivera se propuso acabar con los sindicatos de clase para sustituirlos por "sindicatos" con meras funciones asistenciales, de educación y de disciplina de los propios asociados y que actuaran como intermediarios para elegir a los representantes de los trabajadores en los comités paritarios de las corporaciones de los diferentes oficios y profesiones que se proponía crear. Primo de Rivera lo expresó claramente a los pocos días de consumar el golpe de Estado: «Asociaciones obreras, sí, para fines de cultura, de protección y de mutualismo e, incluso, de sana política, pero no de resistencia y pugna con la producción».
La culminación de ese proceso se produjo en noviembre de 1926 con la creación de la Organización Corporativa Nacional, cuyo objetivo último, según la historiadora Ángeles Barrio, era garantizar la paz social mediante una política de intervención en el mundo del trabajo (lo que denomina como "corporativismo social"). La OCN constaba de un primer escalón formado por comités paritarios; un segundo constituido por las Comisiones Mixtas provinciales y, finalmente, un tercero, formado por los consejos de la corporación de cada oficio, que constituían el órgano superior. La representación de patronos y obreros era igual –paritaria- en cada paso. La pieza clave de la OCN eran los Comités Paritarios locales cuyo fin primodial era «regular la vida de la profesión o grupo de profesionales que corresponda».
Primo de Rivera ofreció la representación de la clase obrera en la OCN al sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores (UGT), lo que causó una honda división entre los partidarios de colaborar con la Dictadura, encabezados por Francisco Largo Caballero, y los contrarios, cuyo líder era Indalecio Prieto Ganaron los primeros y la UGT se incorporó a la OCN lo que justificó con el argumento de que no restringía el derecho de huelga y de que consideraba democrática la forma de elección de los representantes obreros en los Comités Paritarios. En la OCN el sindicato socialista ocupó alrededor del 60% de la representación obrera en los Comités Paritarios y un porcentaje aún mayor en los dos escalones superiores. Sin embargo el incremento de los afiliados de UGT fue sólo de un 10% pasando de 211.000 en 1924 a 235.000 en 1928 –el PSOE por su parte pasó de 8.000 afiliados en 1924 a cerca de 13.000 en 1929-.
El sistema de los Comités Paritarios redujo considerablemente la conflictividad laboral, pero en los dos últimos años de la Dictadura conforme fue empeorando la situación económica volvieron a aparecer las huelgas. La respuesta del régimen fue recurrir a la represión, de la no se libró la UGT que vio como el Gobierno clausuraba 93 de sus centros.
Por su parte, los patronos -y los Sindicatos Libres- a partir de 1928 empezaron a criticar a la OCN por considerarla "estatalista" y "centralista". A finales de año las organizaciones empresariales se manifestaron ya abiertamente en contra y pidieron la disolución de los Comités Paritarios o al menos su reforma para que se limitaran a las labores de conciliación y arbitraje, y dejaran de legislar sobre las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. Así fue como la OCN perdió "definitivamente el apoyo de las clases conservadoras, que vieron en el paternalismo primorriverista una amenaza directa a sus intereses", afirma Eduardo González Calleja.
La Unión Patriótica
thumb|300px|left|El general Miguel Primo de Rivera, en el centro vestido de paisano con gorro marinero, en San Sebastián en 1927. A principios de julio de 1926 se celebró en Madrid la Asamblea Nacional de Uniones Patrióticas en la que se aprobaron los estatutos del partido y se eligieron a los miembros de los órganos del mismo, que desde su nacimiento en 1924 aún no se había dotado de una estructura que superara el ámbito provincial. Primo de Rivera fue ratificado como Jefe Nacional y se nombró un Consejo Directivo Nacional, y una Junta Directiva Nacional, "remedo del Gran Consejo Fascista" según Eduardo González Calleja, que estaba integrada por el presidente, el vicepresidente, el secretario general, los 50 jefes provinciales de la UP y 21 personas designadas directamente por Primo de Rivera. Pero lo cierto fue que tras la Asamblea este organismo sólo se reunió una vez, en octubre de 1927. A nivel provincial y local se reproducía la misma estructura con un Jefe provincial o local, con su correspondiente Junta Asesora, la mitad de cuyos miembros eran elegidos por él, pero en realidad quienes fiscalizaban la organización provincial de la UP seguían siendo los gobernadores civiles que eran quienes controlaban el nombramiento del Jefe provincial y de los Jefes locales.
Pocos meses después, en febrero de 1927, Primo de Rivera ordenó a los gobernadores civiles, un tercio de los cuales eran miembros de la UP, que nombraran a upetistas para los cargos de los ayuntamientos y en las diputaciones –en octubre de 1928 se estableció que constituyeran las cuatro quintas partes-, lo que fue visto con desconfianza por algunos de los miembros más destacados del Directorio civil como José Calvo Sotelo y Eduardo Aunós. Este último denunció que "infinidad de elementos" de los partidos del turno desalojados del poder "corrían a alistarse en las huestes del vencedor, porque lo único que les interesaba era estar siempre en auge".
En cuanto al número de afiliados se alcanzó el máximo en julio de 1927 con 1.319.428, según las cifras oficiales, y a partir de esa fecha descendió hasta situarse a finales de 1929 entre los 600,000 y los 700,000. Según González Calleja, un dato revelador de la "tibia acogida que tuvo el proyecto movilizador primorriverista entre la población española" fue la modesta tirada que alcanzó el diario de la UP y del régimen La Nación (50.000 ejemplares en 1927).
La UP se convirtió en un mero instrumento de propaganda del régimen, siempre dispuesta a acatar las órdenes de su Jefe Nacional –como la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid el 13 de septiembre de 1928 en su apoyo-. En febrero de 1929 Primo de Rivera la convirtió también en una organización parapolicial en defensa del régimen al atribuirle funciones de investigación e información en colaboración con el Somatén, constituyendo ambas organizaciones una especie de "liga patriótica". Cuando se produjo el rechazo al proyecto de Constitución presentado en julio de 1929 la UP organizó una campaña por toda España en su defensa, que incluía ataques a la Constitución de 1876, y cuyo acto más destacado fue el gran mitin celebrado en el cine Monumental de Madrid a mediados de septiembre de 1929.
La movilización y encuadramiento de las masas thumb|300px|El general Miguel Primo de Rivera de paisano recorre las calles de Rentería en 1928