El Gobierno Provisional de 1868-1871 fue el ejecutivo transitorio que se formó en España tras el triunfo de la Revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II. Constituye el primer período del Sexenio Democrático (1868-1874) y se subdivide en dos etapas: La primera, caracterizada por la elaboración de la nueva Constitución de 1869 bajo un gobierno provisional integrado por las fuerzas políticas firmantes del Pacto de Ostende, que protagonizaron la Revolución: el Partido Progresista encabezado por el general Juan Prim y la Unión Liberal liderado por el general Francisco Serrano, y del que finalmente quedó fuera el tercer partido firmante del pacto, el Partido Demócrata, que se transformaría en el Partido Republicano Federal. La segunda, que comenzó con la aprobación de la nueva Constitución en junio de 1869 y el nombramiento como regente del hasta entonces presidente del Gobierno Provisional, el general Serrano, asumiendo el general Prim la presidencia del Gobierno, y que terminó el 2 de enero de 1871 con el juramento ante las Cortes Constituyentes del nuevo rey elegido por él, Amadeo I de Saboya.
Antecedentes: la revolución de 1868
El día 18 de septiembre se iniciaba en Cádiz un pronunciamiento protagonizado por la flota naval allí amarrada que fue sublevada por el almirante Juan Bautista Topete, y desde donde se dirigió un llamamiento a la insurrección contra Isabel II en un manifiesto dado a conocer al día siguiente:
El pronunciamiento se fue extendiendo por el resto de España, mientras que se producían insurrecciones populares en muchas ciudades. El día 28 de septiembre tenía lugar la decisiva batalla de Alcolea, donde las fuerzas leales a Isabel II fueron derrotadas por las unidades militares sublevadas al mando del general Serrano. Al día siguiente Madrid se sumaba al pronunciamiento e Isabel II, que se encontraba en San Sebastián acompañada de su corte, optaba por exiliarse a Francia. En el mensaje dirigido por la Reina a la nación "al poner mi planta en tierra extranjera" advertía de que no renunciaba a
El Gobierno Provisional (1868-1869)
thumb|280px| El Gobierno Provisional en 1869. De izquierda a derecha: Laureano Figuerola, Hacienda; Práxedes Mateo Sagasta, Gobernación; Manuel Ruiz Zorrilla, Fomento; Juan Prim, Guerra; Francisco Serrano, presidente del gobierno provisional; Juan Bautista Topete, Marina; Adelardo López de Ayala, Ultramar; Antonio Romero Ortiz, Gracia y Justicia; y Juan Álvarez Lorenzana, Estado. Foto de J. Laurent.
Las Juntas revolucionarias En un primer momento, el poder fue asumido por las Juntas que se habían formado en las diferentes ciudades, muchas de ellas elegidas por sufragio universal y en las que predominaban progresistas y demócratas. Sus manifiestos recogían las reivindicaciones propias de las clases populares urbanas: supresión de los derechos de puertas o consumos, abolición de las quintas y de las matrículas de mar, libertad de cultos, etc. Y algunas, incluso, tomaron decisiones en ese sentido. Sin embargo, en muchas ocasiones hubo un significativo contraste entre el radicalismo político de los manifiestos de las juntas (sufragio universal, libertad de pensamiento, libertad religiosa) y su conservadurismo social (defensa del orden establecido, de la propiedad de la tierra, etc.), que se acentuó tras la formación del gobierno provisional. "Las juntas revolucionarias, que en los primeros momentos habían utilizado un lenguaje radical -la de Valladolid quería «la libertad más omnímoda»...-, pasaron rápidamente a otro mucho más moderado, con consignas sobre el respeto de la propiedad y la conservación del orden público, elogios a la «cordura» de los ciudadanos y exhortaciones a la prudencia".
Las primeras juntas en constituirse fueron las de Andalucía, donde destacaron las de Sevilla y Málaga por sus carácter más "radical". "La de Sevilla consagró las libertades de imprenta, enseñanza y culto, abolió la pena de muerte, las quintas y la matrícula de mar, afirmó el sufragio universal y reclamó la celebración de Cortes Constituyentes".
En Barcelona la Junta se formó más tarde, el 30 de septiembre, tras conocerse el triunfo de la revolución. Pero allí la Junta presidida por Tomás Fábregas, tras vitorear al general Prim, se pronunció a favor de la República, los emblemas reales fueron destruidos, se excarcelaron a los presos políticos y se organizó la milicia urbana compuesta por 4.000 ciudadanos, que garantizaría el normal funcionamiento de la actividad económica y el orden social -las autoridades oficiales, el conde de Cheste y varios generales, huyeron a Francia-. El 2 de octubre la Junta constituyó un nuevo Ayuntamiento y una nueva Diputación Provincial y continuó con su política "radical": "suprimió los mozos de escuadra y comunidades religiosas, expulsó a los jesuitas, derogó la ley de orden público, derribó el fuerte de la Ciudadela y Atarazanas, así como los conventos de San Miguel y Junqueras, y proclamó la libertad de cultos y la supresión de quintas y consumos". En los primeros días de octubre también se formaron juntas en Valencia -bajo la dirección del progresista José Peris y Valero-, Alicante, Murcia, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Santander, La Coruña y Asturias.
En Madrid, tras la derrota de la batalla del puente de Alcolea, el presidente del gobierno, José Gutiérrez de la Concha, delegó sus poderes en su hermano Manuel, Marqués del Duero, que formaba parte del grupo de los generales sublevados. Este a su vez, después de nombrar capitán general de Madrid a Antonio Ros de Olano, el 29 de septiembre resignó el poder en el político progresista Pascual Madoz como presidente de la Junta Revolucionaria que también ocupó el cargo de gobernador civil de la provincia. También formaban parte de la Junta revolucionaria de Madrid los progresistas Joaquín Aguirre y Laureano Figuerola, y el demócrata Nicolás María Rivero, entre otros.
La formación del Gobierno Provisional y el mantenimiento del orden thumb|Almirante Juan Bautista Topete (1887) por Rafael Monleón (Museo Naval de Madrid). El 3 de octubre de 1868, el mismo día en que Serrano y Topete llegaban a la capital, la Junta revolucionaria de Madrid encargaba al primero «la formación de un ministerio provisional que se encargue de la gobernación del estado hasta la reunión de las cortes constituyentes», sin haberlo consultado con el resto de las juntas.
El 8 de octubre se formó el Gobierno Provisional presidido por el general unionista Serrano, en el que estaban integrados los otros dos militares que habían encabezado el pronunciamiento -el general progresista Prim, en Guerra; y el unionista almirante Topete, en Marina- además de destacados políticos unionistas (Antonio Romero Ortiz, en Gracia y Justicia; Juan Álvarez Lorenzana, Estado; Adelardo López de Ayala, Ultramar- y progresistas -Práxedes Mateo Sagasta, Gobernación; Manuel Ruiz Zorrilla, Fomento; Laureano Figuerola, Hacienda-. Los demócratas rehusaron entrar en el gobierno porque solo se les ofreció un único ministerio. No todas las juntas aceptaron la formación del gobierno provisional sin haber sido consultadas, y la de Barcelona protestó por haber dejado fuera del gobierno a los demócratas y nombró «una comisión que vaya a Madrid a pedir explicaciones».
Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno Provisional fue la disolución de las Juntas, aunque muchas de ellas continuaron actuando clandestinamente a través de “comités de vigilancia” nacidos de ellas. La mayoría de sus miembros se integraron en los nuevos ayuntamientos y diputaciones nombrados por ellas y que fueron revalidados por un decreto del gobierno del 13 de octubre. El decreto autorizaba a los miembros de las juntas su conversión en concejales y diputados provinciales, y tras la autodisolución de la Junta Superior revolucionaria de Madrid el 19 de octubre, al día siguiente el Gobierno decretó la extinción de todas las demás. Además el gobierno se comprometió a celebrar elecciones municipales inmediatamente.
Más complicado le resultó al Gobierno Provisional hacer cumplir la orden de desarme de las milicias de los Voluntarios de la Libertad, de cuya actuación se quejaban las autoridades locales por la presión a que les sometían para que cumplieran las prometidas reformas. Así se produjeron luchas callejeras en algunas ciudades andaluzas, como Puerto de Santa María, Cádiz, Jerez y Málaga, que obligaron a intervenir al Ejército. En Barcelona la orden no se pudo cumplir hasta finales de año y en Madrid, “para evitar los desórdenes, el Gobierno tuvo que ofrecer treinta reales y trabajo por cada fusil que se entregara en el Ayuntamiento, enajenando para conseguir este dinero la propiedad municipal”. Sagasta, ministro de la Gobernación, ordenó a los gobernadores civiles que mantuvieran el orden «a toda costa» porque los enemigos de la libertad «se han ocultado tal vez para deslizarse y confundirse con las masas populares».
miniatura|Motín contra las quintas en Jerez, marzo de 1869, de Valeriano D. Bécquer, en El Museo Universal. El gobierno también tuvo que hacer frente a una creciente conflictividad social. “Ocupaciones de tierras y motines reclamando alimentos se extendieron no sólo por Andalucía, sino por Galicia, la Mancha y Levante, y a lo largo de 1869 a estos conflictos se sumó el malestar urbano por la inmovilidad de los salarios”. Un periódico de Madrid acusó al gobierno provisional de debilidad por no hacer frente a los que en «las provincias andaluzas... invocan el derecho al trabajo y piden aumento de jornal o salario».
En diciembre en Cádiz el gobernador militar declaró el estado de guerra para hacer frente a una «sucesión de alarmas injustificadas» y ordenó el desarme de los Voluntarios de la Libertad. Los enfrentamientos entre los milicianos, dirigidos por Fermín Salvochea, hijo de un acaudalado comerciante, y el ejército duraron tres días, con empleo de artillería por ambas partes, causando gran número de víctimas. Para acabar con la resistencia de los milicianos el gobierno envió unidades de refuerzo y ordenó a los buques de la Armada española que bombardearan la ciudad, lo que les obligó a abandonar las armas sin haber sido derrotados. Otros movimientos semejantes se produjeron en Béjar, Badajoz, Málaga, Tarragona, Sevilla o Gandía. En Burgos, en cambio, la revuelta fue protagonizada por los partidarios de la reina destronada que asesinaron a navajazos en la puerta de la catedral al nuevo gobernador civil al que creían que su nombramiento se debía a que iba despojar de sus bienes a la Iglesia -no a inventariarlos para impedir que siguiera la venta clandestina, como le había ordenado el gobierno-.
Esta política de mantenimiento del orden fue acompañada de una serie de decretos en los que se reconocían los derechos y libertades reclamados en los manifiestos de las juntas: libertad de enseñanza (21 de octubre); libertad de imprenta (23 de octubre); derecho de reunión (1 de noviembre); sufragio universal para los varones mayores de 25 años (1 de noviembre); y derecho de asociación (21 de noviembre). En cuanto a las dos reivindicaciones populares más importantes, un decreto del 12 de octubre eliminó los odiados consumos, pero la supresión de las quintas, no se pudo cumplir por el estallido de la insurrección en Cuba que dio inicio a la Guerra de los Diez Años.
La insurrección de Cuba y el problema de las quintas 150px|thumb|Carlos Manuel de Céspedes. thumb|140px|Moneda de 2 pesetas, emitida por el Gobierno Provisional, 1869
El 10 de octubre de 1868 estalló una insurrección independentista en la isla de Cuba encabezada por Carlos Manuel de Céspedes que dio el Grito de Yara, un Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba en la que se exponían los agravios contra la metrópoli que justificaban la secesión -rechazo del sistema fiscal y de las trabas al libre comercio; mantenimiento de la esclavitud, nula capacidad de autogobierno por parte de los habitantes de la isla, etc-.