El golpe de Estado de Primo de Rivera tuvo lugar en España entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923 y estuvo encabezado por el entonces capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera. Tuvo como consecuencia la instauración de la dictadura de Primo de Rivera gracias sobre todo a que el rey Alfonso XIII no se opuso al golpe y nombró al general sublevado jefe del Gobierno al frente de un Directorio militar.
El historiador Francisco Alía Miranda ha señalado que «el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera [fue] atípico por su simplicidad. Para triunfar solo le hizo falta contar con el respaldo de unos pocos militares de prestigio y publicar un manifiesto en la prensa dirigido Al país y al Ejército. El régimen de la Restauración se desmoronó en pocas horas. [...] No necesitó más respaldos de jefes con mando en tropa, para eso ya estaba detrás la sombra de Alfonso XIII».
Javier Moreno Luzón ha destacado que Alfonso XIII «sabía que la entrega del poder a los militares conllevaba un vuelco político crucial. El más importante en España desde finales de 1874, cuando otro golpe había facilitado el regreso de la dinastía borbónica y la apertura de una etapa diferente, la Restauración. Convalidar aquel acto de fuerza, ponía en cuestión las funciones moderadoras que asignaba al monarca el texto constitucional de 1876... Más aún, ahora no se hacía cargo del Gobierno un caudillo al servicio de un partido concreto, sino el ejército como corporación. Todo lo cual traería consecuencia imprevisibles».
Según el historiador israelí Shlomo Ben Ami, «es en Cataluña donde hay que buscar los orígenes inmediatos del golpe de Primo de Rivera. Fue allí donde la burguesía creó la atmósfera histérica que rodeó a Primo de Rivera con la aureola de "salvador" y colocó su rebelión, como hizo notar un observador contemporáneo, en el contexto general de la reacción antibolchevique que había alcanzado también a otros países europeos. Cambó, auténtico representante de la alta burguesía catalana, "el teórico de la dictadura española", como lo llamó Maurín, expuso crudamente el anhelo y la responsabilidad de su clase por la dictadura: […] "Una sociedad en la cual la avalancha demagógica [sindicalista] pone en grave peligro ideales e intereses se resignará a todo con tal de sentirse amparada…" […] Esto no significa, sin embargo, que hubiera un peligro real de revolución social en vísperas del golpe de Primo de Rivera».
Antecedentes
La creciente intervención del Ejército en la vida política thumb|left|Retrato de Alfonso XIII vestido con el hábito de la Orden de Calatrava (1917). Desde el «Desastre de 1898», se produjo una creciente intervención del Ejército en la vida política española, presentándose como el intérprete de la «voluntad popular» y el defensor del «interés nacional, por encima de los intereses parciales y de la política partidista». Dos momentos claves de este pretorianismo fueron los hechos del Cu-Cut! de 1905 —el asalto por oficiales de la guarnición de Barcelona de la redacción y los talleres de esta publicación satírica nacionalista catalana, y también los del periódico La Veu de Catalunya, en respuesta a una viñeta satírica sobre los militares— que condujeron a la Ley de Jurisdicciones de 1906, y, sobre todo, la crisis española de 1917, en la que cobraron un especial protagonismo las autodenominadas Juntas de Defensa, integradas exclusivamente por militares.
Como ha señalado José Luis Gómez-Navarro, «entre los jefes y oficiales españoles, desde principios del pero de forma creciente a partir de la Primera Guerra Mundial, se había extendido un antiparlamentarismo y un rechazo de la política... Se consolidó en el ejército español la defensa de valores consubstanciales al profesionalismo militar pero cuyo peso se incrementó ante la crisis: orden, jerarquía, disciplina y autoridad; a lo que se añadía su creciente papel de defensores de los fundamentos del orden social y de la institución moderadora que garantizaba la continuidad del sistema social y político: la monarquía».
El «trienio bolchevique» en Andalucía y la «guerra social» en Cataluña (1918-1923) En los años posteriores a la crisis de 1917 se produjo el estallido de una grave crisis social en Cataluña y en el campo andaluz. «Una auténtica "guerra social", con atentados anarquistas y de pistoleros a sueldo de patronos, se declaró en Cataluña y tres años de movilizaciones de jornaleros del campo a los que habían llegado los ecos de la revolución rusa en Andalucía». Aunque las dos grandes organizaciones obreras españolas, CNT y PSOE-UGT no se incorporaron al movimiento comunista, la Revolución de Octubre «actuó en España como un imparable mito movilizador que conmocionó durante años al obrerismo, arrastró a sus dirigentes y encandiló a las masas que intentaban encuadrar».
En Andalucía entre 1918 y 1920 se produjo una intensificación de las movilizaciones, que se conoce con el nombre de «trienio bolchevique». Hubo constantes huelgas de jornaleros que fueron respondidas con extraordinaria dureza por los patronos y las autoridades. Durante las huelgas los jornaleros ocupaban las fincas, siendo desalojados violentamente de ellas por la guardia civil y por el ejército. También hubo sabotajes y atentados. thumb|Parte posterior del coche en el que fue asesinado Eduardo Dato y en la que se observan los orificios de las balas. En Cataluña el conflicto se inició en febrero de 1919 con la huelga de la Canadiense, que era el nombre con el que era conocida la empresa Barcelona Traction, Light and Power que suministraba electricidad a Barcelona. En consecuencia la ciudad se quedó sin luz, sin agua y sin tranvías. El gobierno liberal del conde de Romanones optó por la vía de la negociación acompañada de la aprobación del decreto «de las ocho horas» y de un nuevo sistema de seguros sociales, pero tuvo que ceder a las presiones de la patronal que exigía mano dura y que encontró un valioso apoyo en el capitán general de Cataluña Joaquín Milans del Bosch y en el rey Alfonso XIII. Así fue como el conflicto obrero catalán degeneró en una "guerra social" que tuvo por escenario principal Barcelona. La violencia de los pistoleros de la patronal fue respondida con atentados terroristas perpetrados por los grupos de acción anarquistas.
El nuevo gobierno del conservador Eduardo Dato nombró al general Severiano Martínez Anido como gobernador civil, quien acrecentó notablemente la dura política represiva aplicada por Milans del Bosch contra la CNT. «Implantó un régimen de terror que se valía del sindicalismo libre, perseguía a los dirigentes cenetistas y aplicaba la ley de fugas: algunos detenidos eran ejecutados sobre la marcha por las fuerzas del orden, con el pretexto de que habían intentado huir». Los actos terroristas y la violencia callejera entre anarquistas y miembros de los libres y de las fuerzas parapoliciales, se sucedieron entre 1920 y 1923. La espiral de violencia alcanzó al propio Dato que fue acribillado a balazos en Madrid por tres anarquistas el 8 de marzo de 1921. En 1923 caían también asesinados Salvador Seguí, ―dirigente de la CNT que no había apoyado la vía violenta y que defendía la vuelta a la vía sindical―, y el arzobispo de Zaragoza Juan Soldevilla.
El polémico discurso de Alfonso XIII en el Casino de Córdoba (23 de mayo de 1921) thumb|Salón Liceo del Casino de la Amistad de Córdoba. El primer problema al que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno formado tras el asesinato de Eduardo Dato, que estaba presidido por el también conservador Manuel Allendesalazar, fue la polémica levantada por el discurso de Alfonso XIII pronunciado el 23 de mayo de 1921 en el Casino de la Amistad de Córdoba ante los grandes propietarios de la provincia y las autoridades de la capital. Alfonso XIII estaba convencido, y no era el único en aquel momento en Europa, de que el sistema parlamentario se encontraba en decadencia y no era lo suficientemente fuerte para hacer frente a las fuerzas revolucionarias impulsadas por la «idea soviética»—, lo que le llevó a una crítica generalizada de las instituciones liberales en España —partidos, gobierno y Cortes—, como se pudo comprobar en el discurso de Córdoba.
El rey se quejó de los políticos cuyas «maquinaciones y mezquindades» impedían que fueran aprobados en las Cortes los proyectos que «interesan a todos» por lo que propuso que «las provincias» comenzaran un «movimiento de apoyo a vuestro Rey y a los proyectos beneficiosos y entonces el Parlamento se acordará de que es mandatario del pueblo, pues no otra cosa significa el voto que le dais en las urnas. Entonces la firma del Rey será una garantía de que los proyectos beneficiosos serán una realidad». También dijo «que él, dentro o fuera de la Constitución, tendría que imponerse y sacrificarse por el bien de la Patria». Alfonso XIII era consciente de lo que estaba diciendo porque antes de lanzar la propuesta había dicho: «Algunos dirán que me estoy saliendo de mis deberes constitucionales pero llevo diecinueve años de Rey constitucional y me he jugado la vida muchas veces para que me vengan ahora a coger en una falta constitucional». El ministro que lo acompañaba Juan de la Cierva intentó que los periodistas solo publicaran el «suave resumen» que él había preparado pero el texto completo lo difundió con carteles un noticiario cinematográfico (fue la primera vez, y la última, que un discurso del rey era dado a conocer de este modo). José Luis Gómez-Navarro ha destacado que «lo verdaderamente significativo de este discurso no es sólo la crítica del funcionamiento del régimen de la Restauración en esos años sino su llamamiento a los ciudadanos a encontrarse con su rey, sin mediaciones, fuera de los partidos políticos, para poder ser efectivos y resolver los problemas a los que España se enfrentaba. [...] Alfonso XIII había dado un salto cualitativo en su pensamiento. La corona, representada en su persona, se convierte en intérprete de la voluntad popular, al menos en situaciones de crisis».
El Congreso de los Diputados se ocupó del asunto cuatro días después. El socialista Julián Besteiro afirmó que el rey había tenido unas palabras de «desprecio» hacia el Parlamento y el también socialista Indalecio Prieto proclamó a gritos hasta en tres ocasiones: «¡El Parlamento tiene más dignidad que el Rey!» (la frase de Prieto no figuró en el Diario de Sesiones pero circuló por todo Madrid). En cambio el conservador Antonio Maura apoyó al monarca diciendo que sus palabras habían sido aplaudidas por «la España sensata» y el diario católico El Debate publicó que serían «fervorosamente aplaudidas» por las «gentes desligadas de la política». Por su parte, Alfonso XIII «por el momento, se asustó ante el impacto de sus manifestaciones y negó cualquier intención antiparlamentaria», aunque en privado confesó que había dicho lo que pensaba, con lo que «don Alfonso sintonizaba con los críticos del parlamentarismo, que abundaban en España —como en toda Europa, también en América Latina— durante aquellos años».
El «Desastre de Annual» de julio de 1921 y sus consecuencias
thumb|Cadáveres encontrados en Annual. El problema más grave que tuvo que afrontar el gobierno Allendesalazar fue la crisis provocada por el desastre de Annual, acaecido dos meses después en el Protectorado español de Marruecos. «La ofensiva inesperada de los indígenas [encabezados por Abd el-Krim] concluyó en una desbandada general del Ejército español en dirección a Melilla. Las tropas españolas estaban dispersas en un frente muy extenso con un número de posiciones muy elevado y con graves problemas de aprovisionamiento. Las unidades estaban mal pertrechadas... El derrumbamiento del frente tuvo como consecuencia la pérdida en tan sólo unos días de lo conseguido con graves dificultades durante años. No sólo el general Silvestre [comandante general de Melilla y jefe de las fuerzas españolas en la mitad oriental del Protectorado] murió sino también otros 10 000 soldados».