miniaturadeimagen|Napoleón acepta la rendición de Madrid, 4 de diciembre de 1808 (1810), óleo sobre tela de Antoine-Jean Gros thumb|Alegoría de la abolición de la Inquisición por las Cortes de Cádiz. Grabado de Manuel Alegre y Pedro Nolasco Gascó por dibujo de Antonio Rodríguez Onofre con el que apareció ilustrado el texto impreso de la Discusión del proyecto de decreto sobre el Tribunal de la Inquisición, Imprenta Nacional, Cádiz, 1813. Inscripción: «A la NACIÓN ESPAÑOLA que apoyada en la RELIGIÓN y excitada por la LIBERTAD derriba el edificio de la Inquisición. Huyen despavoridos la SUPERSTICIÓN, el FANATISMO y la HIPOCRESÍA; y la VERDAD aparece triunfante en el ayre». Biblioteca Nacional de España. thumb|Reo de la Inquisición española, con coroza y sambenito en un auto de fe en el momento en que un inquisidor lee la sentencia. Grabado n.º 23 de la serie Los Caprichos de Francisco de Goya. La abolición de la Inquisición española se produjo en cuatro tiempos. En diciembre de 1808 la Inquisición española fue suprimida por Napoleón Bonaparte mediante los decretos de Chamartín que se aplicaron en la España «afrancesada», mientras que en la España «patriota» la abolición se produjo varios años después, por las Cortes de Cádiz el 28 de febrero de 1813. En julio de 1814 fue restaurada por el rey Fernando VII junto con todo el Antiguo Régimen al ordenar que «se quitasen de en medio del tiempo» los acuerdos de las Cortes, pero el 9 de marzo de 1820 fue de nuevo suprimida por el mismo rey, obligado por el triunfo del pronunciamiento de Riego que restableció la Constitución de 1812. Tras la recuperación de sus poderes absolutos en octubre de 1823 —gracias a la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis que pusieron fin al Trienio Liberal—, Fernando VII no restableció la Inquisición —en su lugar funcionaron en algunas diócesis unas Juntas de Fe—. En julio de 1834, al inicio de la Regencia de María Cristina de Borbón, el gobierno liberal moderado de Francisco Martínez de la Rosa aprobó un decreto cuya disposición primera decía: «Se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición». Fue la cuarta y última abolición de la Inquisición en España.
Antecedentes: la Inquisición española en el
¿Decadencia de la Inquisición? Existen discrepancias entre los historiadores a la hora de valorar la actividad inquisitorial en el ya que mientras algunos hablan de «declive» del Santo Oficio, sobre todo en su segunda mitad, otros prefieren utilizar términos como «acomodación» y «reconversión». Ciertamente en el hubo una disminución de la actividad de la Inquisición y los privilegios de los inquisidores fueron cuestionados y algunos suprimidos, como la exención de pagar impuestos o de alojar tropas. Asimismo con el paso del tiempo también dejaron de leerse los edictos de fe y de celebrarse los autos de fe generales (el último tuvo lugar en Sevilla en 1781 en el que fue condenada a muerte una mujer por fingir revelaciones divinas y por mantener relaciones sexuales con sus confesores, uno de los cuales, el que la delató, fue condenado por el delito de solicitación). Sin embargo, la Inquisición aún mantuvo a lo largo del un notable nivel de actividad y solo a partir de 1780 se produce una considerable caída del número de casos, aunque entre esa fecha y 1820 fueron denunciadas a la Inquisición unas 50.000 personas. thumb|Condenada por la Inquisición española que lleva una coroza con dibujos de llamas lo que significa que va a ser quemada en la hoguera por hereje (grabado de la serie Los Caprichos de Francisco de Goya). En lo que sí existe un cierto consenso entre los historiadores que han investigado el tema más recientemente es en el hecho de que en el , sobre todo en su segunda mitad, se produjo un cambio en los delitos de los que se ocupó la Inquisición. Como casi habían desaparecido los «herejes» que habían sido su objetivo principal –judaizantes, protestantes y moriscos—, el Santo Oficio se centró ahora en los defensores de las nuevas ideas ilustradas y en los delitos considerados como «menores», como la blasfemia, las beatas, las supersticiones, el curanderismo, la bigamia, y otras prácticas contrarias a la moral católica, de manera muy especial la «solicitación». Así pues, «en el la Inquisición se convirtió en vigilante de la moral católica y en enemiga de las nuevas ideas» –precisamente en la segunda mitad del el delito más frecuente fue el de proposiciones: «las afirmaciones, dichos o expresiones interpretables en sentido no católico o heterodoxo»—.
Fueron objeto de especial vigilancia por la Inquisición los clérigos y laicos, tildados por sus oponentes de jansenistas, que defendían la reforma «ilustrada» de la religión basada en una vivencia más interior de la fe, haciéndola más racional mediante la eliminación de las prácticas supersticiosas y de la pompa externa del culto, y que asimismo propugnaban cambios en la organización de la Iglesia, de acuerdo con los planteamientos episcopalistas muy extendidos en la Europa de la época, lo que ponía en cuestión la existencia misma de la Inquisición, ya que se consideraba que eran los obispos quienes debían ocuparse de las cuestiones morales y de fe. thumb|left|Primera página de la «Relación de los sanbenitos que se han puesto, y renovado este año de 1755, en el Claustro del Real Convento de Santo Domingo, de esta Ciudad de Palma, por el Santo Oficio de la Inquisición del Reyno de Mallorca, de reos relajados y reconciliados públicamente por el mismo Tribunal desde el año 1645». En consecuencia muchos escritores, políticos, militares y clérigos fueron acusados por la Inquisición y pasaron por sus cárceles, aunque en la mayoría de los casos no se llegó a emitir sentencia. Para algunas personas el paso por los calabozos inquisitoriales les causó daños irreparables, como al agustino Pedro Centeno que enloqueció y pasó el resto de sus días recluido en un convento, por lo que el problema «no consistió tanto en recibir una sentencia condenatoria como en vivir en un estado de permanente incertidumbre».
Prueba de ello fue el proceso al que fue sometido el ilustrado y funcionario de Carlos III de España Pablo de Olavide condenado en 1778 a ocho años de reclusión en un convento, aunque a los dos años se escapó, por «hereje, infame y miembro podrido de la religión», lo que alimentó el descrédito de la Inquisición en España y en el resto de Europa.
La Inquisición «suavizó» algo sus métodos, intentándose adecuar a los nuevos tiempos. En 1748 suprimió la pena de galeras y por esas mismas fechas se abandonó la costumbre de colgar los sambenitos de los condenados en las iglesias para perpetuar la infamia de su pecado en sus descendientes. También se hizo menos riguroso el trato a los reos en las cárceles secretas aunque no se abandonó el uso de la tortura para obtener las confesiones.
La primera razón de la introducción de estos cambios fue el avance de las ideas ilustradas que no dejó de afectar a la Inquisición —algunos inquisidores, como Felipe Bertrán, inquisidor general entre 1775 y 1783, compartieron las nuevas ideas, aunque la mayoría se opuso a ellas—. La segunda fue la política regalista de la monarquía borbónica que se propuso la reforma de la Inquisición, lo que dio lugar a bastantes conflictos entre el Santo Oficio y la Corona, aunque nunca se planteó su abolición. El objetivo de la monarquía lo resumió el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, en su conocida Instrucción reservada de 1787:
La política borbónica respecto de la Inquisición
thumb|Francesco del Giudice, inquisidor general durante el reinado de Felipe V de España. Felipe V recibió el apoyo total de la Inquisición durante la guerra de sucesión española, pero al finalizar ésta encomendó a Melchor de Macanaz, fiscal del Consejo de Castilla, un informe para reforzar la autoridad del rey en el Santo Oficio. El motivo del encargo fue la oposición del inquisidor general Francesco del Giudice al informe presentado al rey por Macanaz en diciembre de 1713 en el que formulaba propuestas para limitar la influencia del papa en la Iglesia católica española. La reacción de Felipe V fue destituir inmediatamente al inquisidor general y ordenar el informe a Macanaz. thumb|left|Melchor Rafael de Macanaz. En el informe sobre la Inquisición Macanaz advirtió al rey que el Santo Oficio había invadido prerrogativas que correspondían a la Corona y que había adquirido un grado de autonomía y de inmunidad difícilmente tolerable para un monarca absoluto. Lo que propuso Macanaz no fue abolir la institución sino reforzar la autoridad del monarca en ella, reduciendo su ámbito de competencias a los asuntos estrictamente espirituales, y subordinándola a los tribunales reales a la hora de calificar los delitos, todo ello en el contexto de una política claramente regalista.
Sin embargo, la propuesta de Macanaz no salió adelante porque la opinión de los consejeros de Felipe V estaba dividida sobre la cuestión de la Inquisición y porque Macanaz acabó cayendo en desgracia en la corte y fue desterrado del reino en 1715 –no se le autorizó a volver hasta dos años después de la muerte de Felipe V en 1746, permaneciendo en prisión hasta su fallecimiento en 1760—.
A partir de entonces, la actitud de los ministros borbónicos respecto de la Inquisición puede calificarse como ambigua pues se le pide que se siga ocupando de la defensa de la ortodoxia católica y al mismo tiempo que contribuya a erradicar determinadas prácticas «supersticiosas» que dificultan el avance de las luces. Así se nombran prelados ilustrados para el cargo de inquisidor general, como el caso de Felipe Bertrán, obispo de Salamanca, nombrado en 1764, mientras que los escalones inferiores de la institución sigue estando integrados por «clérigos ignorantes agarrados a su pobre pitanza y a sus privilegios».
Al mismo tiempo se va extendiendo lo que Henry Kamen ha llamado «desengaño» ante la Inquisición causado, entre otras razones, por el contacto con el mundo exterior. Un farmacéutico detenido en 1707 por la Inquisición en La Laguna (Tenerife) declaró
Las primeras medidas efectivas para sujetar más firmemente la Inquisición a la Corona se tomaron durante el reinado de Carlos III. La ocasión surgió cuando el inquisidor general Manuel Quintano Bonifaz prohibió la circulación de la obra del francés Mesenguy Exposición de la doctrina cristiana por considerarla jansenista –así había sido declarada en un breve pontificio—, a pesar de que el libro había obtenido la licencia real. Cuando el rey le ordenó que levantara la prohibición, el inquisidor general se negó por lo que fue desterrado de la corte. Poco tiempo después el rey promulgó una real cédula de 1768 en la que se limitaban las competencias de la Inquisición en la censura de libros. Cuando el inquisidor reaccionó contra esa medida los fiscales del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes y José Moñino, futuro conde de Floridablanca, le recordaron que su autoridad provenía del rey y dejaron entrever que la Inquisición podía ser suprimida «si lo pidiese la utilidad pública». Dos años después, otra real cédula de 1770 redujo la actuación de la Inquisición a los delitos de herejía contumaz y de apostasía, pasando el resto a los tribunales reales, aunque la blasfemia, la sodomía y la bigamia, quedaron repartidos entre ambos. En 1784 se prohibió a los inquisidores procesar a los nobles, a los ministros de la Corona, a los magistrados y a los oficiales del ejército, sin el permiso expreso del rey. 180px|left|thumb|Retrato del Conde de Aranda, por Francisco Jover y Casanova.