En la historia contemporánea se conoce con el nombre de cuestión religiosa al conflicto surgido en Europa tras el fin del Antiguo Régimen entre las diversas iglesias (y singularmente la Iglesia católica), que seguían defendiendo la posición privilegiada que ostentaban hasta entonces, y los partidarios del «nuevo régimen» surgido de la Revolución francesa y de las revoluciones liberales que le siguieron, que propugnaban la libertad de conciencia y la libertad de cultos y la más o menos radical separación de la Iglesia y el Estado. Los defensores de la continuidad de la intervención de las iglesias en la vida pública y en el Estado se conocen como clericales y los que se oponen a ella como anticlericales o laicistas.
La cuestión religiosa en Francia thumb|right|Fiesta del Ser Supremo, 1794. Museo Carnavalet, París. Francia ha sido un país marcadamente laico desde la Ley de Separación de la Iglesia y del Estado. Si bien ha mantenido siempre relaciones diplomáticas con la Santa Sede, con dicha ley no existía una relación concordataria entre ambos Estados, que se restableció en 2008 y se reforzó en 2016.
Evolución histórica Durante la Revolución Francesa, se reconoce la libertad de conciencia, se suprimen los privilegios del clero, incluido el diezmo, y se declaran “bienes nacionales” las propiedades de las órdenes religiosas (cuyos votos son suprimidos) que son vendidas para hacer frente al déficit de la Hacienda. El conflicto con la Iglesia católica comienza sobre todo con la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución Civil del Clero, sancionada por el rey Luis XVI el 24 de agosto de 1790, que convierte a los sacerdotes en “funcionarios públicos” (ya que cobrarán directamente del Estado al carecer ya de cualquier tipo de ingresos), nombrados no por el Papa, sino por las asambleas de ciudadanos activos, y a los que se exige el juramento de fidelidad a "la Nación, a la Ley y al Rey”. La casi totalidad de los obispos (la mayoría de los cuales abandona Francia) y la mayoría del clero secular, único reconocido, se niegan a prestarlo, especialmente tras la condena del Papa Pío VI a principios de 1791 de toda la obra revolucionaria, y se convierten así en «refractarios», siendo considerados a partir de entonces como «contrarrevolucionarios». A los pocos que prestan el juramento se les llama «constitucionales».
Con la caída de la Monarquía y el advenimiento de la República (agosto-septiembre de 1792) se inició una campaña de descristianización en la que se destruyeron y profanaron conventos y monasterios; se exiliaron 30.000 sacerdotes y se mató a cientos más; se reemplazó el calendario cristiano por el calendario republicano; se implantó el ateo Culto a la Razón y todas las iglesias no consagradas a ese culto fueron cerradas. En 1794, el culto ateo fue sustituido por el deísta Culto al Ser Supremo, promovido por el jacobino Robespierre. “El trauma social, cultural y espiritual de esta persecución religiosa será profundo y duradero, y explica la virulencia de los “clericales” del ”.
Con Napoleón se restableció la Iglesia católica en Francia con la firma del Concordato de 1801 y con la Restauración, especialmente al final del reinado de Luis XVIII y el de Carlos X, se produjo un “viraje clerical” que pretendió instaurar en Francia un orden político asentado en bases religiosas. A partir de entonces “resulta una evidencia que la oposición anticlericalismo versus clericalismo es una de las facetas de la lucha entre la revolución y sus principios y sus oponentes”. El libro clásico de René Rémond, L’Anticléricalisme en France de 1815 á nos jours, comienza precisamente por analizar el período de la Restauración.
Durante la revolución de 1830, en reacción a los excesos de los ultrarrealistas del “parti prêtre” (el partido clerical) del final de la Restauración, se desató una oleada de violencia anticlerical. El ministro del Interior, François Guizot, él mismo protestante de Nimes, ordena a los prefectos reprimir estos abusos: "La libertad religiosa debe ser completa y su primera condición es que ninguna religión sea insultada".
Tras el fracaso de la revolución de 1848 y la instauración del II Imperio de Napoleón III se produce un auge del catolicismo ultramontano, en consonancia con la lucha que enfrenta al nuevo Reino de Italia con el Papa Pío IX, que a través del Syllabus (1864) condena el liberalismo y la modernidad. Así durante el II Imperio, la Iglesia Católica goza de un trato preferencial por parte del Estado francés. "El activismo católico provoca, en reacción, el anticlericalismo, sobre todo porque los republicanos se hacen cada vez más sensibles al auge católico”.
Es por esta época cuando aparecen los sustantivos clericalismo (hacia 1855) y anticlericalismo (hacia 1870), aunque los adjetivos “clerical” y “anticlerical” son anteriores; el primero aparece hacia 1815 y el segundo hacia 1865.
Tras la caída del II Imperio y la derrota de la Comuna de París, se instaura en Francia un gobierno “clerical” de los legitimistas que soñaban con el retorno de la Monarquía y del tradicionalismo, al que se oponen los republicanos encabezados entre otros por Léon Gambetta, que el 4 de mayo de 1877 pronuncia en la Cámara de Diputados un discurso contra “ese espíritu de invasión y de corrupción” que a sus ojos es el clericalismo, y acaba con una frase que se hará célebre: «le cléricalisme, voilà l'ennemi!» (“El clericalismo, éste es el enemigo”). A partir de entonces la Tercera República pone en marcha una decidida política anticlerical inspirada en el ideal de la “laïcité” y que culminará con la aprobación en 1905 de la Ley de Separación de la Iglesia y del Estado. La Iglesia Católica la interpretará como una política de “persecución religiosa”. right|thumb|Caricatura de La Petite Lune de 1878: Jules Ferry comiéndose un sacerdote.
Aristide Briand, uno de los promotores de la Ley de 1905, afirmaba ante la Cámara el 9 de noviembre de 1906:
En 1881-1882 el gobierno de Jules Ferry aprobó las leyes educativas que llevan su nombre, que establecían la enseñanza gratuita (1881) y obligatoria y la educación laica (1882), sentando las bases de la educación pública francesa. Esta separación de la Iglesia y el Estado en el ámbito escolar se extendió a otros, como el funerario (la ley de 1881 secularizó los cementerios; otra de 1887 puso fin a las restricciones a los funerales civiles y permitió la cremación de los cadáveres); el hospitalario (los hospitales fueron laicizados, expulsando a los capellanes y sustituyendo progresivamente a las monjas por enfermeras diplomadas, aunque este proceso fue muy lento; las salas perdieron sus nombres católicos y recibieron otros que recordaban a grandes inventores o médicos). También se tomaron medidas para laicizar el espacio público: los crucifijos fueron retirados de las paredes de hospitales, escuelas y tribunales; se restringió la salida de procesiones fuera de los lugares consagrados al culto y el porte de la sotana por la calle. Le siguieron otras leyes dirigidas a afianzar la preeminencia absoluta del Estado y la libertad de conciencia de todos los ciudadanos: como la de 1883 que prohíbe rendir los honores militares dentro de un edificio religioso; la de 1884 que no reconoce otro matrimonio que el civil y regula el divorcio; la de 1889, que obliga a los miembros del clero a cumplir con su deber militar.
En medio de la conmoción y la división causada en Francia por el Affaire Dreyfus, las leyes laicistas se radicalizaron bajo el gobierno de Émile Combes, con la aprobación de las leyes de 1901 y 1904, que expulsaban de Francia a casi todas las congregaciones religiosas, especialmente a las que se dedicaban a la educación, por lo que entre 1902 y 1903 cerraron sus puertas en torno a 12500 establecimientos escolares religiosos, excepto en Alsacia-Lorena, que pertenecía en ese momento a Alemania. La mayoría de estas órdenes religiosas expulsadas se instalarán en España, donde fundarán colegios religiosos. Esta política anticlerical provoca la ruptura con la Santa Sede en 1904.
En 1905 la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Separación de la Iglesia y del Estado que abole el concordato, y a partir de ese momento la República no reconoce ningún culto, aunque la Iglesia Católica continuó detentando el uso exclusivo de los templos.
El anticlericalismo republicano se suavizó después de la Gran Guerra de 1914-1918 cuando la derecha católica empezó a aceptar el laicismo.
A finales del y en la primera década del se volvió a abrir el debate de la laïcité a propósito de la presencia en las escuelas e institutos públicos de alumnas que llevaban el hijab o pañuelo islámico, cuyo uso fue prohibido por la ley sobre la laicidad de 2004.
En 2005 se conmemoró el centenario de la Ley de Separación del Estado y de la Iglesia, poniéndose de manifiesto el profundo arraigo de la laïcité en la sociedad francesa, que también se había podido comprobar cuando un año antes Francia se opuso a la mención de las raíces cristianas de Europa en el preámbulo del proyecto de constitución europea (tanto el presidente derechista Jacques Chirac como el primer ministro socialista Lionel Jospin coincidían en este rechazo).
Actualidad El modelo plasmado por la Ley de Separación sufrió un cambio importante con el regreso a la relación concordataria con la Santa Sede en 2008, con la firma del Acuerdo sobre reconocimientos de grados y diplomas de enseñanza superior de 18 de diciembre de 2008, con entrada en vigor el 1 de enero de 2009, y que ha supuesto el reconocimiento oficial de la enseñanza religiosa. Hay que tener en cuenta que estos acuerdos, con valor de tratado internacional, desplazan en lo que sea incompatible la legislación interna, en virtud de la primacía del Derecho Internacional. No supone, por tanto, una derogación de la ley, pero sí que no será de aplicación a la Iglesia católica en lo que respecta a los aspectos del acuerdo.
Este acercamiento se ha intensificado en 2016, cuando Francia y la Santa Sede han llegado a un nuevo acuerdo sobre la titularidad eclesiástica de la institución cultural francesa Trinità dei monti el 25 de julio de ese año, con entrada en vigor el 25 de noviembre.https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/11/25/avenant.html
Además, hay que tener en cuenta que como Alsacia y Lorena formaban parte del Imperio Alemán, la ley de 1905 –así como otras legislaciones- no se aplicaban –ni aplican- allí. Asimismo la ley de 1905 no se extendió en su aplicación hacia la Guayana Francesa –una colonia en ese momento- y hasta el día de hoy el gobierno local continúa financiando a la Iglesia Católica.
La cuestión religiosa en España La monarquía de Isabel II y la Monarquía de la Restauración (1845-1931)