thumb|Templarios condenados a la hoguera por la Inquisición La Inquisición pontificia o Inquisición papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el papa Gregorio IX en 1231-1244 para perseguir la herejía y que estaba bajo su autoridad directa. Sustituyó a la inquisición episcopal creada cincuenta años antes y llamada así porque la persecución de los herejes correspondía a los obispos de cada diócesis.Esta hace parte también de lo que se constituiría como la Inquisición en la Edad Media, distinta de la Inquisición de la Edad Moderna cuyo modelo lo constituyó la inquisición española, que a diferencia de la medieval estaba bajo la autoridad de los Reyes Católicos en quienes el papa había delegado en todo lo referente a la herejía en los dominios de su Monarquía.
Antecedentes
Desde el Bajo Imperio Romano una serie de delitos eclesiásticos fueron convertidos en delitos públicos. Entre ellos se encontraban los actos contra las iglesias o contra el clero, la apostasía y la herejía. Esta última era el «crimen» más importante y el emperador y sus jueces estaban obligados a actuar contra ella. Una constitución del año 387, mandaba que «todos los jefes de los maniqueos fueran quemados con sus libros, y sus discípulos condenados a muerte o a trabajos forzados en las minas». En los siglos siguientes la Iglesia apeló constantemente a los tribunales seculares para que la persiguiera, teniendo en cuenta la prohibición establecida por el derecho canónico de que los tribunales eclesiásticos dictaran condenas que supusieran el derramamiento de sangre. Por ejemplo el papa Calixto II en el Concilio de Tolosa de 1119, o el papa Inocencio II en el concilio de Letrán de 1139 hicieron sendos llamamientos a los príncipes cristianos para que lucharan contra las nuevas sectas.
La jurisdicción sobre la herejía correspondía a los obispos quienes condenaban a los herejes declarados o descubiertos por algún medio con la expulsión de la diócesis o con la excomunión. En 1184 el papa Lucio III promulgó la decretal Ad abolendam en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la Cristiandad Latina que se ocuparan de la herejía. En esta inquisición episcopal, «refrendada en el Sínodo de Verona de 1184 por el papa Lucio III y el emperador Federico I Barbarroja, actuaban únicamente el obispo y la autoridad civil de cada diócesis; se buscaba a los posibles herejes y de ser hallados culpables, se les aplicaba la excomunión y el bando imperial con el destierro y la confiscación de bienes; no se admitía todavía la pena de muerte». thumb|left|El papa Inocencio III. Monasterio de Subiaco, Roma Sin embargo, algunos príncipes cristianos que atendieron la llamada de la Iglesia para luchar contra la herejía, la aplicaron. En 1166 el rey Enrique II de Inglaterra ordenó marcar en la frente con un hierro al rojo vivo a treinta herejes y, después de azotarlos en público, que los echaran al campo para que murieran de frío. En 1197 el rey de Aragón y conde de Barcelona Pedro II de Aragón promulgó en Gerona una durísima ordenanza antiherética en la que mandaba quemar vivos a los herejes que se negaran a abandonar sus dominios.
En 1199 el papa Inocencio III, que sustituyó el título tradicional del papa de vicario de Pedro por el de vicario de Cristo afirmando así su autoridad soberana absoluta —su plenitudo potestatis— sobre la Cristiandad, hizo pública la decretal Vergentis in senium en la que proclamó la herejía como un crimen de lesa majestad, el crimen supremo según el derecho romano, por lo que la herejía de noción teológica se transformaba en noción jurídica. Así «declarando a los herejes culpables del crimen de lesa-majestad eterna, se investía en efecto al papa de esta majestad que se encontraba lesionada, majestad de un nuevo tipo, cristianizada, superior a la majestad temporal de la que podían enorgullecerse el emperador o los reyes. La noción de majestad eterna o divina, introducida a propósito de la persecución de los heréticos, ponía así el derecho romano al servicio de un poder fundado sobre la función suprema de defensa de la fe cristiana». La consideración de la herejía como un crimen de lesa majestad se basaba en la idea de que «cuando un hereje se colocaba fuera de la comunión eclesial, se constituía al mismo tiempo fuera de la sociedad».
La equiparación de la herejía con el delito de lesa majestad fue confirmada en el IV Concilio de Letrán de 1215 y a partir de entonces los heréticos recibieron el mismo tratamiento penal que el derecho romano reservaba a los infames. En 1200 el rey de Francia Felipe II Augusto hizo quemar a ocho cátaros en Troyes y luego a un grupo de seguidores de Amaury de Chartres, incluyendo mujeres y clérigos, «obrando en en ello como rey cristianísimo y católico». En los sínodos de Aviñón (1209), de Montpellier (1215), de Narbona (1227) y de Tolosa (1229) se inculcó a los obispos el deber de denunciar a los herejes y de llevarlos ante la autoridad civil para que esta les aplicara la debita poena, la muerte en la hoguera. Además se les derrumbaban sus casas y se les confiscaban sus bienes. «A los arrepentidos, a quienes se les perdonaba la vida, quedaban excluidos de los cargos públicos y habían de llevar por toda la vida sobre el hábito dos cruces para que pudieran ser reconocidos». Por esos mismos años el emperador Federico II establecía la quema en la hoguera como «castigo ejemplar» para los herejes, aunque «no le movían puros motivos religiosos; más le importaba, siguiendo el ejemplo de los antiguos emperadores romanos, sobreponerse al dominio del pontificado constituyéndose en defensor único de la Cristiandad y juntamente disponer a su antojo de sus vasallos, a quienes arbitrariamente podía castigar y hasta llevarlos a la muerte por un pretendido crimen de herejía».
El nacimiento de la inquisición pontificia thumb|Papa Gregorio IX. La consideración de que los tribunales episcopales comunes habían fracasado en la erradicación de la herejía, llevó al papa Gregorio IX a promulgar en 1231 la decretal Ille humani generis por la que otorgaba al convento de la orden de los dominicos de Ratisbona el poder de crear un tribunal inquisitorial. Con esta decretal se creó «un nuevo tipo de funcionario, un investigador cuya autoridad derivaba directamente del papa, de cuya decisión no había apelación y que actuaba de acuerdo con el modo eclesiástico tradicional del procedimiento inquisitorial». Otra razón para la creación de la inquisición pontificia pudo ser evitar la «exagerada intromisión del poder civil en materia religiosa».
Así fue como nació la inquisición pontificia, una institución eclesiástica judicial que tiene como misión investigar (inquirere en latín) allí donde hayan surgido grupos heréticos para corregir su «error» mediante la persuasión, la confesión y la penitencia y si persistieran en el mismo apartarlos del «pueblo cristiano» entregándolos al brazo secular, a las autoridades civiles, porque la herejía era considerada un delito de lesa majestad y como tal debía ser castigado.
La inquisición nace para hacer frente a las dos herejías más importantes de los siglos y —la albigense, muy extendida por el Languedoc, y la valdense—, que cuestionaban la Potencia divina —al defender el dualismo que propone que el bien y el mal son dos entidades distintas y antagónicas— y el papel institucional de la Iglesia —al negar su monopolio de la predicación de la verdad cristiana o al rechazar determinados sacramentos—.
En cuanto a los reinos cristianos de la península ibérica, la inquisición pontificia sólo se instauró en la Corona de Aragón donde los dominicos catalanes Raimundo de Peñafort y Nicholas Eymerich fueron destacados miembros de la misma. En cambio, en la Corona de Castilla nunca se estableció porque, según Henry Kamen, «los obispos y los tribunales eclesiásticos se habían bastado más que de sobras para reprimir cualquier herejía». La nueva inquisición papal apuesta por el poder de la predicación para convencer a los herejes de su «error», pero sin olvidar los medios coercitivos judiciales para que el hereje confiese en público, delante de un tribunal, su delito. Por tanto, la actividad de los inquisidores es a la vez pastoral y represiva, de ahí que el papa nombre como inquisidores a miembros de las nuevas órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, especialmente estos últimos, que precisamente son los grandes especialistas de la palabra.
Los inquisidores dependen directamente del papa y las autoridades eclesiásticas locales no tienen jurisdicción sobre ellos. Esto es lo que diferencia a la inquisición pontificia de la inquisición episcopal, ya que ellos representan por delegación papal una potencia absoluta, la de Dios. Y esto es lo que permite que el inquisidor actúe de oficio, sin que sea necesario que exista una acusación, dando nacimiento al proceso inquisitorial que tendrá una enorme influencia en los sistemas penales contemporáneos.
El proceso
thumb|Escena de la Inquisición por Alphonse Legros () en la que se muestra a un acusado confesando su herejía El procedimiento
Partiendo del principio de que no es necesario acusador, una sospecha o una denuncia suelen ser los motivos para que el inquisidor abra un proceso, es decir, investigue, encueste, inquirere. De esta forma se rompía con las normas procesales que imperaban en la Edad Media ya que la función primordial de la justicia era entonces resolver conflictos entre dos personas o entre dos grupos, por lo que siempre era necesario un acusador para iniciar el proceso, y el juez era un árbitro del mismo. La forma diferente de actuar del inquisidor derivaba del derecho romano que consideraba el crimen como una amenaza a la res publica, y la herejía la Iglesia la había declarado el más horrible de los crímenes, el crimen de lesa majestad, por lo que podía actuar de oficio en defensa del «orden sagrado» y de la Iglesia.
La tarea del inquisidor entrañaba una gran dificultad porque antes de juzgar al criminal debía identificar y calificar el crimen, es decir, si se encontraba ante un caso de herejía, un concepto, por otro lado, de contornos imprecisos. Así el inquisidor debía llegar a conocer la verdad a través de su investigación, de su inquisición, para sobre ella fundamentar la sentencia. Y para ello, como su propósito era defender la majestad, principio tomado del derecho romano, podía franquear las protecciones judiciales que se daban a los encausados para que pudieran defenderse de forma equilibrada, propias de los procesos acusatorios, y «apoyarse sin vergüenza en denuncias, callarse el nombre de los testigos de cargo, acelerar el procedimiento y utilizar el secreto y la tortura para conseguir una confesión, puesto que la confesión confirmaba lo que la investigación confiada a un juez experto había dejado vislumbrar…».
Aunque el fundamento del proceso inquisitorial es el derecho romano, los clérigos medievales lo modificaron en varios puntos, sin olvidar sin embargo las reglas del sistema acusatorio. Una de las modificaciones más importantes procedía de la costumbre monástica de la «corrección fraternal», según la cual los monjes estaban obligados a denunciarse mutuamente cuando incumplían la regla de la orden, y que se extendió al conjunto de los creyentes, a los que se conminaba en las predicaciones a que delatasen las faltas de los otros o las de uno mismo. Este llamamiento y las denuncias a que daba lugar constituían la «inquisición general», que daba paso a la «inquisición especial» dirigida contra un número determinado de sospechosos. «Desde los años 1245-1246 se ve así a los inquisidores Bernard de Caux y Jean de Saint-Pierre interrogar a cerca de 5.500 personas originarias de un centenar de parroquias del Lauragais, en el territorio albigense, para localizar a los heréticos». thumb|left| El papa Juan XXII bendiciendo a Bernardo Gui.