Las protestas en Venezuela de 2017 fueron una ola de protestas a nivel nacional e internacional en contra del presidente Nicolás Maduro originada por la crisis institucional de Venezuela y otros eventos relacionados con la conflictividad política de ese país en los meses precedentes, principalmente posteriores a las elecciones parlamentarias de 2015https://www.lapatilla.com/site/2017/04/28/llaman-a-protestar-contra-maduro-en-80-ciudades-de-todo-el-mundo-este-29abr/ que terminaron con un saldo de 163 muertos, 2977 heridos y 1351 detenidos, según el Foro Penal Venezolano.
Después de la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente que asumió las competencias de la Asamblea Nacional, que fue considerada por el Tribunal Supremo de Justicia en desacato, y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, se originó una nueva oleada de protestas y una crisis constitucional en Venezuela por la «ruptura del hilo constitucional». Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos de la región, fue mayoritariamente negativa, llegando a ser calificadas dichas acciones como un «autogolpe de Estado» que buscaba desempoderar a la Asamblea Nacional, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país.
En Venezuela, el índice inflacionario correspondiente a este periodo ―según estimaciones privadas― habría sobrepasado el 500%.«Guerra: inflación de 2016 en Venezuela fue del 550%» , artículo publicado en el periódico opositor El Nacional (Caracas).Mientras que para inicios del año 2017, en los últimos tres años de gobierno de Nicolás Maduro, la delincuencia era elevada, de hecho, en el país habían sido asesinadas 81334 personas,«Más de 250 000 asesinatos en los últimos 16 años», artículo en el sitio web El Cooperante.«2016 cerrará con 28 479 muertes violentas», artículo publicado en el sitio web El Nacional (Caracas). sumando así 287926 muertes violentas en todo el país en las últimas dos décadas. El 27 de abril de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro ordena el retiro de Venezuela de la OEA, y las relaciones diplomáticas de Venezuela con los demás países cayeron a un punto crítico.
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó en un informe que «los manifestantes fueron víctimas de vulneraciones y abusos de derechos humanos» y «la mayor parte de la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana» con «responsabilidad también de los colectivos o milicias armadas aliadas del gobierno», denunciando que las fuerzas gubernamentales incrementaron el «uso letal» y «sistemático» de determinados armamentos como granadas de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes, a corta distancia.
Crisis económica
Al iniciarse en 2017, esta protesta social fue relacionada por la prensa nacional e internacional con la prolongada crisis económica venezolana (2013-2021) y sus expresiones más visibles, como podrían ser la elevada tasa de desempleo (en aquel momento, en torno al 25%, la más alta de América Latina, la alta inflación, la precariedad laboral, la reducción salarial, la restricción del crédito y las políticas gubernamentales de ajuste traducidas en recortes en el estado del bienestar.
Las protestas venezolanas tuvieron lugar, por tanto, en un contexto de profundo descontento social por una coyuntura económica negativa, pero en su aparición influyó un abanico de circunstancias y situaciones mucho más amplias.
En 2017, muchos observadores y comentaristas del fenómeno señalaron que, por las características de determinadas denuncias y exigencias, en particular las que atañen al modelo económico, y por ciertos aspectos de las acciones emprendidas, cabía deducir que la mayoría de quienes protestaban eran personas con ideología básicamente de derechas. Sin embargo, hasta el día de hoy, representantes y portavoces de los movimientos han negado categóricamente que los mismos se identifiquen con una etiqueta ideológica determinada.
Crisis institucional de Venezuela de 2017
La suspensión de la etapa de convocatoria del referéndum revocatorio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 20 de octubre, citando la decisión de los tribunales regionales de Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar que anularon en sus respectivos estados la recolección de firmas del 1% (correspondiente a la etapa de Promoción), desató la crisis política en Venezuela de 2016, con un llamado de la oposición venezolana a marchas pacíficas multitudinarias denominadas «toma de Venezuela» a partir del miércoles 26 de octubre de 2016.
Finalmente, la oposición anunció la suspensión de la «Marcha a Miraflores» que se realizaría el jueves 3 de noviembre de 2016, una marcha pacífica de ciudadanos de todo el país que tenía como destino llegar al Palacio de Miraflores en Caracas. La marcha fue suspendida luego de que representantes de la opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática) se reunieron con Thomas Shannon (subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos), y el arzobispo Claudio María Celli ―quien fue enviado por el Vaticano como mediador del conflicto en Venezuela― lograron que la oposición se sentara en una mesa de diálogo con el Gobierno.
En enero de 2017, el Tribunal Supremo ratificó mediante sentencia el desacato que mantiene desde diciembre de 2015 la Asamblea Nacional (de mayoría opositora al gobierno de Maduro) frente al Poder Judicial y al orden constitucional, debido a la juramentación de tres diputados opositores que había sido prohibida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 30 de diciembre de 2015 y al incumplimiento de varias sentencias del Poder Judicial. En la misma sentencia, el TSJ ratificó la nulidad de las actuaciones de la Asamblea Nacional desde el 30 de diciembre de 2015.
El 28 de marzo de 2017, el TSJ, con la sentencia 155, anunció el retiro de la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de que estos pudieran ser enjuiciados incluso ante tribunales militares. El 29 de marzo, la sentencia 156 estableció que el TSJ garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por este mismo ente judicial o por el órgano que ella disponga, mientras persista la "situación de desacato" y de "invalidez" de las actuaciones de la Asamblea Nacional.
Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos de la región fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se estaba disolviendo a la AN, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones (y antes de la anulación de las sentencias), el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que "estarían supliendo sus labores" hasta que ésta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato.
Luego de que la comunidad internacional, en su mayoría, repudió el hecho y que el Consejo de Seguridad Nacional exhortó a la Sala Constitucional que eliminase dichas sentencias, esta hizo lo propio, decidiendo las sentencias 157 y 158, en las que les devuelve la inmunidad parlamentaria a los diputados y sus atribuciones a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la mayoría de juristas coincidieron que esto era inconstitucional ya que se había vencido el plazo para suprimir las sentencias y que nadie podía revisar las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Posteriormente, se realizaron protestas que exigieron la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.
El llamado autogolpe de Estado originó una convocatoria por la oposición de protestar el 31 de marzo en rechazo a un fallo del tribunal supremo que se adjudicó competencias legislativas, mientras crece la presión externa contra el Gobierno socialista de Nicolás Maduro. Desde muy temprano, decenas de estudiantes, partidarios y líderes opositores bloquearon algunas vías principales de Caracas, pero fueron rápidamente contenidos por las fuerzas de seguridad y adeptos al oficialismo.
Protestas
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia revisó y suprimió los contenidos de las sentencias 155 y 156, las personas salieron a las calles para exigir respeto a la Constitución, elecciones y que termine el Gobierno de Nicolás Maduro. La oposición volvió a las calles el 1 de abril con nuevas peticiones después de cinco meses de ausencia, recordando que el 26 de octubre de 2016 fue la última convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática en rechazo a la suspensión del referéndum revocatorio. Caracas fue el centro de una gran manifestación de la alianza, esta vez el motivo fue rechazar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y exigir respeto a la Constitución. A pesar de que estaba convocada una concentración en la plaza Brión de Chacaíto para la sesión parlamentaria especial, la actividad se convirtió en una marcha a la sede de la Defensoría del Pueblo, su objetivo era exigirle al defensor Tarek William Saab que rechazara las decisiones del TSJ que atentaban contra el Parlamento. izquierda|miniaturadeimagen|Guardia Nacional Bolivariana reprime una protesta disparando perdigones y bombas lacrimógenas. En consecuencia de la marcha originada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana reprimió con bombas lacrimógenas y perdigones, los funcionarios intentaron dispersar la marcha, al tiempo que los protestantes tomaron otro rumbo por la avenida Libertador, donde también intentaron dispersarlos. A través de las redes sociales, los manifestantes denunciaron represión en varios puntos de Caracas, en la Alameda, La Campiña, Sabana Grande, La Florida, además de las Mercedes, Bello Monte y Chacaíto donde hubo presión policial.
Luego, Capriles aseguró que las «protestas seguirán hasta que se restablezca el orden constitucional», se le devuelvan las competencias que le corresponden al Parlamento, se abra un canal humanitario para recibir medicinas y comida, y se logre la liberación de presos políticos convocando una marcha para el 4 de abril de 2017. La oposición venezolana convocó a marchar desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional (AN), para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dictaron las sentencias 155 y 156, las cuales dejaban sin inmunidad parlamentaria a los diputados y quitaba las competencias al Poder Legislativo, pero los opositores no pudieron continuar su trayecto debido a la presencia de tanquetas antimotines que bloquearon la vía, y fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando intentaban tomar una vía alterna hacia el organismo.
El 5 de abril de 2017, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, acudió a la Organización de Estados Americanos a defender al Gobierno venezolano y aseguró que las fuerzas policiales actuaron «no para reprimir, sino para evitar que se expandiera la violencia». También, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, negó que los colectivos hubiesen hecho acto de presencia en la protesta del 4 de abril, en la que fueron vistos disparando al aire en la autopista Francisco Fajardo. Cabello también reveló que sacarán a los oficialistas a manifestarse en Caracas y en todo el país.