El Pacto por México fue un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática. El Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013.
El Pacto tiene como acuerdo principal el profundizar el proceso democrático con base en tres ejes rectores:
El fortalecimiento del Estado Mexicano La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas
El documento está dividido en 5 secciones: Visión, Acuerdos, Acuerdos Presupuestales 2013, Método de Trabajo y Compromisos para las Reformas.
Firma derecha|thumb|Firma del Pacto por México. La firma del Pacto por México se dio el 2 de diciembre de 2012, un día después del inicio del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto. A la ceremonia protocolaria realizada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, además de los signatarios, asistieron: Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados; Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del Senado de la República; los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos en las Cámaras del Congreso de la Unión; Secretarios de Estado, Gobernadores, Gobernadores electos y el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, así como los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México.
Acuerdos
El Pacto contiene cinco grandes acuerdos, que a su vez, contienen acuerdos particulares de cada tema que se traducen en 95 compromisos.
Sociedad de derechos y libertades
Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones administrativas y que las fuerzas políticas pactantes impulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos.
Se crea una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a través del Sistema de Seguridad Social Universal que incorpora la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección, la convergencia de los sistemas públicos de salud para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos, la modificación de las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra, una pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE, seguro de desempleo y seguro de vida para jefas de familia.
Se crea el Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que elimina el sesgo asistencial, el uso electoral de programas sociales y que garantiza el derecho mínimo fundamental a la alimentación.
Se impulsa una reforma educativa que contemple la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa, el otorgamiento de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el robustecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, el establecimiento de escuelas de tiempo completo con alimentos nutritivos, la implementación de un programa de dotación de computadoras portátiles para alumnos de quinto y sexto año de primaria, la creación del Servicio Profesional Docente, el fortalecimiento de la educación para maestros, el incremento de presupuesto con el fin de garantizar la cobertura de al menos 80% en educación media superior y superior, la creación de un Programa Nacional de Becas para alumnos de educación media superior y superior y el impulso de un programa piloto llamado beca-salario en tres estados de la República.
Se fortalece la cultura como elemento de cohesión social mediante la protección y restauración de sitios arqueológicos y monumentos históricos, la renovación de infraestructura cultural (teatros, auditorios, museos, galerías, bibliotecas, etc), la introducción de programas de educación artística en las escuelas, el incremento de estímulos económicos para las artes y el relanzamiento y articulación de los Institutos México en el mundo.
Se consolidan los derechos humanos a través de un Programa Nacional de Derechos Humanos que establezca una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma en materia de derechos humanos, adicionalmente se crearán las Leyes de Reparación de Daño, Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en materia de expulsión de extranjeros, sobre el uso legítimo de la fuerza pública y se reformarán la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para garantizar la autonomía de los organismos locales de derechos humanos. De igual modo, se promoverá la entrada en vigor de la Ley de Atención a Víctimas. Se crea una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada que se aboque a establecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Se toma como política migratoria la defensa de la decisión de migrar como un derecho humano. Se busca la inclusión de la enseñanza sobre derechos humanos en la educación básica y media y la prevención y castigo de los actos inhumanos y degradantes. Se analiza la necesidad de crear la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población.
Se establece una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos mediante el fortalecimiento de las comunidades indígenas, el acceso equitativo a la justicia y a la educación y el establecimiento como prioridad presupuestal de la educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas.
Crecimiento económico, empleo y competitividad
Se promueve la intensificación de la competencia económica en todos los sectores de la economía mediante el fortalecimiento a la Comisión Federal de Competencia y la creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
Se garantiza el acceso equitativo a telecomunicaciones al reformar la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha, reforzar la autonomía de la COFETEL, incrementar la red de CFE, garantizar el acceso a la banda ancha en sitios públicos, crear una instancia responsable de la agenda digital, licitar más cadenas nacionales de televisión abierta, reordenar la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley, adoptar simultáneamente las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.
Se promueve el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante el incremento gradual en investigación científica y el desarrollo tecnológico para alcanzar el uno por ciento del PIB, el establecimiento de un programa de largo plazo para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología y el aumento del número de investigadores y de centros dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se promueve una cultura ambiental que impulse la inversión para la investigación y el desarrollo de proyectos de energías renovables, el establecimiento de un programa para el impulso de la infraestructura para la captación y el almacenamiento del agua pluvial, la conclusión de obras de control de inundaciones, la revisión y rehabilitación de ciento quince presas con alto riesgo y cinco mil kilómetros de bordos, el uso del agua de mar como fuente de abastecimiento con plantas desalinizadoras, la creación de una nueva Ley de Agua Potable y Saneamiento, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la implementación de un programa para aumentar la infraestructura para recolectar, separar, reciclar y aprovechar el potencial de los residuos.
Se promueve una reforma energética en la que los hidrocarburos sigan siendo propiedad de la Nación y haya reglas de gobierno corporativo y de transparencia como en cualquier corporativo productivo de clase mundial que permitan la multiplicación de la exploración y la producción de hidrocarburos, la competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos sin privatizar PEMEX. De igual modo, se fortalece la Comisión Nacional de Hidrocarburos para exigir eficiencia y transparencia, se utiliza a PEMEX como promotor de una cadena de proveedores nacionales y como desarrollador de energías renovables y ahorro de energía.
Se promueve una nueva Ley para la Explotación Minera que estipule que los recursos emanados de estos derechos se aplicarán en beneficio de los municipios y comunidades donde haya explotaciones mineras; adicionalmente, se prohíbe la explotación minera del carbón mediante tiros verticales.
Se fortalece la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, la innovación, la creación de patentes y la infraestructura; se cambia el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato y se reduzca el costo de los servicios financieros.
Se reactiva el campo mexicano con medidas que combatan la intermediación, garanticen una adecuada comercialización, incrementen productividad agropecuaria, orienten los subsidios para asegurar el apoyo a productores, incremente la tecnología para la modernización de los distritos riego y el funcionamiento de cadenas productivas de valor. Adicionalmente, se fortalece el esquema de pagos por servicios ambientales.
Se establece una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste que incluye la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud y la creación de polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables.
Se expide una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios.
Se promueve una reforma hacendaría que mejora y simplifica el cobro de los impuestos, amplia la base de contribuyentes, combate la elusión y la evasión fiscales, fortalece el cobro del impuesto predial, construye una relación más equitativa entre la Federación y las entidades federativas, compacta áreas y dependencias de gobierno, elimina los privilegios fiscales, prohíbe los subsidios regresivos que benefician a la población de altos ingresos.
Seguridad y justicia
Se establece un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria que focaliza en municipios con alto nivel de violencia la aplicación del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal, los programas de combate a la pobreza, las escuelas de tiempo completo, el programa de empleo para jóvenes y la recuperación de espacios públicos.
Se aplica un esquema de Policías Estatales Coordinadas con policías municipales convertidos en policías de proximidad y se crea la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial.
Se toman medidas para implantar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
Se crea un Código Penal Único y un Código de Procedimientos Penales Único con validez en todo el territorio nacional.
Se reforma la Ley de Amparo.