El Estado de Quito fue un estado autodeterminado en forma de monarquía constitucional ubicado en la América del Sur. Existió entre el 15 de febrero de 1812, en que un congreso constituyente discutió y promulgó una constitución propia, y el 1 de diciembre del mismo año, en que los dispersos juntistas quiteños fueron derrotados en la batalla de San Antonio de Ibarra. No tuvo reconocimiento internacional y su territorio efectivo consistía de una fracción de la antigua Real Audiencia de Quito, que formaba parte del virreinato de Nueva Granada.
El Estado quiteño tuvo un cuerpo de gobierno, ejército y una constitución propias que le dieron autonomía tanto de la Nueva Granada -ya sea las distintas provincias insurgentes como de las Provincias Unidas de la Nueva Granada- como del Consejo de Regencia de España e Indias y, por consecuencia de las Cortes de Cádiz, sin dejar de reconocer a Fernando VII como rey reconocido en esta monarquía constitucional. Su existencia fue fugaz, y tuvo vigencia en los lugares donde se le reconoció. Fue rápidamente sustituido por el gobierno del nuevo presidente de la Real Audiencia de Quito Toribio Montes, quien restableció el gobierno de la monarquía española en la ciudad de Quito tras la victoria en la batalla de El Panecillo y aplicó la Constitución de Cádiz.
Historia Antecedentes Véase Invasión napoleónica a España, Juntas de Gobierno de Hispanoamérica,Junta Suprema de Quito, y Junta Superior de Quito
Invasión napoleónica a la península ibérica
La invasión napoleónica a España y la abdicación del rey Carlos IV, quien cedió el trono a su hijo Fernando VII, quien a su vez abdicó a favor del emperador francés Napoleón I, creó una tensa y caótica situación política en España y sus Virreinatos partir de 1808. Las abdicaciones no fueron bien recibidas por los vasallos de la monarquía española, resistiendo la ocupación y rechazando a la nueva casa dinástica inicida con José Bonaparte. En toda la península se formaron "juntas", que eran gobiernos locales usualmente de carácter popular que aseguraban luchar por España y por el rey. Las voluntades de estas juntas se reunieron en la Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre de Fernando VII, y que funcionó a partir de septiembre de 1808 en Aranjuez, aunque debió huir a Sevilla por el avance de las tropas francesas. A fin de asegurar la sujeción de los territorios americanos a este gobierno, y así evitar cualquier acercamiento con el gobierno afrancesado de José I de España, declaró el 22 de enero de 1809 que los virreinatos eran partes integrantes de la monarquía española. Si bien en América ya se había establecido una junta autónoma en 1808 en Montevideo y otros proyectos habían fracasado en México y Cuba, esta declaración dio paso a la posibilidad legítima de que en América se formaran juntas similares, como sucedería en distintos lugares.
El avance de las tropas napoleónicas durante 1809 obligó a que la Junta Suprema Central huyese hacia la Isla de León y finalmente a Cádiz, disolviéndose y estableciéndose en su lugar un Consejo de Regencia en enero de 1810, cuya legitimidad fue cuestionada inmediatamente en la misma Cádiz así como en toda la América española. Del otro lado, en la península se esperaba el pliegue de las provincias americanas y el reconocimiento tanto de la Junta Central como del Consejo de Regencia recientemente establecido, y se temía que se estableciesen juntas en América que pudiesen desconocerlos, reconocer a José I o a Carlota Joaquina de Borbón que estaba en el Brasil, declarar independencia de cualesquier proyecto foráneo, reconociendo únicamente a Fernando VII, o, si acaso, la independencia absolulta. Unánimemente varios americanos en distintos territorios resolvieron también establecer juntas propias como primer y fundamental paso para reconocer al gobierno establecido en la península o negociar acercamientos con los portugueses. Sin buscarlo plenamente, las Juntas de Gobierno de América prenderían la mecha de la insurgencia en toda la región.
Primera Junta de Gobierno de Quito
thumb|250px|El marqués Juan Pío de Montúfar, presidente de la primera Junta. Siguiendo el ejemplo de las juntas establecidas en la península ante el avance de las tropas de ocupación francesas, un grupo de letrados vecinos de Quito resolvieron establecer una Junta Suprema, buscando atraer a las gobernaciones vecinas. En la madrugada del 10 de agosto de 1809 los quiteños sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, obligando al Conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia, a capitular.
Tan pronto se conocieron los sucesos del 10 de agosto, las autoridades de Guayaquil, Cuenca, Popayán, y Panamá, los gobernadores y los ayuntamientos, respondieron rechazando la junta quiteña y reiterando su lealtad a la Junta Suprema Central. En Popayán, el alférez real Gabriel de Santacruz contestó lo siguiente:
Solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron inicialmente al movimiento quiteño, pero prontamente se organizó una contrarrevolución desde Riobamba. En cuestión de semanas la junta perdía credibilidad en el interior de la gobernación de Quito. Mientras, las ciudades vecinas como Guayaquil, Cuenca, y Popayán organizaban fuerzas militares para frenar el avance de los quiteños. Adicionalmente, desde Bogotá y Lima, los virreyes de Santafé y Lima despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana, por lo cual sus autoridades negociaron la entrega del gobierno a cambio de la subsistencia de una junta independiente de Santafé de Bogotá, pero que reconocería a la Junta Suprema Central, a lo cual accedió el antiguo presidente. Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809 la Junta restituyó al conde Ruiz de Castilla, permitiendo el ingreso a la ciudad sin resistir de las tropas coloniales de Lima y Bogotá. El conde retornó a su palacio el 25 de octubre, entre los vítores de sus simpatizantes. En total, el gobierno de la monarquía en Quito tuvo a disposición una fuerza de cerca de 3500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la Junta, y restableció solemnemente la Real Audiencia de Quito, faltando a su palabra de manera escandalosa.
Masacre del 2 de agosto de 1810
Restituido en el gobierno, el presidente Ruiz de Castilla persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Tal y como obró en la Conspiración del Cuzco de 1805, cuando fue presidente de aquella Real Audiencia, ordenó rápidamente el inicio de procesos penales contra todos los juntistas, o al menos los que no tenían títulos nobiliarios. La arbitrariedad de los procesos tenía intranquilo al pueblo de la ciudad pues el conde Ruiz de Castilla y los oidores Arechaga, y Fuertes y Amar buscaban sentencias rápidas, que habrían implicado la pena capital de muchos.
Ruiz de Castilla tenía noticias del avance hacia Quito del comisionado Montúfar, y circulaba el rumor de que venía autorizado por el gobierno para aprobar el establecimiento de la junta quiteña. Adicionalmente, poseía noticias de una conspiración para liberar a los presos, por lo que redobló esfuerzos de vigilancia. No obstante, en un intento desesperado y poco articulado se orquestó el Motín del 2 de agosto de 1810 con la intención de liberar a los presos. Los quiteños atacaron dos cuarteles: el Real de Lima, el de Santa Fe y una casa conocida como el Presidio, donde estaban detenidos los presos del pueblo. Los soldados respondieron asesinando a los presos en los calabozos del piso alto, y luego salieron a la calle García Moreno a enfrentarse con la turba. Durante la tarde, se produjeron choques en los barrios de San Blas, San Sebastián y San Roque, mientras los soldados saqueaban las casas más ricas del centro. Entre 200 y 300 muertos y por los menos medio millón de pesos en pérdidas dejó la criminal represalia ordenada por Ruiz de Castilla y Arredondo.
Segunda Junta de Gobierno de Quito
thumb|250px|Coronel Carlos de Montúfar. Comisionado de Regencia. Tras conocerse en Cádiz los eventos del 25 de mayo de Chuquisaca y La Paz y los del 10 de agosto en Quito, la Junta Central comisionó a varios americanos para apaciguar los ánimos y confirmar la subsistencia del gobierno. Después de una travesía de cuatro meses desde España, el 9 de septiembre de 1810 entró en Quito el coronel Carlos de Montúfar, en su calidad de Comisionado Regio, recibido con honores por el conde Ruiz de Castilla pero con algo de recelo por el resto de autoridades españolas, que veían descontentas el hecho por tratarse del hijo de Juan Pío Montúfar, II Marqués de Selva Alegre, y quien había presidido la Suprema Junta de Gobierno (tachada de independentista) en 1809 con su respectiva persecución por disidencia. Sobre Carlos Montúfar, dice Pedro Fermín Cevallos:
Como había actuado desde su arribo a la costa caribeña de la Nueva Granada, fomentando el establecimiento de distintas juntas que reconocían al Consejo de Regencia y juraban fidelidad a Fernando VII, el joven Montúfar decidió establecer una junta superior en Quito, presidida por un triunvirado conformado por Ruiz de Castilla, el obispo de Quito Cuero y Caicedo y el propio Carlos Montúfar. La junta superior de Quito, establecida entre el 19 y 22 de septiembre de 1810 de la mano del comisionado regio Carlos Montúfar y el presidente de Quito Conde Ruiz de Castilla, reconoció como su rey a Fernando VII y reconoció al Consejo de Regencia, para entonces ya bien atrincherado en Cádiz. No obstante, dado que el virrey del Perú nombró a Joaquín Molina y Zulueta como presidente en reemplazo de Ruiz de Castilla, la reticencia de los junteros a reconocer al nuevo presidente, entonces instalado en Cuenca, dio lugar a la coexistencia de una doble jurisdicción: mientras que la Junta Superior de Quito controlaba algunas zonas del antiguo corregimiento de Quito, Molina ejercía como presidente, y mandó establecer la Real Audiencia de Quito, en Cuenca (Ecuador). Mientras que la Regencia había confirmado el nombramiento de Molina en abril de 1810, los junteros quiteños solicitaron la aprobación real por su establecimiento el 6 de octubre de ese mismo año, que sería aprobada en Cádiz el 14 de mayo de 1811, por ser su naturaleza similar a la de las juntas que existían en la península.
Cuando Carlos Montúfar quiso visitar las ciudades de Guayaquil y Cuenca tras establecer la junta en Quito y en su calidad de Comisionado Regio, estas no le quisieron recibir. Adicionalmente, Abascal aseguro la separación de Guayaquil y de Cuenca del virreinato de la Nueva Granada, incorporando ambas gobernaciones al Virreinato del Perú. En efecto, el virrey Abascal no veía con buenos ojos el accionar de Montúfar, y le escribía una misiva que rezaba: «(...) desconociéndole como Comisionado del Rey, pues no he recibido ninguna comunicación al respecto. Y aún en el supuesto de que fuere tal Comisionado no se puede extender demasiado las facultades que se la ha concedido, hasta el extremo de dictar leyes y organizar Juntas que turban la paz y tranquilidad de estos pueblos».
Desconocimiento del Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz thumb|250px|Obispo José de Cuero y Caicedo. Presidente del Estado de Quito.