230 px|thumb|Isabel II La crisis del final del reinado de Isabel II constituye el cuarto y último período en el que se suele dividir el reinado de Isabel II de España. Comienza en marzo de 1863 con la caída del gobierno de la Unión Liberal del general Leopoldo O'Donnell y termina con la Revolución de 1868 que puso fin a la Monarquía de Isabel II -que marchó al exilio- y abrió la nueva etapa de la historia contemporánea de España denominada Sexenio Democrático (1868-1874).
Antecedentes: la caída de O'Donnell
A partir de 1861 la cohesión interna de la Unión Liberal, el partido que sustentaba al gobierno de Leopoldo O'Donnell, se fue resquebrajando al carecer de una firme base ideológica y basarse casi exclusivamente en la comunidad de intereses. La firma del Tratado de Londres de 1861 por el que España se comprometía en la expedición a México junto a Gran Bretaña y Francia ya suscitó un vivo debate en las Cortes sobre la constitucionalidad del acuerdo, en el que algunos diputados de la Unión Liberal no respaldaron al gobierno. El fraccionamiento del partido gubernamental también se evidenció cuando el 16 de diciembre de 1861 se votó una moción de confianza al gobierno en la que unos 80 diputados se la negaron, entre ellos uno de los fundadores de la Unión Liberal, el exministro Antonio de los Ríos Rosas, que como el resto de unionistas disidentes criticaban el estilo personalista de gobierno de O'Donnell. Poco a poco este grupo se fue ampliando con figuras de tanto peso dentro de la Unión Liberal como Antonio Cánovas del Castillo, Manuel Alonso Martínez o el general Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero. También se sumaron al sector crítico Alejandro Mon y los antiguos progresistas "resellados" encabezados por Manuel Cortina y por el general Juan Prim, quien acabaría volviendo a las filas del Partido Progresista. thumb| El general Leopoldo O'Donnell. Asimismo arreció la oposición de los progresistas "puros" -los que a diferencia de los progresistas "resellados" no se integraron en la Unión Liberal cuando se fundó en 1858-, como se pudo comprobar en diciembre de 1861 cuando el líder progresista "puro" Salustiano de Olózaga denunció en las Cortes la gran influencia que sobre la reina Isabel II ejercía la camarilla clerical -encabezada por sor Patrocinio y a la que en 1857 se había incorporado el padre Claret, nuevo confesor real, y de la que también formaba parte el nuevo "favorito" de la reina, Miguel Tenorio de Castilla— y a la que culpaba de limitar la política del gobierno de O'Donnell, impidiendo por ejemplo que España reconociera al reino de Italia por estar enfrentado con el papa en la llamada cuestión romana, y, sobre todo, de ser responsable de que los progresistas nunca fueran llamados por la Corona a formar gobierno. Su discurso terminó con una frase que se haría célebre: «Hay obstáculos tradicionales que se oponen a la libertad de España».
Al mismo tiempo comenzaron a aflorar las denuncias de corrupción a lo que se unió la presión de Napoleón III para que el gobierno condenara la conducta del general Prim al ordenar la retirada unilateral del contingente español en la expedición de México, lo que acabó provocando una crisis de gobierno a mediados de enero de 1863.
A comienzos de marzo de 1863 O'Donnell pidió a la reina la disolución de las Cortes, que llevaban abiertas cuatro años, para contar con un parlamento más adicto poniendo fin a la disidencia que había surgido en la Unión Liberal -ya fuera la integrada por antiguos moderados "puritanos", como Cánovas, o por antiguos progresistas "resellados", como Cortina o el general Prim-. Pero Isabel II se negó a disolver las Cortes, entre otras razones por la oposición del gobierno de O'Donnell a que la reina madre María Cristina de Borbón volviera a España. Entonces O'Donnell presentó su dimisión que le fue aceptada. Fue el final del "gobierno largo" de la Unión Liberal.
La vuelta de los moderados al poder (1863-1865)
El gobierno de Miraflores y el retraimiento de los progresistas Para decidir quién sustituiría a O'Donnell la reina convocó a palacio al presidente del Congreso de los Diputados, Diego López Ballesteros, y al del Senado, Manuel Gutiérrez de la Concha, quienes le aconsejaron que nombrara a un progresista como nuevo presidente del gobierno. La reina aceptó la propuesta pero cuando se entrevistó con una comisión del Partido Progresista integrada por el "resellado" Manuel Cortina y por el "puro" Pascual Madoz éstos no le dieron ningún nombre para presidente del gobierno y le pidieron tiempo para reorganizar el partido. Los dos sectores del Partido Progresista -"resellados" y "puros"- se reunieron el 19 de marzo de 1863 para reunificar el partido ante la inminencia de la entrada en el Gobierno de los progresistas. En la reunión se barajó el nombre del general Juan Prim, quien mantenía unas excelentes relaciones con la reina y que además había sido el político progresista que O'Donnell le había propuesto a Isabel II para sustituirle.
El problema que tenía la reina es que no encontraba ningún político que quisiera hacerse cargo del gobierno con unas Cortes con mayoría de la Unión Liberal y al que no podía otorgar el decreto de disolución porque ya se lo había denegado a O'Donnell, lo que había causado su dimisión. Así que tuvo que recurrir a última hora al anciano moderado Marqués de Miraflores para que gobernara con las Cortes «tal cual existían». Como era de esperar Miraflores se tuvo que enfrentar con una fuerte oposición parlamentaria por lo que suspendió las sesiones de las Cortes el 6 de mayo y finalmente obtuvo de la reina el decreto de disolución a mediados de agosto de 1863. thumb| Salustiano de Olózaga. Miraflores se reunió con el líder progresista Salustiano de Olózaga ofreciéndole entre 50 y 70 diputados en las nuevas Cortes que tendrían una mayoría moderada y unionista, pero Olózaga "tras una primera aceptación, acabó negándose a la componenda". Miraflores le había puesto como condición para "otorgarle" un número tan relativamente grande de diputados que los progresistas renunciaran a la Milicia Nacional y al principio de que el poder legislativo residiera únicamente en las Cortes, y no en "las Cortes con el rey" como se decía en la Constitución de 1845, a lo que Olózaga se negó.
Entonces el ministro de la Gobernación Florencio Rodríguez Vaamonde envió unas circulares a los gobernadores civiles en las que, para impedir que los progresistas consiguieran más escaños de los que pensaba "otorgarles" el gobierno, se restringía el derecho de reunión exclusivamente a las personas que tenían derecho al voto -"que eran 179.000 en toda España, en una población de unos diecisiete millones de habitantes"- y además se ordenaba que la policía ejerciera la "influencia moral" del gobierno para que salieran elegidos los candidatos afines. El conocimiento de estas circulares provocó la ruptura entre progresistas y moderados, desbaratándose así la oportunidad de que los dos partidos se turnasen en el gobierno. El 23 de agosto de 1863 un grupo de progresistas hacía pública su protesta por las circulares y anunciaba que renunciaban a reunirse, haciendo responsable al Gobierno de las consecuencias. El general Prim se entrevistó con la reina en tres ocasiones para que presionara al gobierno para que retirara las circulares pero no lo consiguió, por lo que el Comité central del Partido Progresista reunido el 7 de septiembre de 1863 decidió el retraimiento en las elecciones, lo que suponía no presentar candidatos a las mismas y, sobre todo, negar la legitimidad a las Cortes que salieran de ellas. El objetivo era presionar a la reina para que rectificara, pero ésta no lo hizo.
La vuelta de Narváez thumb| left| Alejandro Mon retratado por José Casado del Alisal. El gobierno del Marqués de Miraflores duró diez meses, hasta el 17 de enero de 1864. La razón de su corta duración fue que no tenía detrás de él a ninguna de las facciones que constituían el Partido Moderado por lo que cuando presentó en las Cortes su proyecto de reforma de las Constitución de 1845 -intentando introducir como en 1853 los senadores hereditarios- su propio partido tampoco la apoyó. Le sucedió Lorenzo Arrazola, que se presentó en las Cortes como representante del «partido moderado histórico» pero su gobierno solo duró cuarenta días. Su final se debió a que varios ministros prefirieron dimitir antes que ceder a la presión del rey consorte Francisco de Asís de Borbón que quería que firmaran una concesión de ferrocarril para el financiero José de Salamanca, de quien iba a recibir una comisión millonaria. El elegido por la reina para sustituirle fue el veterano político moderado Alejandro Mon, por lo que los progresistas se sintieron engañados al ver incumplida la promesa de que serían llamados por la Corona para formar gobierno. Así en el banquete del 3 de mayo de 1864, que reunió a tres mil personas, se adoptó el lema «O todo o nada» -lo que significaba que si no accedían al gobierno mantendrían el retraimiento- y Práxedes Mateo Sagasta habló de «dinastías marchando a su destierro».
El gobierno de Alejandro Mon estaba integrado por moderados y unionistas con lo que contaba con una base parlamentaria más amplia que los dos gobiernos anteriores, pero a pesar de ello solo logró mantenerse en el poder seis meses, hasta que en septiembre de 1864 los ministros de la Unión Liberal dimitieron para forzar la caída del gobierno. Su única obra importante fue la aprobación de una nueva ley de imprenta, que sustituía a la de Cándido Nocedal y que fue redactada por Cánovas del Castillo, en la que se ponía bajo la jurisdicción militar los artículos periodísticos que «tendieran a relajar la fidelidad o disciplina de las fuerzas armadas».
"Con la dimisión de Alejandro Mon se cerraría un período de año y medio de inestabilidad presidido por gobiernos de bajo perfil, buenas intenciones y escaso apoyo político. [...] Tampoco se puede decir que la reina y su círculo más conservador mostrara excesivo entusiasmo por aquel moderantismo de medias tintas [un «moderantismo teñido de unionismo»]", afirma Juan Francisco Fuentes. El escritor Juan Valera describió así años después la situación política que vivía el país:
thumb| General Ramón María Narváez. Entonces la reina llamó el 16 de septiembre de 1864 al general Narváez, el único político que podía unir tras de sí a un Partido Moderado muy dividido, para que formara gobierno por sexta vez -mientras, el general Prim seguía sin conseguir que los progresistas abandonaran el retraimiento-. Al parecer, en la decisión de llamar a Narváez influyó la reina madre María Cristina de Borbón, que pensó en él para que consiguiera apartar del retraimiento a los progresistas derogando las circulares restrictivas del derecho de reunión y prometiéndoles unas elecciones limpias, dentro de lo que cabía en aquella época. Según Jorge Vilches, María Cristina se llegó a entrevistar con el general Espartero para que hiciera cambiar de opinión al Partido Progresista, lo que no consiguió, e incluso intentó que su hija Isabel II despidiera a la camarilla clerical que la rodeaba, que era otro de los argumentos de los progresistas para seguir sin participar en las instituciones de la Monarquía, pero su hija se negó.
Narváez siguió con la política conciliadora de los tres gobiernos anteriores -nada más producirse su nombramiento declaró ser «más liberal que Riego»- por lo que pactó con O'Donnell la alternancia en el poder entre moderados y unionistas y tomó algunas medidas "aperturistas", como el mantenimiento de los funcionarios en sus puestos o una amnistía por los delitos de opinión, para que los progresistas abandonaran el retraimiento.